Protección contra Caja de Compensación La Araucana

Antofagasta, a quince de julio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

La comparecencia de don Jaime Andrónico Medrano, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Tocopilla, en representación convencional de doña nombre reservado, chilena, labores de casa, C. I. N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de La Caja de Compensación La Araucana, representada por doña nombre reservado, solicitando se deje sin efecto la retención efectuada por la recurrida a partir de diciembre a la fecha a través de la A.F.P. PROVIDA S.A.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción deducida se funda en que doña nombre reservado en el año 2008 solicitó un préstamo de dinero a la recurrida, pagadero en 60 cuotas iguales y sucesivas de $88.423.-, venciendo la primera de ella el 31 de agosto del año 2008 y la última el 31 de julio de 2013. De dichas cuotas sólo pagó hasta la número 20, correspondiente a marzo del año 2013. Agrega, que desde este último pago, la Caja de compensación no realizó cobro alguno hasta diciembre del año 2015, cuando se comienza a realizar descuentos de forma unilateral y sin consentimiento de su liquidación de pago de pensiones de A.F.P.

Continua exponiendo que dicha deuda se encontraría prescrita, y que los descuentos le producen le producen un perjuicio grave, ya que es el único medio que tiene para subsistir.

Expresa que en este actuar se ha vulnerado su derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que informando la recurrida expresa que con fecha 29 de julio de 2008 a la recurrente se le otorgó un préstamo por $3.462.974.- pactado en 60 cuotas, de las cuales pagó, mediante retención realizada por su empleador, hasta la número 17, correspondiente a diciembre del año 2009.

Añade que en octubre de 2010 se inicia gestión preparatoria por protesto de pagaré ante el Juzgado de Letras de Tocopilla, cuyo Rit es C-382-2011, que resultó infructuosa por falta de notificación. Dicha causa se encuentra archivada.

Posteriormente se entera que la trabajadora está pensionada, por lo que procede a enviar la nómina de descuento de planilla a la AFP Provida; administradora que procede a realizar los descuentos de las cuotas del préstamo desde enero del año 2016 a la fecha. Dado esto, y conforme lo dispone el artículo 1546 del Código Civil, estima que no cabe duda que la obligación contraída puede ser cobrada, y por tanto, malamente se pudo haber perturbado, privado o amenazado su derecho a la propiedad.

En cuanto a la alegación de prescripción, manifiesta que lo que se extingue es la acción, por lo que si deseaba aprovecharse de ella, debió alegarla.

Por último, citando jurisprudencia, considera que no ha ejercido acto arbitrario ni ilegal que permita sustentar el presente recurso.

TERCERO: Que conforme dimana de los considerandos anteriores no son hechos discutidos de la causa la celebración del mutuo de dinero entre las partes; el no pago del mismo desde la cuota Número 17 por parte de la recurrente y los descuentos realizados a través de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA del saldo impago del crédito desde el mes de diciembre del año 2015. Se aprecia, en consecuencia, que solo se discute la legalidad de estos descuentos de acuerdo a la normativa vigente.

En este sentido, y respecto a otros recursos relativos a descuentos efectuados por el empleador, en razón de créditos sociales otorgados por alguna Caja de Compensación, nuestra excelentísima Corte Suprema ha resuelto lo siguiente:

“Tercero: Que sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Cuarto: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Quinto: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración de la actora las cuotas impagas del crédito respecto del cual tiene la calidad de aval, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado. (Causa rol N° 19.918-16).

CUARTO: Que, no obstante los anterior, conforme se puede desprender de la norma citada y del razonamiento del fallo, la aplicabilidad del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que regula el estatuto de las Cajas de Compensación, supone que la deudora sea parte de una relación laboral vigente o realice actividad que genere renta, pues precisamente, la autorización de su descuento, de acuerdo a las normas que rigen el cumplimiento de las cotizaciones previsionales, supone la existencia de un empleador o la calidad de trabajador independiente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del D.L. 3500, que establece el mandato de declaración y pago de cotizaciones previsionales a los sujetos nombrados.

En este contexto, cabe apreciar que los descuentos realizados han sido efectuados por una Administradora de Fondos de Pensiones, institución que no tiene la calidad de empleadora de la recurrente ni sobre la cual recae la obligación de realizar descuentos legales de acuerdo al artículo 19 del cuerpo legal anteriormente citado. En el mismo sentido, además, recaen sobre su pensión de vejez, concepto que jurídicamente, conforme se concluye de los artículos 3 y ss., del D.L. N° 3.500, no reviste la naturaleza de remuneración conforme lo dispone el artículo 41 del Código del Trabajo ni de renta conforme lo dispone el artículo 17 del Código Tributario, lo que hace inaplicable lo dispuesto en el artículo 58 del Código Laboral.

QUINTO: Que como corolario del razonamiento anterior, resulta contrario a derecho el cobro efectuado por la recurrida de pedir a la A.F.P. que retenga el valor de la cuota, toda vez que las normas legales señaladas precedentemente no son aplicables a este tipo de ingresos de la recurrente. Y a ello se agrega la circunstancia que la legislación tanto civil, comercial e incluso previsional obliga a accionar judicialmente para obtener el cobro de las obligaciones adeudadas, lo que implica que no se puede efectuar por autotutela. Por consiguiente, la forma en que ha actuado la Caja de Compensación en este caso resulta vulneratoria del derecho de propiedad de nombre reservado sobre su pensión de vejez, al constituir dicha modalidad un medio inidóneo para la persecución de su acreencia por las razones anteriormente expuestas.

SEXTO: Que, por último, deberán ser desestimados los argumentos vertidos sobre la prescripción y los requisitos de su aprovechamiento, la existencia de obligaciones naturales y la ejecución de los contratos, dado que esta acción no es la instancia adecuada para su discusión.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, con costas, la acción constitucional deducida, ordenando a La Araucana C.C.A.F poner término, en forma inmediata a la notificación de esta resolución, al requerimiento efectuado a la AFP PROVIDA, de descontar mensualmente de la pensión que se paga a la recurrente, la suma de $88.423.- por concepto de cuota adeudada de una operación de crédito de dinero que convino con doña nombre reservado, CI N° RUT reservado, y además devolverle los montos que se descontaron entre diciembre hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1547-2016 (PROT)

Pronunciada por la primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. nombre reservado y Sr. nombre reservado. Autoriza la Secretaria Subrogante Sra. Marcela Sepúlveda Mori.

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