nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI)

Antofagasta, a tres de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Francisco Gabriel Marimán Nova, abogado, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, por la dictación de la Resolución TRA N°110793/15/2026, que declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible con su desempeño, acto que estima ilegal y arbitrario, y que vulnera las garantías de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare que dicha resolución es legal y arbitraria, anulándose para todos los efectos legales y se ordene la reincorporación de la actora a sus funciones habituales ordenándose el pago íntegro de sus remuneraciones y demás prestaciones devengadas desde su separación del servicio de 29 de mayo de 2026 hasta el reintegro efectivo a sus funciones.

Evacua informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al tenor del recurso interpuesto.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción en que ingresó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en mayo de 2014, desempeñándose como técnico en educación parvularia, hasta el 29 de mayo de 2026, fecha en que se le notificó la vacancia de su cargo por salud incompatible.

Expone que su salud se vio afectada por una pérdida de embarazo ocurrida en marzo de 2023 y por un posterior embarazo de alto riesgo, con hospitalizaciones y controles médicos, naciendo su hijo el 27 de julio de 2024, circunstancias que la obligaron a hacer uso de licencias médicas, todas autorizadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Sostiene, en primer término, que el acto es nulo por haber sido dictado por una autoridad sin potestad legal. Señala que la Ley N°21.050 modificó el artículo 151 del Estatuto Administrativo e impuso al jefe superior del servicio el deber de requerir previamente la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la que, en este caso, mediante la resolución folio N°19786549, calificó su salud como recuperable.

Afirma que la finalidad del legislador fue sustraer de la esfera de un órgano no experto la decisión sobre la salud del funcionario, de modo que dicho informe resulta vinculante y, declarada la recuperabilidad, la autoridad perdió la facultad de declarar la vacancia. Agrega que a igual conclusión conduce el artículo 30 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que permite ampliar los reposos más allá de las cincuenta y dos semanas.

Alega un vicio en el cómputo de los días de licencia, indicando que el considerando séptimo del acto impugnado comprende el período que va del 15 de mayo de 2024 al 16 de diciembre de 2025, sin advertir que parte de esas jornadas corresponden a los descansos de pre y postnatal, extendidos entre el 15 de junio y el 19 de octubre de 2024, que la ley excluye expresamente, lo que acredita con el certificado de nacimiento de su hijo. Añade que las restantes licencias, si bien fueron otorgadas por salud mental, derivan directamente del embarazo de alto riesgo y también se encuentran excluidas. Afirma que se encontraba prestando funciones desde hacía seis meses sin hacer uso de licencia médica, de manera que resulta difícil comprender cómo su salud podría estimarse incompatible con un cargo que ya ejercía, y que la resolución omite explicar cuáles son las métricas que permiten cuantificar las situaciones a que alude.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide que se declare la ilegalidad y nulidad del acto, se ordene su reincorporación y el pago íntegro de las remuneraciones devengadas desde el 29 de mayo de 2026 hasta su reintegro efectivo, con costas.

SEGUNDO: Que evacua informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta, quien expuso que la certificación de salud irrecuperable del funcionario público se encuentra regulada en el Estatuto Administrativo, y que la Ley N°21.050 incorporó al artículo 151 el inciso que obliga al jefe superior del servicio a requerir previamente dicho pronunciamiento para poder declarar la incompatibilidad de la salud con el cargo y, consecuentemente, la vacancia de éste.

Precisa que para esta evaluación sólo se consideran licencias médicas de tipo común que sumen ciento ochenta días o más en los últimos dos años, continuos o discontinuos, contados desde el ingreso de la solicitud, y que quedan excluidas las de pre y postnatal, enfermedad grave del niño menor de un año, accidente del trabajo o del trayecto, enfermedad profesional, patologías del embarazo, preventiva parental, patologías asociadas a un diagnóstico de cáncer y las de la Ley SANNA.

Refiere que el 2 de agosto de 2025 dio curso al procedimiento por solicitud contenida en el Ordinario N°0481, de 25 de junio de 2025, del director regional de la recurrida, a la que se adjuntó el detalle del período de licencias comprendido entre el 24 de julio de 2023 y el 9 de junio de 2025; que el 10 de octubre de 2025 notificó a la recurrente el inicio del trámite por correo electrónico, haciéndole presente que podía aportar antecedentes para su revisión por la contraloría médica, facultad que ejerció acompañando un informe de 3 de noviembre de 2025; que el 1 de diciembre de 2025 dictaminó patología recuperable; y que el 15 de diciembre de 2025 emitió la Resolución Exenta N°33222577, que no fue objeto de apelación dentro de plazo, quedando firme y ejecutoriada.

En cuanto al cómputo, verificó diecisiete días en el período 2023, ciento cuatro días en el período 2024, descartando una licencia de treinta días por trabajo prematuro sin parto, y ciento veinte días en el período 2025, totalizando doscientos cuarenta y un días de reposo discontinuo por enfermedad de origen común, sin considerar las licencias por patologías del embarazo ni los descansos de pre y postnatal.

Concluye que su resolución debe recaer única y exclusivamente sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud del funcionario y no sobre su compatibilidad con el cargo, calificación privativa del jefe superior del servicio.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe solicitado.

TERCERO: Que evacua informe la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien solicita el íntegro rechazo del recurso, con costas.

Expone que la recurrente ingresó al servicio el 15 de mayo de 2014 como personal de reemplazo a contrata y que, mediante la Resolución TRA N°110793/15/2026 de 15 de mayo de 2026, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 27 del mismo mes y notificada el 29 de mayo de 2026, se dispuso su desvinculación por declaración de vacancia por salud incompatible.

Niega que se hubiere computado el período de pre y postnatal invocado en el recurso, pues, con posterioridad a esas fechas, la recurrente hizo uso de licencias médicas de otra naturaleza desde el 11 de enero de 2025 en adelante, que sólo en ese año suman ciento noventa y ocho días, precisando que entre el 15 de mayo de 2024 y el 16 de diciembre de 2025 registra 223 de licencia médica. Añadió que, acumulando la recurrente más de 180 días en dos años, el 25 de junio de 2025 remitió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la solicitud de evaluación N°33222577, que concluyó con el pronunciamiento de salud recuperable de 5 de diciembre de 2025.

Sostuvo que la ausencia de la recurrente ha provocado una perjudicial rotativa de educadoras y técnicos en el Jardín Infantil Ardillita, unidad que atiende a ciento veinticuatro párvulos con un coeficiente técnico de once técnicos superiores en atención de párvulos, de modo que la inasistencia de cualquiera de ellas impacta el quehacer cotidiano del establecimiento, dificultad acentuada por la complejidad de completar la dotación en la comuna de Tocopilla y por la disminución presupuestaria que limita las contratas y los reemplazos, todo ello a la luz del interés superior del niño que consagra la Ley N°21.430.

Agrega que no resulta arbitrario atender al transcurso del tiempo con licencia médica para estimar la salud incompatible con el cargo, ni obsta al ejercicio de esa potestad estatutaria que la funcionaria se encontrara sirviendo sus funciones.

Finalmente, expone que los artículos 150, letra a), 151 y 152 del Estatuto Administrativo distinguen la vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible, disponiéndose esta última precisamente sin mediar declaración de irrecuperabilidad, esto es, cuando el órgano técnico establece que la salud es recuperable; que la historia de la Ley N°21.050 no contiene referencia alguna a esta última causal, según se lee de su mensaje; y que en ese sentido se han pronunciado dictámenes de la Contraloría General de la República, obligatorios conforme al inciso final del artículo 9 de su ley orgánica, y jurisprudencia de tribunales superiores de justicia.

Finalmente, solicita tener por evacuado el traslado conferido y por rechazado en todas sus partes el recurso de protección.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que esa norma enumera, siempre que tales derechos sean indubitados y preexistentes.

De lo anterior se sigue que corresponde examinar, en primer lugar, si el acto impugnado ha sido dictado por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y con sujeción a los presupuestos que la ley establece, y, enseguida, si aparece o no desprovisto de fundamento racional que lo justifique.

QUINTO: Que el artículo 150, letra a) del Estatuto Administrativo contempla, entre las causales de declaración de vacancia, la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

A su turno, el inciso primero del artículo 151 dispone que el jefe superior del servicio "podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable", precisando su inciso segundo que no se considerarán para el cómputo de los seis meses las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 del mismo cuerpo legal ni las que tengan por objeto la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar.

El inciso tercero, incorporado por el artículo 63 de la Ley N°21.050, agrega que el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, "deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo".

Por su parte, el artículo 152 regula la situación diversa de la salud declarada irrecuperable, estableciendo el retiro dentro del plazo de seis meses con goce de remuneraciones y sin obligación de trabajar.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes acompañados resulta acreditado, y no ha sido controvertido, que la recurrente ingresó al servicio el 15 de mayo de 2014; que mediante el Ordinario N°0481, de 25 de junio de 2025 el director Regional de la recurrida requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el pronunciamiento sobre la irrecuperabilidad de su salud; que dicha Comisión, el 5 de diciembre de 2025, emitió la Resolución N°19786549, recaída en la solicitud de evaluación N°33222577, que la declaró recuperable, sin que fuera objeto de recurso alguno; y que, con posterioridad a ese pronunciamiento, se dictó la Resolución TRA N°110793/15/2026, tomada de razón el 27 de mayo de 2026 y notificada personalmente a la recurrente el 29 de mayo del mismo año, oportunidad en que se le hizo saber su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República en los términos del artículo 160 del Estatuto Administrativo.

SÉPTIMO: Que la primera alegación de la recurrente, consistente en que el pronunciamiento de recuperabilidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez habría extinguido la potestad del jefe superior del servicio, no puede ser acogida.

En efecto, los conceptos de salud irrecuperable y de salud incompatible con el desempeño del cargo son distintos y producen consecuencias diversas. La declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por la autoridad técnica competente, y habilita al funcionario para acceder al beneficio del artículo 152. La declaración de vacancia por salud incompatible, en cambio, se dispone precisamente "sin mediar declaración de salud irrecuperable", esto es, cuando el órgano técnico ha establecido que la salud es recuperable, y se traduce en la constatación de que, cualquiera sea la dolencia y a pesar de ser recuperable, la condición del funcionario no le ha permitido servir su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

De este modo, el informe previo que exige el inciso tercero del artículo 151 constituye un antecedente adicional cuya finalidad es discriminar entre ambas hipótesis, y no una habilitación técnica de la que dependa el ejercicio de la facultad del inciso primero. Interpretarlo del modo que propone la recurrente conduciría a privar de toda aplicación a la causal de salud incompatible, pues declarada la recuperabilidad no podría aplicarse el artículo 151 y declarada la irrecuperabilidad correspondería aplicar el artículo 152.

OCTAVO: Que la segunda alegación, referida a la indebida inclusión en el cómputo de los descansos de pre y postnatal y de las licencias derivadas de patologías del embarazo, carece de sustento fáctico.

En efecto, del detalle de licencias médicas acompañado al informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez consta que las licencias consideradas corresponden todas a la categoría tipo 1, esto es, enfermedad o accidente de origen común, extendidas entre el 24 de julio de 2023 y el 9 de junio de 2025, y que totalizan doscientos cuarenta y un días, sin que se registre licencia alguna entre el 30 de junio de 2024 y el 10 de enero de 2025, período que comprende íntegramente el tramo de pre y postnatal invocado en el recurso. La propia Comisión informó, además, haber descartado una licencia de treinta días por trabajo prematuro sin parto y no haber considerado las licencias por patologías del embarazo ni los descansos de pre y postnatal, dando así cabal cumplimiento a la exclusión que ordena el inciso segundo del artículo 151.

Se sigue de lo expuesto que el presupuesto objetivo de la causal se encuentra acreditado, pues el uso de licencias médicas de origen común excede holgadamente el lapso de seis meses dentro de los dos años que la norma contempla, sin que la alegación de la recurrente sobre el cómputo altere esa conclusión. A mayor abundamiento, cualquiera sea el período que se considere de entre aquellos que registra el proceso, sea el verificado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez entre el 24 de julio de 2023 y el 9 de junio de 2025, sea el consignado en el acto impugnado entre el 15 de mayo de 2024 y el 16 de diciembre de 2025, el umbral legal aparece igualmente excedido, de manera que la discordancia entre uno y otro cómputo carece de incidencia en lo que viene resolviéndose.

NOVENO: Que resta examinar la alegación relativa a la falta de fundamentación del acto, esto es, que la recurrida no habría explicado por qué la salud de la funcionaria resulta incompatible con el desempeño del cargo, particularmente si se considera que a la fecha de la declaración de vacancia se encontraba prestando servicios.

Sobre el punto, cabe tener presente que los artículos 11, inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N°19.880 imponen a la administración el deber de expresar los hechos y fundamentos de derecho de aquellos actos que afecten derechos de los particulares, exigencia que en esta materia adquiere especial intensidad, pues la verificación del umbral objetivo de días de licencia médica habilita a la autoridad para "considerar" incompatible la salud del funcionario, mas no la releva de exponer las razones concretas por las cuales, en el caso particular, esa condición resulta inconciliable con el desempeño del cargo. La sola remisión a la constatación aritmética del presupuesto legal, desprovista de toda referencia a la función servida y a la incidencia de la ausencia en ella, tornaría arbitraria la decisión.

Pues bien, el examen de la Resolución TRA N°110793/15/2026 revela que el acto satisface dicho estándar. Sus considerandos, octavo a duodécimo desarrollan el marco de derechos que rige la actividad de la recurrida, con referencia a los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los artículos 7°, 12 y 41 de la Ley N°21.430, para concluir en la exigencia de asistencia y permanencia continua del equipo educativo como condición de la construcción de vínculos significativos y de la calidad de las prácticas pedagógicas en la primera infancia. Y su considerando decimotercero desciende al caso concreto, consignando que la prolongada ausencia de la funcionaria, adscrita al Jardín Infantil Ardillita, ha generado una rotativa perjudicial de técnicos en educación parvularia, que la dotación del establecimiento, compuesta por dieciséis funcionarias, ha debido asumir sus funciones además de las propias, y que ello arriesga eventualmente el incumplimiento de la normativa de reconocimiento oficial, particularmente en lo relativo al coeficiente técnico del establecimiento.

De esta manera, el acto impugnado no se ha limitado a constatar el número de días de licencia médica, sino que ha explicitado el vínculo entre la ausencia reiterada de la funcionaria y la afectación concreta de la función educativa que el servicio debe prestar, exteriorizando así el razonamiento que condujo a la decisión y permitiendo su control.

La circunstancia consistente en que la recurrente se encontrara prestando funciones a la época del acto no altera lo concluido, desde que la causal en estudio no supone una incapacidad actual para servir el cargo, sino la constatación objetiva de un ausentismo que, por su extensión, resulta incompatible con la continuidad de la función, presupuesto que la autoridad ponderó del modo que se ha reseñado.

DÉCIMO: Que a lo anterior se agrega que, en virtud del principio de servicialidad consagrado en el artículo 1, incisos cuarto y quinto de la Constitución Política de la República y desarrollado en los artículos 3 y 28 de la Ley N°18.575, constituye un deber de los jefes de los organismos administrativos velar por la continuidad de la prestación de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, deber que lleva consigo el de contar con personal que se encuentre permanentemente en condición de cumplir la función pública encomendada, exigencia que se acentúa tratándose de la educación parvularia, atendida la especial protección que el ordenamiento dispensa a los niños y niñas.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, no se advierte que el acto impugnado sea ilegal, desde que emana de la autoridad competente, se ha dictado dentro de la esfera de sus atribuciones y previo cumplimiento del trámite que exige el inciso tercero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, ni arbitrario, atendido lo razonado en los motivos noveno y décimo que preceden, lo que conduce necesariamente al rechazo de la acción respecto de todas las garantías invocadas.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar respecto de la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que no se ha aportado antecedente alguno que dé cuenta de un término de comparación que permita sostener que la recurrente haya recibido un trato diverso del dispensado a otros funcionarios en idéntica situación.

En cuanto a la del numeral 24, es preciso recordar que no existe un derecho de propiedad sobre el cargo público, cuya extinción se ha producido en virtud de una causal legalmente establecida, sin que el estatuto funcionario admita ser asimilado al dominio que regula el artículo 582 del Código Civil.

En relación con la del numeral 3, es preciso recordar, como primera cuestión, que si bien el derecho a un procedimiento racional y justo, en los términos planteados por la recurrente, no tiene cobertura bajo los contornos de la acción de protección, lo cierto es que la actora fue notificada del inicio del procedimiento de evaluación ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, aportó antecedentes en él, no dedujo recurso en contra de la resolución que lo concluyó y fue informada, al notificársele el acto, de la reclamación que contempla el artículo 160 del Estatuto Administrativo, de modo que no se advierte la privación de un procedimiento racional y justo que denuncia.

DÉCIMO TERCERO: Que, en armonía con lo razonado, el actuar de la recurrida se ha ajustado a derecho, motivo por el cual el recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Francisco Gabriel Marimán Nova, en representación de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 1509-2026 (Protección).

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