nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Antofagasta, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Juan Carlos Tapia Araya, abogado, en representación convencional de nombre reservado, técnico en secretariado bilingüe, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada legalmente por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Nº2, referencia STB/S/387/EGL, de fecha 26 de mayo de 2026, que rechaza reconocer a la recurrente la calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia del causante nombre reservado, afiliado de la recurrida, lo que vulnera garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, y a petición de esta Corte, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda el recurso en que don nombre reservado, afiliado al sistema de pensiones administrado por AFP Cuprum S.A., falleció el 12 de febrero de 2026, de manera repentina, a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, mientras se encontraba junto a su familia, según consta en el respectivo certificado de defunción y en los antecedentes del trámite de pensión. A la época de su fallecimiento mantenían una convivencia estable que se extendió por más de veinticuatro años, de la cual nacieron dos hijas de filiación no matrimonial: nombre reservado, nacida el 18 de julio de 2014, y nombre reservado, nacida el 12 de diciembre de 2018, ambas estudiantes y menores de edad.

Refiere que es madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante, es soltera y vivía a expensas de aquel a la fecha de su fallecimiento, reuniendo los requisitos que el Decreto Ley Nº3.500 de 1980 exige para acceder a la pensión de sobrevivencia en dicha calidad.

Indica que la propia Administradora quien, en el formulario de Solicitud de Pensión de Sobrevivencia N°882389, de 6 de abril de 2026, la calificó como “M(P)FNM CON HIJOS CON DERECHO” (madre de hijos de filiación no matrimonial con hijos con derecho), dejó constancia de que el afiliado se encontraba “cubierto con 2 hijas menores y MHNM”, y consignó que los antecedentes fueron “verificados en Registro Civil”.

Menciona que la dependencia económica respecto del causante se encuentra acreditada por antecedentes objetivos y concordantes, a saber:

a.- Informe social de fecha 25 de abril de 2026, elaborado por la asistente social Sra. nombre reservado —documento que la propia Administradora requirió y tuvo a la vista— el cual concluyó expresamente que la convivencia de más de veinticuatro años y la dependencia económica se encuentran acreditadas, y que el grupo familiar vivía a expensas del causante, quien era el principal y prácticamente único proveedor del hogar.

b.- Ausencia de ingresos propios, ya que los informes anuales de boletas de honorarios electrónicas emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a los años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, arrojan todos ellos un total de honorarios igual a cero, lo que demuestra que no generaba ingresos propios por esa vía y dependía económicamente del causante.

c.- Figura como carga de salud del causante desde el 1º de enero de 2020, según el respectivo certificado de afiliación, lo que constituye un reconocimiento institucional adicional de la dependencia.

d.- En cuanto a la capacidad económica del causante, registraba cotizaciones continuas como trabajador dependiente de Enel Generación Chile S.A., con una renta mensual promedio muy superior a la del grupo familiar, según el Informe de Rentas y el certificado histórico de cotizaciones, siendo el sostén económico del hogar.

e.- Pago de los gastos del hogar y servicios. El causante contrató y pagó sus planes de telefonía celular tanto de ella como de su hija Valentina (boletas de Entel de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026), así como los gastos de gas, electricidad y telefonía del hogar (comprobante de pago de abril de 2026) y efectuaba transferencias y depósitos a su favor, según dan cuenta las cartolas de su cuenta corriente bancaria.

Refiere que, no obstante todo lo anterior, AFP Cuprum, mediante la Resolución N°2, desestimó la prueba rendida y concluyó que no se acreditó que viviera a expensas del causante, exigiendo —para un beneficio que la ley reconoce— prueba adicional consistente en tres declaraciones juradas notariales de testigos, o bien nuevos documentos. Con ello la Administradora prescindió del propio Informe Social, de su propia calificación como beneficiaria “con derecho”, y de antecedentes objetivos incontrastables, manteniendo a una madre y a dos hijas menores de edad privadas del beneficio previsional del que el causante fue titular.

Precisa que la acción de protección es la vía idónea para impugnar el acto de la recurrida, puesto que el legislador no ha dispuesto un procedimiento jurisdiccional especializado para que el beneficiario impugne la decisión de una Administradora de Fondos de Pensiones que le desconoce su calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia, y por el carácter residual que se le reconoce a esta acción, opera como el contencioso-administrativo residual idóneo para controlar la juridicidad del acto de la AFP Cuprum y restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, conforme a la regla del propio artículo 20 de la Constitución.

Luego, se alude al Decreto Ley Nº3.500 de 1980, que reconoce como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, entre otros, a la madre o al padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante, en la medida que sean solteros o viudos y vivan a expensas de este a la fecha de su fallecimiento. La propia Administradora reproduce dicho requisito en su Constancia de Trámite de Sobrevivencia (formulario CD-066), al señalar que “las madres o padres de hijos de filiación no matrimonial del o de la causante deben ser soltera(o)s o viuda(o)s y vivir a expensas del o de la causante, a la fecha de su fallecimiento”.

Afirma que la ilegalidad del acto radica en que la Administradora, lejos de aplicar la normativa previsional, exigió una prueba tasada y adicional —tres declaraciones juradas notariales de testigos— que ni el Decreto Ley N°3.500 ni la normativa de la Superintendencia de Pensiones contemplan como condición de procedencia del beneficio, desconociendo el valor de un Informe Social que ella misma requirió y que concluyó que la dependencia económica estaba acreditada. Al imponer una exigencia probatoria no prevista en la ley y al prescindir de la prueba legalmente idónea ya rendida, la recurrida ha obrado al margen del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Hace presente que la Administradora no ha requerido formalmente las referidas declaraciones de testigos, por lo que no obran en su poder, quedando desde ya en disposición de acompañarlas si se estimare necesario.

De otro lado, afirma que el acto es arbitrario por carecer de fundamento racional y por incurrir en una contradicción manifiesta, ya que la misma Administradora reconoció el derecho de las dos hijas menores de edad —a quienes calificó como beneficiarias y respecto de quienes declaró al afiliado “cubierto”—, y calificó expresamente a la recurrente como madre de hijos de filiación no matrimonial “con derecho”, con antecedentes verificados en el Registro Civil. No resulta racional que, reconociéndose que las hijas vivían a expensas del causante y que la madre integra el mismo grupo familiar y hogar común, se concluya simultáneamente que esa misma madre no vivía a expensas del causante. Esa contradicción, unida a la omisión de toda ponderación del Informe Social y de los antecedentes objetivos acompañados (ausencia de ingresos propios, calidad de carga en salud, pago de los gastos del hogar), revela un actuar caprichoso y desprovisto de razonabilidad, que torna arbitrario el acto recurrido.

Finalmente, en cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, menciona el derecho de propiedad toda vez que reunidos los requisitos legales, el derecho a la pensión de sobrevivencia ingresa a su patrimonio como un derecho de contenido patrimonial amparado por dicha garantía, y el rechazo ilegal y arbitrario de la Administradora la priva de ese derecho y de las prestaciones pecuniarias que de él derivan. Asimismo, alude al derecho de igualdad ante la ley, ya que la recurrida frente a un mismo grupo familiar y a un mismo sustrato fáctico, reconoció el derecho de las hijas y lo negó a la madre, estableciendo una diferencia que carece de fundamento razonable, distinción que termina por desproteger a la familia de filiación no matrimonial pese a cumplirse con los requisitos legales.

Solicita se declare que el acto recurrido —la Resolución N°2, referencia STB/S/387/EGL, de 26 de mayo de 2026—, es ilegal y arbitrario y se disponga dejar sin efecto dicha resolución, ordenar a la recurrida que reconozca a la recurrente la calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia del causante nombre reservado, de curso al trámite de pensión y proceda al pago de las pensiones devengadas desde el fallecimiento de causante, y cualquier otra providencia que se estime necesaria conforme a derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la Superintendencia de Pensiones indicando que la actora no registra reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción, lo que queda corroborado en que la parte recurrente no hace referencia alguna al acto en contra del cual recurriría respecto de la Superintendencia de Pensiones.

Luego, atendido el tenor de la materia que se recurre, señala que el artículo 9º del D.L. Nº3.500 de 1980, dispone que el padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial del causante tendrá derecho a pensión de sobrevivencia, si a la fecha de fallecimiento de este es soltera o viuda o vivía a sus expensas. Asimismo, se alude al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia, indicando que el requisito señalado como “vivir a expensas” se acreditará mediante presentación de un informe social emitido por un asistente social, el cual deberá extenderse y presentarse a la Administradora, en los términos señalados en número 8 del Anexo Nº1.

Señala que, conforme con dichas normas, se entiende que “vivir a expensas” implica que el principal medio de subsistencia del potencial beneficiario de pensión debe haber sido el aporte que recibía el causante, sin embargo, esto no dice relación con los porcentajes de los respectivos ingresos que cada uno aportaba al hogar común, sino con el análisis de los ingresos personales de quien alega haber vivido a expensas del causante y su suficiencia para cubrir sus necesidades básicas, de modo que, a partir de dicho análisis, se determina la existencia de una situación de dependencia económica. En consecuencia, el vivir a expensas de un tercero implica que el aporte económico de éste debe constituir el principal medio de subsistencia de quien solicita el beneficio previsional, debiendo en consecuencia determinarse, en primer lugar, si quien lo invoca cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, esto es, alimentación, vivienda y salud.

Añade que, por su parte, el Libro III, Título I, Anexos, Anexo Nº2 Documentos de Acreditación, numerando 2 letra b), establece que la documentación necesaria para la acreditación del derecho a los respectivos beneficios será, para la madre o padre de hijo de filiación no matrimonial, el certificado de nacimiento, certificado de nacimiento de los hijos, declaración jurada simple acerca de su estado de soltería o viudez y del hecho de haber vivido a expensas del causante, e informe de perpetua memoria o informe social, en caso de que el afiliado no lo hubiera declarado ante la Administradora como potencial beneficiario de pensión de sobrevivencia.

Expone que, en la misma materia, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones señala en su Libro III, Título I, Anexo Nº2A, respecto del informe social, en su párrafo tercero, dispone que: “El padre o la madre de hijo de filiación no matrimonial o quien actúa como solicitante del Informe Social, deberá aportar los antecedentes para demostrar su condición de vivir a expensas del causante. Los medios de prueba utilizados deben arrojan resultados confiables, dándose preferencia a los medios de prueba documentales”. Asimismo, en el número 7 de dicho título se expresa que “7. Opinión de la Asistente Social que emite el informe. Este rubro tiene como finalidad que la asistente social, teniendo a la vista los antecedentes respectivos, entregue una opinión fundamentada respecto a si la solicitante vivía a expensas del o de la afiliada a la fecha de fallecimiento del causante”. Por su parte, se menciona que “Los medios de prueba que se señalan a continuación son un ejemplo, pudiendo aportarse otros que también acreditan la situación de dependencia económica. Debe considerarse que estos antecedentes deben estar referidos a una determinada instancia de tiempo, cual es la fecha de fallecimiento del o de la afiliado(a)”. En su numerando 5 se indica: “Sólo en aquellos casos en que no se cuente con alguno de los medios de prueba señalados, se podrá acompañar declaraciones juradas de terceros (al menos tres) suscritas ante Notario Público u Oficial de Registro Civil, por las cuales se deje constancia de alguna situación que permita concluir que el aporte efectuado por el o la causante a la fecha del fallecimiento constituía la principal fuente de sustentación del o de la madre y de los hijos en común. Esta declaración deberá ser acompañada de la cédula identidad para que se pueda verificar la autenticidad de la firma”.

Afirma que, de la normativa referida, los convivientes tienen distintas formas de acreditar que vivían a expensas del causante, entre ellas, declaración jurada de terceros, la que procede en los casos que no se cuente con otro medio de prueba al efecto.

TERCERO: Que, asimismo, informó Valentina Lagos Sánchez, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, advierte que la presente acción constitucional resulta improcedente, atendida la naturaleza de la controversia planteada y la existencia de procedimientos especialmente establecidos por el legislador para su conocimiento y resolución, ya que lo que se pretende someter a conocimiento, no es la revisión de un acto manifiestamente ilegal o arbitrario, sino la determinación de una situación jurídica controvertida, consistente en establecer si concurre o no los presupuestos legales que habilitan a la recurrente para acceder a una pensión de sobrevivencia, y en ese contexto, resulta relevante que la propia Superintendencia de Pensiones haya informado que la recurrente no registra reclamo, presentación o requerimiento alguno relacionado con los hechos que motivan la presente acción, lo que demuestra que la actora ha omitido recurrir ante el órgano llamado por ley a conocer precisamente de este tipo de controversias. En efecto, conforme dispone el artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, corresponde a la Superintendencia de Pensiones conocer y resolver las consultas, peticiones y reclamos formulados por afiliados, beneficiarios y herederos en relación con la actuación de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se trata del organismo regulador, fiscalizador y contralor del Sistema de Pensiones, dotado de competencia técnica y legal para revisar las decisiones adoptadas por las AFP y pronunciarse acerca de su conformidad con la normativa previsional vigente.

Agrega que el recurso de protección tiene una naturaleza cautelar y extraordinaria, razón por la cual no constituye una instancia de declaración de derechos ni un mecanismo destinado a sustituir los procedimientos administrativos establecidos por el ordenamiento jurídico para resolver controversias previsionales, por lo que este asunto debió ser canalizado a través de las instancias administrativas previstas por la ley, sea mediante un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, sin que resulte procedente reemplazar dichos mecanismos por una acción cautelar de protección.

Sin perjuicio de ello, sostiene que la decisión adoptada por la Administradora se ajustó estrictamente a la normativa legal y administrativa vigente que regula el otorgamiento de las pensiones de sobrevivencia, citando el artículo 9º del Decreto Ley Nº3.500 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones en su Libro III, Título I, letra E, agregando que en el Anexo Nº2A del Compendio se dispone expresamente que corresponde al padre o a la madre de los hijos de filiación no matrimonial aportar los antecedentes necesarios para demostrar que vivía a expensas del causante, debiendo privilegiarse aquellos medios de prueba que permitan verificar objetivamente dicha circunstancia, especialmente los de carácter documental, y entre tales antecedentes pueden encontrarse comprobantes de arriendo, cuentas de servicios básicos, gastos médicos, pagos de escolaridad, depósitos bancarios u otros documentos que permitan establecer que el aporte económico efectuado por el causante constituía efectivamente la principal fuente de sustento del solicitante. Sólo de manera excepcional, y en ausencia de antecedentes documentales suficientes, la normativa admite declaraciones juradas de terceros como medio complementario de prueba.

De esta forma, el sistema normativo aplicable revela que la acreditación del requisito de dependencia económica no descansa en meras declaraciones de parte ni en la sola afirmación de una convivencia prolongada, sino en antecedentes objetivos que permitan determinar que, a la fecha del fallecimiento del afiliado, el aporte económico de éste constituía el principal medio de subsistencia de quien pretende acceder al beneficio previsional, por lo que la procedencia de una pensión de sobrevivencia requiere necesariamente una evaluación de los antecedentes de hecho y de prueba acompañados por el solicitante, destinada a verificar el cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos por la ley y dicha labor debe efectuarse conforme a las normas especiales que regulan la materia y a los antecedentes reunidos durante la tramitación de la respectiva solicitud.

En cuanto al caso de autos, refiere que la Gerencia Legal de la Administradora, mediante memorándum de fecha 25 de mayo de 2026, concluyó que los antecedentes acompañados por la solicitante no permitían acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 9° del Decreto Ley N°3.500 para acceder al beneficio reclamado, en particular, la existencia de una dependencia económica efectiva respecto del afiliado fallecido, ya que la recurrente acompañó antecedentes bancarios del afiliado fallecido, de los cuales aparecían algunas transferencias realizadas en su favor durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, dichos antecedentes no permitían establecer que tales aportes constituyeran su principal fuente de sustento ni que existiera, a la fecha del fallecimiento, una situación de dependencia económica en los términos exigidos por la normativa previsional, y la sola existencia de determinadas transferencias de dinero no basta para acreditar que una persona vivía a expensas del causante, pues ello requiere demostrar que tales aportes constituían el elemento principal para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

Por tal motivo, la Administradora requirió antecedentes complementarios que permitieran verificar objetivamente dicha circunstancia, indicando expresamente la posibilidad de acompañar documentación relativa al pago de servicios básicos, gastos comunes, alimentación, colegiaturas u otros desembolsos efectuados por el afiliado durante el período inmediatamente anterior a su fallecimiento, esto es, los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026. En tales condiciones concluyó que no se encontraba acreditado uno de los presupuestos esenciales que la ley exige para el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, razón por la cual la solicitud fue rechazada.

Sostiene que la decisión impugnada no obedece a una actuación caprichosa o discrecional de AFP Cuprum S.A., sino al resultado de la aplicación de las normas legales y reglamentarias que regulan la materia, sobre la base de los antecedentes efectivamente acompañados por la propia solicitante, por lo mismo, no es posible calificar la actuación de esta Administradora como ilegal o arbitraria, pues ella se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador para acceder al beneficio solicitado y a resolver conforme al mérito de los antecedentes disponibles.

Finalmente afirma que no existiendo infracción legal alguna ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, la presente acción carece de fundamento y debe ser íntegramente rechazada.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Cuprum S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo a reconocer su calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia respecto del causante afiliado a dicha AFP, sosteniendo que el informe social y los antecedentes acompañados no acreditarían que la recurrente vivía a expensas del causante.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes allegados, se desprende que el núcleo de la controversia radica en determinar si la recurrente reúne las exigencias legales para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivencia del causante nombre reservado, en particular, el requisito previsto en el artículo 9º del Decreto Ley Nº3.500, esto es, haber vivió a expensas de aquél a la fecha de su fallecimiento.

OCTAVO: Que, a fin de resolver, conviene tener presente que el Decreto Ley Nº3.500, que establece Nuevo Sistema de Pensiones, dispone en su artículo 9º que: “El padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial de la o el causante tendrán derecho a pensión de sobrevivencia si reúnen los siguientes requisitos, a la fecha del fallecimiento: a) Ser solteros o viudos, y b) vivir a expensas del causante”.

Por su parte, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro III, Título I. Pensiones, Letra E. Pensión de Sobrevivencia, Capítulo I. Causada por un afiliado activo, dispone en su numeral 2 que “Se entenderá por "vivir a expensas del causante" el hecho que la ayuda económica proporcionada por éste fuere la principal fuente de sustentación, no obstante no tener derecho para exigirle alimentos para sí y aun cuando no haya existido convivencia entre aquellos, antes o a la fecha de fallecimiento del causante. El requisito señalado como "vivir a expensas", se acreditará mediante presentación de un informe social emitido por un(a) asistente social, el cual deberá extenderse y presentarse en la Administradora, en los términos señalados en número 8 del Anexo N° 1”.

Finalmente, el Anexo 2A Informe social, indica los requisitos que debe cumplir el referido informe social para acreditar el hecho de “vivir a expensas”, entre ellos, los medios de prueba utilizados, los cuales deben adjuntarse al informe social.

NOVENO: Que, de la normativa antes señalada, la determinación de si la actora vivía o no a expensas del causante afiliado a la recurrida, constituye un presupuesto fáctico que requiere de una actividad probatoria y de ponderación de antecedentes, tales como el respectivo informe social, cuentas de consumo, boletas, recibos y eventuales declaraciones de terceros, que permitan establecer si los ingresos del causante constituían su principal medio de subsistencia, todos medios de prueba que deben ser utilizados por la asistente social y deben adjuntarse en el informe social, sin embargo, de la observancia del informe social acompañado, no consta que se haya cumplido con los dispuesto en el Anexo Nº2A ya referido, toda vez que en él no se indica cuáles fueron los documentos que la asistente social tuvo en consideración para desarrollar el informe, ni consta algún tipo de anexo con los antecedentes tenidos a la vista para arribar a las conclusiones allí descritas.

DÉCIMO: Que, en el escenario descrito, el actuar de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., no reviste el carácter de ilegal por cuanto se ha limitado a dar estricto cumplimiento a las exigencias del artículo 9º del Decreto Ley Nº3.500 y la normativa emanada por la Superintendencia de Pensiones, y tampoco resulta ser arbitrario, toda vez que la decisión obedece a la constatación de la insuficiencia probatoria de la documentación acompañada.

UNDÉCIMO: Que, de este modo, la controversia planteada a través de la presente acción constitucional no versa sobre la privación de un derecho indubitado, sino sobre la concurrencia de un hecho que debe ser discutido y declarado a través de los órganos correspondientes y, en este sentido, es preciso reiterar la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, el cual no constituye un juicio declarativo ni una instancia destinada a reemplazar a los procedimientos ni a las autoridades administrativas dotadas de competencia técnica para dirimir controversias sobre el cumplimiento de los requisitos que exige la legislación previsional.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Pensiones, la actora no formuló reclamo ni presentación ante dicha entidad fiscalizadora, y al no haber acudido la recurrente ante el órgano dotado legalmente de competencia técnica y fiscalizadora respecto del actuar de las Administradora de Fondos de Pensiones, se omitió agotar las instancias administrativas e idóneas para revisar la decisión adoptada por AFP Cuprum S.A.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por la actora, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, así como tampoco se vislumbra que se hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas, por lo que necesariamente el presente recurso debe ser rechazado, según como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Juan Carlos Tapia Araya, en representación convencional de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1500-2026 (Protección)

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