Protección contra Universidad de Antofagasta

Antofagasta, a veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Daniel José Álvarez Álvarez, abogado, por sí y en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Universidad de Antofagasta, por la omisión que estima ilegal y arbitraria, consistente en la falta de pronunciamiento definitivo y de regularización de su situación académica y del registro de sus calificaciones, lo que constituiría privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se declare la ilegalidad y arbitrariedad de dicha omisión y se dispongan las medidas de restablecimiento que indica, con costas.

Informa la recurrida, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción señalando que ingresó el año 2011 a la carrera de Derecho de la Universidad de Antofagasta, Plan N°10, código 7111, surgiendo una relación de prestación de servicios educacionales en cuya virtud la institución se obligó a garantizar las condiciones académicas, administrativas e informáticas necesarias para permitir su regular avance, egreso y titulación, agregando que durante su permanencia obtuvo un rendimiento de excelencia y fue elegido delegado estudiantil.

Expone que, a partir de la reestructuración curricular, la recurrida incurrió en una falta de servicio estructural relativa a la custodia y registro de sus calificaciones, omitiéndose la carga de las actas de las asignaturas Derecho Procesal III, Tesis de Licenciatura, Clínica Jurídica y Derecho Procesal Penal, desorden administrativo que habría operado como un impedimento técnico en el portal inti.uantof.cl, imposibilitándole la inscripción de Derecho Penal I. Añade que la existencia de dicha irregularidad fue constatada por la Contraloría Interna de la Universidad en su informe de investigación especial de 3 de diciembre de 2020, hito que, afirma, marca el inicio de la vulneración de derechos denunciada, desde el cual la institución quedó formalmente notificada y, no obstante, omitió toda acción correctiva durante más de cinco años.

Sostiene que el ejercicio legítimo de su rol de delegado estudiantil motivó que las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas implementaran dinámicas de asedio evaluativo, forzándolo a cursar cuatro veces la asignatura Derecho Penal I; que el 24 de marzo de 2020, ante la caída de la plataforma Moodle durante una evaluación, remitió oportunamente sus respuestas por correo institucional, comunicación que el docente habría desatendido deliberadamente, aplicándole una calificación mínima ficticia destinada a fundar la causal de eliminación; y que se le aplicaron criterios de evaluación distintos de los del resto del curso, excluyéndolo de las oportunidades de recuperación concedidas a sus compañeros.

Agrega que los sucesivos jefes de carrera y el secretario docente de la Facultad conocieron en detalle su situación y formularon compromisos expresos de regularización de actas y de evaluación que nunca se cumplieron, según daría cuenta la transcripción de la llamada telefónica que acompaña, en la que además, se habría reconocido la regularización de otros diez estudiantes del mismo plan de estudios; que, mediante correo de 28 de abril de 2020 el jefe de carrera cerró toda vía de diálogo administrativo, comunicándole que el asunto se encontraba terminado; y que, a la fecha de interposición del arbitrio, ni la Universidad en su nivel central ni la Facultad han emitido respuesta formal, definitiva ni ejecutoria.

Denuncia, asimismo, haber sido objeto de trato degradante y discriminatorio en plataformas institucionales y dependencias de la Facultad; que la omisión persistente le ocasionó un severo menoscabo a su integridad psíquica, clínicamente acreditado mediante los informes que acompaña; y que la institución no activó protocolo alguno de resguardo frente a la comunicación de riesgo vital que dirigió a una funcionaria de la Dirección de Desarrollo Estudiantil el 28 de abril de 2020. Invoca, además, la sanción impuesta por la Contraloría General de la República a uno de los académicos denunciados y su permanencia y promoción en cargos directivos, como expresión de la omisión cómplice que reprocha.

Añade que, en un esfuerzo continuo por resolver su situación por la vía administrativa, dirigió correo electrónico al jefe de carrera el 26 de noviembre de 2024 solicitando una audiencia y que, ante nuevas gestiones ante la Vicerrectoría Académica, se le notificó por correo de 3 de junio de 2026 la postergación de una reunión previamente fijada, dinámica de reprogramaciones que evidenciaría una táctica dilatoria y confirmaría que la omisión denunciada se mantiene activa y vigente.

En cuanto al derecho, sostiene que no impugna un acto administrativo determinado ni una omisión puntual con fecha cierta de inicio y término, sino una conducta omisiva de carácter estructural, permanente y continuada, que se renueva cada día que la recurrida mantiene el silencio, no carga las actas y no lo habilita para continuar su malla curricular, razón por la cual no procede alegar extemporaneidad.

Afirma que dicha omisión infringe los principios de celeridad, conclusión, economía procedimental, imparcialidad e inexcusabilidad consagrados en los artículos 7, 8, 9, 11, 14 y 27 de la Ley N°19.880, así como los deberes de los artículos 3, 5, 8, 11, 13 y 52 de la Ley N°18.575, y que las garantías invocadas deben interpretarse conforme al corpus iuris interamericano en virtud del artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión institucional, se ordene a la recurrida la convalidación, carga y registro definitivo de todas las asignaturas pendientes, eliminando todo bloqueo informático y habilitándolo formalmente para inscribir Derecho Penal I, completar su malla curricular y obtener su calidad de egresado y licenciado; que informe detalladamente las razones de la dilación, identificando a los funcionarios responsables; que adopte las medidas institucionales necesarias para impedir la repetición de las conductas denunciadas; que instruya sumario administrativo respecto de los académicos que individualiza, y que sea condenada al pago de las costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe nombre reservado

Contreras, abogado, en representación de la Universidad de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Opone, en primer término, la extemporaneidad del arbitrio. Señala que, conforme con el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, la acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, y que, habiendo el propio recurrente identificado como origen de la vulneración el informe de investigación especial de 3 de diciembre de 2020, el recurso debió deducirse a más tardar el 2 de enero de 2021, en circunstancias que ingresó el 30 de junio de 2026.

Agrega que a igual conclusión se arriba si el acto reprochado se hace consistir en la aplicación de la causal de eliminación por reprobación en cuarta oportunidad, configurada durante el año 2020; que el cómputo del plazo no es disponible para las partes y que la interposición de reclamaciones en sede administrativa no lo suspende ni modifica, atendida la naturaleza de la acción; y que entender que el término nunca comienza a correr mientras subsistan los efectos de la conducta reprochada importaría relativizar el plazo y admitir que la acción jamás caduca, invocando al efecto los pronunciamientos de tribunales superiores de justicia.

Añade que el propio informe de investigación especial no impuso a la Universidad la ejecución de gestión determinada alguna, sino que sugirió al estudiante solicitar la revisión de su situación académica, en particular de la causal de eliminación, acogiéndose a los artículos 4 y 5 del Decreto Exento N°538, que entregan a la Vicerrectoría Académica la resolución de los casos especiales, sin que el recurrente diera cuenta de haber ejercido esa vía sino hasta el año 2026.

En cuanto al fondo, reconoce que el recurrente fue alumno de la carrera de Derecho; que fue eliminado por haber reprobado por cuarta vez la asignatura Derecho Penal I; que la Universidad emitió el informe de investigación especial de 3 de diciembre de 2020, y que los académicos individualizados pertenecen a la institución. Niega, en cambio, que haya incurrido en un actuar ilegal y arbitrario por omisión material al no emitir pronunciamiento ni regularizar de oficio el registro académico del recurrente, y que exista selectividad discriminatoria en el trato dispensado.

Explica que la pérdida de la calidad de estudiante regular se produjo por aplicación del artículo 46, letra d), del Reglamento del Estudiante de Pregrado, aprobado por Decreto Exento N°538, de 25 de mayo de 2018, norma que establece como causal de eliminación la reprobación de una actividad curricular en tercera oportunidad y que sólo permite, por única vez y previa autorización de la Dirección de Registro Curricular, cursar una asignatura en cuarta oportunidad; que se trata de una causal objetiva, de aplicación general a todos los estudiantes en la misma situación, y no de una decisión discrecional de autoridad alguna. Precisa que, según el informe de la Dirección de Registro Curricular de 19 de octubre de 2020, transcrito en el informe de investigación especial que el propio recurrente acompaña, éste reprobó la asignatura en los años 2013, 2017 y 2018; que el 24 de abril de 2019 solicitó resolver su situación de eliminación; que la solicitud fue derivada a la Comisión de Docencia y acogida en mayo de 2019, autorizándosele a cursar la asignatura por cuarta y última vez, y que, reprobada esa oportunidad, cuyo proceso evaluativo concluyó durante el año 2020, quedó nuevamente afecto a la causal.

Sostiene que, en su calidad de universidad estatal, goza de autonomía académica, administrativa y económica, que comprende la potestad de fijar requisitos de permanencia, definir estándares de evaluación y regular las causales de aprobación o eliminación de sus estudiantes, a cuya normativa el recurrente se sometió voluntariamente; y que el artículo 47 del mismo Reglamento entrega el conocimiento y resolución inapelable de las reclamaciones que dé lugar la aplicación de las causales del artículo 46 a la Vicerrectoría Académica, en consulta a la Comisión de Docencia, conducto regular ajeno a la jefatura de carrera al que el recurrente tuvo acceso.

Detalla el desarrollo de la asignatura durante los años 2019 y 2020, señalando que, atendidas las circunstancias extraordinarias, las evaluaciones se redujeron a un comentario de sentencia y a una prueba escrita, ambas a través de la plataforma Moodle; que la calificación 1,0 del primer trabajo obedeció a haberse comentado una sentencia laboral en lugar de una penal, pese a haberse ampliado el plazo de entrega sin que el recurrente introdujera modificación alguna; que la prueba remitida por correo electrónico fue igualmente corregida, asignándosele nota 4,4, previa consulta a la encargada de la plataforma, quien informó que no existía bloqueo de la clave de acceso; que las actividades recuperativas se dispusieron únicamente para quienes mantenían evaluaciones pendientes, situación en la que el recurrente no se encontraba; y que, pese a no alcanzar la nota mínima de presentación, se le permitió rendir examen, en el que obtuvo 4,3, resultando una nota final de 3,3.

Respecto de las restantes imputaciones, sostiene que carecen de respaldo documental; que el informe de investigación especial concluyó que no se logró acreditar la existencia de irregularidades académicas atribuibles al docente en el desarrollo del ramo, que la calificación obtenida se explica por el incumplimiento de las instrucciones del trabajo evaluado y que no existen antecedentes objetivos que permitan sostener un trato arbitrario o discriminatorio; que la designación del recurrente con un nombre femenino aparece únicamente en un informe interno de la funcionaria encargada de la plataforma, atribuible a un error; que la sanción administrativa que se invoca no guarda relación con los hechos de autos y no se refiere a los cargos que el recurso insinúa; y que el nombramiento del académico como vicerrector académico y sus posteriores elecciones como decano se produjeron con anterioridad a la comunicación de dicha sanción.

Afirma que no se ha afectado la igualdad ante la ley, pues se aplicaron los reglamentos vigentes para todo estudiante de pregrado, sin que el recurrente acredite antecedente alguno de discriminación; y que la invocación del derecho de propiedad sobre calificaciones y avance curricular carece de sustento y de todo desarrollo.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente o de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley, o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, atendido que la recurrida ha opuesto la extemporaneidad de la acción, corresponde pronunciarse en primer término sobre dicha alegación, por incidir en un presupuesto de admisibilidad del arbitrio.

Sobre el particular, el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales dispone que éste se interpondrá ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Se trata de un término fatal y de derecho estricto, cuyo cumplimiento constituye un presupuesto de procedencia de la acción, no disponible para las partes, y cuya observancia debe ser examinada aun de oficio.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por ambas partes, resultan hechos no controvertidos los siguientes: que el recurrente ingresó el año 2011 a la carrera de Derecho de la Universidad de Antofagasta, bajo el Plan N°10, código 7111; que cursó en cuatro oportunidades la asignatura Derecho Penal I, correspondiendo la última de ellas al período académico iniciado el año 2019, cuyo proceso evaluativo concluyó durante el año 2020; que la autorización para cursarla en cuarta oportunidad fue otorgada durante el año 2019, previa solicitud del propio recurrente de 24 de abril de ese año; que, reprobada esa oportunidad, quedó afecto a la causal de eliminación contemplada en el artículo 46, letra d), del Reglamento del Estudiante de Pregrado; que el 7 de octubre de 2020 denunció ante el Rector las irregularidades que atribuía al desarrollo de dicha asignatura; que, a consecuencia de esa denuncia, la Contraloría Universitaria evacuó el informe de investigación especial de 3 de diciembre de 2020, que ambas partes acompañaron; y que la presente acción constitucional fue deducida el 30 de junio de 2026.

SÉPTIMO: Que, delimitado lo anterior, el examen de oportunidad del arbitrio exige precisar cuál es el acto u omisión que se reprocha y desde cuándo el recurrente tuvo conocimiento cierto de él. Sobre este punto, es el propio libelo el que fija el hito, al afirmar, en el capítulo de sus antecedentes de hecho, que el informe de la Contraloría Interna de 3 de diciembre de 2020 constituye el hito fundamental que marca el inicio de la vulneración de derechos denunciada, y al desarrollar la relación de causalidad, señala que existe una cadena causal continua e ininterrumpida que se extiende desde el 3 de diciembre de 2020 hasta la fecha de interposición del recurso.

De este modo, entre la fecha que el propio recurrente señala como origen de la vulneración y el ingreso del arbitrio, ocurrido el 30 de junio de 2026, transcurrieron más de cinco años y medio, de manera que el plazo fatal de treinta días corridos se encuentra largamente vencido. A idéntica conclusión se arriba si el reproche se hace consistir en la aplicación de la causal de eliminación por reprobación en cuarta oportunidad, la que quedó configurada durante el año 2020 y de la que el recurrente tuvo conocimiento cierto en esa misma época, según da cuenta la propia denuncia que dedujo ante el rector el 7 de octubre de 2020.

OCTAVO: Que no altera lo concluido la tesis que sostiene el recurso, en orden a que se estaría en presencia de una conducta omisiva de carácter estructural, permanente y continuada, que se renovaría cada día que la recurrida mantiene el silencio, no carga las actas y no lo habilita para continuar su malla curricular.

En efecto, aceptar dicho planteamiento en los términos absolutos en que se formula importaría que el plazo previsto en el auto acordado no comenzaría a correr jamás mientras subsistan los efectos de la actuación que se reprocha, con lo cual la acción cautelar devendría en imprescriptible, conclusión que no se concilia con la naturaleza urgente y de excepción del arbitrio ni con el carácter fatal que dicho instrumento asigna al término. Como se ha resuelto reiteradamente, el plazo debe contarse desde que pudo deducirse la acción constitucional, pues lo contrario significaría que ésta jamás caduca, por cuanto el efecto podría no cesar nunca.

A lo anterior debe agregarse que la distinción entre un acto de efectos permanentes y una omisión actual no es indiferente. Para que la inactividad de la administración configure una omisión susceptible de renovar el cómputo, se requiere que exista un deber concreto y actual de pronunciarse, sea porque la ley impone actuar de oficio, sea porque se encuentra pendiente de resolución una petición formulada por el interesado a través del conducto pertinente.

Nada de ello concurre en la especie: el informe de investigación especial de 3 de diciembre de 2020 no impuso a la Universidad la adopción de una medida determinada, sino que sugirió al propio estudiante solicitar la revisión de su situación académica, y en particular de la causal de eliminación, acogiéndose a los artículos 4 y 5 del Decreto Exento N°538, que radican en la Vicerrectoría Académica la resolución de los casos especiales; conducto que, según reconoce el propio recurso, el recurrente no activó sino hasta el año 2026.

NOVENO: Que tampoco confieren oportunidad al arbitrio las gestiones a que alude el capítulo noveno de los antecedentes de hecho del recurso, esto es, el correo electrónico dirigido al jefe de carrera el 26 de noviembre de 2024 y aquel de 3 de junio de 2026, por el cual la Secretaría de la Vicerrectoría Académica comunicó la postergación de una reunión previamente fijada.

Lo primero, porque la interposición de reclamaciones o solicitudes en sede administrativa no suspende ni interrumpe el plazo para deducir la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar, urgente y autónoma, sin que resulte aplicable a su respecto la regla del artículo 54 de la Ley N°19.880. Lo segundo, porque una comunicación que informa la reprogramación de una reunión no constituye, por sí sola, un acto u omisión dotado de aptitud lesiva autónoma respecto de las garantías invocadas, ni puede erigirse en el hito que reabra el cómputo de un término largamente vencido en relación con una situación académica consolidada durante el año 2020. Razonar en sentido contrario permitiría a la parte fijar a su arbitrio el inicio del plazo mediante la reiteración de gestiones sobre un asunto ya afinado, lo que precisamente el carácter fatal del término busca evitar.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la acción constitucional ha sido deducida fuera del plazo fatal de treinta días corridos que establece el numeral 1° del Auto Acordado ya citado, lo que resulta suficiente para su rechazo.

Con todo, y atendida la entidad de las imputaciones formuladas en el libelo, esta Corte se hará cargo, a mayor abundamiento, de las alegaciones de fondo que en él se contienen.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la ilegalidad denunciada, debe tenerse presente que la Universidad de Antofagasta, en su calidad de institución de educación superior estatal, goza de autonomía académica, administrativa y económica, entendida como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales dentro del marco establecido por la Constitución y la ley, conforme lo reconocen el artículo 2 de la Ley N°21.091 sobre educación superior y el artículo 104 del mismo cuerpo legal, en armonía con el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación. Dicha autonomía comprende la potestad de fijar los requisitos de permanencia, definir los estándares de evaluación y regular las causales de aprobación y eliminación de sus estudiantes, quienes, al incorporarse voluntariamente a un programa determinado, se someten a la normativa institucional vigente.

En ejercicio de esa potestad, -conforme se ha señalado- la recurrida dictó el Reglamento del Estudiante de Pregrado, aprobado por Decreto Exento N°538, de 25 de mayo de 2018, cuyo artículo 46, letra d), contempla como causal de pérdida de la calidad de estudiante regular el haber reprobado una actividad curricular en tercera oportunidad, permitiendo, por única vez y previa autorización de la Dirección de Registro Curricular, cursar una asignatura en cuarta oportunidad; y cuyo artículo 47 entrega el conocimiento y resolución de las reclamaciones a que dé lugar la aplicación de dichas causales a la Vicerrectoría Académica, en consulta a la Comisión de Docencia.

DUODÉCIMO: Que, aplicadas tales normas a los hechos asentados en el motivo sexto, aparece que la pérdida de la calidad de estudiante regular del recurrente obedeció a la configuración de una causal reglamentaria de carácter objetivo y de aplicación general, y no a una decisión discrecional adoptada en su contra por autoridad alguna de la Facultad. Más aún, la única gestión de que da cuenta el expediente en el período inmediatamente anterior le resultó favorable, pues su solicitud de abril de 2019 fue tramitada por el conducto regular y acogida, autorizándosele a cursar la asignatura por cuarta y última vez.

En ese contexto, y frente a la aplicación de la causal, el ordenamiento universitario contemplaba una vía de reclamación específica ante la Vicerrectoría Académica, que el propio informe de investigación especial se encargó de recordarle. La circunstancia de no haberse utilizado oportunamente ese conducto no puede transformarse, por el solo transcurso del tiempo, en una omisión ilegal imputable a la recurrida.

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo relativo a la omisión de carga y registro de las actas de las asignaturas Derecho Procesal III, Clínica Jurídica, Tesis de Grado y Derecho Procesal Penal, los antecedentes agregados por ambas partes admiten lecturas divergentes y no permiten tener por establecido, con el grado de certeza que esta sede exige, que el recurrente hubiere obtenido y se le hubieren retenido las calificaciones que invoca.

En efecto, mientras el recurso funda su pretensión en un registro fotográfico parcial que consignaría una calificación de 6,2 en el examen de Derecho Procesal III del primer semestre de 2017, el informe da cuenta de que dicha asignatura registra en esa oportunidad situación académica de reprobado y de que el recurrente volvió a inscribirla durante el primer semestre de 2018, resultando igualmente reprobada; y respecto de Clínica Jurídica, informa que no registra inscripción en el sistema institucional durante el año 2019 ni en ninguna otra oportunidad, sin perjuicio de reconocer antecedentes de participación en actividades asociadas a ella.

Se trata, entonces, de una controversia fáctica cuyo esclarecimiento supone ponderar prueba y determinar la efectividad y correspondencia de los documentos invocados, cuestión propia de un procedimiento de lato conocimiento y ajena a una acción cautelar que solo ampara derechos indubitados.

A lo anterior se suma que, aun de accederse a lo pedido en este capítulo, ello no produciría el efecto que el recurrente persigue, pues la habilitación para inscribir Derecho Penal I, completar la malla curricular y obtener la calidad de egresado supone superar la causal de eliminación configurada el año 2020, la que resulta independiente del estado de registro de las restantes asignaturas.

DÉCIMO CUARTO: Que igual conclusión cabe respecto de las imputaciones de asedio evaluativo, aplicación de criterios de evaluación diferenciados, interferencia en la plataforma institucional e incumplimiento de compromisos de regularización. Todas ellas constituyen cuestiones de hecho controvertidas, respecto de las cuales la recurrida ha proporcionado una versión alternativa documentada, y sobre las que el informe de investigación especial de 3 de diciembre de 2020 -acompañado por el propio recurrente- concluyó que no se logró acreditar la existencia de irregularidades académicas atribuibles al docente en el desarrollo de la asignatura, que la calificación obtenida se explicó por el incumplimiento de las instrucciones del trabajo evaluado y que las oportunidades de recuperación concedidas a otros alumnos respondieron a situaciones distintas previstas reglamentariamente.

Cabe agregar que la revisión del mérito de las calificaciones asignadas por el académico a cargo de una asignatura, así como la ponderación de la suficiencia de los instrumentos de evaluación, escapan al ámbito de esta acción constitucional, la que no constituye una instancia destinada a sustituir el criterio académico de la institución.

DÉCIMO QUINTO: Que, en otro orden de ideas, no se advierte vulneración de alguna de las garantías constitucionales invocadas.

En cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República, debería haberse acreditado que la recurrida obró de manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha ocurrido. Sobre el punto, es ilustrativo que la propia parte haya solicitado, en el cuarto otrosí de su libelo, que se oficie a la Universidad a fin de que remita la nómina de los estudiantes del Plan N°10 cuyos antecedentes académicos habrían sido regularizados, precisamente para acreditar la selectividad que denuncia, lo que confirma que el supuesto de hecho en que descansa esta alegación no se encuentra establecido y requiere de actividad probatoria ajena a esta sede.

En lo tocante al derecho de propiedad del N°24, éste se refiere al derecho real de dominio a que alude el artículo 582 del Código Civil, sin que las calificaciones cuya existencia se controvierte, ni la expectativa de egresar y titularse, constituyan bienes incorporados al patrimonio del recurrente susceptibles de ser amparados por esta vía.

Finalmente, la afectación de la integridad física y psíquica del N°1, si bien se apoya en informes profesionales, supone establecer un nexo causal entre el menoscabo que se acredita y una conducta ilegal o arbitraria de la recurrida, presupuesto este último que, conforme a lo razonado en los motivos precedentes, no ha resultado configurado en esta sede cautelar, sin perjuicio de las acciones que el recurrente estime pertinente ejercer ante la judicatura correspondiente.

DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto a la petición de ordenar la instrucción de un sumario administrativo respecto de los académicos individualizados en el libelo, ella excede el objeto de esta acción cautelar, cuya finalidad es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que lesione las garantías del artículo 20 de la carta fundamental, y no la determinación de responsabilidades administrativas individuales, materia que corresponde a las potestades disciplinarias de la propia institución y, en su caso, a la Contraloría General de la República. Otro tanto cabe señalar respecto de la solicitud de la recurrida en orden a que se evalúe la actuación profesional del abogado patrocinante, la que deberá formularse, de estimarlo pertinente, por la vía que corresponda.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en armonía con lo razonado, la acción de protección ha sido deducida extemporáneamente y, además, no se ha acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario de la Universidad de Antofagasta que funde la cautela impetrada, lo que conduce necesariamente a su rechazo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Daniel José Álvarez Álvarez, en representación de nombre reservado, en contra de la Universidad de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1543-2026 (Protección)