SOC INVERSIONES GRUPO MONTT con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Antofagasta, a seis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Cristian Encina Muñoz, abogado, en representación de la Sociedad de Inversiones Grupo Montt SPA, Rol Único Tributario N°76.586.449-6, representada legalmente por nombre reservado, deduce acción constitucional de garantías constitucionales en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Informó el recurrido instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en la retención arbitraria de la devolución del impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2018, la que debía aprobar el 30 de mayo del año en curso para su pago posterior por la Tesorería General de la República, situación que hasta la fecha aún no se soluciona, no habiendo sido notificada la sociedad recurrente de alguna situación particular en relación a la declaración de renta y declaraciones juradas, no figurando en el portal web del Servicio recurrido que se encuentre en revisión, habiendo tomado conocimiento solo que el Folio N°246964148, de fecha 20 de mayo del año 2018, especifica situaciones detectadas en la Declaración de Renta AT2018, Observaciones de F018, Retención por Análisis de las DDJJ y F118, Retención por Análisis de Riesgos RLI, sin tener mayor información al respecto, correspondiéndole una devolución de impuestos por la suma de $21.103.762.- Explica que el formulario 22 Folio Nº246964148 ni las declaraciones juradas 1879 Nº45541388; 1887 Nº 46248439; y 1926 Nº47659377, merecen reparos, habiendo transcurrido con creces el plazo que la ley establece para que el Servicio recurrido proceda al pago de la devolución de impuestos, señalando como derecho fundamental vulnerado el consagrado en el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 8 bis N° 2 del Código Tributario, artículo 97 inciso 1° de la Ley de la Renta, señalando que no existe disposición alguna que faculte al Servicio de Impuestos Internos para retener la devolución de impuesto a la renta de forma arbitraria, y que para el caso que proceda una revisión, es necesario que el contribuyente tome conocimiento de ello, situación que no ha ocurrido en la especie. Solicita en definitiva que se ordene dejar sin efecto la retención aludida, sin perjuicio de cualquier otra medida que se pueda disponer al efecto.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, Director Regional (S) de la II Dirección Regional de Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, indicando que según la base de datos la recurrente ejerció la opción de tributar según el régimen establecido en el artículo 14 letra A), de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, por lo que se encuentra obligada a tributar según régimen de renta atribuida. Señala que con fecha 08 de mayo pasado presentó su declaración de nombre reservado a la Renta, correspondiente al año tributario 2018, Folio N°246964118, solicitando una devolución de $21.103.762.-, por concepto de pagos previsionales mensuales, declaración que fue objetada al presentar las siguientes observaciones: a) B01, control de la rebaja como gasto por depreciación efectuada por contribuyentes de primera categoría; b) F108, retención por análisis de determinadas declaraciones juradas; y c) F118, retención por análisis de riesgos. Indica que en razón de ello la devolución solicitada fue retenida, mientras se procedía a realizar la verificación de los antecedentes que dieron origen a las observaciones.

Explica que no existe ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar del Servicio recurrido, puesto que la contribuyente no presentó determinadas declaraciones juradas, incumpliendo con ello su obligación, lo que implica que se ha visto impedido de realizar la correcta verificación de los antecedentes consignados en su Declaración de nombre reservado a la Renta, para poder proceder a la devolución de impuestos solicitada, declaraciones juradas que fueron presentadas de forma extemporánea y las últimas dos con la misma fecha que la interposición del presente recurso de protección, evidenciando con ello una discordancia en las obligaciones secundarias del contribuyente con su obligación principal de declaración y pago del impuesto correspondiente, lo que dificulta la devolución en los plazos previstos en el artículo 97 N° 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de modo que al no contar con la información necesaria para efectos de verificar formalmente el resultado tributario declarado, no ha podido proceder a autorizar la devolución requerida.

Expone que el proceso de análisis dura hasta junio de 2018, tras el que se determina si la declaración respectiva va a ser seleccionada para revisión o no, si lo es la recurrente será requerida para fiscalización, lo que será debidamente informado; en caso contrario, a más tardar el 18 de julio próximo, se autorizará su solicitud de devolución, siempre que las observaciones se encuentren subsanadas, todo ello enmarcado dentro de las facultades fiscalizadoras que la ley le otorga al Servicio, de conformidad al artículo 6° del Código Tributario, artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, agregando que de conformidad a los artículos 59 y siguientes del Código Tributario, se encuentra facultado legalmente para examinar y revisar dentro de los plazos de prescripción, las declaraciones juradas de impuestos que efectúan anualmente los contribuyentes, las que constituyen una declaración unilateral de voluntad, cuyo contendido tiene un grado de credibilidad en el evento que los datos sean coincidentes con los entregados al Servicio por los agentes retenedores o por la información proporcionada por el propio contribuyente. De modo que si se declara ingresos que no resultan concordantes con la información de que dispone el recurrido, debe proceder a realizar un examen de los antecedentes, con el objeto de verificar la declaración, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21 y 35 del Código Tributario.

De conformidad a lo anterior, la determinación del impuesto a pagar o la solicitud de devolución que haya hecho el contribuyente, no constituye un derecho indubitado, puesto que puede ser objeto de fiscalización dentro de los plazos de prescripción que establece el artículo 200 del Código Tributario y, por lo tanto la norma del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta no es imperativa, ya que la devolución solicitada procederá en tanto no existan observaciones en la Declaración de Impuesto anuales a la renta o bien la determinación efectuada por el contribuyente tenga el visto bueno del recurrido, constituyendo por tanto, una mera expectativa que no puede ser objeto de disposición alguna, mientras no se encuentre revisada por el Servicio, citando jurisprudencia al efecto.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección es un acción constitucional cautelar extraordinaria, en la que sin forma de juicio, se ampara derechos fundamentales enumerados en el texto constitucional, presupone éste la existencia de un derecho indubitado y preexistente que pueda ampararse, sin necesidad declaración previa, lo que no ocurre en el caso de autos, razón suficiente para el rechazo del recurso.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, en el presente caso, la recurrente impugnó las facultades del Servicio de Impuestos Internos al demorar la devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2018 de la sociedad recurrente.

SEXTO: Que de conformidad al artículo 1° de su Ley Orgánica Constitucional le “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”, encontrándose las observaciones efectuadas a la recurrente dentro de las facultades de fiscalización de las disposiciones tributarias, según el artículo 6° del Código Tributario, encontrándose expresamente facultada para revisar dentro de los plazos de prescripción, las declaraciones juradas que efectúen anualmente los contribuyentes, siendo de carga de éstos probar la verdad de las declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto, en virtud de lo preceptuado en los artículos 21 y 35 del citado cuerpo normativo.

SÉPTIMO: Que confrontada la normativa citada con los presupuestos fácticos bajo los cuales se han efectuado las observaciones y de consiguiente la demora en el pago de la devolución de impuestos, no cabe sino concluir que el Servicio recurrido actuó legalmente facultado y en el marco de sus atribuciones de fiscalización sobre la Declaración de impuesto anual a la renta, encontrando observaciones a la presentada por la sociedad recurrente.

OCTAVO: Que, en este sentido, compartiendo los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte Suprema, en la sentencia de fecha 15 de enero de 2018, en causa Rol N° 40.622-2016, que estableció como criterio que “(…) la cuestión central a resolver es si, por haber presentado la reclamante una solicitud de devolución de PPM, el Servicio se encontraba constreñido a la erogación correspondiente dentro del plazo de treinta días, aún cuando la declaración de impuestos respectiva le merezca reparos. Sobre este tópico, el artículo 8º bis N° 2 del Código Tributario establece un principio general, en cuanto prescribe que “…constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes: 2° Derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, debidamente actualizadas.” Sobre este derecho y su relación con las facultades de fiscalización, cabe considerar que el artículo 59 del mismo código dispone que “Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes”. En cuanto a la devolución que incida en los impuestos a la renta, el artículo 97 de la ley del ramo indica que “El saldo que resultare a favor del contribuyente de la comparación referida en el artículo 96, le será devuelto por el Servicio de Tesorerías dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que venza el plazo normal para presentar la declaración anual del impuesto a la renta.” El aludido artículo 96 prescribe, a su turno, que “Cuando la suma de los nombre reservado a que se refieren los artículos anteriores, resulte superior al monto de los pagos provisionales reajustados en conformidad al artículo 95, la diferencia adeudada deberá reajustarse de acuerdo con el artículo 72 y pagarse en una sola cuota al instante de presentar la respectiva declaración anual”. Estas reglas inciden en el derecho del contribuyente al reintegro de las cantidades enteradas por concepto de PPM, siempre que medie un saldo a favor, luego de determinados los tributos a solucionar. De esta manera, el resultado surge después de comparados los pagos realizados con el cálculo del impuesto a la renta, operaciones reguladas por los artículos 84 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por una parte, y los artículos 29 y siguientes del mismo cuerpo legal, por la otra. Tal estimación, efectuada por el contribuyente en su declaración de impuestos, no es inamovible, desde que con independencia del resultado que éste consigne en el formulario pertinente, sus actuaciones están sujetas a la eventualidad de una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y, por ende, no es dable discurrir de la preceptiva invocada en el recurso, que el ente fiscalizador esté compelido a desembolsar los gastos pedidos en la declaración de impuesto a la renta que le provoquen dudas acerca de su precisión o veracidad, porque tal derecho no puede entenderse consolidado sin una fiscalización o revisión que ratifique su exactitud. En estas condiciones el Servicio de Impuestos Internos conserva, respecto de las declaraciones de impuesto en las que se le requiere la devolución de específicas sumas satisfechas por un contribuyente por concepto de PPM, iguales facultades que aquellas en que se delimita el pago de impuesto, y queda habilitado para ejercitar sus atribuciones dentro de los plazos generales de prescripción. Es así como el artículo 97 de la ley del ramo no se trata de una norma imperativa que concede un término perentorio de 30 días para practicar la restitución de las cantidades pedidas, ya que el precepto supone la inexistencia de observaciones a la declaración de impuesto o que tal comparación cuente con la conformidad del Servicio, y en ningún caso constituye una derogación de las prerrogativas generales de fiscalización que le proporciona su ley orgánica.”

NOVENO: Que descartada la ilegalidad del acto impugnado y acreditada la inexistencia de afectación a la garantía orgánica aludida por las razones precedentemente expuestas, corresponde rechazar la acción de protección.

DÉCIMO: Que se condenará en costas al recurrente por estimarlo procedente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, con costas, el recurso interpuesto por Cristian Encina Muñoz, en representación de la Sociedad de Inversiones Grupo Montt SPA, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Rol 1509-2018 (PROT)

1