nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, RUT RUT reservado, representada legalmente por presidente y alcalde de la comuna Sacha Razmilic Burgos, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descuentos a sus liquidaciones desde junio del año en curso, por supuestas licencias rechazadas, en circunstancias que los mismos se realizan debido al pago de remuneración en exceso, solicitando se ordene a la recurrida abstenerse de realizar tales descuentos y que ejerza las acciones judiciales que correspondan; ordenando el reintegro de los dineros descontados correspondientes a los meses de junio y julio del año en curso, por una cantidad de $330.041.-; con cotas.

Informó la recurrida al tenor del recurso de autos.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su presentación, indicando en primer lugar, desempeñarse como asistente de la educación en la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, bajo el cargo de monitora PIE en el establecimiento D-72, percibiendo una remuneración bruta aproximada de $992.813.-, compuesta por sueldo base, asignaciones y bonos.

Sostiene que su empleador le ha practicado descuentos por un total de $330.041.- en los meses de junio y julio de 2025, con proyección de continuar en los meses siguientes, bajo el argumento de licencias médicas supuestamente rechazadas. Sin embargo, afirma que sus licencias nunca fueron rechazadas y que los descuentos corresponden a remuneraciones pagadas en exceso, aplicados sin consulta ni autorización, lo que estima vulnera sus derechos.

Señala que, conforme al Estatuto Docente (DFL N°1/1996), al DS N°3/1984 del Ministerio de Salud y la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social (Informe N°075042/2011), las corporaciones pueden exigir el reembolso de remuneraciones solo respecto de licencias efectivamente rechazadas o reducidas, y únicamente cuando exista resolución firme que agote las instancias administrativas. En el caso de autos, alega que no concurren tales requisitos, por lo que los descuentos practicados carecen de sustento legal.

SEGUNDO: Que, compareció Patricia Araya Iriarte, abogada, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, quien informó al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

En primer lugar, expone que la recurrente fue contratada como monitora PIE en la escuela D-72 “nombre reservado”, con remuneración de $1.104.593. Producto de un convenio colectivo de 2023, el pago de licencias médicas pasó a efectuarse directamente por la corporación, lo que derivó en que la trabajadora recibiera simultáneamente remuneraciones íntegras de la CMDS y pagos de Caja Los Andes, producto de licencias médicas aprobadas, configurándose un doble pago por la suma de $1.459.132.

En virtud de lo anterior, la recurrida en su calidad de empleadora inició descuentos en cuotas sucesivas (15% en junio y 25% en julio de 2025), restando aún $1.250.684 por descontar; precisando que la propia recurrente reconoció expresamente haber percibido doble pago y la obligación de devolverlo.

Destaca que, el mismo procedimiento se aplicó a otros funcionarios en idéntica situación, descartándose discriminación.

Por último sostiene, que los descuentos no constituyen un acto ilegal o arbitrario, sino la restitución de pagos indebidos, ajustada a lo dispuesto en los artículos 2285, 2295 y 2300 del Código Civil sobre repetición e enriquecimiento sin causa, agregando que, por tratarse de recursos públicos, la corporación está obligada a procurar su reintegro, bajo eventual fiscalización de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, según se desprende del libelo recursivo, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario consiste en los descuentos a las remuneraciones de la actora de los meses de junio y julio del año en curso, así como los eventuales descuentos respecto de sus liquidaciones futuras, producto de licencias médicas supuestamente rechazadas y pagadas. En el mismo sentido, la actora dice entender la situación y que debe devolver tales dineros, pero que los descuentos se han realizado sin preguntar ni autorizar su procedencia.

A su turno, la recurrida indica que producto de un convenio colectivo de 2023, el pago de licencias médicas pasó a efectuarse directamente por la corporación, lo que derivó en que la trabajadora recibiera simultáneamente remuneraciones íntegras de la CMDS y pagos de Caja Los Andes, producto de licencias médicas aprobadas, configurándose un doble pago por la suma de $1.459.132.-, razón por la cual procedió y procederá en la forma denunciada en autos.

SEXTO: Que, como una primera cuestión a tener presente, corresponde señalar que los descuentos practicados a las remuneraciones de la actora en caso alguno obedecen a licencias médicas pagadas y rechazadas, sino que al contrario, todas las licencias médicas de la recurrente y que alcanzan un total de 105 días fueron autorizadas por la COMPIN, y se encuentra debidamente pagadas.

SÉPTIMO: Que, la real controversia radica en que, existiendo un convenio colectivo que regula la materia vigente desde el año 2023, se pactó que el pago de las licencias médicas dejaría de percibirse por parte de la Caja Los Andes y se pagarían directamente por la Corporación recurrida en su calidad de empleadora. Desde ahí, habiéndose aprobado las respectivas licencias médicas y, a pesar del convenio en cuestión, la Caja de Compensación Los Andes efectuó el pago de dichas licencias directamente a la trabajadora, en circunstancias que dicho pagó debió dirigirlo a la Corporación recurrida, entidad última que ya había pagado las licencias en cuestión, lo que trajo como resultado la generación de un doble pago que la recurrida pretende recuperar con los descuentos denunciados en el recurso de marras.

OCTAVO: Que, en dicho contexto, la cuestión sometida a debate y resolución ante esta Corte ya se encuentra resuelta; ello, a propósito del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre la recurrida y el Sindicato N°1 de Trabajadores Docentes CMDS Antofagasta, y al cual la recurrente se encuentra afiliada, en particular, en su numeral 29 que dispone:

“Licencias Médicas. La corporación pagará íntegramente a todos los trabajadores su remuneración en caso de licencia médica, pago que se realizará en la fecha que cada trabajador tiene estipulado para el pago de su remuneración en su respectivo contrato individual de trabajo. Por su parte, la corporación tendrá el derecho a percibir en forma directa por la trabajadora quien haya realizado el pago los dineros que las instituciones de Seguridad Social deban pagar a las trabajadoras por concepto de licencia médica, reembolsando así lo pagado.

Para efectos que la Corporación pueda percibir o reembolsar los dineros pagados a la trabajadora por concepto de licencia médica de cada trabajadora adscrito a este contrato, otorgará un mandato tan amplio como en derecho corresponda a esta corporación para que realice las consultas del caso, sea en Fonasa o cualesquiera Isapre a la que se encuentra suscrita la trabajadora, pudiendo la corporación percibir en su representación los dineros que dicha entidad deba pagar al trabajador por concepto de licencia médica.

Cada trabajador(a) tendrá la obligación de presentar en tiempo y forma la respectiva licencia médica ante su empleador, siendo responsabilidad única y exclusiva del (la) trabajador(a) el cumplir con los plazos de presentación.

Por causa imputable al trabajador(a) si la licencia es oportunamente tramitada y es rechazada por los organismos de salud, esta corporación podrá descontar lo pagado por cada licencia rechazada. En este último caso, el descuento no podrá superar el tope de 45% y deberá descontarse, de la remuneración mensual del trabajador.

En caso de ser rechazada, la licencia médica por la institución de Seguridad Social, por haber sido representada en forma extemporánea por parte del empleador, esta CMDS deberá asumir el pago de la misma.”

NOVENO: Que, tal como se ha venido razonando, habiéndose verificado la duplicidad en el pago, la empleadora y recurrida de autos se encuentra legal y contractualmente facultada para efectuar los descuentos pertinentes con el objeto de obtener la restitución de los montos indebidamente percibidos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, en los artículos 2285 y siguientes del Código Civil sobre pago de lo no debido, y especialmente conforme a lo pactado en la cláusula N°29 del referido convenio colectivo, norma que resulta obligatoria para ambas partes y cuya aplicación no puede ser desconocida por la recurrente.

Que, a mayor abundamiento, la recurrente reconoció en su recurso haber recibido dicho pago doble, y considerando que los descuentos se efectuaron de manera proporcional y en cuotas, sin privarla de la totalidad de sus remuneraciones, no puede estimarse que tales actos resulten ilegales o arbitrarios, desde que constituyen el ejercicio legítimo de una facultad expresamente prevista en el instrumento colectivo aplicable.

DÉCIMO: Que, por lo razonado, no concurren en la especie los presupuestos que habilitan el acogimiento de la presente acción constitucional, desde que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas por la recurrente, ni mucho menos, estamos ante la presencia de un derecho indubitado al haberse controvertido expresamente por la parte recurrida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1542-2025 (Protección)