Protección contra Juzgado de Letras del Trabajo de Calama

Antofagasta, veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

La comparecencia del abogado Juan Concha Valenzuela, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, en representación de nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, domiciliado en domicilio reservado, estimando vulneradas las garantías del artículo 19 números 2, 16, 21, 23 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezcan sus derechos y se ordene que se levante el embargo decretado en causa RIT O-63-2016 del juzgado recurrido, con costas.

La comparecencia de Víctor Riffo Orellana, juez de letras del trabajo de Calama, informando el recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

PRIMERO: Que el abogado Juan Concha Valenzuela deduce recurso de protección en representación de nombre reservado, en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama. En cuanto a los hechos, expresa que en el marco de la tramitación de la causa RIT O-63-2016 caratulada “nombre reservado con nombre reservado” en que la recurrente es demandada, con fecha 4 de mayo del año en curso se celebró audiencia de juicio, a la cual la recurrente no asistió, en la que el juez titular Víctor Riffo Orellana dispuso el embargo de la patente de alcohol señalada en el acuerdo N° 216/2012 de la Municipalidad de Calama, en el cual se renueva la patente de alcohol Rol 400917 al restaurant Caruso, a nombre de la recurrente. La medida se notificó a su parte el día 5 de mayo.

Hace presente que el embargo se dispuso en virtud del artículo 444 del Código del Trabajo en la audiencia de juicio, lo que es improcedente al tratarse de una causa sometida al procedimiento ordinario y no de ejecución. Así, el embargo, si bien es una medida cautelar, requiere de título ejecutivo y demanda ejecutiva, sin perjuicio de las facultades oficiosas del tribunal cuando se trate de una sentencia firme y ejecutoriada.

De esta forma, el embargo de la patente de alcoholes de la recurrente constituye una discriminación arbitraria vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19, pues se dispuso en procedimiento ordinario de cognición y no ejecutoriado, constituyendo un privilegio indebido para el demandante. Lo usual y legal es que el embargo se decrete cuando existe un título ejecutivo perfecto, instrumento que no existía al momento de su notificación sino solo un procedimiento en tramitación. La vulneración se hace más grave considerando que a ese momento el juez ni siquiera había dictado sentencia definitiva.

Como fundamento de ilegalidad, agrega que el artículo 444 del Código del Trabajo debe interpretarse a la luz del artículo 432 del mismo cuerpo legal, concluyendo que las medidas a que se refiere la primera disposición son aquellas señaladas en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, entre las que no se encuentra el embargo, medida esta última que está especialmente regulada en su oportunidad para los procesos laborales en el artículo 471 del Código del Trabajo, contenido en el párrafo 4° “Del cumplimiento de la sentencia”, es decir, el procedimiento ejecutivo, siendo improcedente que el embargo se determine en una oportunidad procesal diferente. Así, el oficio enviado por el Juzgado de Letras del Trabajo a la Municipalidad, en el que se informa la medida y se designa al ente edilicio como depositario provisional del embargo (sic) es ilegal e inconstitucional pues este hecho faculta al municipio a retirar dicha patente del local en cualquier momento, privando a la recurrente de sus derechos.

Expresa que se afectan además las garantías del artículo 19 N° 24 derecho de propiedad, N° 16 libertad de trabajo y N° 21 derecho a desarrollar cualquier actividad económica, considerando a la patente de alcoholes como un bien incorporal que goza de los amparos constitucionales legales propios de esa naturaleza, sumado a que no podrá seguir explotando y trabajando su giro comercial.

Solicita se acoja el recurso con costas, ordenando levantar el embargo decretado en causa RIT O-63-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo.

Acompañó con el recurso copia de acta de audiencia, oficio emitido a la Municipalidad, resolución y notificación de la medida.

SEGUNDO: Que evacúa informe el juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo, Víctor Riffo Orellana, quien expone que efectivamente al término de la audiencia de juicio en causa RIT O-63-2016 dictó de oficio la medida cautelar de embargo de la patente de alcoholes de la demandada, ante la ausencia de su parte a las audiencias y la falta de contestación de la demanda, haciendo presente que la resolución que la decreta se encuentra firme al no ser objeto de recursos. El embargo se decidió en cumplimiento de la obligación cautelar del juez laboral, contenida en el artículo 444 del Código del Trabajo, norma que permite y obliga al magistrado dictar las medidas expresamente contempladas en la ley, como es el caso del embargo, como aquellas idóneas para garantizar la suerte de la acción que no estén reguladas por la legislación. Ello se justifica con la incomparecencia injustificada de la demandada al proceso, el desenvolvimiento de la relación laboral en un contexto de informalidad y la avanzada etapa del procedimiento al momento de decretarse el embargo, considerando que a esas alturas la prueba ya había sido recepcionada y las posibilidades de condena se hacían ciertas, haciendo presente la desidia de la demandada lo que suponía un riesgo para el crédito que pudiera establecerse en la sentencia definitiva.

Agrega como fundamento que uno de los documentos que acompañó la demandante fue la copia del Acta de Consejo Municipal de Calama en la que consta que la patente de alcoholes embargada es de propiedad de la recurrente, la cual autoriza el funcionamiento del local comercial en el que se desempeñó el trabajador demandante, siendo entonces el único bien de la demandada del que se tuvo conocimiento en el juicio. Además, la relación laboral se desarrolló en constante incumplimiento de parte de la empleadora, sospechándose entonces que si no cumplió con sus obligaciones legales y no compareció a juicio, tampoco se vería motivada a pagar el crédito al que fuese en definitiva condenada. Por último, una vez notificada la medida, no se pidió su sustitución ofreciendo igual o mejor garantía a fin de reemplazar el embargo.

Agrega que la medida cautelar fue dictada no como parte de una ejecución, sino con el objeto de cautelar la suerte de la acción durante la etapa declarativa del proceso. No comparte el argumento de que el embargo sólo puede decretarse en el marco de un procedimiento ejecutivo, al no existir imperativo jurídico que imponga esa restricción, por el contrario, el Código del Trabajo contempla la dictación de medidas cautelares desde antes de la presentación de la demanda y durante toda la etapa declarativa.

Finalmente, señala que el recurso no indica en qué posición desmejorada quedó su parte en relación a la contraria, como para justificar una discriminación y hace presente que se interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en la causa, con los mismos fundamentos del presente recurso.

Acompañó con su informe los siguientes antecedentes: copia de demanda, actas de audiencias preparatoria y de juicio, registro de audio de esta última, copia estampes de notificación de la demanda, copia acta Consejo Municipal, sentencia definitiva y recurso de nulidad.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República ha sido establecido para aquellos casos en que una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho o garantía expresamente señalado por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias.

Así también, tal institución procesal ha sido creada para la mantención del orden jurídico como también para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, de manera que ante un derecho indubitado, las Cortes de Apelaciones tienen la facultad de adoptar las providencias que juzguen necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurando una protección oportuna del afectado.

CUARTO: Que el artículo 444 del Código del Trabajo establece expresamente la facultad del juez del trabajo de decretar todas las medidas cautelares o precautorias que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, así como la protección de un derecho o la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio en términos suficientes para garantizar el monto de lo demandado.

QUINTO: Que el embargo a que se refiere el recurso, atendido lo establecido en el artículo 444 del Código del Trabajo, no puede considerarse como ilegal, desde que se trata de una medida cautelar dispuesta dentro de un juicio laboral en un debido proceso, decisión que puede ser impugnada excepcionalmente mediante el recurso de apelación según expresamente se estatuye en el artículo 476 del Código del Trabajo, por lo que habiéndose actuado dentro de las atribuciones propias que permite la ley sin que por lo demás conste la interposición del recurso correspondiente, ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal se ha comprobado, debiendo en consecuencia rechazarse el recurso.

SEXTO: Que no se impondrá el pago de las costas al recurrente por no estimarse conveniente, atendida la interposición del recurso en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Calama.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por Juan Concha Valenzuela, en representación de nombre reservado, en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 1528-2016.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sr. nombre reservado y el abogado integrante Sr. Cristian Aedo Barrena. Autoriza la Secretaria Titular Srta. Elena Pérez Castro.

En Antofagasta, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

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