nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPAL DE MEJILLONES

Antofagasta, a treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Ludwig Bornand Manaka, abogado, en representación de nombre reservado, chilena, asistente de la educación, ambos domiciliados en domicilio reservado; quien interpone acción constitucional de protección en contra de I. Municipalidad de Mejillones, representada legalmente por su alcalde, Sr. Marcelino Carvajal Ferreira, por emitir el Decreto Alcaldicio N° 1.159 de 2026, vulnerando sus derechos contemplados en el artículo 19 Nº3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que la recurrente se desempeñó como asistente de la educación desde el 23 de octubre de 2017, vínculo que fue renovado en marzo de 2019, encontrándose su relación laboral regida por el Código del Trabajo y la Ley N° 21.109, prestando servicios inicialmente en la Escuela Básica F-99 Julia Herrera y posteriormente en el Complejo Educacional Juan José Latorre Benavente de la comuna de Mejillones.

Refiere que, mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 2.811 de 2024, el alcalde dispuso la instrucción de un sumario administrativo, procedimiento que culminó con el Decreto Alcaldicio N° 1.861 de 26 de agosto de 2025, mediante el cual se aplicó a la recurrente la sanción de destitución fundada en el artículo 119 letra d) de la Ley N° 18.883, pese a que dicho estatuto, a juicio del recurrente, no resultaba aplicable a una trabajadora regida por el Código del Trabajo.

Agrega que la Contraloría Regional de Antofagasta, mediante Oficio N° 99.834 de 26 de mayo de 2026, acogió parcialmente las alegaciones formuladas, concluyendo que la sanción de destitución era improcedente tratándose de un trabajador sujeto al Código del Trabajo, precisando que correspondía rectificar el acto administrativo y sustituir la destitución por el término de la relación laboral conforme al artículo 160 del Código del Trabajo, calificando el error como uno de aquellos previstos en el artículo 62 de la Ley N° 19.880.

En cumplimiento de dicha instrucción, la Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio N° 1.159 de 2026, que rectificó la sanción estableciendo únicamente que el vínculo laboral terminaba por la causal prevista en el artículo 160 del Código del Trabajo, sin indicar cuál de las siete causales específicas contempladas en dicha disposición legal era la aplicable, constituyendo este decreto el acto administrativo impugnado mediante la presente acción constitucional.

Haace presente que dicho decreto fue notificado los días 2 y 3 de junio de 2026, por lo que sostiene que el recurso fue deducido dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Sostiene, en primer término, que el procedimiento disciplinario vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución, por cuanto habría sido juzgada por una comisión especial y no por el órgano competente establecido previamente por la ley. Explica que la investigación fue tramitada íntegramente conforme a la Ley N° 18.883, estatuto que regula a los funcionarios municipales, pese a que la recurrente estaba afecta al Código del Trabajo y a la Ley N° 21.109, lo que habría implicado sustanciar un procedimiento disciplinario ajeno a su régimen jurídico. Añade que el decreto que ordenó instruir el sumario contendría las iniciales de la fiscal designada, circunstancia que, en su concepto, demostraría que ésta intervino en la elaboración del acto que la nombró, configurándose una autodesignación incompatible con el principio del juez natural y con las exigencias de imparcialidad del procedimiento disciplinario. Afirma que la aplicación inicial de una sanción de destitución, inexistente para quienes se rigen por el Código del Trabajo, evidencia que la potestad disciplinaria fue ejercida al margen del ordenamiento jurídico aplicable.

Por otro lado, alega la vulneración del derecho a un procedimiento racional y justo, argumentando que el Decreto Alcaldicio N° 1.159 de 2026 carece de la debida fundamentación al invocar únicamente el artículo 160 del Código del Trabajo sin individualizar el numeral específico que justificaría el término de la relación laboral. Señala que tal omisión impide conocer con precisión la conducta que se le atribuye, afecta el principio de tipicidad y la deja en estado de indefensión, especialmente considerando que el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo impide al empleador invocar posteriormente hechos distintos de aquellos contenidos en la comunicación de despido. Agrega que la ambigüedad del decreto mantiene a la recurrente en una situación de incertidumbre jurídica incompatible con las exigencias constitucionales del debido proceso.

Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, afirmando que la actuación municipal afecta el derecho incorporal que posee sobre la estabilidad en el empleo y sobre la permanencia en el cargo mientras no concurra una causal legal de término debidamente establecida. Expone que la falta de determinación de la causal de desvinculación le impide incluso acreditar frente a futuros empleadores el motivo de la terminación de la relación laboral, generándole un perjuicio patrimonial relevante.

Estima que el procedimiento disciplinario se encuentra afectado por vicios de legalidad que no fueron subsanados con la rectificación ordenada por la Contraloría Regional de Antofagasta, toda vez que ésta sólo sustituyó formalmente la sanción de destitución por el término de la relación laboral sin precisar la causal legal aplicable ni corregir los defectos del procedimiento disciplinario.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1.159 de 2026, se ordene retrotraer el sumario administrativo hasta su inicio para que sea sustanciado conforme al régimen jurídico aplicable a los asistentes de la educación regidos por el Código del Trabajo y la Ley N° 21.109, se disponga el pago de las remuneraciones devengadas durante el período en que la recurrente permaneció separada de sus funciones y se condene en costas a la Municipalidad de Mejillones.

SEGUNDO: Que informó Juan Antonio Campos Araya, abogado, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad De Mejillones, quien estima que la acción constitucional pretende reabrir un procedimiento disciplinario concluido durante el año 2025 utilizando como fundamento el Decreto Alcaldicio N.º 1.159 de 2026, el cual no constituye un acto sancionatorio nuevo, sino únicamente un acto rectificatorio dictado en cumplimiento de una instrucción expresa impartida por la Contraloría Regional de Antofagasta mediante Oficio N.º OF99834/2026. Señala que dicho órgano contralor revisó íntegramente el procedimiento disciplinario, confirmó su legalidad y rechazó todas las alegaciones formuladas por la recurrente, limitándose únicamente a ordenar la corrección de la denominación jurídica de la sanción aplicada, por cuanto, al encontrarse la actora regida por el Código del Trabajo, correspondía expresar el término de la relación laboral conforme al artículo 160 de dicho cuerpo legal y no mediante la expresión "destitución", calificando tal defecto como un error rectificable en los términos del artículo 62 de la Ley N.º 19.880, sin afectar la validez del procedimiento ni de los hechos acreditados.

Expone que el procedimiento disciplinario se inició mediante Decreto Alcaldicio Exento N.º 2.811 de 5 de diciembre de 2024, dictado a solicitud del Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, designándose inicialmente como fiscal a nombre reservado. Posteriormente, el procedimiento fue retrotraído mediante Decreto Alcaldicio N.º 1.715 de agosto de 2025, con el objeto de regularizar el nombramiento de una nueva fiscal, dejándose sin efecto las actuaciones posteriores a dicha etapa, circunstancia que fue expresamente validada por la Contraloría Regional.

Indica que, una vez regularizado el procedimiento, se formuló una única acusación vigente, la que fue notificada a la interesada el 12 de agosto de 2025; ésta presentó oportunamente sus descargos el 15 de agosto del mismo año; posteriormente se emitió la vista fiscal el 25 de agosto y, mediante Decreto Alcaldicio N.º 1.861 de 26 de agosto de 2025, se puso término al procedimiento disciplinario.

Agrega que la recurrente interpuso recurso de reposición, rechazado mediante Decreto Alcaldicio N.º 2.131 de 30 de septiembre de 2025, manteniéndose íntegramente la decisión adoptada. Precisa además que la actora dedujo posteriormente reclamación administrativa ante la Contraloría Regional, alegando incompetencia del alcalde, irregularidades en la designación de la fiscal, doble formulación de cargos, aplicación de normativa incorrecta, afectación de garantías constitucionales y desproporción de la medida disciplinaria, reclamación que fue íntegramente rechazada mediante Oficio N.º OF99834/2026, ordenando únicamente la rectificación formal del decreto terminal, instrucción que fue cumplida mediante el Decreto Alcaldicio N.º 1.159 de 29 de mayo de 2026, acto que constituye el único recurrido en esta sede.

Sostiene que todos los cuestionamientos dirigidos contra la instrucción y desarrollo del procedimiento disciplinario resultan manifiestamente extemporáneos, atendido que el recurso de protección fue deducido el 25 de junio de 2026, mientras que los actos cuya legalidad realmente se cuestiona corresponden a actuaciones ejecutadas durante los años 2024 y 2025, conocidas oportunamente por la recurrente. En consecuencia, afirma que el Decreto N.º 1.159 de 2026 no renueva ni hace renacer el plazo para impugnar actos administrativos anteriores, limitándose la revisión constitucional únicamente a determinar si dicha rectificación formal constituye un acto ilegal o arbitrario, lo que, a su juicio, debe descartarse.

Afirma que el procedimiento disciplinario respetó íntegramente las garantías del debido proceso. Explica que, aun cuando la recurrente se encontraba regida por el Código del Trabajo, ello no impedía a la Municipalidad desarrollar una investigación administrativa destinada a establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades disciplinarias, indicando que la propia Contraloría ha sostenido que, antes de aplicar una causal de término del artículo 160 del Código del Trabajo a funcionarios municipales sujetos a dicho estatuto laboral, resulta procedente instruir una investigación que permita al trabajador conocer los cargos, formular descargos y ejercer adecuadamente su defensa.

Destaca que la utilización de las normas procedimentales del Estatuto Administrativo Municipal sólo tuvo un carácter instrumental para ordenar la investigación, otorgando incluso mayores garantías que las mínimas exigidas por el ordenamiento laboral, sin alterar el régimen jurídico aplicable al término del vínculo. Añade que la recurrente declaró durante la investigación, conoció los cargos formulados, presentó descargos, interpuso reposición administrativa y posteriormente dedujo reclamación ante Contraloría, descartándose cualquier situación de indefensión material. Asimismo, señala que el órgano contralor estableció expresamente que no existió doble formulación de cargos, por cuanto la primera acusación quedó sin efecto al retrotraerse el procedimiento, permaneciendo vigente únicamente aquella formulada tras la regularización de la designación de la fiscal.

Respecto del Oficio N.º OF99834/2026, enfatiza que éste rechazó íntegramente la reclamación administrativa formulada por la recurrente, sin ordenar la invalidación, retrotracción ni reinicio del procedimiento disciplinario, limitándose exclusivamente a disponer la rectificación de la denominación jurídica de la sanción impuesta. En cumplimiento de dicha instrucción, sostiene que el Decreto Alcaldicio N.º 1.159 de 2026 únicamente sustituyó la expresión "destitución" por "término de la relación laboral por la causal del artículo 160 del Código del Trabajo", manteniendo inalterables los hechos establecidos, la fundamentación del procedimiento y los efectos jurídicos del Decreto Alcaldicio N.º 1.861 de 2025. Agrega que el acto rectificatorio debe interpretarse juntamente con el decreto original, razón por la cual no existe incertidumbre acerca de los hechos que motivaron el término de la relación laboral, siendo plenamente conocidos por la recurrente durante toda la tramitación administrativa.

En relación con la alegación de haberse constituido una comisión especial, afirma que ésta carece completamente de fundamento, toda vez que la potestad disciplinaria fue ejercida por el alcalde, autoridad legalmente competente conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, mientras que la fiscal investigadora fue designada mediante los correspondientes decretos alcaldicios. Añade que la circunstancia de aparecer determinadas iniciales en la elaboración material del decreto rectificatorio no demuestra autodesignación ni atribución indebida de competencias, destacando además que la propia Contraloría constató que la recurrente nunca dedujo recusación contra la fiscal durante el procedimiento administrativo.

Asimismo, sostiene que tampoco concurren las restantes garantías constitucionales cuya vulneración se denuncia. En cuanto al artículo 19 N.º 3 de la Constitución, afirma que no existió comisión especial ni indefensión, pues la investigación fue desarrollada por la autoridad competente, con pleno conocimiento de los cargos, posibilidad efectiva de defensa y posterior revisión administrativa por la Contraloría Regional.

Respecto del derecho de propiedad del artículo 19 N.º 24, sostiene que resulta incompatible afirmar simultáneamente que la relación laboral se regía por el Código del Trabajo y pretender un supuesto derecho de propiedad estatutario sobre el cargo, precisando que cualquier controversia relativa a la configuración de la causal de despido, procedencia de indemnizaciones o efectos patrimoniales derivados del término del contrato corresponde ser conocida por la judicatura laboral y no mediante la acción cautelar de protección. Añade que el decreto recurrido tampoco puede calificarse de arbitrario, toda vez que fue dictado para dar estricto cumplimiento a una instrucción obligatoria emanada de la Contraloría Regional, encontrándose debidamente fundado y motivado.

A su juicio el recurso de protección resulta improcedente para revisar el mérito de la decisión disciplinaria, la ponderación de la prueba o la procedencia de la causal de término de la relación laboral, materias que requieren un procedimiento declarativo y probatorio propio de la jurisdicción laboral.

Añade que tampoco existe un derecho indubitado que justifique la tutela cautelar solicitada, pues la pretensión de reincorporación y pago de remuneraciones supone previamente declarar inválido el término de la relación laboral, cuestión ajena al ámbito del recurso de protección. Concluye indicando que la acción contiene además diversas inconsistencias formales y sustanciales, como referencias a personas ajenas al proceso, errores en las fechas de los decretos, la incorrecta calidad funcionaria atribuida a la recurrente y una interpretación errónea del Oficio de Contraloría, las que evidenciarían que no se ha demostrado la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al Decreto Alcaldicio N.º 1.159 de 2026.

Concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, declarando que los cuestionamientos dirigidos contra las actuaciones disciplinarias desarrolladas durante los años 2024 y 2025 son extemporáneos y que el Decreto Alcaldicio N.º 1.159 de 2026 constituye un acto administrativo legal, razonado y dictado en cumplimiento de una instrucción expresa de la Contraloría Regional de Antofagasta.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el acto que la recurrente estima ilegal y arbitrario corresponde al Decreto Alcaldicio N° 1.159, de 29 de mayo de 2026, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Mejillones rectificó el Decreto Alcaldicio N° 1.861, de 26 de agosto de 2025, sustituyendo la expresión "destitución" por la de "término de la relación laboral" fundado en el artículo 160 del Código del Trabajo, ello en cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría Regional de Antofagasta mediante Oficio N° OF99834/2026, manteniendo inalterables los restantes fundamentos, hechos establecidos y efectos jurídicos contenidos en el acto administrativo originalmente dictado.

Por lo que corresponde, a esta corte, determinar si el citado Decreto Alcaldicio N° 1.159 constituye por sí mismo un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar, o si, por el contrario, las alegaciones formuladas por la recurrente dicen relación con actuaciones administrativas anteriores que ya produjeron íntegramente sus efectos y cuyo examen excede el ámbito propio del recurso de protección.

SEXTO: Que, antes de examinar el fondo de la controversia, corresponde hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, quien sostiene que, bajo la apariencia de impugnar el Decreto Alcaldicio N° 1.159, de 29 de mayo de 2026, la recurrente pretende en realidad obtener la revisión de la totalidad del procedimiento disciplinario instruido durante los años 2024 y 2025, incluyendo el decreto que ordenó su sustanciación, la designación de los fiscales, las diligencias investigativas, la formulación de cargos y el Decreto Alcaldicio N° 1.861, de 26 de agosto de 2025, que dispuso inicialmente su destitución.

SÉPTIMO: Que, en la especie, consta que el acto formalmente recurrido es el Decreto Alcaldicio N° 1.159, de 29 de mayo de 2026, notificado a la recurrente durante los primeros días de junio de ese año, habiéndose deducido la presente acción el 25 de junio de 2026. En consecuencia, considerada exclusivamente la fecha de emisión y notificación de dicho decreto rectificatorio, el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el citado Auto Acordado.

OCTAVO: Que lo anterior no significa, sin embargo, que la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1.159 de 2026 haya hecho renacer el plazo para reclamar contra todos los actos que integraron el procedimiento disciplinario. En efecto, el Decreto Alcaldicio Exento N° 2.811, mediante el cual se ordenó instruir el sumario, fue dictado el 5 de diciembre de 2024; el Decreto Alcaldicio N° 1.861, que puso término al procedimiento y aplicó la sanción de destitución, es de 26 de agosto de 2025 y fue notificado personalmente a la interesada; y la reposición deducida en su contra fue rechazada mediante Decreto Alcaldicio N° 2.131, de 30 de septiembre de 2025. Tales actuaciones fueron conocidas oportunamente por la recurrente, quien incluso ejerció respecto de ellas los recursos administrativos pertinentes.

NOVENO: Que, de este modo, las alegaciones relativas a la incompetencia del alcalde para instruir el procedimiento, la aplicación indebida de la Ley N° 18.883, la supuesta autodesignación o falta de imparcialidad de la fiscal, la declaración fraccionada de la recurrente, la existencia de dos formulaciones de cargos, la falta de entrega de antecedentes, la afectación de sus hijos menores, la valoración de la prueba y la desproporción de la medida dicen relación con actos y actuaciones ejecutados y conocidos durante los años 2024 y 2025. Por consiguiente, su impugnación directa mediante esta acción constitucional resulta extemporánea, sin que la posterior dictación de un acto meramente rectificatorio permita renovar el plazo fatal para cuestionarlos.

DÉCIMO: Que, como ya se dijo, esta Corte sólo se encuentra habilitada para examinar si el Decreto Alcaldicio N° 1.159, de 29 de mayo de 2026, el que dictado en cumplimiento del Oficio N° OF99834/2026 de la Contraloría Regional de Antofagasta, pronunciamiento que rechazó la reclamación formulada por la recurrente respecto de las irregularidades atribuidas al sumario y ordenó únicamente rectificar el decreto terminal, por haberse aplicado la sanción de destitución a una trabajadora regida por el Código del Trabajo. El órgano contralor concluyó que correspondía expresar el cese del vínculo laboral conforme al artículo 160 de dicho cuerpo normativo, calificando el defecto advertido como un error susceptible de rectificación.

UNDÉCIMO: Que, en cumplimiento de dicha instrucción, el decreto impugnado sustituyó la expresión “medida disciplinaria de destitución” por la de “término de la relación laboral por la causal del artículo 160 del Código del Trabajo”, manteniendo firmes e inalterables los hechos acreditados en el expediente y los restantes efectos del Decreto Alcaldicio N° 1.861 de 2025. Por tanto, no se trata de una nueva sanción ni de una nueva decisión disciplinaria, sino de una corrección de la denominación jurídica utilizada en el acto precedente.

Por tanto, no puede acogerse la alegación de la recurrente en cuanto sostiene que el Decreto N° 1.159 habría debido retrotraer íntegramente el procedimiento, pues la Contraloría Regional no ordenó invalidar el sumario, dejar sin efecto los cargos ni renovar las actuaciones investigativas, sino únicamente rectificar la forma jurídica en que se expresó el término del vínculo laboral. La Municipalidad, al sujetarse a dicha instrucción, no actuó fuera de sus atribuciones ni adoptó una decisión carente de fundamento.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación relativa a que el decreto recurrido sólo menciona genéricamente el artículo 160 del Código del Trabajo, sin indicar uno de sus numerales, debe reconocerse que dicha disposición contiene diversas causales de término del contrato y que la comunicación del despido debe expresar suficientemente los hechos y la causal jurídica invocada. Sin embargo, determinar si la comunicación efectuada satisface las exigencias de los artículos 160 y 162 del Código del Trabajo, o si la omisión del numeral específico torna injustificado, indebido o improcedente el despido, constituye una controversia propia de la judicatura laboral.

DÉCIMO TERCERO: Que el recurso de protección no constituye una instancia declarativa destinada a establecer la causal precisa de un despido, ponderar la gravedad de las conductas atribuidas, revisar la suficiencia de la prueba del procedimiento disciplinario o determinar la procedencia de remuneraciones e indemnizaciones. Tales materias requieren un juicio de lato conocimiento y no recaen sobre un derecho indubitado susceptible de tutela urgente por esta vía.

DÉCIMO CUARTO: Que tampoco se advierte vulneración de la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la alegación de haber sido juzgada por una comisión especial, el procedimiento fue instruido por funcionarios designados mediante decretos alcaldicios y resuelto por el alcalde, autoridad que, tratándose de una trabajadora regida por el Código del Trabajo, fue reconocida por la Contraloría Regional como competente para disponer y finalizar la investigación. Además, la recurrente conoció los cargos, formuló descargos, dedujo reposición y reclamó ante el órgano contralor, de manera que no se aprecia una privación absoluta de su derecho de defensa.

DÉCIMO QUINTO: Que la presencia de determinadas iniciales en el pie del Decreto Alcaldicio N° 2.811 de 2024 no permite, por sí sola, concluir que la fiscal se haya autodesignado, tanto más cuanto dicho acto designó inicialmente como fiscal a otra persona. La posterior designación de una nueva fiscal fue regularizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1.715 de 2025, que retrotrajo el procedimiento a la etapa previa a la formulación de cargos, actuación cuya legalidad fue revisada por la Contraloría Regional.

Respecto de la supuesta doble formulación de cargos, consta que las primeras acusaciones quedaron sin efecto al retrotraerse el procedimiento, subsistiendo únicamente la formulación de cargos notificada el 12 de agosto de 2025, respecto de la cual la interesada presentó descargos el 15 de agosto del mismo año. Por ello, no aparece que hubiese soportado simultáneamente dos acusaciones vigentes por los mismos hechos.

En cuanto a la declaración de la recurrente y la alegada falta de oportunidad para recusar a la fiscal y a la actuaria, el órgano contralor tuvo a la vista el expediente, constató que la declaración se efectuó el 2 de julio de 2025 y fue firmada el 14 del mismo mes, sin que se formulase reclamo oportuno ni recusación. Por consiguiente, además de tratarse de una materia conocida con mucha anterioridad al presente recurso, no aparece acreditada una indefensión material que pueda atribuirse al Decreto Alcaldicio N° 1.159 de 2026.

DÉCIMO SEXTO: Que las alegaciones relativas a la probidad de la fiscal, a la forma en que se ponderó la prueba, a la suficiencia de los testimonios, a la evaluación funcionaria de la recurrente, a la prescripción de determinados hechos y a la proporcionalidad de la medida dicen relación con el mérito del procedimiento disciplinario. Además de ser extemporáneas en esta sede, su resolución exigiría revisar antecedentes probatorios y efectuar declaraciones que exceden la naturaleza sumaria del recurso de protección.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que tampoco se configura una vulneración del derecho de propiedad previsto en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. La recurrente estaba vinculada a la Municipalidad mediante un contrato de trabajo y no ostentaba un derecho de propiedad absoluto sobre su cargo o empleo. Las remuneraciones, indemnizaciones u otras prestaciones que pudieren derivarse de un despido eventualmente injustificado dependerán de lo que resuelva el tribunal laboral competente, no existiendo actualmente un derecho indubitado a la reincorporación o al pago de las sumas reclamadas.

En consecuencia, siendo extemporáneos los cuestionamientos dirigidos contra el procedimiento disciplinario y no revistiendo el Decreto Alcaldicio N° 1.159, considerado en sí mismo, caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, el presente recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por Ludwig Bornand Manaka, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de I. Municipalidad de Mejillones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1506-2026 (Protección)

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