nombre reservado con SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Antofagasta, a veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Subsecretaría Para Las Fuerzas Armadas, Del Ministerio De Defensa Nacional, representado por su Capitán de Corbeta Capitán de Puerto de Antofagasta, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por emitir el Ordinario Nº12.200/29 de fecha 17 de julio de 2025, que dispone el desalojo del terreno objeto de concesión marítima, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que desde hace más de 30 años la familia del recurrente mantiene una concesión marítima sobre un terreno de playa ubicado en el Balneario Juan López, manzana 10, sitio N°2, Antofagasta, otorgada por Decreto N°403 de 11 de julio de 2013. El terreno ha sido cuidado y mejorado por tres generaciones familiares, transformándose de una pequeña cabaña de madera en una vivienda ampliada con habitaciones, baños, cocina y comedor.

Expone que entre el 2012 y 2013, previo al fallecimiento de su abuelo, se decidió que la concesión pasara a nombre del recurrente, dada su mayor capacidad económica, edad y disponibilidad para realizar las renovaciones periódicas exigidas por la autoridad.

Indica que el 2018, al solicitar la renovación, la autoridad rechazó la petición por dos observaciones formales consistentes en la falta de certificado del Servicio de Salud que indique que el sistema de evacuación de aguas servidas cumple con las normas y de tasación del Servicio de Impuestos Internos, ambos posteriormente subsanados el 26 de junio de 2018. No obstante, la renovación volvió a ser negada sin fundamento suficiente, pese a que se acompañó los antecedentes requeridos y no existía incumplimiento alguno. Desde entonces, la familia realizó peticiones y presentaciones administrativas sin recibir respuesta.

Refiere que, sin previo aviso, el 17 de julio de 2025 fue notificado de la orden de desalojo, no existiendo resolución formal de término del procedimiento ni rechazo fundado.

Estima que la resolución es ilegal y arbitraria, toda vez que no considera que existía una solicitud de renovación por excepción en trámite ante el Ministerio de Defensa Nacional, infringiendo el principio de confianza legítima, desconociendo que por tres décadas su familia se ha mantenido en dicho lugar, con renovaciones sucesivas y cumpliendo con sus obligaciones.

Alega que la resolución recurrida, vulnera su derecho de propiedad, ya que se le priva del uso y goce de una concesión en trámite, que constituye un derecho patrimonial protegido por la Constitución y los artículos 593 a 595 del Código Civil, en cuanto a que las concesiones sobre bienes nacionales de uso público generan derechos de propiedad en favor de su titular, y, además, atenta contra la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Concluye solicitando se declare que la Subsecretaría incurrió en acto ilegal y arbitrario que vulnera el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, ordenando a la recurrida permitir la continuación de la tramitación y renovación de la concesión marítima, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, jefe de División Jurídica de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señala que, aunque el recurso se dirige formalmente en su contra, el acto impugnado no emana de ella, sino de la Capitanía de Puerto de Antofagasta, mediante el Ordinario N°12.200/29 de fecha 17 de julio de 2025. Dicha Capitanía forma parte de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), órgano dependiente de la Autoridad Marítima, regulada por el DFL N°292 de 1953 del Ministerio de Hacienda, que contiene su Ley Orgánica. Por tanto, la Subsecretaría sostiene que no se le puede atribuir un acto ilegal o arbitrario, al no haber sido autora del documento recurrido.

Indica que el recurrente fue titular de una concesión marítima menor sobre un terreno de playa y mejora fiscal en Antofagasta, otorgada por Decreto N°403 de 11 de julio de 2013, con vigencia hasta el 30 de junio de 2018. A su término, solicitó la renovación de la concesión; sin embargo, esta no fue elevada a la Subsecretaría, pues no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 28 del Reglamento de Concesiones (D.S. N°2 de 2005). Esta circunstancia fue comunicada al solicitante mediante el Ordinario N°12.200/41 de 6 de julio de 2018 emitido por la Capitanía de Puerto de Antofagasta.

Sostiene que la Subsecretaría tomó conocimiento de estos antecedentes a raíz de una consulta interna realizada en marzo de 2019, a la cual la autoridad marítima respondió confirmando la información anterior.

Hace presente que, a la fecha, no existe registro de solicitud de renovación, otorgamiento ni regularización de la concesión por parte del actor ante la Subsecretaría, de modo que no se ha tramitado ningún procedimiento administrativo en relación con el espacio mencionado en el recurso.

TERCERO: Que informó nombre reservado, Capitán de Navío, señala que, la concesión original fue otorgada mediante D.S. N°403, del 11 de julio de 2013, por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. La que consistía en una concesión marítima menor sobre terreno de playa y mejora fiscal en balneario Juan López, destinada a una cabaña de veraneo familiar. Su titular correspondía a nombre reservado, con una vigencia hasta el 30 de junio de 2018.

Indica que el recurrente presentó expediente de renovación en 2018, y la Capitanía de Puerto de Antofagasta, mediante Ord. N°12200/41 de 6 de julio del 2018, devolvió el expediente por falta de antecedentes exigidos según el Reglamento de Concesiones Marítimas (D.S.(M) N°2/2005).

El interesado no subsanó las omisiones, y posteriormente solicitó renovación por excepción mediante carta de 18 de julio del 2018 dirigida al Ministerio de Defensa Nacional.

Posteriormente la Capitanía de Puerto, mediante Ord. N°12200/29 Vrs. de 17 de julio del 2025, comunicó al actor su condición de ocupante ilegal, invocando el artículo 125° del D.S. N°9/2018, nuevo Reglamento de Concesiones Marítimas. Señala que la norma ordena requerir auxilio de la fuerza pública para desalojar bienes fiscales ocupados sin título o con concesión caducada.

Refiere que por Oficio C.P. (ANTO.) Ord. N°12210/58 Vrs. del 17 de septiembre del 2025, la Capitanía informó a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta la ocupación ilegal y solicitó auxilio de fuerza pública para proceder al desalojo del inmueble fiscal.

Debido a lo anterior, afirma que no existe una solicitud de renovación en trámite, lo que se respaldaría en el oficio N°127/2025/ANTOFAGASTA de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas de fecha 8 de septiembre del 2025. Por tanto, el recurrente carece de derecho vigente sobre el terreno, y su ocupación constituye una situación de hecho irregular.

Sostiene que en el caso de marras no procede aplicar el principio de confianza legítima para fundar actos irregulares, como la ocupación ilegal de un bien fiscal.

Invoca jurisprudencia para señalar que el recurrente sólo tiene una expectativa y no un derecho adquirido, por lo que la acción de protección no es idónea para constituir el derecho pretendido ni para amparar la ocupación de bienes fiscales.

Por último, reitera que la Capitanía de Puerto de Antofagasta actuó conforme a derecho, dentro del marco de sus atribuciones reglamentarias, al requerir el desalojo y restitución del inmueble fiscal conforme al artículo 125 del Reglamento de Concesiones Marítimas.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que fluye que el objeto del recurso es determinar si el Ordinario Nº12.200/29 de fecha 17 de julio de 2025 emitido por la Capitanía de Puerto, constituye o no un acto ilegal o arbitrario que infrinja el derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes expuestos y documentos acompañados, es posible concluir que el actuar de la recurrida Dirección General Del Territorio Marítimo Y De Marina Mercante, se enmarca dentro de sus atribuciones legales, actuando de conformidad a la normativa vigente, avalando su actuar en el artículo 125 del D.S. N°9, del 2018, que aprueba el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, cuyo texto señala: “Ocupación ilegal. En el caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes a que se refiere el artículo 4, ya sea por carecer de título administrativo el ocupante, por estar caducada la concesión o por cualquier otra causa, la Autoridad Marítima requerirá del respectivo Intendente Regional, Gobernador Provincial o la autoridad respectiva el auxilio de la fuerza pública, a fin de que proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones que correspondan por todo el tiempo de esa ocupación ilegal”.

Por tanto, el actuar de la autoridad recurrida no puede considerarse ilegal, al estar amparado en la ley, y tampoco resulta ser arbitrario, habida consideración, además, que, de lo informado por la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas a la fecha, no existe registro de solicitud de renovación, otorgamiento ni regularización de la concesión por parte del actor, de modo que no se ha tramitado ningún procedimiento administrativo. Aquello sumado al hecho que el recurrente no aporto prueba idónea que permita acreditar que en la actualidad se encuentra en tramitación la renovación de la referida concesión marítima.

OCTAVO: Que, de lo razonado precedentemente, no se aprecia en los hechos denunciados infracción a las garantías constitucionales protegidas por esta acción de protección, desde que no se afecta el derecho a la propiedad, por cuanto no se ha acreditado que éste tenga efectivamente algún derecho sobre el terreno que se encuentra ocupando, y siendo la existencia de un derecho indubitado condición básica para acoger una acción de protección, debe ser esta rechazada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, contra de Subsecretaría Para Las Fuerzas Armadas.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1537-2025 (Protección)

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