nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, conductor profesional, domiciliado en domicilio reservado, Región de Ñuble, quien deduce recurso de protección en contra de su empleador Asociación Gremial de Transportistas y Dueños de Camiones de Tocopilla (AGRETOC) y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento en sus remuneraciones en virtud de un crédito social que afecta su derecho de propiedad.

Informaron las recurridas instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señaló que con fecha 10 de febrero de 2023, suscribió de manera digital con la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes una operación de Crédito Social de Consumo, respaldada bajo el código de crédito y pagaré N°033CON103440381. Dicha operación se estructuró originalmente sobre un monto solicitado de $13.721.868, el cual, sumado a una proyección de intereses, impuestos de timbres y estampillas ($100.589) y gastos notariales, constituyó un Capital Inicial Afecto de $14.294.418. Las condiciones financieras pactadas determinaron una tasa de interés mensual del 2,10% (25,20% anual) a pagar en un plazo estricto de 36 cuotas mensuales, sucesivas e iguales, fijándose el valor de la cuota mensual en la suma de $614.913, monto que incluía las primas correspondientes al seguro de desgravamen ($13.608) y seguro de cesantía ($31.448). Al momento del otorgamiento, la viabilidad de la operación se sustentó en su nivel de ingresos de la época, registrando una remuneración imponible utilizada para el análisis comercial de $2.932.593, derivada de sus servicios prestados como conductor profesional para la empresa Nutrien Ag Solutions Chile S.A.

Dice que, con fecha de junio de 2023, la empresa Nutrien Ag Solutions Chile S.A. tomó la determinación de desvincularlo de sus funciones. A dicha fecha, el crédito social se encontraba al día, habiéndose cubierto las cuotas N°1 a la N°7 del cronograma contractual. A raíz de la desvinculación y la consecuente pérdida de su fuente laboral, realizó el denuncio correspondiente para activar el seguro de cesantía asociado al crédito, el cual cubrió los dividendos de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. Extinguida dicha cobertura por modificaciones unilaterales de la aseguradora y habiendo permanecido cesante por un periodo total de 7 meses, se generó un quiebre absoluto en su capacidad económica, cayendo la operación en mora a partir del mes de noviembre de 2023.

Menciona que, luego, en febrero de 2024, ingresó a trabajar a la empresa PDQ Trader, percibiendo una remuneración significativamente menor, equivalente a $1.200.000. De forma inmediata e inviable, la recurrida pretendió aplicar por planilla el descuento de la cuota original de $614.913, circunstancia que absorbía más del 50% de mis ingresos líquidos. Ante la crisis, acudió presencialmente a las dependencias de Caja Los Andes en la ciudad de Chillán a solicitar una renegociación o flexibilización de la deuda ajustada a su nueva realidad económica. Los funcionarios denegaron dicha opción manifestando que "mi sueldo era inferior" y que "no existían campañas vigentes" para renegociar. Frente a la negativa, interpuso un reclamo formal ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). El organismo fiscalizador dictó una resolución a su favor, determinando de manera expresa que la Caja Los Andes se encontraba obligada a otorgarle alternativas de pago reales y a ajustar obligatoriamente las cuotas al nivel de sueldo que percibía. En cumplimiento de dicho dictamen, acudió nuevamente a la sucursal de Chillán (vía atención virtual), donde hizo entrega formal de sus liquidaciones de sueldo y antecedentes, ante lo cual la recurrida guardó absoluto silencio, ignorando el mandato de la SUSESO.

Indica que, en paralelo al desacato administrativo, la recurrida optó por abandonar la vía de cobro social ordinaria e inició acciones judiciales ejecutivas de cobro forzoso en su contra, tramitadas ante la justicia civil bajo el Rol C-1303-2024 ingreso del 2º Juzgado Civil de Talcahuano. En dicho proceso, un receptor judicial acudió de forma ilegal al domicilio de sus padres a notificar un embargo por una supuesta cuota única de $11.000.000, destacando que jamás fijó el domicilio de sus padres para el crédito, contando con respaldos de que su residencia legal e histórica se encontraba fijada contractualmente en domicilio reservado. El ministro de fe incluso intentó forzar el acceso físico a la vivienda, a pesar de que su madre le aclaró reiteradamente que no habitaba en ese lugar.

Señala que posteriormente tomó contacto con el estudio jurídico FullPay, oficina de abogados externos de la Caja Los Andes encargada de la persecución judicial, quienes se comprometieron formalmente a resolver su renegociación y paralizar las acciones agresivas, promesa que jamás cumplieron, y con fecha 04 de junio remitió un correo electrónico formal a la ejecutiva de la recurrida, doña nombre reservado (correo reservado), emplazando a la institución a cumplir los compromisos telefónicos del día martes 02 de junio, consistentes en evaluar y congelar el cobro derivado de la causa judicial Rol C-1303-2024 ingreso del 2º Juzgado Civil de Talcahuano.

Refiere que actualmente, en el año 2026, presta servicios como conductor de camiones para su actual empleador, la Asociación Gremial de Transportistas y Dueños de Camiones de Tocopilla (AGRETOC), registrando a la fecha 6 meses de antigüedad laboral bajo contrato indefinido en las faenas de la empresa SQM (María Elena, Coya Sur y Nueva Victoria), agregando que al momento de ingresar a prestar servicios para su actual empleador, dicha corporación no contaba con afiliación formal a la Caja de Compensación Los Andes. Sin embargo, con posterioridad a su contratación, la asociación procedió a afiliarse a la referida Caja. Fue precisamente a raíz de esta afiliación posterior que la recurrida detectó su RUN en los sistemas previsionales y activó de forma automatizada y sorpresiva la instrucción de ejecutar retenciones salariales forzosas.

Expresa que la ejecución material del acto arbitrario e ilegal consta fehacientemente en su Liquidación de Sueldo del mes de Mayo de 2026 emitida por AGRETOC, documento en el cual bajo el ítem "Préstamo CCAF: 9", se le aplicó un descuento forzoso de $170.535.- y al percatarse de este perjuicio permanente, entregó todos sus antecedentes de respaldo a su empleador, informándole formalmente que dicha deuda ya se encuentra judicializada en etapa de embargo ordinario por el total en la causa Rol C-1303-2024 ingreso del 2º Juzgado Civil de Talcahuano. Pese a esta advertencia, el descuento arbitrario se mantiene vigente de forma inflexible, provocando una merma grave en sus ingresos de naturaleza alimentaria y dejándolo en total indefensión.

En cuanto al derecho, sostiene que el descuento efectuado es arbitrario ya que se ejecuta de forma unilateral, instrumentalizando la afiliación sobreviniente de su actual empleador AGRETOC, ignorando deliberadamente que la supuesta obligación ya se encuentra sometida a un juicio ejecutivo de embargo ante los tribunales ordinarios bajo el Rol C-1303-2024 ingreso del 2º Juzgado Civil de Talcahuano, configurando una vía paralela de cobro proscrita por la jurisprudencia. Añade que la recurrida Caja Los Andes actúa en desacato administrativo, toda vez que existe un dictamen vinculante de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) que le ordenó explícitamente otorgar alternativas de pago reales y ajustar los montos. Al omitir dicho mandato y forzar una retención directa, el acto carece de sustentación lógica y jurídica.

Afirma que todas las conductas anteriores amenazan su derecho de propiedad sobre su remuneración, además de su derecho a la igualdad ante la ley, agregando que el artículo 58 del Código del Trabajo se refiere taxativamente a los descuentos que las remuneraciones pueden experimentar, siendo el descuento por deudas de crédito social asimilable a un descuento legal solo bajo estrictas condiciones de vigencia, regularidad y mutuo acuerdo, y al haber forzado la Caja Los Andes un descuento automático de $170.535 aprovechando la afiliación posterior de la empresa, se vulneran las reglas de la buena fe contractual y los límites protectores del salario.

Solicita se deje sin efecto la amenaza al derecho de Propiedad por parte de los recurridos, declarando que no procede descuento forzoso por planilla sobre su actual remuneración por concepto de este crédito, y se ordene, además, reintegrar de forma inmediata la suma de $170.535 descontada de mi remuneración de mayo de 2026, así como todo dinero que sea retenido por este concepto durante la tramitación de esta causa, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, informaron nombre reservado y Paulina Larrondo Vildósola, abogados, en representación de la recurrida Asociación Gremial de Transportistas y Dueños de Camiones de Tocopilla (AGRETOC), solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Afirman que su actuar se ajusta estrictamente al ordenamiento jurídico chileno aplicable a la retención de créditos sociales, configurándose una obligación legal inexcusable para el empleador. Al respecto, precisa que el marco regulatorio aplicable es la Ley N°18.833 (Estatuto Orgánico de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar), que conforme al artículo 1°, las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y el artículo 22 dispone expresamente que "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones de previsión social”, al establecer el legislador la expresión “deberá”, el empleador no tiene una facultad discrecional para decidir si descuenta o no el crédito social; está legalmente obligado a hacerlo una vez que la Caja de Compensación lo requiere. De no hacerlo, el empleador incurre en responsabilidad civil y penal equivalente al no pago de cotizaciones previsionales.

Dice que la contraparte cita erróneamente el artículo 58 de la Ley N°18.620 de 1987, cuerpo legal que correspondía al antiguo Código del Trabajo hoy derogado. La norma vigente aplicable es el artículo 58, inciso primero, del Código del Trabajo vigente (D.F.L. N°1 de 2002), el cual prescribe de forma categórica: "El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales... y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos", teniendo presente que las Cajas de Compensación son legalmente instituciones de previsión social, los descuentos por crédito social se subsumen perfectamente en las deducciones obligatorias impuestas al empleador por el legislador laboral.

Precisa que posee la calidad jurídica de empleadora respecto del recurrente, vínculo que se encuentra plenamente vigente mediante contrato de trabajo, y se encuentra formalmente afiliada a la co-recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que habiendo tomado conocimiento y recibido el requerimiento expreso de retención por parte de la Caja de Compensación respecto de los créditos sociales insolutos del trabajador, procedió formalmente, a contar del mes de mayo de 2026, a aplicar los descuentos respectivos en las liquidaciones de sueldo del trabajador recurrente, remesando dichos montos a la institución acreedora conforme ordena la ley.

De otro lado, sostiene que para que prospere una acción de protección, el acto impugnado debe ser ilegal (contrario a la ley) o arbitrario (fruto del mero capricho o carente de razón). En la especie, la conducta de AGRETOC no es ilegal, pues se funda en el texto expreso del artículo 22 de la Ley N°18.833 y en el artículo 58 del Código del Trabajo; tampoco es arbitrario, toda vez que obedece al requerimiento formal de la Caja de Compensación en base a un crédito social contratado voluntariamente por el propio trabajador recurrente. El empleador es un mero recaudador legal.

Concluye que no existe vulneración a las garantías constitucionales aludidas en el recurso, por cuanto, respecto de la igualdad ante la ley, ha dado cumplimiento al requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en iguales términos a lo requerido respecto de los demás trabajadores de la empresa, afectos a las mismas obligaciones que el recurrente; y, respecto del derecho de propiedad sobre las remuneraciones, aquel no es absoluto y se encuentra limitado intrínsecamente por las deducciones legales obligatorias que el propio legislador ha establecido (impuestos, previsión, pensiones alimenticias y créditos sociales) y mal puede alegarse vulneración al derecho de propiedad cuando se extingue una deuda legítima mediante un mecanismo de pago regulado por ley.

TERCERO: Que, asimismo, informó el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que con fecha 10 de febrero de 2023, otorgó a don nombre reservado, RUT N°RUT reservado, un crédito social de consumo identificado con el código 033CON103440381, por un capital de $14.294.418, pagadero en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $614.913 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2023. De dicho crédito, las cuotas correspondientes a los meses de abril a octubre de 2023 (cuotas N°1 a la N°7) fueron pagadas entre el 10 de mayo de 2023 y el 26 de octubre de 2023. Con posterioridad, el crédito incurrió en mora a contar de la cuota de noviembre de 2023. Con fecha 10 de junio de 2026, recibió un pago por la suma de $170.535, el que fue abonado a la cuota de noviembre de 2023, subsistiendo diferencia impaga de dicha cuota y encontrándose las cuotas restantes en mora.

Sostiene que en la especie se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.

Dice que, si bien inició una demanda en contra del recurrente, ello no obedece a un capricho o arbitrariedad, sino a una obligación establecida en el Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (el Compendio), ya que el numeral 3.1.17.2 dispone que “La cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad (…)”, por lo que no existe otra opción para las Cajas que iniciar el juicio ejecutivo dentro de dicho marco regulatorio, sin perjuicio de las excepciones fundadas que la propia norma contempla. A mayor abundamiento, el mismo numeral 3.1.17.2 del Compendio —en el texto vigente conforme a las modificaciones introducidas por la Superintendencia de Seguridad Social— contempla expresamente la hipótesis de reinicio del descuento de cuotas durante la sustanciación de un juicio ejecutivo o de una acción ordinaria de cobro del mismo crédito, al establecer que ““Si, durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social o en caso de que la Caja notifique al deudor de una acción ordinaria tendiente al cobro del mismo crédito, se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones o pensiones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin que éstas sean rebajadas del monto total adeudado”. En consecuencia, el regulador expresamente prevé, legitima e instruye el procedimiento a seguir frente a la concurrencia de cobranza judicial y descuento administrativo, imponiendo a la Caja únicamente el deber procesal de reliquidar la deuda en sede judicial e informar las cuotas descontadas para que sean rebajadas del monto total adeudado. No existe, por tanto, un “doble cobro”, sino un mecanismo de imputación y reliquidación que impide percibir más de lo debido. Por lo tanto, el descuento practicado por mandato del artículo 22 de la Ley N°18.833 es plenamente legal, y la eventual concurrencia con la causa Rol C-1303-2024 del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano no transforma dicho descuento en un acto arbitrario, en la medida en que las sumas efectivamente descontadas se imputen y rebajen del saldo reclamado en sede judicial.

Menciona que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.833, “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Entre sus funciones se encuentra administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social (artículo 19 N°3 de la misma ley), el que, a su vez, se encuentra autorizado por el artículo 21 de dicho cuerpo legal. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, agregando que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Luego, se refiere al descuento practicado por planilla, citando el artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual se caracteriza por ser un “mecanismo especial de pago”, inherente al régimen de “crédito social” otorgado por las Cajas de Compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador. Además, se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las Cajas de Compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria y el trabajador no puede oponerse ni negarse al “descuento por planilla” ya que la obligatoriedad misma es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado, por lo que es técnica y fácticamente incorrecto que pueda sostenerse que el funcionamiento del “descuento por planilla” constituya una gestión de cobro discrecional por parte de Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que no haga nada o no lo desee, porque no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de créditos sociales.

Asevera que se está efectuando el cobro conforme a la ley, existiendo una deuda vigente, ya que el crédito se otorgó el 10 de febrero de 2023; las primeras siete cuotas se solucionaron durante 2023; la mora se verifica a contar de noviembre de 2023; y el descuento impugnado se materializó en 2026, no existe, por tanto, un lapso de inactividad que permita calificar su actuar como un “revivir” intempestivo o caprichoso de la facultad del artículo 22.

Agrega, de otro lado, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente y no opera de pleno derecho. Mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el recurrente existe y es plenamente exigible, y la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Cualquier alegación del recurrente en relación con alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. En el mismo sentido, el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social N°2659-2020 ha sostenido que, en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, afirma que no es procedente estimar vulnerado el derecho de propiedad, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que ordena proceder con el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor. Una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no han sido declaradas en favor del recurrente.

Con relación a la alegación relativa a un supuesto incumplimiento de un pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social sobre reprogramación o ajuste de cuotas, se hace presente que dicha controversia, de existir, es de naturaleza administrativa y/o contractual, y no transforma en ilegal el ejercicio del mecanismo del artículo 22 respecto de una deuda vigente. En todo caso, el monto efectivamente descontado ($170.535) resulta inferior a la cuota originalmente pactada ($614.913), lo que desvirtúa la afirmación de un cobro irrazonable o desproporcionado en los términos denunciados.

Por último, asevera que tampoco resulta ser atendible la invocación del artículo 58 del Código del Trabajo ya que el descuento de crédito social no es un descuento convencional o facultativo, sino uno de origen legal, expresamente mandado por el artículo 22 de la Ley N°18.833 y asimilado en su régimen de pago y cobro al de las cotizaciones previsionales.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, atendidas las alegaciones vertidas en el libelo recursivo, se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de las recurridas al efectuar los descuentos en las remuneraciones del recurrente en virtud de un crédito social otorgado en el año 2023, respecto del cual la Caja de Compensación Los Andes inició su cobro por la vía ejecutiva en el año 2024, ignorando, además, un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social que, ante la mora del actor, obligaba a entregarle alternativas reales de pago y a renegociar, según lo alegado por el actor.

SÉPTIMO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

OCTAVO: Que, sin embargo, en este caso, y en particular respecto del pagaré y/o crédito código 003CON1103440381, por la suma de $14.294.418.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de abril de 2023, la Caja de Compensación Los Andes optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, cuyo ingreso fue el 10 de abril de 2024, despachándose en autos el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré suscrito por el recurrente, y que coincide con lo informado por la recurrida.

Sobre este proceso judicial, seguido en dicho tribunal bajo el Rol C-1303-2024, es importante tener presente que se notificó al recurrente y se le tuvo por requerido de pago con fecha 22 de agosto de 2025, por lo que se está frente a un proceso válido, en que está correctamente trabada la litis.

NOVENO: Que, así las cosas, de los documentos acompañados por el actor, consta que la Caja de Compensación recurrida ha iniciado el cobro judicial del crédito código 003CON1103440381 mediante la interposición de la demanda ejecutiva con fecha 10 de abril de 2024, bajo el Rol C-1303-2024, ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, siendo requerido de pago el actor con fecha 22 de agosto de 2025, cuyo expediente fue acompañado por el recurrente; no obstante, la Caja recurrida ha efectuado descuentos en las remuneraciones a partir del mes de mayo del presente año, según como lo aseveró, sin que dicho descuento haya sido informado en la causa ejecutiva.

DÉCIMO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito realizado por la Caja de Compensación, ya que es la misma entidad, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón que basta para acoger el recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo respecto de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en cuanto a lo alegado por el actor relativo a que la Caja de Compensación recurrida habría incurrido en desacato respecto de un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social que la obligaría a otorgarle alternativas de pago y renegociar las cuotas del crédito, dicha alegación no encuentra sustento en los antecedentes acompañados, toda vez que de la respuesta emitida por la Superintendencia a raíz de un reclamo del recurrente, no se divisa la existencia de un mandato o instrucción vinculante a la entidad acreedora en dicho sentido, por el contrario, únicamente consta que la Caja de Compensación sugirió al usuario solicitar una evaluación de regularización de su deuda a través de los canales correspondientes.

DUODÉCIMO: Que, ahora bien, en lo relativo a la acción entablada en contra del empleador del actor, Asociación Gremial de Transportistas y Dueños de Camiones de Tocopilla (AGRETOC), el recurso de protección no pude prosperar, por cuanto, del análisis del artículo 22 de la Ley N°18.833, la empresa se encuentra legalmente obligada a deducir de las remuneraciones de sus trabajadores los montos informados por la Cajas de Compensación por concepto de créditos sociales, y en ese sentido, dicha recurrida no ha actuado con arbitrariedad ni legalidad, sino que ha dado estricto cumplimiento a un imperativo legal, careciendo de facultades para suspender o calificar la procedencia de dichos descuentos, motivo por el cual su conducta no puede configurar una vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto de la operación crédito código 003CON1103440381, de fecha 10 de febrero de 2023, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones del actor desde el mes de mayo del presente año, y los que se hayan efectuado con posterioridad; y II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Asociación Gremial de Transportistas y Dueños de Camiones de Tocopilla (AGRETOC).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1537-2026 (Protección)

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