nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (REGIONAL MAGALLANES)

Antofagasta, a dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparecieron Hans Bórquez Tapia y Zhi Xin Wang Zeng, abogados, en representación de nombre reservado, profesora, cédula nacional de identidad n°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quienes dedujeron acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Educación de Antofagasta, y de la Contraloría Regional de Antofagasta, por la actuación ilegal, que afecta y amenaza gravemente en calidad de turbación y privación las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3º y 24º de la Constitución Política de la República, constituida por el sumario administrativo y la aplicación en su contra de la sanción de suspensión por 30 días y con goce de un 50% de la remuneración. Solicitaron que se ordene lo siguiente:

1. Retrotraer el procedimiento al estado de investigación sumaria.

2. Se cite nuevamente a declarar a la recurrente sobre los hechos contenidos en Resolución Exenta N°098 de 3 de noviembre de 2025.

3. Nombramiento de nuevo fiscal y actuario por encontrarse los actuales inhabilitados al haber actuado en el procedimiento viciado.

4. Se deje sin efecto la medida disciplinaria impuesta en su contra, debiendo ordenar su reincorporación y pago de la remuneración no percibida.

5. Se deje sin efecto el Oficio N°OF103030/2026 de la Contraloría Regional de Antofagasta.

Informaron el recurso las recurridas en los términos que obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señaló que la recurrente es funcionaria grado L8° EOF, calidad jurídica a contrata, de la Superintendencia de Educación de Antofagasta, en donde desempeña la función de apoyo administrativo.

Indicaron que la directora regional de la superintendencia recurrida, Lidia Julio Torres, mediante Resolución Exenta N°098, de 3 de noviembre de 2025, instruyó realizar investigación sumaria en su contra, con la finalidad de investigar los hechos consignados mediante correo electrónico de 16 de abril de 2025, enviado por nombre reservado; analista de administración de la Unidad de Administración Regional, de la Dirección Regional de Antofagasta, e informe reservado de 3 de junio de 2025; elaborado por la coordinadora de administración de la Dirección Regional de Antofagasta, nombre reservado; quienes al revisar la rendición de cuentas respecto de los gastos de vestuario correspondiente a la tarjeta de vestuario de 2024, advirtieron que efectuó compras en Santiago, en febrero de 2025, periodo en el que se encontraba con licencia médica.

Luego, mediante Resolución Exenta N°105, de 10 de noviembre de 2025, la misma directora regional, elevó la investigación a sumario administrativo, a propuesta del -en ese momento- investigador –y posterior fiscal-nombre reservado- quien, mediante resolución de 10 de noviembre de 2025, constituyó la fiscalía en las dependencias de la Dirección Regional de la superintendencia, y designó como actuaria a la funcionaria nombre reservado, quien aceptó el cargo en la misma fecha.

Agregaron que, a través de resolución de 25 de noviembre de 2025, a fojas 27, el fiscal instruyó citar a la recurrente a comparecer ante su presencia para prestar declaración sobre los hechos referidos en el sumario para el 28 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas. Así, según la certificación realizada en el procedimiento el 25 de noviembre de 2025, a fojas 28, “supuestamente fue notificada” de esta citación en la oficina de éste a las 12:15 horas e informada “parcialmente de los hechos”, pero que interrumpió la explicación del fiscal y salió en búsqueda de su superior jerárquico, sin firmar, ni regresar a la oficina, y que se retiró de la Dirección Regional; hechos que negaron pues, si bien es cierto que dicho día fue citada, el fiscal le indicó que debía ponerle al tanto de una denuncia en su contra –pero en ningún momento de un sumario administrativo y de su citación a comparecer a declarar ante lo cual, y previo a que le informarán –o entregaran algún antecedente- pidió ir a buscar a su jefatura directa- nombre reservado-, como se reconoce en la certificación señalada; y esto porque mantenía una enemistad pública con nombre reservado; sin embargo, su jefe se negó a acompañarla, lo cual la puso sumamente nerviosa, con episodio de ansiedad, incluso le impidió seguir trabajando, por lo cual se dirigió el mismo día al médico, quien le dio licencia médica por dos días, sin que volviese a las dependencias de la Superintendencia. Lo anterior, no fue baladí, sino que una consecuencia de distintos actos de hostigamiento laboral que denunció y que incluso ya habían detonado con el robo de su celular en las mismas dependencias de la recurrida.

Sostuvieron que, en la resolución de 16 de enero de 2026, el fiscal Pinochet formuló cargo en su contra, consistente en no observar estrictamente el principio de probidad administrativa, acusándola de infringir expresamente lo dispuesto en el artículo 61 letra g) de la Ley Nº18.834. Luego, mediante certificado de 20 de enero de 2026, a fojas 267, la actuaria del sumario certificó haber concurrido los días 19 de enero de 2026 a las 15:00 horas y 20 de enero de 2026 a las 11:45 horas al domicilio ubicado en domicilio reservado, a fin de notificarla personalmente de los cargos, lo cual no habría podido realizar por no ser habida en el lugar, por lo cual conforme lo dispone el artículo 131 inciso 1º del Estatuto Administrativo procedió a efectuar notificación del expediente por carta certificada. En efecto, se acompañó a fojas 268 del procedimiento copia del comprobante de envío, con el código N°3999010056855, la cual conforme consta de la revisión a través de su página web, supuestamente “recibió” presencialmente el 22 de enero de 2026, a las 13:34 horas; sin embargo, resulta imposible ya que en dicho horario se encontraba en tratamiento kinesiológicos producto de un esguince grado uno que sufrió producto de una caída, tratamientos que debía realizarse desde el 19 al 26 de enero de 2026, y que posteriormente fueron extendidos al 30 de enero, sumado a la licencia médica que le fue otorgada. Es más, en el horario específico de la notificación, se encontraba en el Instituto de Seguridad del Trabajador (IST), pues la pasaba a buscar un vehículo junto a los demás pacientes agendados para ese día, alrededor de las 12:00 horas para regresar a eso de las 15:30 horas aproximadamente, lo que demuestra que nunca recibió los antecedentes.

Indicaron que posteriormente a través de resolución de 15 de enero de 2026, a fojas 263, el fiscal declaró cerrado el sumario administrativo. Luego, el 6 de febrero de 2026, evacuó vista fiscal a fojas 281, y concluyó confirmar el cargo formulado, y a su vez propuso aplicar la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días, con goce de un 50% de la remuneración, sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas del cargo. Así pues, por Resolución Exenta N°031, de 2 de marzo de 2026, a fojas 284, la directora regional, aprobó el sumario administrativo y aplicó en su contra la sanción antes indicada, además de una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación. Luego, a través del certificado de 13 de marzo de 2026, a fojas 285, la actuaria certificó haber concurrido los días 11 de marzo de 2026 a las 09:43 horas y 12 de marzo de 2026 a las 12:05 horas al domicilio de la actora, a fin de notificarla personalmente de la medida disciplinaria impuesta en su contra, lo cual no habría podido realizar por no ser habida, por lo cual conforme lo dispone el artículo 131 inciso 1º del Estatuto Administrativo procedió a efectuar notificación del expediente por carta certificada; sin embargo, en dicha fecha se encontraba fuera de la ciudad, como dan cuenta los pasajes que insertaron.

Posterior a ello, por certificado de 26 de marzo de 2026, a fojas 287, ésta certificó que no presentó recursos en contra de la Resolución Exenta 031 de 2 de marzo de 2026 que aplicó la medida disciplinaria, mientras que a través de la Resolución 037 de 26 de marzo de 2026, a fojas 289, la directora regional dispuso aprobar el sumario administrativo, aplicar la medida dispuesta, y dejar constancia en su hoja de vida.

Añadieron que, mediante certificado de 30 de marzo de 2026, a fojas 290, la actuaria certificó que con fecha 30 de marzo notificó personalmente en su lugar de trabajo a la actora de la Resolución Exenta 037, dejando constancia que se negó a firmar. Con ello, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 del DFL 29 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, el 14 de abril de 2026, la recurrente presentó reclamación ante la Contraloría Regional de la República de Antofagasta, el que fue rechazado mediante oficio N°OF103030/2026 firmado por el director regional Víctor Rivera Olguín.

Hicieron presente que en el procedimiento sumarial se cometieron vicios de legalidad, los que infringieron el derecho a un debido proceso, ya que no fue válidamente notificada respecto de las resoluciones de 25 de noviembre de 2025, 16 de enero de 2026, Resolución Exenta N°031 de 2 de marzo de 2026, lo que de conformidad al artículo 144 del Estatuto Administrativo, afectó directamente la legalidad de la resolución que aplicó la medida disciplinaria, pues el debido proceso no es solo una garantía judicial, sino un principio rector de la actividad administrativa que obliga a los órganos del Estado a actuar bajo un estándar de justicia y racionalidad, como un efecto de la irradiación constitucional del artículo 19 Nº3 de la Constitución, el cual se vio gravemente vulnerado puesto que se vio privada del derecho a ser oída, a presentar pruebas, a tener una defensa técnica en el juicio, a inhabilitar el fiscal persecutor, y a recurrir en contra de la resolución que impuso la medida disciplinaria en su contra, resolución que afectó finalmente su derecho de propiedad, toda vez que la sanción la privó del goce de un 50% de su remuneración. A su vez, la falta de corrección de tales vicios por parte de Contraloría, ya que al conocer la reclamación mantuvo la vulneración de las garantías señaladas.

Expusieron que si bien no fue notificada, la propia certificación realizada el 25 de noviembre de 2025, es ilegal, puesto que se advierte claramente que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 131 del Estatuto Administrativo, toda vez que dicha norma exige expresamente que cuando se notifique personalmente o por carta certificada al inculpado, se entreguen copias íntegras de la resolución respectiva, en este caso; lo que no se hizo, ni se certificó en el expediente, lo cual infringe gravemente el principio al derecho a un debido proceso, más aún cuando posteriormente en la certificación de 20 de enero de 2026, si se hace mención expresa a la entrega de las copias respectivas.

Con todo, solicitaron que se declare que en el procedimiento sumarial instruido mediante Resolución Exenta N°098, de 3 de noviembre de 2025, y elevado a sumario administrativo mediante Resolución Exenta N°105, de 10 de noviembre de 2025, se produjeron vicios de procedimiento que afectaron la legalidad de la resolución que aplicó la medida disciplinaria en su contra, vulnerándose sus derechos a ser oída, a presentar pruebas, a tener una defensa técnica en el juicio, a inhabilitar el fiscal persecutor, y a recurrir en contra de la resolución que impuso la medida disciplinaria en su contra; además se ordene retrotraer el procedimiento al estado de investigación sumaria, se cite nuevamente a declarar a la recurrente sobre los hechos contenidos en Resolución Exenta N°098 de 3 de noviembre de 2025, el nombramiento de nuevo fiscal y actuario por encontrarse los actuales inhabilitados al haber actuado en el procedimiento viciado, se deje sin efecto la medida disciplinaria impuesta en su contra, su reincorporación y pago de la remuneración no percibida; y se deje sin efecto el Oficio N°OF103030/2026 de la Contraloría Regional de Antofagasta; todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó la Contraloría General de la República de la región de Antofagasta, la que en primer término alegó falta de legitimación pasiva, fundado en el hecho que no sustanció ni resolvió el procedimiento disciplinario impugnado, sino que únicamente se pronunció sobre las reclamaciones realizadas por la misma interesada sobre la materia, siendo posible constatar que, por ende, no hay actuación que eventualmente pudiera haber causado el supuesto agravio alegado. Evidencia de ello es precisamente el petitorio de la acción deducida, donde se expone en detalle cuales son las medidas concretamente solicitadas por la recurrente, todas las cuales recaen exclusivamente sobre actos dictados por la Superintendencia de Educación. De esta manera, lo que se pretende mediante esta acción cautelar es la revisión de un procedimiento disciplinario afinado. En consecuencia, la impugnación de la referida determinación administrativa en ningún caso debió dirigirse en su contra de este Órgano Fiscalizador, sino únicamente en contra de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Antofagasta, toda vez que a su autoridad le corresponde ejercer la potestad disciplinaria sobre sus funcionarios.

Agregó que, en este contexto, de las peticiones formuladas, se desprende que pretende que se deje sin efecto el oficio N°OF103030, de 2026, mediante el cual fue rechazado el reclamo de legalidad que dedujo en virtud del artículo 160 de la Ley N°18.834. Sin embargo, de manera errónea, asume que la invalidación de dicho pronunciamiento conduciría, por sí sola, a dejar sin efecto la sanción disciplinaria que le fue impuesta, lo que resulta improcedente, por cuanto el referido oficio no constituye el acto que aplicó la medida disciplinaria, sino únicamente el pronunciamiento posterior recaído sobre el reclamo de legalidad interpuesto. De este modo, aun en el evento de dejarse sin efecto el oficio aludido, la sanción disciplinaria aplicada por la autoridad competente subsistiría plenamente, por lo que la impugnación resulta inocua respecto del agravio que la actora afirma sufrir.

Precisó acerca de la improcedencia del recurso de protección contra un sumario administrativo, ya que, más que procurar la defensa de derechos constitucionales determinados e indubitados, se busca controvertir el mérito de las actuaciones y decisiones adoptadas en el procedimiento disciplinario, aspirando a que se revise nuevamente el mérito de lo resuelto, lo que excede con creces la naturaleza cautelar de esta acción. Al respecto, debe destacarse que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como pretende la actora, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado.

A su turno, sostuvo que el impugnado oficio N°OF103030, de 2026, que desestimó el reclamo de la actora, no puede adolecer de ilegalidad, toda vez que fue emitido en virtud del artículo 160 de la Ley N°18.834, que consagra respecto de los funcionarios el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere ese Estatuto, facultad que le fue delegada por el Contralor General a las Contralorías Regionales mediante su resolución N°1.002, de 2011. De esta forma, el pronunciamiento fue emitido de acuerdo con la habilitación de la mencionada norma y con motivo del reclamo interpuesto por la propia actora, y efectuó un análisis razonado de los argumentos expuestos en su reclamación, de los antecedentes sumariales como de las actuaciones practicadas por dicho órgano. Es más, la revisión de legalidad no es una instancia revisora del mérito de las decisiones disciplinarias adoptadas por la autoridad competente.

Hizo presente que el impugnado oficio atendió una serie de reclamaciones deducidas por la actora relacionadas con la falta o nulidad de las notificaciones de las resoluciones que dieron inicio al procedimiento disciplinario, la citación a declarar, la formulación de cargos y la resolución que impuso la sanción. Pues bien, el libelo de la especie se limita a indicar que no efectuó gestión tendiente a acreditar la veracidad de las notificaciones efectuadas por carta certificada, y no analizó las pruebas rendidas, rechazando la pretensión incoada amparándose en un cumplimiento formal de los requisitos de la carta certificada. Al respecto, si bien a le corresponde amparar la normativa que asegure el respeto al debido proceso, en dicho ejercicio no sustituye a la administración activa en la ponderación de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre la responsabilidad disciplinaria del funcionario, pudiendo representar lo realizado si se observa una irregularidad o arbitrariedad en su tramitación y conclusión, lo que, del análisis del expediente tenido a la vista, no consta que haya ocurrido. En este contexto, del análisis del expediente sumarial, se advierte que el fiscal instructor observó todas las garantías del debido proceso (declaración del inculpado; formulación de cargo; plazo para formular descargos; notificaciones; recepción de recursos, etc.)

En tal sentido, aclaró que respecto de la notificación de la citación a declarar, consta a fojas 27 y 28 del expediente disciplinario que nombre reservado, el 25 de noviembre de 2025, fue citada para solicitar su comparecencia para el 28 de ese mes y año, no obstante, de la certificación del fiscal asistido por la actuaria en calidad de ministro de fe, se desprende que se retiró de la diligencia sin firmar, con el objeto de solicitar la presencia de su jefatura, retirándose posteriormente de las dependencias del servicio en el que se desempeña. Al respecto, si bien la declaración del inculpado reviste el carácter de trámite esencial dentro del procedimiento disciplinario, la jurisprudencia administrativa ha precisado que dicha exigencia se satisface cuando la autoridad adopta las medidas necesarias para recibirla, sin que la incomparecencia del funcionario, cuando le sea imputable, pueda impedir la continuación del proceso. Así, si la falta de declaración obedece a la conducta del propio inculpado, tal circunstancia no constituye un vicio que afecte la validez del sumario ni obsta a su prosecución, lo anterior, según el criterio contenido en los dictámenes Nos 8.979, de 2014, 1.603, de 2010 y 22.379, de 1991. En efecto, según los dichos de la propia recurrente plasmados en su reclamación reconoce que fue citada por el fiscal a comparecer para prestar declaración sobre los hechos imputados, diligencia que no se llevó a cabo por el retiro de la propia actora de las dependencias de la superintendencia, no obstante, aduce que tal acto se encuentra viciado por la no entrega de copias íntegras de la resolución que la citó a declarar, quedando de manifiesto que la ocurrente tuvo conocimiento de cuál fue el objetivo de tal citación, diligencia que se frustró por su retiro intempestivo del lugar y no por la falta de entrega de la documentación.

Por su parte, acerca de la notificación de la formulación de cargos y de la resolución que impuso la sanción, hizo presente que el artículo 131 de la Ley N°18.834, dispone que las notificaciones en los procedimientos disciplinarios deben efectuarse personalmente. Añade el precepto que, si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, debiendo dejarse constancia de ello. Así pues, la norma citada contempla presunciones de notificación, las que suponen el conocimiento de un determinado acto, siempre que se verifique el supuesto objetivo consistente en el despacho de la carta certificada, de manera de no perjudicar la seguridad jurídica de los eventuales destinatarios de esta, lo anterior, según el criterio contenido en el dictamen N°26.980, de 2016. En efecto, la falta de recepción de un certificado una vez conducido al lugar de su destino no es imputable al servicio que la dirigió correctamente ni a la empresa de correos. De aceptarse como indispensable la recepción por parte del afectado de la carta certificada la notificación correspondiente quedaría eventualmente librada a su propio arbitrio, puesto que bastaría que el domicilio se encontrara cerrado y aparentemente sin moradores para que tal procedimiento fuese imposible de cumplir.

Puntualizó que no se advierte cómo el oficio recurrido podría significar una privación, perturbación o amenaza a las garantías fundamentales contenida en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, desde el momento que ha sido emitido, como antes se detallara, en virtud de facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la sede regional contralora, a requerimiento expreso de la actora.

Con todo, instó porque la presente acción constitucional sea desestimada en todas sus partes.

TERCERO: Que, Juan Pablo Díaz Hormazábal, abogado, en representación de la Superintendencia de Educación, informó la presente acción, y en primer término expuso brevemente acerca de la tramitación del procedimiento sumario en cuestión. Así pues, expresó que se instruyó un proceso disciplinario mediante Resolución Exenta Nº098, de 3 de noviembre de 2025, a raíz de irregularidades detectadas en la rendición de la tarjeta de vestuario institucional 2024 de la funcionaria nombre reservado, quien habría efectuado compras en Santiago durante un período en que se encontraba con licencia médica y reposo total en su domicilio de Antofagasta.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta Nº105, de 10 de noviembre de 2025, la investigación fue elevada a sumario administrativo, designándose como fiscal sumariante a nombre reservado y como actuaria a nombre reservado.

El 16 de enero de 2026 se formularon cargos contra la funcionaria por una eventual infracción al principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 61 letra g) de la Ley Nº18.834. El cargo se fundó en que habría rendido compras de vestuario efectuadas en Santiago los días 3, 5, 6 y 9 de febrero de 2025, pese a encontrarse con licencia médica entre el 3 y el 13 de febrero de 2025, con reposo total en su domicilio de Antofagasta.

La funcionaria fue notificada de los cargos, pero no presentó descargos, defensas ni pruebas dentro del plazo legal de cinco días hábiles.

En la investigación se recopilaron antecedentes documentales, entre éstos las boletas y guías de despacho correspondientes a las compras efectuadas en establecimientos comerciales de Santiago. Asimismo, se acreditó que la funcionaria recibió una tarjeta de vestuario por $312.500, que posteriormente rindió mediante el respectivo formulario y documentación de respaldo.

La Vista Fiscal de 6 de febrero de 2026 concluyó que los hechos se encontraban acreditados y que existía responsabilidad administrativa de la funcionaria, proponiendo una suspensión de 30 días con goce del 50% de las remuneraciones, conforme a los artículos 121 letra c) y 124 de la Ley Nº18.834. luego, la autoridad acogió dicha propuesta mediante Resolución Exenta Nº031, de 2 de marzo de 2026, considerando especialmente que, la funcionaria tenía licencia médica por 11 días, desde el 3 al 13 de febrero de 2025, ésta establecía reposo total en su domicilio de Antofagasta, mientras que durante dicho período aparecían compras de vestuario efectuadas en diversos establecimientos comerciales de Santiago, las que fueron posteriormente incorporadas a la rendición de la tarjeta institucional.

Así pues, la autoridad estimó que la conducta implicaba un uso indebido de la licencia médica, incompatible con el reposo prescrito y constitutivo de una falta grave al principio de probidad.

La resolución fue notificada el 18 de marzo de 2026, sin que la funcionaria interpusiera recursos dentro de los plazos legales. Posteriormente, mediante Resolución Exenta N.º 037, de 26 de marzo de 2026, se formalizó la aplicación de la sanción de suspensión del empleo por 30 días, con goce del 50% de las remuneraciones; la que fue notificada personalmente el 30 de marzo de 2026, registrada por la Contraloría General de la República el 2 de abril de 2026, y se ejecutó entre el 31 de marzo y el 29 de abril de 2026, reincorporándose la funcionaria a sus labores el 30 de abril de 2026.

A su turno, indicó en cuanto al primer vicio expuesto por la actora, esto es la falta de notificación de la resolución que la citaba a declarar y la falta de entrega de copia de los antecedentes del procedimiento disciplinario; que carece de fundamento, pues los artículos 126 y 131 de la Ley Nº18.834, disponen como regla la notificación personal y además, la obligación de la persona citada de fijar domicilio dentro del radio urbano donde funciona la fiscalía sumariante. Así pues, en el expediente consta que el 25 de noviembre de 2025 la funcionaria nombre reservado fue citada a declarar respecto de los hechos investigados. En esa oportunidad, además, fue informada de su derecho a formular, dentro de dos días, eventuales inhabilidades respecto del fiscal o la actuaria, y de su obligación de fijar domicilio para efectos del procedimiento. Luego, si bien la funcionaria no firmó la citación, dicha circunstancia fue debidamente certificada en el expediente por el fiscal y la actuaria, sumado a que todas las notificaciones practicadas durante el procedimiento quedaron debidamente certificadas en el expediente, por lo que no existiría una vulneración de las reglas de notificación ni indefensión de la funcionaria. En efecto, no cumplió con la obligación de fijar un domicilio, y, en consecuencia, las notificaciones pudieron realizarse por carta certificada al domicilio registrado en la institución.

Por su parte, en relación con lo relacionado a la nulidad de la notificación de la resolución que formuló cargos, esto por haberse practicado mediante carta certificada enviada a su domicilio particular, pese a que en esa fecha se encontraba con licencia médica y en tratamiento kinesiológico, aseveró que la notificación fue válida. Esto, porque la actora no fijó domicilio dentro del radio urbano de la fiscalía sumariante, pese haber sido citada previamente como declarante y apercibida de la obligación de hacerlo. Por ello, las notificaciones podían efectuarse mediante carta certificada al domicilio registrado en la institución, además que antes de recurrir a dicho medio, se intentó efectuar la notificación personalmente en el domicilio registrado de la funcionaria, pero esta no fue habida en dos oportunidades mientras que la circunstancia de encontrarse con licencia médica no impidió efectuar la diligencia. Dichos intentos de notificación quedaron formalmente acreditados mediante una certificación de búsquedas de 20 de enero de 2026, suscrita por el fiscal sumariante y la actuaria y agregada a fojas 267 del expediente, como también el comprobante de recepción/despacho de la carta certificada de Correos de Chile, de 21 de enero de 2026, código N°3999010056855, a fojas 268. Con ello, conforme a los artículos 126 y 131 del Estatuto Administrativo, tratándose de carta certificada, la funcionaria se entiende notificada transcurridos tres días desde su despacho, -tanto de la formulación de cargos y sus antecedentes incluida la Resolución Exenta Nº105, de 2025— el lunes 26 de enero de 2026; sumado que el seguimiento de Correos de Chile registra que el envío fue entregado el 22 de enero de 2026 a las 13:34 horas, y recibido por nombre reservado, mientras que no logró justificar por qué no fue habida en su domicilio los días 19 y 20 de enero de 2026, en cuales el fiscal y la actuaria intentaron notificarla personalmente del cargo.

Ahora bien, respecto a la argumentación de la actora relativa a que se encontraba en tratamiento kinesiológico y con licencia médica, se ha establecido que las licencias no son impedimentos para practicar notificaciones en el transcurso del sumario administrativo, ya que el reposo médico solo autoriza a la funcionaria para ausentarse de la jornada de trabajo, manteniendo tanto su calidad de servidora pública como el resto de sus derechos y obligaciones estatutarias.

En relación con la nulidad de la notificación de la Resolución Exenta Nº031, de 2 de marzo de 2026; que aprobó el sumario administrativo y aplicó una sanción disciplinaria, pues ésta se habría realizado mediante carta certificada cuando se encontraba fuera de la ciudad, debe ser rechazada. En tal sentido, reiteró los argumentos vertidos precedentemente, además que esta vez se intentó primero la notificación personal en el domicilio particular en los días 11 y 12 de marzo de 2026, sin que esta fuera encontrada, lo que quedó asentado en el certificado de búsquedas de fojas 285. Luego, ante los dos intentos infructuosos, se notificó mediante carta certificada enviada al domicilio registrado en la institución, cuyo despacho consta a fojas 286, el 13 de marzo de 2026 y bajo el código de envío N°3999010774230, mientras que en Correos de Chile registra que la carta fue entregada el 16 de marzo de 2026 a las 13:54 horas, recibida por nombre reservado, por lo que se entiende legalmente notificada transcurridos tres días desde el despacho, es decir, el 16 de marzo de 2026; sumado que la recurrente no explica ni justifica por qué no fue habida en su domicilio durante los días en que se intentó practicar la notificación personal.

Por otro lado, destacó lo resuelto por la Contraloría General de la República al conocer el reclamo de ilegalidad ejercido por la recurrente, la que en cuanto a las supuestas irregularidades dispuso que la resolución que instruye la investigación sumaria y aquella que la eleva a sumario administrativo no requieren ser notificadas al inculpado. Enseguida, respecto de las notificaciones por carta certificada de 22 de enero y 16 de marzo de 2026, constató que estas fueron realizadas conforme a derecho, previa realización de las búsquedas exigidas por la ley y mediante su despacho por Correos de Chile, sin que resulte jurídicamente exigible su recepción personal para la validez de la notificación; por lo que concluyó que el procedimiento disciplinario se ajustó a la normativa vigente, y, en consecuencia, rechazó el reclamo interpuesto.

Finalmente, en lo relacionado con la vulneración de garantías constitucionales en los términos expuestos por la actora, indicó que ésta estuvo debidamente emplazada en cada actuación. Las notificaciones se realizaron conforme al artículo 131 del Estatuto Administrativo. Se efectuaron intentos de notificación personal los días 19 y 20 de enero de 2026, respecto de la formulación de cargos, y los días 11 y 12 de marzo de 2026, respecto de la Resolución Exenta N.º 031. La recurrente no cuestionó el domicilio donde se realizaron las búsquedas ni justificó su ausencia en esas fechas, mientras que la norma citada no exige que la funcionaria reciba personalmente la carta certificada, basta el cumplimiento de las formalidades legales. Así pues, tuvo la oportunidad de recusar al fiscal, declarar, formular descargos, presentar pruebas e impugnar las resoluciones, lo que permite concluir que no existió vulneración del debido proceso ni del derecho a defensa, pues se habrían cumplido todas las formalidades legales.

En lo relativo al derecho a propiedad, aseveró que La sanción sería consecuencia del procedimiento disciplinario y de la conducta atribuida a la funcionaria, y no de una actuación arbitraria de la administración, toda vez que de los antecedentes del sumario se pudo acreditar la gravedad de los hechos y una infracción al deber de probidad administrativa, mientras que el empleo público no constituye un derecho de propiedad protegido por el artículo 19 Nº24 de la Constitución, ya que el funcionario público posee un derecho estatutario a la continuidad en su función, sujeto a las causales de cesación establecidas por el legislador, pero no un derecho de dominio sobre su cargo.

Con todo, peticionó que la acción sea rechazada en todas sus partes, por manifiesta falta de fundamentos, y por no haber sido vulneradas las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por un acto arbitrario o ilegal.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, la actora pretende que se declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°037, de 26 de marzo del presente año, dictada por la directora regional de la Superintendencia de Educación de la región de Antofagasta, que resolvió aplicarle la medida disciplinaria de suspensión del empleo por treinta días con goce de un cincuenta por ciento de las remuneraciones, y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, conforme con lo previsto el artículo 121, letra c), en relación con el artículo 124, ambos de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, además de la constancia de dicha medida en la hoja de vida de la funcionaria mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente; sumado a que se deje sin efecto el oficio N°077, de 5 de mayo de 2026 emanado de la unidad jurídica de la Contraloría General de la República, Antofagasta.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, la Contraloría Regional de Antofagasta ha alegado la excepción de falta de legitimación pasiva, defensa que, considerando que el recurso no da cuenta en forma alguna de algún hecho ilegal y/o arbitrario ejecutado por dicha institución, es más sólo cuestiona el mérito de lo por ello resuelto, lo que de por si permite acoger esta excepción, desde que un presupuesto básico de todo recurso de protección, que debe imputar un hecho ilegal y/o arbitrario, para sustentar se adopte alguna medida para dar protección a garantía constitucional determinada.

OCTAVO: Que, respecto del recurso en contra de la Superintendencia de Educación, con relación a los planteamientos antes indicados, debe insistirse en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que se franquean a los interesados y menos permite tomar decisiones en reemplazo de la autoridad legalmente facultada para hacerlo.

Acontece que el asunto propuesto por la recurrente, del modo que ha sido planteado y en función de lo que se pretende por su intermedio, rebasa los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, de modo que de los antecedentes allegados por ambas partes no introducen elementos de conocimiento que permitan ponderar la transgresión de derechos fundamentales que se alega, puesto que si bien se tiene a la vista el expediente sumarial que dio origen a la imposición de la medida disciplinaria, existe controversia esencial entre las partes acerca del cumplimiento de las ritualidades formales del procedimiento administrativo sancionatorio, y también de las fundamentaciones de la sanción impuesta, sumado que la actora incorpora en esta sede documentos relativos a la probanza de sus dichos, tales como pasajes aéreos a la ciudad de Santiago, a fin de acreditar que no se encontraba en esta ciudad a la fecha de las notificaciones, lo que traería aparejado un pronunciamiento de esta corte que incidiría en una valoración posterior de la ya realizada por la autoridad a quien correspondió resolver el asunto en cuestión, habida consideración de la naturaleza del procedimiento disciplinario.

NOVENO: Que, en efecto, debe ponerse especialmente en relieve que una acción de esta índole no puede transformarse en una suerte de sustituto de los procedimientos naturalmente idóneos establecidos en el ordenamiento jurídico con el propósito específico de atender situaciones como las que ha pretendido postular la recurrente, menos aún si disponiendo de la oportunidad y del medio para hacerlo, no lo ha ejercitado. En suma, la acción constitucional ejercida no es el arbitrio adecuado ni procedente para los fines perseguidos por quien recurre.

DECIMO: Que, por último, cabe tener presente que de la exposición de hechos del recurso no aparece antecedente que permita tener por establecido la afectación al derecho de propiedad o a la igualdad, porque en el caso concreto las medidas adoptadas lo fueron en un procedimiento sumario, sin que resulte indubitado que existió alguna irregularidad, lo que lleva concluir que la afectación a la propiedad deriva del actuar de la recurrente, no existiendo mérito para estimar que existió discriminación o trato desigual, pues nada se alega al efecto.

En todo caso, de la lectura de la acción constitucional, queda prístino que la infracción en que se sustenta el reclamo es la afectación al debido proceso, garantía no protegida por esta manifestación de las facultades conservadora.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, se rechazará la acción constitucional en todas sus partes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA:

1.- SE ACOGE la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por de la Contraloría Regional de Antofagasta.

2.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Hans Bórquez Tapia y Zhi Xin Wang Zeng, abogados, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Educación de Antofagasta, y de la Contraloría Regional de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1520-2026 (Protección)