nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA

Antofagasta, a veintiséis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por vulnerar su derecho establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Informó del recurso el recurrido, solicitando el rechazo de éste.

Asimismo, evacuó informe Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que la recurrida ha efectuado de manera reiterada descuentos mensuales de $60.368 directamente de sus remuneraciones, asociados a un crédito social otorgado durante el año 2015, obligación que, según sostiene, se encontraría legalmente prescrita, sin existir actualmente título vigente que habilite dichos cobros.

Añade que los descuentos comenzaron a practicarse sin notificación previa, sin contar con su consentimiento vigente y sin existir orden judicial que los autorice, afectando con ello su patrimonio y subsistencia económica.

Afirma que tales actuaciones constituyen actos ilegales y arbitrarios que perturban su derecho de propiedad, razón por la cual solicita que se acoja la acción constitucional, se ordene el cese inmediato de los descuentos mensuales de $60.368 y se disponga la restitución de todas las sumas que le habrían sido indebidamente descontadas.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado Felipe Díaz Wittig, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, conforme a sus registros y a la carga financiera emitida el 22 de julio de 2026, el recurrente mantiene vigente el crédito social correspondiente al Contrato ID N°025000035733, actualmente en estado moroso, con un saldo adeudado de $1.158.032 y una cuota mensual de $60.368, registrando pagos y recaudaciones en los años 2015, 2022, 2025 y 2026, encontrándose pagadas las cuotas hasta la N°6.

Sostiene que tales antecedentes descartan que la sola antigüedad del crédito permita tener por extinguida o prescrita la obligación, particularmente porque no existe sentencia judicial que así lo declare.

Agrega que el descuento por planilla se encuentra fundado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en relación con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el artículo 58 del Código del Trabajo, normativa conforme a la cual las sumas adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones por el empleador, retenidas y remesadas a la Caja acreedora, sujetándose a las normas de pago y cobro aplicables a las cotizaciones previsionales, de manera que no se trataría de un descuento meramente voluntario ni requeriría autorización judicial previa.

En cuanto a la prescripción alegada, afirma que ésta no opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, no habiéndose acompañado sentencia que declare prescrita o extinguida la deuda, ni antecedentes que acrediten su pago total, condonación u otro modo de extinguirla.

Añade que la existencia de recaudaciones durante los años 2022, 2025 y 2026 evidencia que el crédito no ha permanecido absolutamente inactivo y que las controversias relativas a su vigencia, prescripción, imputación de pagos o determinación del saldo insoluto requieren un procedimiento declarativo con debate y prueba suficientes, excediendo el ámbito cautelar de la acción de protección.

Respecto de la falta de aviso previo, consentimiento vigente u orden judicial invocada por el recurrente, sostiene que tales circunstancias no privan de fundamento al descuento, por cuanto éste deriva directamente del régimen legal aplicable al crédito social y el consentimiento actual del deudor no constituye requisito para que el empleador practique las deducciones correspondientes. Invoca, asimismo, sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago de 23 de julio de 2026, dictadas en causas Roles N°7.885-2026 y N°7.694-2026, que habrían reconocido que el descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 constituye un mecanismo legal de recaudación y que las controversias sobre prescripción o extinción de la deuda no corresponden ser resueltas mediante la acción de protección.

Descarta la vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, señalando que la deducción de $60.368 no constituye una privación arbitraria de las remuneraciones del recurrente, sino la aplicación de un mecanismo legal destinado al pago de una obligación que, mientras no exista una sentencia firme que declare su prescripción, extinción o inexigibilidad, mantiene vigencia jurídica, razón por la cual solicita el rechazo íntegro del recurso de protección.

TERCERO: Que informó, la abogada Ines Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el recurrente registra cotizaciones como trabajador afiliado a dicha entidad a través de su empleador Manpower de Chile S.A. y que los descuentos cuestionados corresponden a obligaciones cuyo acreedor es Caja de Compensación La Araucana, actuando Caja Los Andes únicamente por mandato de esta última en el marco del sistema integrado de recaudación de créditos sociales denominado “Proyecto Intercajas”, que permite a la Caja de actual afiliación recaudar obligaciones vigentes o morosas contraídas con otra Caja de Compensación.

Indica que, en virtud de dicho mecanismo, durante mayo y junio de 2026 informó al empleador descuentos por $60.368, los que fueron recaudados los días 10 de junio y 10 de julio de 2026 y posteriormente transferidos a la Caja acreedora, precisando que el monto informado para julio de 2026 no se encuentra en poder de su representada.

Sostiene que su actuación se encuentra amparada en el contrato de mandato que sustenta el Proyecto Intercajas y en los artículos 19 N°7 y 22 de la Ley N°18.833, agregando que la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N°31.756-2019, ha reconocido la procedencia de este mecanismo de recaudación.

En consecuencia, sostiene que su intervención se limitó a ejecutar el encargo de Caja La Araucana, sin que exista acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada, razón por la cual solicita el rechazo de la acción constitucional.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes allegados al proceso, no existe controversia en cuanto a que el recurrente contrajo con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana un crédito social identificado bajo el Contrato ID N°025000035733, pactado en 36 cuotas, cuyo vencimiento se extendía entre el 31 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2018, ni tampoco respecto de que, en virtud de dicha obligación, se han efectuado descuentos por planilla en sus remuneraciones por la suma mensual de $60.368.

Asimismo, de la carga financiera emitida por la propia Caja La Araucana con fecha 22 de julio de 2026 aparece que la primera cuota del crédito, vencida el 31 de agosto de 2015, fue recaudada el 10 de septiembre del mismo año; en tanto que la segunda cuota, con vencimiento el 30 de septiembre de 2015, figura pagada recién el 21 de abril de 2022; las cuotas tercera y cuarta, vencidas en octubre y noviembre de 2015, fueron recaudadas el 23 de junio y 22 de julio de 2025, respectivamente; y las cuotas quinta y sexta, cuyos vencimientos correspondían a diciembre de 2015 y enero de 2016, fueron recaudadas el 23 de junio y 21 de julio de 2026, permaneciendo las restantes cuotas en estado moroso.

SÉPTIMO: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo legal especial de recaudación, que no requiere para cada descuento una nueva manifestación de voluntad del trabajador ni autorización judicial previa.

OCTAVO: Que tampoco resulta ilegal la intervención de Caja de Compensación Los Andes, desde que ésta actuó por encargo de la Caja acreedora en el marco del sistema integrado de recaudación denominado Proyecto Intercajas, limitándose a informar, recaudar y transferir las sumas correspondientes a Caja La Araucana, mecanismo que encuentra sustento en el régimen jurídico aplicable a los créditos sociales.

NOVENO: Que, de esta manera, los descuentos cuestionados encuentran fundamento en una obligación crediticia cuya existencia no ha sido controvertida y en una modalidad de recaudación expresamente contemplada por el ordenamiento jurídico, sin que esta sede cautelar resulte idónea para declarar la prescripción o inexigibilidad de la deuda.

Por consiguiente, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a las recurridas que importe privación, perturbación o amenaza del derecho de propiedad invocado por el recurrente, razón por la cual la acción deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1519-2026 (Protección)