nombre reservado con ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53

Antofagasta, siete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, patrocinada por la Agrupación Social Fuerza y Unión de Derechos Humanos, quien interpone recurso de protección en contra de la Escuela República de Francia F-53, dependiente del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, por el acto arbitrario e ilegal consistente en privarla de su calidad de apoderada y prohibirle el ingreso al establecimiento educacional, vulnerando sus garantías constitucionales.

Informó la recurrida al tenor del recurso.

Asimismo, y a solicitud de esta Corte, informó la Superintendencia de Educación.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente señala que el establecimiento educacional le notificó formalmente la “pérdida de calidad de apoderado y prohibición de ingreso por falta gravísima”, disponiendo la pérdida inmediata de su calidad de apoderada, prohibición absoluta de ingreso y reemplazo por otro apoderado, calificando la medida como irrevocable, todo lo cual fue dispuesto sin haber sido citada a un procedimiento disciplinario, sin audiencia, sin derecho a formular descargos, sin rendición de prueba ni resolucion fundada que acreditara objetivamente los hechos.

Sostiene que el acto es ilegal porque infringe el artículo 19 Nº3 y 20 de la Constitución, Ley Nº21.430, Convención sobre los Derechos del Niño, principios de juridicidad contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución y la Ley Nº19.880 sobre procedimientos administrativos.

En cuanto a la arbitrariedad, afirma que la decisión no contiene una motivación suficiente, no explica las pruebas utilizadas, no existe proporcionalidad, no consta procedimiento previo y se impone una sanción definitiva sin posibilidad de defensa, lo que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho al debido proceso, ya que toda sanción administrativa debe respetar un procedimiento racional y justo, y asimismo, el derecho a defensa constituye una garantía mínima exigible incluso respecto de establecimientos educacionales.

Agrega que la medida también afecta indirectamente a la estudiante, pues altera la relación entre ésta y quien ejercía formalmente su representación ante el establecimiento, y el interés superior del niño exige que cualquier decisión sea adoptada considerando el bienestar integral del estudiante y respetando las garantías procesales de todos los involucrados.

Solicita se declare que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, se deje sin efecto la resolución denominada “Notificación de pérdida de calidad de apoderado y prohibición de ingreso”, se restituya inmediatamente su calidad de apoderada y se ordene al establecimiento abstenerse de reiterar actuaciones similares sin previo procedimiento ajustado a derecho, con costas si hubiere mérito para ello.

SEGUNDO: Que, informó nombre reservado, Director Ejecutivo (S) del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, sostenedor de la Escuela República de Francia F-53, al tenor del recurso.

Luego de citar los artículos, 10, 16, 18 y 21 de la Ley Nº21.040, así como el artículo 46 de la Ley General de Educación (Ley Nº2.370), indica que los establecimientos educacionales deben tener para su reconocimiento oficial el reglamento interno, el cual aplica a toda la comunidad educativa y que tiene como objetivo velar por una sana convivencia, libre de todo tipo de violencia escolar.

Señala que la recurrente, madre y representante legal de la menor A.N.A., del curso 8ºB en el año escolar 2026, en ningún momento detalla los hechos que dieron lugar a la medida disciplinaria escolar respecto de la apoderada, los cuales tienen su origen el 20 de mayo de 2026, en una agresión física que sufrió la estudiante M.C.C. por parte de E.N.A., hermana de A.N.A., y en el informe del establecimiento se indica de manera expresa que además habría sido agredida verbalmente por la madre de la misma niña, quien mantiene la calidad de apoderada del establecimiento, siendo ella la actora.

Indica que la agresión fue en el siguiente tenor: “Corte el web… con mi hija, que luego te quejas con tu mamá llorando”. Por otra parte, una vez que se efectuó la agresión física (cachetada a mano abierta conforme a la denuncia ante Carabineros página 30 informe 1) por parte de E.N.A. (hija de la recurrente) en contra de M.C.C, la señora nombre reservado no detuvo a su hija.

Refiere que los padres de M.C.C. hicieron una denuncia ante Carabineros el 21 de mayo de 2026, quienes se contactaron posteriormente con el Tribunal de Familia de Calama, el que decretó orden de alejamiento en términos absolutos de 200 metros a la redonda entre M.C.C. y E.N.A. hasta la fecha de citación, no pudiendo ser notificada un adulto responsable de la denunciada de la medida cautelar señalada. La sentencia del tribunal de familia rechazó la medida de protección en favor de M.C.C. por tratarse de hechos que deben ser conocidos a través del manual de convivencia y aula segura, en el que se consignan herramientas de los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los establecimientos educativos (Ley RICE), por lo que debe ser el reglamento de convivencia escolar el instrumento jurídico que prime para resolver este asunto.

Menciona que si existió la aplicación de un procedimiento disciplinario escolar, conforme al debido proceso, sin embargo, una vez que se tomó conocimiento de parte de la encargada de convivencia escolar, previa investigación y entrevistas, al citar a los apoderados de A.N.A. ellos han dificultado considerablemente las comunicaciones, aludiendo que el informe señala que al solicitarse el cambio de apoderado la recurrente se levantó de manera violenta, manifestando que no acataría dicha medida, abandonando la oficina, y posteriormente el padre de la estudiante señala en un tono molesto que la escuela no ha hecho nada por su hija, por lo que debido a la actitud adoptada por ambos apoderados, no fue posible continuar la entrevista ni explicar los procedimientos y medidas a aplicar. También se señala que no fue posible notificar presencialmente el cambio de apoderado, debido a que los padres no asistieron a la reunión convocada para tales efectos, y en virtud de ello se procedió a notificar la revocación de la calidad de apoderada de la recurrente, otorgándose el plazo correspondiente para presentar apelación a dicha determinación, conforme a lo establecido en el Reglamento, siendo aplicable el Procedimiento Nº6, el artículo 7 y el Protocolo Nº42 del RICE.

Luego, alude a la naturaleza jurídica de la acción de protección y afirma que en la especie los hechos en que se funda la acción y la peticiones que se formulan exceden las materias que pueden ser conocidas por el recurso, atendida su naturaleza cautelar, ya que la pérdida de calidad de apoderada titular y la prohibición de ingreso no es una materia a solucionar de emergencia que ha irrogado una manifiesta violación de derechos fundamentales, por lo que el Servicio Local no ha cometido ningún acto que pueda ser catalogado de ilegal y arbitrario, de la manera expresada por la actora en su libelo, ya que se ha actuado en todo momento procurando la seguridad de toda la comunidad educativa, no habiendo interrumpido en ningún momento el servicio educativo de los estudiantes.

En cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad alegada por la recurrente, sostiene que ha existido en todo momento aplicación al Reglamento Interno de Convivencia Escolar que justamente consagra este tipo de procedimientos frente a situaciones de violencia de parte de un adulto en contra de un estudiante, descartándose la vulneración de garantías constitucionales, por lo que la sanción disciplinaria fue adoptada por la autoridad competente, en este caso el equipo directivo del establecimiento, debidamente fundada y conforme al debido proceso, atendida la gravedad de los hechos.

TERCERO: Que, por su parte, la Superintendencia de Educación informó que revisó el sistema de registro de requerimientos, constatándose que no hay requerimiento ciudadano respecto del hecho informado, por lo que se procedió a iniciar una investigación de oficio y se solicitó al establecimiento educacional un informe respecto al hecho denunciado, y luego se determinará si es necesario iniciar un procedimiento de fiscalización.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, de los antecedentes allegados, se desprende que el objeto de la acción deducida consiste en determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, consistente en la pérdida de calidad de apoderado de la recurrente y prohibición de ingreso al establecimiento escolar donde estudia su hija.

SÉPTIMO: Que, el análisis de la arbitrariedad o ilegalidad del actuar de la recurrida debe descansar precisamente en las prerrogativas y los límites que dichas facultades encuentran a la luz de las disposiciones que regulan la actividad educacional en nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido, cabe consignar que, conforme a la normativa vigente, la recurrida debe necesariamente sujetar su actuar a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº2 del Ministerio del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación Nº20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2005, la que, en lo pertinente, en su artículo 46 letra f), señala como requisito para los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media: “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.

En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”.

A su vez, resulta pertinente considerar lo dispuesto en la letra d) del artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, del Ministerio de Educación, de 1998, que a su vez Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, y las modificaciones introducidas por la Ley N°20.845 sobre inclusión escolar, eliminación del financiamiento compartido y prohibición del lucro en establecimientos educacionales y por la Ley de Aula Segura Nº21.128, que establece: “(…) Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación (…)”.

OCTAVO: Que, de las normas citadas, se desprende que resulta fundamental e imperativo que los establecimientos educacionales sujeten su potestad disciplinaria de manera estricta a las disposiciones contenidas en sus propios Reglamentos Internos y Manuales de Convivencia Escolar, los cuales no constituyen meran pautas declarativas u orientaciones opcionales para la autoridad escolar, sino que configuran verdaderos estatutos vinculantes a los que los establecimientos educacionales se encuentran normativamente obligados.

NOVENO: Que, de los antecedentes acompañados, especialmente del Informe del Establecimiento acompañado por la recurrida, consta que con fecha 20 de mayo de 2026, alrededor de las 17:00 horas, los padres de la estudiante M.C.C. se presentan en la Dirección del establecimiento, señalando que su hija habría sido agredida físicamente por la hermana de una estudiante de la escuela, mientras esperaba la locomoción, y además habría sido agredida verbalmente por la madre de la misma niña, quien mantiene la calidad de apoderada del establecimiento.

Asimismo, consta que con fecha 23 de mayo de 2026 se recepcionó notificación del Tribunal de Familia, quien se declara incompetente ante la situación; reseña: “que declara competente a la unidad educativa para la aplicación del RICE respecto de la situación denunciada por tratarse de hechos que deben ser conocidos a través del manual de convivencia y aula segura, en el que se consignan herramientas de los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los establecimientos educativos”; dejando así la responsabilidad a la escuela a dar revisión de las normas de convivencia contenidas en el Reglamento Interno, y aplicarlas en el caso. Se indica que en acta de audiencia consta que la recurrente agresora se habría acercado a la estudiante y le habría señalado que: “corte el webeo con mi hija, que luego te quejas con tu mamá llorando”.

Con fecha 28 de mayo de 2026, la Encargada de Convivencia Educativa cita a entrevista a los padres de la estudiante A.N.A., en relación con la denuncia presentada, participaron en la entrevista los padres de la estudiante, la encargada de convivencia y la trabajadora social de la escuela, ante lo cual, al inicio de la entrevista, ambos padres manifiestan que la situación denunciada “no quedó en nada”, y que el Tribunal se declaró incompetente y la medida de protección fue rechazada; señalan ya tienen conocimiento ya que previamente habían sido contactados por el Liceo B-8, donde estudia su hija E.N.A.; sin embargo, al informarles que los hechos revestían gravedad, por constituir una presunta vulneración de derechos hacia una estudiante de nuestro establecimiento, y que, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno, se solicitaría el cambio de apoderado titular, la señora nombre reservado se levanta de manera violenta, manifestando que no acataría dicha medida y abandona la oficina; posteriormente, el padre de la estudiante señala, con un tono molesto, que la escuela no ha hecho nada por su hija, ante lo cual no fue posible continuar la entrevista y tampoco fue posible notificar presencialmente el cambio de apoderado, debido a que los padres no asistieron a la reunión convocada para tales efectos.

Finalmente, del documento “notificación aplicación Protocolo 6”, consta que se notificó a la actora la pérdida de la calidad de apoderado y la prohibición de ingreso por falta gravísima la revocación de la calidad de apoderada de la señora nombre reservado, registrando al apoderado suplente como apoderado titular.

DÉCIMO: Que, por su parte, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, dispone en su artículo 7 que, dentro de los derechos y deberes de los apoderados, conforme al inciso 59, está “cumplir los compromisos de convivencia escolar acordados en su comunidad educativa. La escuela se reserva el derecho de aceptar la nominación de apoderados titulares o suplentes, solicitar cambio de apoderado o prohibición de ingresar al establecimiento cuando: a) el apoderado haya incurrido o incurra en agresiones verbales, físicas u otras contra cualquier miembro de la comunidad educativa (…)”.

En tanto, el Protocolo Nº6 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, establece la actuación frente a situaciones de maltrato de adulto a estudiante, estableciendo que en caso de que el maltrato sea de un apoderado a un estudiante, se procederá a la solicitud inmediata de cambio de apoderado titular por el apoderado suplente y se remitirán a convivencia escolar para investigar la vulneración de derecho al estudiante. Asimismo, se deberá informar a las partes su derecho a apelar, la que deberá ser presentada por escrito a la Dirección del establecimiento, en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se les haya notificado la resolución. El verificador lo constituye el informe del encargado de convivencia y lo entregará a la dirección, quienes analizarán los antecedentes recabados y calificarán los hechos determinando su gravedad y estableciendo las medidas o sanciones pertinentes, de acuerdo al Código del Trabajo, Estatuto Docente.

UNDÉCIMO: Que, del análisis de los antecedentes expuestos y del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es posible concluir que el actuar de la recurrida, Escuela República de Francia F-53, no puede considerarse como ilegal y/o arbitrario.

En efecto, la medida de revocación de la calidad de apoderada de la recurrente, y la consecuente prohibición de ingreso al establecimiento educacional, obedeció a la estricta aplicación del artículo 7º y del Protocolo Nº6 del RICE, ante la ocurrencia de hechos de gravedad que involucraron una agresión verbal por parte de una adulta perteneciente a la comunidad escolar en contra de una estudiante menor de edad.

DUODÉCIMO: Que, en este sentido, corresponde rechazar la alegación de la actora en torno a una vulneración al debido proceso o de no haber podido ejercer su derecho a defensa, toda vez que el establecimiento citó a la recurrente a una entrevista con el equipo de Convivencia Escolar para abordar los hechos, y en esa instancia adoptó una actitud de rechazo abandonando la dependencia, negándose a continuar el diálogo y ausentándose de las citaciones posteriores, siendo su conducta la que impidió la conclusión de la entrevista, sin perjuicio de que la recurrida, de todos modos, notificó debidamente la medida y la información sobre su derecho a apelar conforme al RICE.

DÉCIMO TERCERO: Que, del mismo modo, también se debe rechazar lo relativo a una supuesta vulneración al interés superior de la hija de la recurrente, por cuanto la medida adoptada no implicó alguna privación de su derecho a la educación, recayendo únicamente la medida en la sustitución de a apoderada titular por el apoderado suplente, que es su padre, resguardando con ello a la estudiante como la seguridad de la comunidad escolar.

DÉCIMO CUARTO: Que, por consiguiente, habiendo actuado la recurrida dentro del marco de sus atribuciones legales y reglamentarias, no se vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la decisión que se impugna que haya vulnerado garantías constitucionales razón por la cual la presente acción no puede prosperar, debiendo ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso interpuesto por nombre reservado, patrocinada por la Agrupación Social Fuerza y Unión de Derechos Humanos, en contra de la Escuela República de Francia F-53, dependiente del Servicio Local de Educación Pública Licancabur.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1544-2026 (Protección)

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