nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Antofagasta, treinta de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Juan Giuller Silva Gonzalez abogado, en representación de nombre reservado, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, en representación de INMOBILIARIA E INVERSIONES ACONCAGUA SpA, nombre reservado 76.008.830-7, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas, representado por su Secretario Regional Ministerial, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, específicamente en contra de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Antofagasta y de la División de Infraestructura Vial Urbana de la Dirección de Vialidad, como también, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representado por su Secretario Regional Ministerial, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19, numerales 2, 21, 22, 24 y 26, de la Constitución Política de la República.

Informaron las recurridas instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente fundamenta la acción constitucional, señalando que los recurridos han vulnerado las garantías contempladas en el artículo 19, numerales 2, 21, 22, 24 y 26, de la Constitución Política de la República, ya que mediante ORD. DT 1242/2015 de la SEREMITT Antofagasta, se aprobó el EISTU del proyecto Torres Nueva Costanera e informó la factibilidad técnica de las medidas de mitigación propuestas en el mismo, los ORDS. N° 12.157/2017 y 12.159/2017, ambos de la División de Infraestructura Vial Urbana de la División de Vialidad del MOP, por los cuales se otorgó la conformidad técnica al proyecto de pavimentación (ingeniería de detalle) del acceso de las Torres Nueva Costanera a domicilio reservado/2018 de 07 de febrero de 2018, de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Antofagasta, notificado a los recurrentes el día 31 de mayo de 2018, en reunión solicitada para obtención de información por el compareciente, mediante el cual se autorizó a la Empresa Constructora Mar Abierto LTDA., para realizar la obra “ACCESO A RUTA 1. SECTOR PIEDRA DEL LOBO, LADO DERECHO, PARA PROYECTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIO PÉREZ ZUJOVIC, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA”, por parte del recién mencionado organismo, generando que la dueña del predio colindante a esta vía pública, que accede por esa misma vía a su predio y del cual es dueña para su explotación comercial previamente aprobada por las autoridades pertinentes, se vea menoscabada por el actuar irracional, inexplicable y arbitrario del Ministerio de Obras Públicas.

Solicita restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos y garantías fundamentales, ordenando al mencionado Organismo dejar sin efecto la resolución dictada y ordenar, a su vez, que se deshaga la obra ordenada por el Ministerio de Obras Públicas, identificada como “ACCESO A RUTA 1. SECTOR PIEDRA DEL LOBO, LADO DERECHO, PARA PROYECTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIO PÉREZ ZUJOVIC, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA”, por vulnerar las garantías fundamentales de INMOBILIARIA E INVERSIONES ACONCAGUA SpA.

Refiere que en el año 2010, presenta Memoria Explicativa, en la cual consta la aprobación por parte de la Dirección de Obras Municipales, del año 2006, en lo relativo a las subdivisiones que ahí se especifican y el 10 de noviembre de 2015, se obtiene por la Empresa el Permiso de Edificación N° 00842/2015 de parte de la Dirección de Obras Municipales.

Agrega que con fecha 21 de abril de 2016, el inmueble fue arrendado por su representada a Porsche Chile, a fin que comercializara vehículos, principalmente camiones y otros, contrato en el que consta que será de responsabilidad del arrendador velar por el libre y permanente uso y goce del inmueble, ejerciendo todas las acciones o derechos que pudieren corresponderle, si se viese amenazado, perturbado o impedido el arrendatario en el uso y goce del inmueble.

Manifiesta que el 17 de mayo de 2018, mediante carta al Director de Obras Públicas, solicitó información sobre la construcción de nueva caletera, que, como afectación directa, perjudica a su arrendatario, Porsche Chile, la que dada su actividad comercial perjudica la operativa de su desarrollo y proyección, obteniendo el 31 de mayo pasado, en reunión solicitada al efecto, recibiendo la resolución que autoriza la obra que perjudica a su parte, conociéndose la real finalidad de dicha obra, la constituye una irregularidad de la autoridad, además de configurar un acto arbitrario. Cita doctrina al efecto.

Arguye que las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de sus correspondientes Secretarías Regionales Ministeriales, son arbitrarias, toda vez que no proceden a través de los mecanismos existentes para su realización, ni respetan la normativa técnica para planificación de las mismas obras, las cuales, por consecuencia, generan un grave perjuicio a su parte, ya que le impide el correcto desenvolvimiento en su actividad económica, transgrediendo de esta forma lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, mientras ésta no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad pública, respetando las normas que la regulen, pues se genera un perjuicio directo de parte de las entidades en contra de su parte, la que ha visto mermados sus ingresos al limitarse el ingreso de vehículos al recinto, los cuales no sólo son un medio de transporte sino que el producto que comercializa Porsche Chile, lo cual a su vez, vulnera los derechos de los consumidores al dificultar e imposibilitar la salida de los camiones desde el predio al realizar la compra de los mismos.

La construcción de la caletera ordenada por el Ministerio de Obras Públicas, impediría la correcta y libre realización de la actividad comercial de la empresa Porsche Chile, ya que, si bien tiene el uso y goce del inmueble y sus dependencias, lo ve obstaculizado al no permitírsele el ingreso de vehículos de mayor tonelaje al recinto, lo que claramente entorpece la realización de su actividad económica, ya que su principal ingreso está constituido por los créditos obtenidos por la venta de camiones, los cuales se deben ingresar al recinto, no pudiendo realizar este tipo de acciones por verse limitados en cuanto el viraje amplio que se requiere para ese tipo de vehículos, causando retardos y pérdidas importantes en la gestión de sus negocios.

El derecho de propiedad, una de las garantías resguardadas con mayor celo por el constituyente, en esta ocasión se ve limitado y obstaculizado por el actuar arbitrario de parte del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad de la Región de Antofagasta y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual se manifiesta con la dictación de las resoluciones: 1.) Ords. N°12.157/2017 y 12.159/2017 (División de Infraestructura Vial Urbana de la División de Vialidad del MOP); 2.) Resolución Exenta DRV II N° 76/2018; y 3.) Ord. DT 1242/2015, respectivamente, y la ejecución de la obra, lo que, a la luz de los elementos reconocidos por la doctrina civilista, viene en limitar el libre ejercicio de la recurrente sobre un bien de su propiedad y que impide a quien mantiene otros derechos sobre el mismo, distintos del dominio, el poder usar y gozar del predio para el fin al que está destinado, todo lo cual ha sido previamente tramitado, aceptado, visado y autorizado por las correspondientes autoridades, como se puede apreciar en algunos de los documentos que acompaña.

Sostiene que la actuación del MOP afecta directamente lo relativo a ser el derecho absoluto, que tiene dos alcances, el primero, que el dueño puede ejercitar sobre la cosa todas las facultades posibles, como el uso, el goce y la disposición, lo que se ve impedido por la decisión arbitraria del Ministerio de Obras Públicas, ya que se limita la propiedad desde la facultad de uso sobre el mismo, ya que no se permite la utilización del bien a uno de los servicios que puede proporcionar, como lo es el realizar una actividad comercial previamente aprobada por las autoridades competentes, también limita la facultad de goce de la propiedad, ya que no hacerse de los frutos que ella podría producir totalmente, aunque así lo permite el contrato de arrendamiento celebrado entre su representada y la empresa Porsche Chile; el segundo alcance es el poder soberano sobre la cosa para usar, gozar y disponer de ella, a su arbitrio, sin que nadie pueda impedirlo, con la sola limitación del carácter social de la misma, lo que se ve plasmado en la precedentemente citada norma constitucional, siendo el titular el único facultado para usar, gozar y disponer de su propiedad, lo que en consecuencia significa poder excluir a cualquier otro en las decisiones sobre el predio, lo que en este caso concreto no puede ser tal, ya que el titular del derecho real lo dio en arrendamiento para la venta de vehículos de gran tonelaje, cuyo ingreso al predio se ve impedido dada la obra que se encuentra ejecutando la recurrida.

Así las cosas, reclama que se ven afectadas las facultades propias del dominio, las de uso y de goce, al no poder hacerse de los frutos que debería reportar el predio en su arista comercial a la titular y su arrendatario, ya que, si este último no puede ingresar los vehículos de alto tonelaje al predio, difícilmente podrá obtener los frutos civiles que le permitan, como consecuencia, realizar el pago por el arrendamiento que mantiene con su parte, generando así, consecuencias negativas a las partes de esa relación jurídica, suma a esto, merma en la facultad de disposición ya que las dimensiones de esta facultad, disposición material y jurídica del bien, se encuentran obstaculizadas. La facultad material se vería obstaculizada porque al ser la intención de su parte destinar el predio al arrendamiento para la comercialización de camiones -vehículos de alto tonelaje-, los que por sus características no logran ingresar al predio, y la disposición jurídica se afecta puesto que el objetivo de su parte es mantener la propiedad en arrendamiento, cuestión que, de no paralizar y eliminar la obra ordenada sin motivos por el Ministerio de Obras Públicas, podría costar su fuente de ingresos, causando así graves perjuicios para la recurrente.

Indica que en lo referido a la garantía fundamental del artículo 19 N° 21, la libertad económica, opta por el presente recurso de protección, y no por el de amparo económico, ya que si bien ambas acciones tienen por objetivo defender la garantía de la libertad económica, lo cierto es que los requisitos para su procedencia son diversos.

Reclama, además, que el organismo que ordena la realización de la obra de marras, no toma en consideración que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías” que la Constitución establece, por lo que estima que si una de las misiones del Estado es resguardar la seguridad de sus habitantes, esto al tenor de lo que reza el inciso quinto del artículo primero de la Carta Fundamental, “encontramos que se pierde el foco” (sic) al materializar esta obra, toda vez que ante eventuales situaciones de emergencia, las limitaciones físicas resultantes de la construcción de esta “obra de mitigación” pueden llegar incluso a vulneraciones aún mayores, como lo es, incluso, el Derecho a la Vida, ya que ante un eventual accidente, los vehículos de emergencia se verán impedidos o limitados de actuar, ya que algunos de ellos son de gran tonelaje, como los vehículos de Bomberos de Chile, riesgo que se podría incrementar aún más, si se toma en consideración un posible embotellamiento en el área, causado por vehículos menores que busquen ingresar a alguno de los comercios o residencias del sector, ya que no existiría un movimiento libre para los mismos en razón de la caletera, que a su vez incluye una mediana, también conocida técnicamente como segregador, que inhabilita el funcionamiento de la pista de desaceleración y próxima y contigua pista de aceleración ubicadas en el sector, cuestión que de ser así se le imputará directamente a su representada, sabiendo que la responsabilidad misma de todo esto, en estos momentos radica en el Ministerio de Obras Públicas y sus autoridades, así como también en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Concluye que la irregularidad en el actuar de parte de las recurridas, vulneraría, además, la garantía de seguridad jurídica, ya que todos aquellos requisitos técnicos que deberían cumplirse por parte tanto de las mismas autoridades como de la Empresa que ejecuta la obra, se encuentra regulada en normativa determinada, que no se respeta, como lo es el nombre reservado, vulnerando de esta forma, también, la garantía contenida en el número 26 del artículo 19 de la Norma Fundamental.

SEGUNDO: Que informando las recurridas Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas y Dirección de Vialidad solicitan el rechazo del recurso.

Sostienen al efecto que la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, en sus atribuciones y funciones se encuentra regulada por el D.F.L. MOP 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que establece en lo pertinente, a través de su artículo 18° que " A la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no correspondan a otros servicios de la Dirección General de Obras Públicas. Agrega en el inciso sexto que "También tendrá a su cargo la construcción de los caminos dentro de los radios urbanos cuando se trate de calle o avenidas que unan caminos públicos declarados como tales por decreto supremo", siendo el título III, párrafo I, del texto legal citado, el que define para efecto de las atribuciones de esa Dirección, los caminos públicos y sus categorías, estableciendo en su artículo 24, que "Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Se considerarán también para efectos de esta ley, las calles y avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo, y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas".

Indica que así dicha normativa destaca a los caminos públicos propiamente tales -aquellos situados fuera de los límites urbanos de una comuna,- y caminos públicos - calles y avenidas situadas dentro de los límites urbanos que unen caminos públicos-, declarados como tales a través de los respectivos Decretos Supremos, y que para efectos especiales, se les asimila a los primeros mediante un acto formal, siendo el Camino Público en que se emplazan las obras de mitigación vial Zujovic, declarada camino público mediante Decreto Supremo N°1463 de 2002, del Ministerio de Obras Públicas.

Señala que en materia de aprobaciones relativas a eventuales modificaciones al tránsito de una vía, al sistema de transporte urbano o a la seguridad de una ruta que integre la Red Vial Básica de una ciudad, que para el caso de la citada Ruta 1, denominada en área urbana como Avenida Edmundo Pérez Zujovic, establecida en tal carácter mediante Resolución Exenta N°12 de 1991, del Secretario Regional Ministerial de la Región de Antofagasta, su fuente normativa se encuentra en el artículo 3 del Decreto Supremo N°83 de 1985, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones, que establece que, "Cualquier modificación a las características físicas u operacionales de las vías que integren la red vial básica de una ciudad o conglomerado de ciudades, que comprometan la operación de vehículos y/o peatones, así como los proyectos de construcción de nuevas vías que incidan en la red vial básica, deberán contar con la aprobación del Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones que corresponda. Para tal efecto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones impartirá las instrucciones de carácter general.” Indicando el segundo inciso que, para el caso de proyectos de edificación se entenderán modificadas las características operacionales de las vías existentes o proyectadas, que integran la Red Vial Básica, cuando se determine que, a raíz de la puesta en marcha del proyecto se produzca en dichas vías un incremento del flujo vehicular igual o superior a cien vehículos, en al menos una hora al día.

Añade que la norma aclara que dicho estudio deberá identificar los impactos generados por la operación del proyecto sobre la red vial y proponer las alternativas de mitigación que deben materializarse a fin de no deteriorar su operación, y cuyo cumplimiento será supervisado por la Municipalidad respectiva, y, en lo pertinente dispone que el Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano, debe ser realizado y evaluado conforme a la metodología y procedimientos que determine el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, mediante Resolución, en el marco de la creación de un sistema de evaluación para dichos estudios.

Alega que para el caso en análisis, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su numeral 2.4.3. define que para los proyectos residenciales y los proyectos no residenciales que consulten en un mismo predio 250 o más y 150 o más estacionamientos, respectivamente, requieren de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), el que debe ser suscrito por un profesional especialista y aprobado por la Unidad de Tránsito y Transporte Público de la correspondiente Municipalidad, y por la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, que corresponda según la metodología; por lo que la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, regula en su numeral 2.4.3., la metodología para elaborar y evaluar Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, aprobada mediante Resolución Exenta N°2379 de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, documento que establece el trabajo conjunto de una serie de organismos competentes en la materia, mediante la entrega de una guía que normalice los estudios de impacto de proyectos que afectan al sistema de transporte urbano.

Relata que mediante el ingreso del proyecto a la denominada "Ventanilla única", liderada y representada por la respectiva Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, debe pronunciarse técnicamente sobre la factibilidad del proyecto previa consulta a otros organismos competentes sobre el área de emplazamiento del proyecto y su especificidad. Otorgada la aprobación mediante el acto administrativo emanado de la SEREMITT, se adjunta un Informe Técnico de Factibilidad (IFT), en el cual se establecen las medidas de mitigación propuestas por el interesado, las que deben ser ejecutadas antes de iniciarse la operación del proyecto.

Agrega que, en este contexto, correspondió a esa Dirección Regional pronunciarse técnicamente sobre el proyecto Torres Nueva Costanera, dado que el artículo 40 del D.F.L. MOP 850 de 1997, indica que "Los Propietarios de los predios colindantes con caminos nacionales sólo podrán abrir caminos de acceso a éstos con autorización de la Dirección de Vialidad. Además, dicha Dirección podrá prohibir cualquier otro tipo de Acceso a esos caminos cuando puedan constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos. En la misma circunstancia, la Dirección podrá ordenar el cierre de cualquier acceso a un camino nacional, proponiendo a los afectados, en forma previa, una razonable solución técnica alternativa. Las Municipalidades deberán solicitar, antes de autorizar sectores industriales o residenciales, centros comerciales y recintos de espectáculo masivos, nuevos, un informe técnico a la Dirección de Vialidad acerca de la infraestructura complementaria necesaria para sus accesos a los Caminos a que se refiere el inciso anterior y para el Acceso y cruce de peatones en condiciones de seguridad, organismo que deberá evacuar el informe dentro de los sesenta días siguientes a la presentación de la mencionada solicitud, prorrogables una vez y por el mismo plazo cuando la Dirección les formule observación. Los propietarios de esas construcciones o urbanizaciones deberán financiar el costo y ejecutar las referidas obras viales, las que estarán sometidas a la inspección y aprobación de la Dirección de Vialidad..."., lo que implica que la Dirección de Vialidad está facultada para regular los accesos a determinados caminos públicos, por lo que ha regulado técnicamente mediante la dictación de una Resolución Exenta del Director de Vialidad, las condiciones técnicas para la regulación de acceso a caminos públicos, a través de Resolución Exenta DV N°232, de 22 de marzo de 2002, sobre accesos a caminos públicos, y que reemplaza a la Resolución DV N°416, de 1987.

Sostiene que conforme a lo indicado, la persona natural o jurídica propietaria de terreno colindante a camino público debe requerir autorización a la Dirección de Vialidad para acceder a él, debiendo el interesado disponer de toda la información dependiendo del tipo de acceso solicitado (industrial, comercial o particular), Certificado de línea e informes previos y anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales, como asimismo, el respectivo diseño de ingeniería de detalle y estudio del flujo vehicular del sector a intervenir con la habilitación del referido acceso, debiendo ser analizados dichos antecedentes a la luz de lo prescrito en las normas técnicas que regulan a esa Dirección de Vialidad, contenidas en el D.F.L. MOP 850 de 1997, Resolución DV N°232 de 2002 y Manual de Carreteras, así como, las directrices contenidas en la Ley de Urbanismo y Construcción, Planos Reguladores, Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura de nombre reservado, Ley y Reglamento de Concesiones, si son rutas concesionadas.

Arguye que la recurrente señala que Inmobiliaria e Inversiones Aconcagua SPA, sería propietaria de terreno colindante a Ruta 1, de tuición de esta Dirección Regional, sin acreditar en su presentación dicha calidad, además señala como antecedente de su acción que en 2015 habría obtenido de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Antofagasta, el Permiso de Edificación N°00842/2015, y con posterioridad durante 2016 habría celebrado contrato de arriendo del inmueble para utilizarse en los fines propios de la arrendataria, esto es, importación, venta y servicio de vehículos motorizados, y bodegaje de repuestos, accesorios y lubricantes, acuerdo contractual en que la arrendadora se compromete a gestionar y obtener todas las autorizaciones que permitan a la arrendataria el desarrollo de su giro comercial en el inmueble, así como, se obliga a ejercer todas las acciones y derechos que le correspondieren, respecto de cualquier amenaza, perturbación o impedimento en el libre ejercicio del uso y goce de los derechos del arrendatario.

Agrega que en materia de autorización para acceder a camino público asociado al inmueble signado con la numeración 5.140, emplazado en Avenida Edmundo Pérez Zujovic, que para su competencia correspondería al Km 1,870 de la Ruta 1, Ruta Pública Nacional, dependiente de su parte hace presente que esa Dirección no cuenta con información y/o acto administrativo que autorice acceso identificado a ruta pública, por tanto, el emplazamiento y las condiciones de acceso a terreno colindante a Ruta 1, actualmente es irregular al no contar con las exigencias de seguridad vial que deben ser cumplidas a requerimiento de la Dirección de Vialidad, previo a otorgar la autorización respectiva.

Señala, que el propio recurrente reconoce el tránsito y acceso a terreno colindante mediante el ingreso y salida de vehículos de mayor tonelaje, sin indicar las medidas de seguridad vial adoptadas para ello, por tanto, la circulación y maniobras para acceder a dicho recinto, actualmente constituyen un peligro para la seguridad del tránsito y entorpecen la libre circulación de vehículos de dimensiones menores que circulen por la vía auxiliar habilitada al efecto; de modo tal que conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 40 del DFL MOP 850/97, esa Dirección puede prohibir cualquier otro tipo de acceso que puedan constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por los caminos, como también, puede ordenar el cierre de cualquier acceso o camino, proponiendo a los afectados, en forma previa, una razonable solución técnica alternativa, por lo que encontrándose el acceso del recurrente sin la debida autorización y sin contar con medidas de seguridad para el ingreso y salida de vehículos de mayores dimensiones, y constituyendo dichas maniobras un peligro para la seguridad vial del sector, corresponderá a la Dirección de Vialidad aplicar la normativa en los términos expuestos precedentemente, pudiendo de acuerdo a los artículos 50 y 52 del texto legal citado, sancionar al recurrente.

Argumenta que en base a la citada potestad normativa, y conforme a la metodología para elaborar y evaluar estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano EISTU, esa repartición regional se ha pronunciado sobre el proyecto inmobiliario "Edificios residenciales y Comercio Pérez Zujovic, ubicados en Avenida Edmundo Pérez Zujovic l\l°5140, emplazamiento que en su competencia corresponde a Ruta 1, Km 1,870", analizándose las modificaciones a las características físicas y operacionales que requería la ruta con el emplazamiento del proyecto inmobiliario, desde la perspectiva del diseño vial para el sector, y, mediante Ord. DRV II N° 740 de 6 de mayo de 2015, se formuló observaciones a la propuesta presentada, las que se consideraron en el análisis de las medidas de mitigación a adoptar en la solución vial propuesta en el respectivo Informe de Factibilidad de Transporte, y mediante Ord. DT N°1242/2015, se aprobó el "Estudio de Impacto sobre el Sistema Urbano del proyecto Edificio Residencial + Comercio Pérez Zujovic, Antofagasta", estableciéndose como medidas de mitigación vial las descritas en IFT y contenidas en planos adjuntos, que deben ser ejecutados por el proponente a conformidad de estos documentos, dentro de las medidas de mitigación relativas a ruta de tuición de la Dirección de Vialidad, se contempla entre otras: 1.

La materialización de una pista lenta en Avda. Edmundo Pérez Zujovic (Ruta 1), al norte de la intersección con calle Elqui. La pista adicional será segregada con mediana que nace aproximadamente a 70 metros al norte de cruce con calle Elqui. La medida contempla la canalización del flujo a los proyectos "Edificios viviendas + Comercio Zujovic Antofagasta", "Conjunto armónico Antofagasta" y terreno entre estos dos proyectos, a través del inicio de la pista lenta, lo cual permite segregar el flujo de paso de la avenida y el flujo de los centros comerciales. Esta medida elimina el conflicto de entrecruzamiento de los flujos atraídos y generados por ambos proyectos comerciales. 2. Se reubica vereda proyectada para otorgar continuidad operacional siendo compatible con lo aprobado para dicho proyecto. Esta medida considera el diseño y solución aprobado por el MOR para el Conjunto Armónico Antofagasta. 3. Se materializará pista de aceleración desde pista lenta hacia Avda. Edmundo Pérez Zujovic de acuerdo a diseño y estándar del Manual de Carreteras. Esta medida se emplaza íntegramente en Bien Nacional de Uso Público de acuerdo a las líneas oficiales obtenidas en proyecto de pavimentación de accesos para Conjunto Armónico aprobado por Vialidad MOP Antofagasta. 4.

La materialización de la vereda proyectada en la caletera Edmundo Pérez Zujovic deberá acogerse a las disposiciones y aprobación de la Dirección de Vialidad MOP Antofagasta. 5.

Se instalarán vallas peatonales en acera a lo largo de pista de aceleración proyectada para resguardar de manera segura a los peatones. 6.

Asimismo, se instalarán señales verticales dentro del área de influencia y acceso al proyecto 7. Igualmente y en relación a sistema de semaforización, se contempla la realización de proyecto de reprogramación de tiempos y desfases de semáforos ubicados dentro del área del proyecto, con su respectiva sintonía fina y reconfiguración de controlador.

Estas medidas y las demás contempladas en IFT en su conjunto, tienen por objeto evitar los posibles efectos adversos que un determinado proyecto pueda generar en el tránsito y en la seguridad vial del área circundante al lugar de emplazamiento.

Así, refiere que, la Resolución Exenta DRV II N°76 de fecha 07 de febrero de 2018, "Aprueba acceso a Ruta 1, sector Piedra del Lobo, lado derecho, para proyecto medidas de mitigación de edificios residenciales y comercio Edmundo Pérez Zujovic, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta", dada la conformidad técnica con el Proyecto presentado, emite Oficio Ordinario N° 12159, de 20 de Diciembre de 2017, a la División de Infraestructura vial Urbana, dependiente del nivel central de la Dirección de Vialidad, por tratarse la ruta en análisis de una ruta nacional.

Refiere que sobre la solución vial contemplada como medida de mitigación, basada en la normativa citada, pronunciamientos técnicos sobre el proyecto, y alegaciones del recurrente, puede indicar que: 1) Una premisa fundamental del diseño vial urbano debe comprender en su proyecto los elementos de la nombre reservado, entendida ésta como parte inseparable de un contexto espacial urbano. Es así como, Volumen I, sección 1.2 del nombre reservado o Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana, se ha establecido que "La multiplicidad de factores que gravitan sobre el diseño vial urbano hace que este Manual no pueda tener una carácter normativo, siendo por lo tanto de carácter indicativo. Sin embargo, estas recomendaciones deben ser atendidas en la medida de que con ello sea posible y razonable aumentar la seguridad del usuario, la calidad del servicio o la vida útil de la obra misma," 2) En este mismo sentido el artículo 7, numeral 7.2., de la Resolución DV N°232 de 2002, de la Dirección de Vialidad, establece que los accesos o conexiones de los predios o instalaciones colindantes con el camino público en zonas urbanas se harán mediante accesos adecuadamente diseñados y convenientemente construidos para tal efecto, de acuerdo a lo estipulado en nombre reservado volumen 3; Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana, Redevu; Manual de Carreteras, volumen 3; Planes Reguladores Metropolitanos y/o Comunales; Estudios Seccionales Viales y/o Perfiles Tipo. 3) Por su parte, se hace presente que el Manual de Carreteras, ha sido concebido como aquel compendio de procedimientos técnicos, entregando pautas y criterios para planificar, diseñar, construir, conservar y operar carreteras y caminos que componen la red vial del país bajo su tuición. 4) Tratándose la Ruta 1, una Ruta Nacional declarada camino público situada dentro de los límites urbanos que unen caminos públicos, mediante Decreto Supremo N°1463 de 2002 del Ministerio de Obras Públicas, por encontrarse ésta inmersa en un contexto urbano y recogiendo las limitaciones de la nombre reservado, las modificaciones que puedan incorporarse a las rutas de tuición de la Dirección de Vialidad en estas condiciones, deben cumplir con las recomendaciones establecidas en el nombre reservado. Por tanto, la solución vial debe contemplar el análisis de elementos que atenúen los impactos detectados en el proceso de análisis y evaluación en el EISTU, con el propósito de aminorar puntos de conflicto detectados, contemplando en el diseño los elementos constitutivos de la nombre reservado, entendida ésta como parte integrante de un contexto espacial restrictivo, estableciéndose éste como el principal elemento diferenciador de diseño vial respecto de una ruta interurbana o rural, propiamente tal. 5)

En cuanto a la ruta en la que se emplazan las obras de mitigación vial aprobadas, el análisis del punto basal es el entrecruzamiento que se producirá en el ingreso y salida de vehículos desde las instalaciones habitacionales, comerciales y acceso a edificaciones particulares ubicadas en el área de influencia. En particular el proyecto debe impedir el cruce en la circulación de vehículos para acceder a ruta 1, en la salida del "Edificio Residencial - Comercio Pérez Zujovic, Antofagasta" y los que desean ingresar al "Conjunto Armónico Antofagasta Costanera". La solución evaluada por el consultor especialista, debió contemplar las restricciones objetivas de diseño que en el sector en estudio son principalmente físicas, proponiendo la habilitación de una "pista lenta inducida al tránsito lento", la cual ha debido incluir el ensanche de la estructura existente para permitir su materialización, estableciéndose un ancho de calzada de 3,6 metros (cumpliendo con los requisitos de diseño mínimos exigidos), con el objeto de dirigir el flujo vehicular con destino a las propiedades (instalaciones habitacionales, comerciales y acceso a edificaciones particulares) colindantes a la ruta y ubicadas en el área de influencia. En este mismo sentido, se ha contemplado la habilitación de una pista de aceleración que permite la reincorporación desde pista lenta hacia Ruta 1 (Avda. Edmundo Pérez Zujovic). Asimismo, se ha contemplado la incorporación de una estructura segregadora "mediana" cuyo objeto es la de evitar el cruce vehicular en las maniobras de ingreso y salida hacia las referidas instalaciones hacia la ruta nacional. Desde la perspectiva de la seguridad de los peatones, se contempló la materialización de la vereda proyectada en la caletera Edmundo Pérez Zujovic e instalación de vallas peatonales en acera a lo largo de pista de aceleración proyectada para encausar el tránsito peatonal a sectores de atraviesos permitidos, permitiendo resguardar de manera segura a los peatones. Igualmente, se ha exigido la presentación de proyecto de reprogramación de tiempos y desfases de semáforos, lo que permite regular flujos, de acuerdo a las circunstancias particulares de las intersecciones aledañas al área de influencia del proyecto.

Añade que las referidas medidas de mitigación de diseño, unidas a las adecuaciones del sistema de semaforización, incorporación de señalización y otras adecuaciones exigidas en el respectivo Informe de Factibilidad Técnica decretadas para el proyecto "Edificios Residenciales + Comercio Pérez Zujovic Antofagasta", constituyen el conjunto de dispositivos viales, que emplazados en la plataforma vial-urbana, permiten operar coherentemente entre sí (Elementos del diseño vial urbano, REDEVU).

Concluye que los actos administrativos emanados de esa Dirección Regional se encuentran absolutamente ajustados a derecho, respetando las normas técnicas que rigen la materia, en consideración a las condiciones que plantea el proyecto inmobiliario adyacente y a las características de la vía y el tráfico vehicular inmediato a dicho proyecto, por lo cual resulta improcedente dejar sin efecto el acto administrativo contenido en Resolución Exenta DRV II N°76 de 07 de febrero de 2018, atendido que el diseño vial que respalda la habilitación de acceso cumple con la normativa contenida en artículo 40 del DFL MOP N° 850/97, y las condiciones técnicas y administrativas exigidas para su habilitación, además, la solicitud de deshacer las obras ejecutadas conforme a las medidas de mitigación exigidas para el proyecto "Edificios Residenciales + Comercio Pérez Zujovic Antofagasta", corresponde denegarla pues la medida segregadora o separadora habilitada entre Ruta 1 y pista lenta o indistintamente denominada "mediana", corresponde a un elemento de control ante la invasión premeditada o accidental desde pista lenta hacia ruta principal, en el entendido que una premisa fundamental del diseño urbano comprende el retraer puntos de conflicto, evitando al conductor atender simultáneamente a varios vehículos al momento de efectuar una maniobra, reduciendo el riesgo de accidente.

Agrega que las argumentaciones del recurrente sobre que la habilitación de las medidas de mitigación vial corresponden a actos ilegales deben desatenderse, en atención a que como se ha expuesto latamente la normativa, la Dirección de Vialidad se encuentra legalmente facultada por los artículos 18 y 40 del DFL MOP N° 850/97, para regular los accesos a determinados caminos públicos, pudiendo incluso, en el ejercicio de tal potestad, prohibirlos cuando éstos puedan constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos.

Estima que la arbitrariedad alegada deberá denegarse ya que el titular del proyecto ha dado cumplimiento a la Metodología establecida para el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, estableciéndose las respectivas medidas de mitigación como resultado fundamental de un análisis realizado por un especialista consultor sobre aspectos operativos, criterios de seguridad de tránsito y accesibilidad al transporte público, a fin de disminuir los impactos generados por el nuevo emplazamiento en el Área de Influencia, todos claramente detallados en el estudio.

Indica que el argumento de la construcción de "Caletera o Pista lenta", impide la correcta y libre realización de la actividad comercial de empresa Porshe Chile, al no permitir el ingreso de vehículos de mayor tonelaje al recinto, lo que entorpecería la realización de su actividad económica, no tiene sustento porque el recurrente en su calidad de arrendador del inmueble se comprometió al celebrar el contrato de arrendamiento a obtener todas las autorizaciones que permitieran al arrendatario el desarrollo del giro comercial de la arrendataria en el inmueble, lo que no ha ocurrido en la especie ya que el arrendatario ha incumplido una de las principales obligaciones, esto es, obtener la autorización para acceder a camino público, estableciendo la Dirección de Vialidad, las exigencias y condiciones técnicas para habilitar un acceso adecuado y con las condiciones técnicas y de seguridad vial que permita acceder al camino de manera segura y sin perturbar a otros usuarios de la misma ruta, encontrándose el acceso actualmente en calidad de irregular, pudiendo esa Dirección Regional adoptar las medidas correctivas establecidas en el propio ordenamiento regulador.

Manifiesta que al carecer el recurrente de la autorización formal por parte de ese Servicio para el ingreso y salida de vehículos mayores, requisito fundamental para el giro de su negocio, no existe ningún derecho constitucional conculcado por las autorizaciones administrativas emanadas de la Dirección de Vialidad u otro servicio público, por cuanto el derecho supuestamente afectado requiere para su legítimo ejercicio de un acto administrativo previo, pues se trata de un acto regulado por nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica que para que el propietario de un predio colindante con Ruta 1 (Avenida Edmundo Pérez Zujovic) pueda contar con la autorización de acceso a ésta, debe obtener la aprobación de un proyecto de ingeniería de detalle de la infraestructura asociada al mismo, autorización de la que carece la propietaria recurrente.

Señala que el impedimento al desarrollo del giro comercial del arrendatario no es causado por la medida de mitigación ordenada construir, sino por la omisión por parte del arrendador y propietario de la obtención de la autorización para acceder de manera segura a camino público reconociendo el propio informe técnico I.F.T., en su numeral 1, la existencia de dicho acceso, considerándolo para la proyección de las medidas de mitigación propuestas, en términos que, "....contempla la canalización del flujo de ingreso a los proyectos Edificios viviendas + comercio Pérez Zujovic Antofagasta, Conjunto Armónico Antofagasta, y terreno entre estos dos proyectos, a través del inicio de una pista lenta, lo cual permite segregar el flujo de paso de la avenida y el flujo de los centros comerciales".

Insiste que la habilitación de las medidas de solución vial no limitan, restringen o impiden el libre ejercicio de las facultades que emergen del derecho de dominio, al no impedir el libre acceso de la propiedad, de igual manera, no se ha imposibilitado el libre uso y goce de los frutos que otorga el derecho a la propiedad, por cuanto el proyecto vial contempla medidas de mitigación que permiten la circulación segura hacia las instalaciones aledañas a la ruta pública.

Finalmente, estima que no es posible afirmar que las obras implementadas pudieran afectar el derecho a la vida, al impedir el ingreso de vehículos de emergencia en caso de eventuales accidentes, lo que no es posible aseverar en términos categóricos, dado que el ancho de la calzada de la pista auxiliar cumple con los estándares mínimos para una pista unidireccional de circulación.

Concluye que en virtud de las argumentaciones normativas, reglamentarias y técnicas establecidas en un procedimiento en el que interactúan múltiples organismos de la administración pública a través de la Ventanilla Única, proceso en el que un consultor experto realiza un estudio especializado de diagnóstico, evaluación, incluido componentes de modelación y estudio de flujos vehiculares, en los que además se consideran recomendaciones de diseño, los que deben adaptarse a las restricciones que va generando el entorno y desarrollo urbano, han permitido identificar y evaluar los impactos sobre el área de influencia del estudio que provoca la localización del proyecto analizado, permitiendo la generación de las medidas de mitigación contenidas en Informe de Factibilidad Técnica aprobado mediante Ord. DT N°1242/2015, emitido por la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta, y las respectivas autorizaciones técnicas contenidas en Resolución Exenta DRV II N° 76 de 07 de febrero de 2018, y Ordinarios N° 12157 y N° 12159, ambos de 2017, emitidos por la División de Infraestructura Vial Urbana, de la Dirección de Vialidad.

TERCERO: Que a su turno, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes solicita el rechazo de la acción de protección en atención a que la recurrente no ha acreditado la titularidad del dominio invocado en el recurso, siendo procedente de la ilegalidad o arbitrariedad denunciada siga la vulneración de una garantía protegible respecto de persona determinada, por lo que no habiéndose incorporado documento alguno que acredite la titularidad del dominio sobre el predio que se vería obstaculizado por el proceso de construcción, además de no singularizarlo suficientemente, procede el rechazo de la acción, pues además no resulta la acción constitucional idónea para resolver la controversia en razón de existir un procedimiento administrativo que no se encuentra concluido.

En cuanto al fondo señala que la actuación se ha ajustado de manera completa a las facultades que posee, describiendo cada una de las competencias en relación a la regulación de la vialidad en caminos públicos.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que en ese entendido el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, cuando es contrario a derecho o a la ley o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que así las cosas, la controversia versa sobre la construcción de una mediana o bandejón central en la Avenida Pérez Zujovic, a la altura del número 5134, la cual segrega la pista de desaceleración existente que permite la conexión de la Avenida antes nombrada con el acceso al predio de propiedad a la recurrente que arrienda a un tercero para la comercialización de camiones de alto tonelaje y otros, ubicado aledañamente al proyecto Torres Nueva Costanera.

Considera la recurrente que las resoluciones 1242/2015 de la SEREMITT de Antofagasta, DRV II N°76/2018 de la Dirección Regional de Vialidad y resoluciones 12157/2017 y 12159/2017 de la División de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, son ilegales y arbitrarias al haber aprobado las obras de mitigación que permitieron la construcción de la mediana o bandejón central, y que vulneran sus derechos constitucionales del artículo 19 N° 2, 21, 22, 24 y 26 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que para dilucidar si los actos atribuidos a los recurridos son ilegales y arbitrarios, cabe tener presente que es un hecho público y notorio que la avenida Edmundo Pérez Zujovic es uno de los ejes viales de mayor importancia en esta ciudad, y como tal en su manejo se ven involucrados diversos organismos públicos, de allí que, además de la tuición que le corresponde a la Dirección de Vialidad y demás servicios del Ministerio de Obras Públicas sobre los caminos públicos como dispone el D.F.L 850, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, también intervienen el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Servicio de Vivienda y Urbanización, el primero en cuanto, básicamente, regula lo relacionado con el tránsito y flujo vehicular, y el segundo puesto que debe ocuparse de la organización de los elementos urbanos como semáforos y otros, según se desprende de la normativa vigente dispersa en diversos cuerpos legales y reglamentarios como la Ley del Tránsito y la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En ese contexto mediante Resolución Exenta N° 2379 de 10 de julio de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se aprobó la Metodología para Elaborar y Evaluar Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano de proyectos habitacionales, centros comerciales, industrias y otros y se refiere al desarrollo, revisión y estudio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del DFL 850 MOP de 1997 y del DS 83 de 1985 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objetivo de demostrar la factibilidad de la instalación de una determinada actividad desde la perspectiva del transporte, por ende, los estudios deben versar sobre los elementos situados en el exterior del proyecto y dentro de su área de influencia.

Dentro de los proyectos inmobiliarios que requieren de un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano se encuentran aquellos colindantes con un camino público en los términos que son definidos en el DFL 850 MOP de 1997, y que cuenten con acceso a dicho camino y también los de los predios que colindan con alguna vía de la red vial definida en el DS 83 de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que contemplen estacionamientos residenciales o no residenciales en la cantidad que el mismo instrumento señala; asimismo contempla dos categorías de ámbitos, menor y mayor. El menor prevé un bajo nivel de impacto sobre la vialidad pública y, en general no requiere usar herramientas de simulación de tráfico a diferencias de los de ámbito mayor.

A su turno, el documento en análisis indica los aspectos que pueden abordar las medidas de mitigación propuestas, las que, en todo caso deben sujetarse a las normativas técnicas aplicables a cada tipo de vía como las condiciones fundamentales de diseño, los anchos mínimos para calzadas y aceras, los requisitos de acceso y la señalización y demarcación, entre otros, referidos al área de influencia del proyecto por el que se presenta el estudio y con indicación de todas las variables que éste debe incluir, las que la metodología específica y contempla detalladamente.

El estudio de impacto al sistema de transporte urbano, dada la intervención de varios organismos públicos que deben emitir pronunciamiento debe presentarse ante el sistema de ventanilla única, que es una herramienta que permite el envío de información electrónica de una sola vez, ante una única entidad para cumplir con todos los requerimientos del asunto a resolver.

Una vez ingresado el estudio o EISTU al Sistema de Evaluación de Impacto en los Sistemas de Transporte Urbano o SEISTU, los integrantes de la Ventanilla Única –Dirección de Vialidad y servicios anexos, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Vivienda y Urbanismo- que manifiesten interés en participar de la revisión del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano o EISTU presentado por el titular del proyecto inmobiliario.

En caso que la Ventanilla Única formule observaciones al estudio, mediante un solo acto y por escrito, materializado en Oficio Ordinario de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva. Por el contrario, en caso de no existir observaciones al estudio se emitirá la aprobación. Si no existe pronunciamiento dentro del plazo de 60 días hábiles, el estudio se entenderá aprobado automáticamente.

Ahora bien, si se formula observaciones al estudio en cuestión, el titular del proyecto deberá dar respuesta a dichas observaciones en el plazo de 60 días hábiles.

Una vez superadas las observaciones, el titular del proyecto debe presentar ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva, una versión corregida del estudio o EISTU, acompañada de una minuta aclaratoria de cada una de las observaciones formuladas, debiendo pronunciarse la Ventanilla Única, sólo respecto de la aprobación o rechazo del estudio.

Si se aprueba el estudio o EISTU, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones debe emitir un Informe de Factibilidad Técnica que resumirá las medidas de mitigación que surgieron del estudio, lo cual se comunicará por Oficio Ordinario dirigido a las demás órganos interesados y al titular del estudio.

En caso contrario, si el estudio es rechazado el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectivo, comunicará el rechazo de la misma forma anterior.

OCTAVO: Que en el mismo orden de ideas, de la inspección personal que esta Corte efectuó al lugar quedó claramente demostrado que la medianera en cuestión no es de grandes dimensiones, el ancho de la calzada permite el desplazamiento adecuado de los vehículos que ingresan por ella tanto al proyecto inmobiliario Torres Nueva Costanera como al predio de la recurrente.

Además separa la avenida Pérez Zujovic, vía principal con un enorme flujo vehicular, de la vía de acceso al proyecto Torres Nueva Costanera y al predio de la recurrente, permite el ingreso de los vehículos evitando eventuales colisiones por entrecruzamiento de aquellos que circulan por la vía principal.

NOVENO: Que de lo expuesto se desprende que la medida de mitigación consistente en la construcción de la medianera que segrega el flujo vehicular en la avenida Pérez Zujovic entre las calles Elqui y Huasco, no es ilegal puesto que, si bien es cierto fue propuesta a través de un EISTU del titular del proyecto Torres Nueva Costanera, no lo es menos que dicho estudio se ajustó a la normativa que regula la materia como ya se expuso precedentemente. Además el EISTU del proyecto Torres Nueva Costanera fue revisado, evaluado, observado y aprobado por las recurridas en uso de las facultades que sus respectivas leyes les otorgan en cuanto reguladoras del urbanismo y construcción, del desarrollo vial urbano y del transporte mismo de vehículos y peatones dentro de una ciudad.

En ese contexto tampoco se puede predicar que el acto de las recurridas sea arbitrario, toda vez que no obedece al mero capricho o arbitrio de éstas, sino que a todas luces aparece, de manera evidente, que su finalidad es resguardar la seguridad vial tanto de vehículos como de peatones, evitando el entrecruzamiento de vehículos que accedan a los recintos residenciales o comerciales colindantes y su reincorporación a la avenida Pérez Zujovic en el tramo de marras, salvaguardando adecuadamente la seguridad vial del área que circunda el lugar de emplazamiento del proyecto.

DÉCIMO: Que las garantías constitucionales alegadas por la recurrente no resultan vulneradas en modo alguno por el acto ejecutado por las recurridas.

En efecto no se vislumbra vulneración al derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que las normas que regulan la materia sub lite, en especial el artículo 40 del DFL 850 MOP, obliga a los propietarios de predios colindantes con caminos nacionales a obtener autorización expresa de la Dirección de Vialidad para poder abrir caminos de acceso a tales caminos públicos, debiendo sujetarse la metodología de Estudio de Impacto en el Sistema de Tránsito Urbano, tal como realizó el proyecto inmobiliario Torres Nueva Costanera en cuanto dueña de predio colindante a camino público para abrir accesos a éste: en ese contexto la recurrente nada menciona en su recurso y la recurrida Dirección de Vialidad aseveró que ésta no contaba con la autorización de rigor, en consecuencia, si la recurrente no ha dado cumplimiento a las normas viales regulatorias para acceso a caminos públicos como acontece que la avenida Pérez Zujovic de esta ciudad, con la que colinda su predio, mal puede reclamar que vulneración de su garantía de igualdad ante la ley, puesto que encontrándose en igual calidad que el proyecto inmobiliario Torres Nueva Costanera por cuanto ambas son dueñas de predios colindantes con un camino público, sin embargo sólo ésta última obtuvo la autorización que la normativa vigente exige para acceder a dicho camino precisamente a través de la construcción de la medianera que la recurrente cuestiona.

En el mismo orden de ideas, tampoco puede reclamar la recurrente vulneración de la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, pues si para desarrollar su actividad económica –arrendamiento a un tercero que comercializa camiones de gran tonelaje- la recurrente requiere de acceso a la avenida Pérez Zujovic, camino público con acceso regulado legalmente en caso de dueños de predios colindantes, debe necesariamente respetar la legislación que regula dicho acceso ya que el mismo derecho que reclama vulnerado limita su ejercicio al cumplimiento de las leyes que lo regulen.

En ese mismo sentido, respecto a la igual repartición de las cargas públicas que denuncia vulnerada, el Tribunal Constitucional sostuvo: “Que las “cargas públicas” han sido entendidas como “todas las prestaciones de carácter personal y todas las obligaciones de carácter patrimonial que no sean jurídicamente tributos, que la ley impone a la generalidad de las personas para el cumplimiento de determinados fines, ética y jurídicamente lícitos, queridos por el legislador”. (Enrique Evans de la Cuadra. Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1999, p. 285). Éstas pueden ser personales o patrimoniales y, en ambos casos, la Constitución asegura la igualdad en su repartición entre todos los llamados a soportarlas sin que se incurra en discriminaciones arbitrarias, por lo que la igualdad ante las cargas públicas que estatuye la Ley Suprema, constituye una aplicación del principio general de isonomía o de igualdad ante la ley;” “Que, por su lado, de acuerdo a la doctrina administrativa, los servicios o cargas personales deben tener como características fundamentales: a) el ser impuestas y reglamentadas por una ley; b) su carácter temporal; c) su igual aplicación a las personas; d) irredimibles por dinero; e) intransferibles y, por último, f) debe tratarse de un servicio cierto y determinado (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, pp. 177 y siguientes)”, lo que lleva a concluir que tampoco existe vulneración o amenaza a la garantía constitucional que establece el N° 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en base a las mismas consideraciones expuestas en el párrafo anterior.

Ahora bien en cuanto al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 numeral 24 de nuestra Constitución Política, tampoco puede concluirse que los actos de las recurrida constituyan una vulneración de dicha garantía, toda vez que en modo alguno la medida de mitigación cuestionada embaraza el ejercicio de las facultades del dominio ya que actualmente usa y goza de los frutos de su predio generados por el arrendamiento que indicó, y puede disponer de éste sin limitación alguna; por lo demás olvida el recurrente el inciso segundo del numeral citado prescribe que la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, la que comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental, por ende, el establecimiento de medidas de mitigación en el sistema de transporte urbano para el caso de acceso de predios colindantes a caminos públicos obedece a una normativa legal que tiene por objetivo fundamental la seguridad vial, la cual queda comprendida dentro de la utilidad pública puesto que beneficia a todos los habitantes de la ciudad.

Menos aún se observa vulneración al derecho que estatuye el artículo 19 de la Carta Fundamental en su N° 26, dado todo lo ya razonado.

UNDÉCIMO: Que por consiguiente, no habiendo incurrido las recurridas en acto ilegal o arbitrario alguno que afecte las garantías constitucionales que reclama la recurrente, no cabe sino concluir que el presente recurso de protección debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en representación de Inmobiliaria e Inversiones Aconcagua SpA.

Se deja constancia que se hizo uso del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol N° 1507-2018 Protección.

Redacción de la Ministro Sra. Jasna Pavlich Núñez.

No firma la Ministro Titular Sra. Myriam Urbina Perán, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares Sr. Dinko Franulic Cetinic, Sra. Myriam Urbina Perán y Sra. Jasna Pavlich Núñez. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.