nombre reservado con SERVICIO DE SALUD REGION DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Rene Godoy Rivera, abogado, actuando en favor de doña nombre reservado, técnica en enfermería, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del Servicio de Salud de Antofagasta y del Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, por la dictación, ejecución y mantenimiento de los efectos de la Resolución TRA N°426/9/2026, de 23 de abril de 2026, tomada de razón el 5 de mayo de 2026, que declaró vacante por salud incompatible el cargo titular servido por la recurrente, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

Informaron las recurridas solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente indica que ingresó al sistema público de salud en julio de 2001, desarrolló una carrera funcionaria de casi veinticinco años, y al momento del acto recurrido era titular de la planta de técnicos del Servicio de Salud Antofagasta, grado 13° E.U.S., y se desempeñaba materialmente en el Hospital Regional de Antofagasta, especialmente en el Servicio Clínico de Pediatría.

Agrega que no existe en la resolución impugnada reproche disciplinario, evaluación negativa de desempeño, falta de idoneidad técnica ni antecedente que demuestre imposibilidad actual de cumplir las funciones, por el contrario, la recurrente había retornado y se encontraba trabajando. A pesar de que el acto fue tomado de razón el 5 de mayo de 2026 y el Servicio fijó después como término el 11 de junio, ella continuó concurriendo y prestando servicios hasta el 17 de junio de 2026, fecha en que se le comunicó verbalmente que estaba desvinculada.

Señala que la contradicción entre una supuesta incompatibilidad actual y la aceptación diaria de sus servicios es jurídicamente relevante: demuestra que la Administración no verificó una imposibilidad funcional real, sino que aplicó de manera retrospectiva y automática un conteo de licencias, agregando que la propia resolución llega a consignar una jornada de “0 horas semanales”, dato incompatible con la realidad funcionaria y revelador de una elaboración mecánica, sin examen suficiente del caso individual.

Menciona que la Resolución TRA N°426/9/2026 señala que la recurrente habría utilizado licencias médicas por un período superior a seis meses dentro de los dos años considerados por la autoridad, y luego cita la Resolución de Evaluación Folio N° 19786603, de 5 de diciembre de 2025, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que concluyó expresamente que su salud era recuperable, sin embargo, el acto no identifica patología vigente, limitación funcional actual, tareas concretas que no puedan ser ejecutadas, evaluación ocupacional, informe médico que declare incompatibilidad con Pediatría, riesgo para pacientes o para la propia trabajadora, ni razones por las cuales una medida menos gravosa —jornada diurna, adecuación transitoria, cambio de funciones, reubicación o seguimiento— habría sido improcedente, sino que la resolución reproduce las normas y el total de licencias, pero no construye el nexo imprescindible entre el estado de salud actual y el contenido real del cargo, además, atribuye al “inciso tercero del artículo 152” la exigencia de evaluación previa, aunque la jurisprudencia y la propia regulación aplicable sitúan esa regla en el artículo 151, inciso tercero, del Estatuto Administrativo.

Menciona que ejerce, por resolución del Juzgado de Familia de Antofagasta dictada en causa RIT C-4620-2025, el cuidado personal de sus nietas Martina y Florencia, lo que no se trata de una colaboración ocasional: Es la adulta responsable de su supervisión cotidiana, asistencia escolar, controles, acompañamiento emocional y estabilidad material. Las niñas han sido atendidas por el Programa de Familias de Acogida Especializada, FAE, de Antofagasta. Dicho programa informó que la recurrente posee redes de apoyo limitadas y recomendó que cumpliera una jornada laboral diurna, por ser esencial para compatibilizar el cuidado, la asistencia a intervenciones y la protección del bienestar físico y emocional de las menores, lo que fue comunicado al hospital, pero nunca fue implementado ni resuelto de modo oportuno, técnico y fundado.

Agrega que desde 2017 ocupa legítimamente una vivienda fiscal ubicada en domicilio reservado, asignada mediante acto administrativo y financiada con un descuento mensual sobre sus remuneraciones, por ello la vacancia no produce únicamente pérdida de empleo: Amenaza simultáneamente el ingreso familiar y el techo de la recurrente y de las dos niñas a su cuidado, y la ejecución inmediata puede desarraigar al grupo familiar, interrumpir rutinas escolares y terapéuticas y agravar la vulnerabilidad que precisamente justificó la intervención del tribunal de familia y del programa FAE.

Indica que la situación de salud, cuidado y necesidad de adecuación de jornada fue puesta formalmente en conocimiento del Hospital y de la Contraloría Regional, y mediante Oficio N°E20094, de 6 de febrero de 2025, el órgano contralor remitió la presentación de la recurrente al Hospital Regional y ordenó responder directa, formal y fundadamente, con copia a Contraloría, pero aquello fue ignorado y se mantuvo a la trabajadora en condiciones que consideraba inadecuadas y luego utilizó las consecuencias de salud y ausentismo como base para separarla, sin analizar siquiera la alternativa que el programa especializado había recomendado.

Refiere que antes de la ejecución de la desvinculación, la recurrente ya había judicializado graves incumplimientos de los mismos órganos: la causa RIT T-444-2026, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, fue ingresada el 4 de abril de 2026 y denuncia vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral; y la causa RIT O-688-2026, caratulada “nombre reservado con Hospital Regional”, fue ingresada el 29 de abril de 2026 y persigue responsabilidad por incumplimiento del deber de protección y seguridad laboral. Ambas se encontraban vigentes cuando la resolución terminó su tramitación y fue ejecutada.

Agrega que la secuencia temporal no permite afirmar por sí sola una represalia consumada, pero constituye un indicio serio que imponía a la autoridad un deber reforzado de objetividad, trazabilidad y motivación para descartar una desviación de finalidad. La resolución guarda absoluto silencio sobre este contexto y fue ejecutada de una manera sorpresiva, luego de permitir que la funcionaria siguiera trabajando.

Luego, se refiere al artículo 151 de la Ley 18.834 e indica que la superación de seis meses de licencias en dos años habilita a la autoridad para evaluar, pero no sustituye la decisión ni prueba por sí sola que la salud sea incompatible con el cargo. La discrecionalidad exige ponderación de hechos actuales, relación con las funciones concretas, razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente. Añade que la distinción entre salud irrecuperable y salud incompatible tampoco autoriza a prescindir del examen técnico. Aún bajo la jurisprudencia reciente que atribuye al informe COMPIN un valor ilustrativo y no necesariamente vinculante, la autoridad debe exponer por qué, pese a la recuperabilidad, el estado real de la persona le impide desempeñar el cargo y precisamente allí está la principal ilegalidad de este caso: No existe una sola razón funcional concreta.

Asimismo, alega infracción al deber de motivación de los artículos 11 y 42 de la Ley 19.880, ya que los actos que afectan derechos deben expresar siempre los hechos y fundamentos jurídicos de la decisión, y la resolución impugnada no satisface ese estándar toda vez que sus considerandos pueden resumirse en tres datos: la existencia de la facultad legal, la acumulación de un período superior a seis meses y un informe que declara salud recuperable, y ninguno explica por qué la recurrente, que había vuelto a trabajar, no podía cumplir las funciones de técnica en enfermería o por qué su estado actual hacía inviable cualquier modalidad de desempeño. Faltan, entre otros, la descripción de las tareas esenciales; la fecha y contenido de una evaluación funcional vigente; la relación entre patologías y tareas; el análisis de su reintegro; la valoración de su desempeño efectivo; la consideración de la jornada diurna recomendada; la respuesta a los requerimientos de Contraloría; y una comparación entre la vacancia y medidas menos gravosas.

Sostiene que la resolución omite hechos que cualquier decisión racional debía ponderar: casi 25 años de servicio, retorno y prestación efectiva, inexistencia de reproches actuales de desempeño, salud declarada recuperable, recomendación de jornada diurna, cuidado personal de dos niñas, limitada red de apoyo, ocupación legítima de casa fiscal, requerimientos incumplidos de Contraloría y litigios laborales pendientes, agregando que la resolución impugnada no contiene antecedentes que permitan excluir razonablemente una desviación de finalidad. No identifica una afectación concreta a la continuidad del servicio, un riesgo asistencial actual, una imposibilidad funcional debidamente acreditada ni una necesidad objetiva de reemplazo. Por el contrario, la recurrente continuó prestando servicios hasta el 17 de junio de 2026.

De otro lado, afirma que la propia resolución condicionó la vacancia a la notificación de la total tramitación, sin embargo, el formulario de notificación carece de firma y fecha de recepción de la recurrente; la carta es de 8 de junio; el registro institucional fija el cese el 11; y la comunicación verbal ocurrió el 17, después de que ella continuara trabajando. Esta multiplicidad de fechas impide conocer con certeza cuándo produjo efectos el acto y evidencia una ejecución contraria a la seguridad jurídica, a la buena fe administrativa y al deber de coordinación.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, asevera que la dictación de la resolución y su ejecución privan a la recurrente de un cargo titular que ejercía en una relación funcionaria iniciada en 2001; interrumpen remuneraciones, asignaciones y cotizaciones; le impiden continuar desempeñando labores que efectivamente cumplió hasta el 17 de junio de 2026; y amenazan la vivienda fiscal que constituye su hogar y el de las dos niñas cuyo cuidado personal ejerce por resolución judicial, lo que no deriva de la sola circunstancia de que la autoridad haya ejercido una potestad prevista en la ley, sino de cómo se ejerció: sin acreditar una incompatibilidad funcional actual, sin relacionar el estado de salud con las tareas del cargo, sin ponderar el pronunciamiento de COMPIN, sin considerar el reintegro y desempeño efectivo, sin evaluar alternativas menos gravosas y mediante una ejecución contradictoria respecto de la fecha de cese.

Alude a infracción al derecho de igualdad ante la ley ya que la recurrente fue tratada como una mera suma de días de licencia, sin explicar qué patología o limitación actual le impediría trabajar, qué tareas esenciales no podría ejecutar, qué riesgo generaría su desempeño, ni por qué su situación justificaría la medida extrema de vacancia en lugar de una jornada diurna, adecuación, destinación o reubicación, lo que es particularmente grave su existe un antecedente técnico relativo a que la salud era recuperable. También menciona el derecho de propiedad ya que la resolución priva o amenaza con privar a la recurrente de remuneraciones, asignaciones, cotizaciones previsionales y de salud, antigüedad, continuidad funcionaria y demás estipendios asociados al cargo, lo que se extiende a la vivienda fiscal.

Se invoca, además, el artículo 19 Nº1 de la Constitución, relativo a la integridad psíquica, desarrollándose el riesgo que, para la recurrente, y en especial, para las dos niñas bajo su cuidado, representaría la pérdida del empleo y la vivienda fiscal, aludiendo al artículo 1º de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430, en cuanto obligan a considerar el interés superior del niño en esta decisión que puede afectar a las niñas. Asimismo, se alude al artículo 19 Nº16 de la Carta Fundamental, en la parte amparada por el artículo 20, esto es, la libertad de trabajo, libre elección y libre contratación, por estimarse que la recurrente fue impedida de continuar un trabajo lícito para el cual poseía experiencia e idoneidad, sin que existiera acreditación de una inhabilidad actual, dado que el propio hospital la mantuvo prestando servicios hasta el 17 de junio de 2026.

Finalmente sostiene que la recurrente no fue oída antes del acto terminal, no pudo explicar su estado actual, acreditar el reintegro, aportar antecedentes funcionales, exponer su responsabilidad de cuidado, acompañar la recomendación FAE ni proponer una jornada diurna o reubicación, lo que intensifica la falta de motivación, la desigualdad, la arbitrariedad y el riesgo psíquico y patrimonial.

Solicita que: 1) se deje sin efecto la Resolución TRA N°426/9/2026 y la declaración de vacancia del cargo de la recurrente; 2) se ordene al Servicio de Salud Antofagasta y al Hospital Regional de Antofagasta su reincorporación inmediata al cargo titular, grado y funciones que servía, o a funciones equivalentes compatibles con su condición actual, sin menoscabo; 3) se ordene el pago íntegro de las remuneraciones, asignaciones, estipendios y cotizaciones previsionales y de salud devengadas desde la separación hasta la reincorporación efectiva, debidamente reajustadas; 4) se ordene que los recurridos mantengan incólume la asignación y ocupación de la vivienda fiscal, absteniéndose de iniciar o ejecutar restitución, desalojo, cobro extraordinario o cualquier medida fundada en la vacancia impugnada; 5) se ordene que no se provea, llame a concurso, suprima ni disponga del cargo mientras no se materialice el reingreso y quede cumplido el fallo ; 6) en subsidio, anular el acto y ordenar un nuevo procedimiento ajustado a derecho, con evaluación funcional actual, audiencia, acceso al expediente, consideración de medidas menos gravosas y motivación concreta, manteniendo durante su tramitación la relación funcionaria, remuneraciones, cotizaciones y vivienda fiscal; y 7) se adopte cualquier otra medida que se estime conducente para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informó don Paulo Simón Flores, abogado, en representación del Servicio de Salud Antofagasta, indicando que, a modo de síntesis de los hechos relatados, prescindiendo de las subjetividades de la versión de la recurrente, en el mes de julio de 2001 la actora, auxiliar paramédico, ingresó a ejercer funciones en el Hospital Regional de Antofagasta, estamento técnico, en grado 22, con cargo titular, agregando que presenta 22 licencias médicas con un total de 582 días de ausencia y 415 días de ausentismo, por licencias médicas autorizadas, en el periodo de dos años.

Menciona que con fecha 9 de septiembre de 2025, el director del Hospital Regional de Antofagasta (HRA), envía nómina a la COMPIN Antofagasta, ordinario N°5645, en el cual se solicita gestionar la evaluación de salud de tres funcionarios, entre los cuales está nombre reservado, en razón de haber presentado licencias continuas o discontinuas por más de 180 días en los últimos dos años. Con fecha 6 de febrero de 2026, se le envía a la recurrente el Reservado N°15, y anteriormente el reservado N°194 de fecha 31 de diciembre de 2025, ambos por parte de nombre reservado, Subdirectora de gestión y desarrollo de las personas (S)del HRA, la información de la Resolución de Salud Recuperable N°19786603, de fecha 5 de diciembre de 2025, con firma de ejecutoriado 31 de diciembre de 2025, la cual fue presentada en el comité de ausentismo laboral el día 3 de febrero de 2026, en la cual el director del HRA, instruye la aplicación del artículo 151 del estatuto administrativo.

Es así como el 10 de febrero de 2026, se realiza el informe de seguimiento y acompañamiento de la Unidad de Ausentismo Laboral del HRA, el cual tiene el objeto de cumplir con el procedimiento administrativo, referente a la recurrente nombre reservado, en el cual se detalla el seguimiento y acompañamiento durante los años 2024 y 2025 de la recurrente, llegando a la conclusión, de que la ex funcionaria cumple con lo establecido en el artículo 150 y 151 de estatuto administrativo, indicando además que el ausentismo prolongado por licencias de enfermedad común, afecta al establecimiento, en cuanto a la falta de recursos humanos, así como la sobrecarga laboral de sus compañeros.

Posteriormente, como se informa por la jefa de calidad de vida del HRA con fecha 23 de marzo de 2026, a la jefa de personal del HRA, la COMPIN Antofagasta, declara la Evaluación de Salud de nombre reservado, y solicita la posibilidad de declarar la vacancia del cargo, por orden del Director de HRA. Conforme a lo anterior, el director del HRA, solicita al director del SSA, con fecha 2 de abril de 2026, la declaración de vacancia del cargo por salud Incompatible, a doña nombre reservado, adjuntando toda la documentación requerida.

Indica que es así como, con fecha 23 de abril de 2026, se Declara Vacante El Cargo por salud incompatible de doña nombre reservado, a través de resolución TRA N°426/9/2026, informando a la Contraloría General de la República que se cumplió con la total tramitación del acto administrativo que declara vacante el cargo, tomándose Razón de esta resolución por la señalada Institución con fecha el 5 de mayo de 2026.

Afirma que en esta materia se deben armonizar los preceptos contemplados en el Estatuto Administrativo junto a las disposiciones de la Ley N°21.050, N°20.921, N°18.834 y N°18.575, ello a la hora de ponderar la procedencia de la aplicación de la causal de incompatibilidad entre la salud y el ejercicio del cargo que detenta un funcionario y, en caso afirmativo, declarar posteriormente la vacancia del mismo, y en el caso de autos, la recurrente hizo uso de licencias médicas por los motivos detallados en cada una de ellas, durante un lapso continuo bastante superior a seis meses, ascendiendo sus días de ausentismo a 415, a la fecha de su alejamiento del Servicio, por lo que el Hospital Regional de Antofagasta, se ha apegado a la normativa vigente al solicitar la evaluación y calificación de salud de la actora por parte de COMPIN, ello al tenor de lo establecido en el inciso final del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Al ser la salud de quien fuera su funcionaria declarada recuperable por la Comisión, ello da lugar a los presupuestos legales que justamente autorizan la declaración de vacancia en el cargo.

Luego de citar jurisprudencia, refiere que resulta improcedente el empleo de este mecanismo para declarar o constituir nuevas situaciones jurídicas por lo que las meras expectativas no corresponden a derechos subjetivos públicos que puedan ser amparados por este mecanismo de tutela constitucional, que persigue justamente hacer cesar los efectos ocasionados por un a supuesto acto u omisión arbitrario o ilegal, restableciendo las condiciones que permiten el legítimo ejercicio del derecho conculcado.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que, respecto de la igualdad ante la ley, no se advierte y no se argumenta la forma cómo esa vulneración se produce. Respecto del derecho de propiedad, indica que no corresponde que la recurrente pretenda invocar alguna vulneración a este derecho, pues tenía el cargo de “titular”, por el cual quien lo ejerce no se integra a su esfera patrimonial el derecho de propiedad sobre ese cargo, pues es simplemente el ejercicio de la función pública del estado, y que solamente da al funcionario una cierta estabilidad laboral, así el hecho de ser desvinculado solamente por un sumario administrativo, con sanción de destitución, o una calificación deficiente (un año en lista 4 o dos años en lista 3), y si se pretende estimar que durante el periodo de la recurrente en su calidad de titular, entra esta calidad a su esfera patrimonial, es claro que como se ha expresado en los hechos la recurrente incurre en la causal legal que la pone en la situación de perder este cargo titular, tal como se ha expresado atrás, por lo cual cualquier pérdida que pretenda en este derecho, no es más que el ejercicio de su propias ausencias laborales, del cual la recurrente es su autora, no correspondiendo de ninguna forma vincularlo al ejercicio de la facultad legal del Servicio, sino más bien es consecuencia de su propio actuar, Por último, respecto de la libertad de trabajo, no se conculca de ninguna forma si la aplicación de la normativa es el ejercicio de una facultad legal de la autoridad, por cuanto la recurrente se puso en la posición legal de aplicar la normativa legal.

TERCERO: Que, asimismo, informó José Versalovic Zamora, abogado, en representación del Hospital Regional de Antofagasta, señalando que la actora fue declarada con “salud recuperable” por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) el 05 de diciembre de 2025, según resolución de evaluación N°19786603 tras acumular 554 días de ausentismo por licencias médicas en los últimos dos años. (997 días en total), y el Director del Hospital Regional de Antofagasta, en uso de sus facultades legales, aplicó el artículo 151 del Estatuto Administrativo (DFL N°29/2004), declarando su cargo vacante por "salud incompatible" mediante Resolución TRA N°426/9/2026.

Sostiene la legalidad del acto recurrido, ya que el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo faculta al jefe superior para declarar vacante un cargo cuando el funcionario ha usado licencias médicas en "lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años", configurándose la salud incompatible con el cargo. A su vez, el inciso tercero exige solicitar un informe al COMPIN solo para evaluar la "irrecuperabilidad", no la incompatibilidad de la salud con el cargo que se detenta (Dictamen Contraloría N°14.871/2017).

Luego de citar jurisprudencia, menciona que el recurso solo enuncia las supuestas garantías constitucionales vulneradas, pero no las desarrolla ni como han sido transgredidas por la dictación del acto administrativo del cual recurre. No obstante, desde una perspectiva legal o procedimental, se cumplió con el debido proceso a través, de un seguimiento exhaustivo. El Hospital realizó 34 contactos documentados (visitas domiciliarias, llamadas, comités) entre el mes de febrero de 2024 y el mes de febrero de 2026, ofreciendo apoyo psicosocial (Informe, pp. 1-3). Así, la mera discrepancia con la valoración de antecedentes médicos no basta para configurar arbitrariedad cuando el procedimiento se ajusta a la ley, considerando que cumplió con todas las etapas.

Refiere que durante el acompañamiento que se efectuó por personal de la Unidad de Ausentismo del Hospital recurrido, la recurrente reconoció problemas personales que impidieron su reintegro estable, aun estando médicamente recuperable (Informe, p. 2), siendo relevante el impacto operativo que provocó su ausentismo, debiendo aplicarse el principio de servicialidad, ya que el Informe de Ausentismo Laboral expuso que el ausentismo de la recurrente obligó a sobrecargar a otros funcionarios, violando el derecho a condiciones laborales equitativas del equipo.

Concluye que no se vislumbra la existencia de un acto arbitrario o ilegal que atente contra las garantías constitucionales alegadas en la medida de que se basó en parámetros legales objetivos y proporcionales, lo que constituye un presupuesto básico para habilitar el ejercicio mismo de la acción incoada, habida consideración de que se obró dentro de un procedimiento expresamente regulado en la ley, careciendo de este modo la actora, de las consideraciones materiales para la configuración del efecto que pide y, por sobre todo, que la recurrente no tiene un derecho indubitado, habida consideración de que el recurso de protección es una vía improcedente para controvertir actos administrativos reglados, existiendo recursos ordinarios idóneos.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, atendidas las alegaciones vertidas en el libelo recursivo, se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas en la dictación de la Resolución TRA N°426/9/2026 tomada de razón con fecha 05 de mayo de 2026, mediante la cual se declaró vacante el cargo en el que desempeñaba la actora por salud incompatible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

SÉPTIMO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que: 1) La actora presentó diversas licencias médicas entre los años 2023 y 2025, registrando 582 días se ausentismo en el ejercicio de sus funciones; 2) Con fecha 05 de diciembre de 2025 se emitió por la COMPIN Resolución de evaluación de Salud Irrecuperable, que resuelve que la actora presenta un estado de salud recuperable; 3) mediante Resolución TRA N°426/9/2026 tomada de razón con fecha 05 de mayo de 2026, se declara vacante el cargo de la actora por salud incompatible.

OCTAVO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

El artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

NOVENO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, no resultando exigible un razonamiento mayor o fundamentación de acto más allá de la constatación fehaciente de tales circunstancias objetivas, pues el acto administrativo se encuentra fundado en el propio mandato legal, descartándose cualquier vicio de arbitrariedad o falta de motivación.

DÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de salud de los usuarios del sistema.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

DUODÉCIMO: Que, finalmente, en lo relativo a las alegaciones expresadas por la recurrente relativa a que detenta el cuidado personal de sus dos nietas y a que ocupa de manera legítima un inmueble fiscal, tales antecedentes no condicionan la legalidad ni la razonabilidad del acto administrativo impugnado, toda vez que la facultad ejercida por la autoridad sanitaria mediante la Resolución TRA N°426/9/2026 se sustenta en el cumplimiento de los presupuestos de los artículos 150 letra a) y 151 del Estatuto Administrativo, en relación con la continuidad del servicio público y la incompatibilidad de la salud de la funcionaria con el desempeño de sus funciones, de manera que las circunstancias personales y familiares de la actora no constituyen impedimentos legales ni presupuestos que deban ser ponderados por la autoridad para la validez del acto o para dejar sin efecto la desvinculación dispuesta conforme a la normativa vigente, por lo que dichas alegaciones son igualmente descartadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Rene Godoy Rivera, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Antofagasta y del Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1512-2026 (Protección)

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