nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado y Región de Antofagasta, quien deduce recurso de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento en su remuneración derivado de un crédito social.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en que con fecha 24 de octubre de 2017 suscribió el pagaré N°003CON100268408, en favor de la recurrida, por la suma de $2.895.962.- por concepto de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento. La obligación debía ser solucionada en 24 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $243.994.- (doscientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cuatro) cada una, venciendo la primera de ellas el día 31 de diciembre de 2017. Agrega que se pactó que el simple retardo y/o mora en todo o parte de una o cualquiera de las cuotas permitirá exigir la solución íntegra de la suma debida, considerando la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley 18.010.

Dice que, debido a complejidades de índole financiera, no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas en la reprogramación con Caja Los Andes, constituyéndose en mora a partir de la cuota número 2, con vencimiento el 31 de diciembre de 2017 y todas las siguientes, y la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes interpuso en su contra una demanda ejecutiva, con fecha 26 de Julio de 2018, como consta en la causa ROL C-3602-2018, tramitada ante 4º Juzgado de Letras de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”, para efectos de cobrar el pagaré referido.

Refiere que, en la causa ejecutiva indicada, con fecha 18 de agosto de 2018, es notificado de conformidad al artículo 55 del Código de Procedimiento Civil de la demanda ejecutiva y requerido de pago, y con fecha 27 de mayo de 2025 interpuso incidente de abandono del procedimiento que fue acogido con fecha 17 de Julio de 2025, encontrándose dicha sentencia firme y ejecutoriada para todos los efectos legales.

Hace presente que en la actualidad mantiene un trabajo estable en SANDIVK CHILE S.A RUT: RUT reservado, y trabaja con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo con lo pactado con su empleador, y además teniendo presente que la acción para perseguir la deuda referida ha sido ejercida y el procedimiento se encuentra abandonado.

Menciona que al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de Junio de 2026, se percató que es menor a lo que usualmente recibe, y al analizar el detalle de esta, constató el ítem denominado “Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 3/24 que da cuenta de un descuento por la suma de $628.542.-, lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario a sus remuneraciones mensuales que se puede mantener en el tiempo.

Indica que jamás fue informado previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar los descuentos que finalmente ordenó a su empleador, y por esta razón nunca tuvo elementos ni informaciones de alguna clase o especie que le permitieran prever una afectación en su sueldo. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de Compensación de Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda y dicho procedimiento se encuentra abandonado, y que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado de forma reiterada que las Cajas de Compensación están obligadas al menos a dar información previa de sus determinaciones al afectado.

Sostiene que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, caprichoso y carente de fundamento legal, al reactivar cobros por créditos sociales después de un largo periodo de inactividad, así como también en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador vulnerando el derecho de propiedad del trabajador revistiendo un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro de los créditos sociales (Ley N°18.833) descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar alguna información previa a su persona ni a mi empleador.

En cuanto al derecho, cita lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución, así como los artículos 21 y 22 de la Ley N°18.833, además de jurisprudencia, aseverando que el acto de autotutela efectuado por la recurrida se trata de un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, ya que, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a esos montos ordenados a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha privado y ha perturbado su derecho de propiedad sobre un total de $648.542.- de sus remuneraciones, que podrían repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que la misma recurrida CCAF Los Andes ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido que se encuentra abandonado.

Solicita se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y se restituyan los descuentos efectuados en los meses anteriores así como también los que se puedan efectuar durante la tramitación de la presente acción e incluso aquellos que se puedan efectuar una vez pronunciada la sentencia que acoge el presente recurso, sin posterior recurso, y para el caso de rechazarse el presente recurso de protección por falta de oportunidad, se declare la obligación de cesar los descuentos en la remuneración y restituir los montos descontados y aquellos que lleguen a descontarse de forma posterior a la sentencia, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, informó al tenor de lo solicitado la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

En primer lugar, indica que con fecha 24 de octubre de 2017, otorgó al recurrente la operación de crédito N°003CON100268408, por un capital inicial de $2.895.962.-, a una tasa de interés mensual de 2.05%, pagadero en plazo de 24 meses, con una cuota mensual de $168.651.-, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de diciembre de 2017. A continuación, las mensualidades de diciembre de 2017 a febrero de 2018, de la N°01 a la N°03 (de 24), fueron pagadas entre el 12 de enero de 2018 y el 06 de julio de 2026. Además, el 06 de julio de 2026, se recibió un valor de $60.266, el cual fue imputado como abono a la mensualidad de marzo de 2018, N°04 (de 24). A la fecha, el crédito en cuestión se encuentra en mora por la diferencia de la cuota del mes de marzo de 2018, N°04 (de 24), más las mensualidades que van de abril de 2018 a noviembre de 2019, de la N°05 a la N°24 (de 24).

Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, y por otro lado, se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Sobre este punto, dice que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente y no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible, a lo que agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, por lo que rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante lo informado, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, señala que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y, asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, indicando que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos y dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, de manera que el recurso ha perdido oportunidad.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, el acto arbitrario e ilegal que el recurrente reclama consiste en el descuento realizado en su remuneración en el mes de junio del presente año, por la suma de $628.542.-, manifestando además que respecto de la deuda la recurrida presentó una demanda ejecutiva, proceso en el cual se declaró el abandono del procedimiento.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en autos, no se encuentra controvertido que el recurrente, en el año 2017, obtuvo un crédito de parte de la recurrida, cuyo monto es el señalado en el presente recurso, esto es, por un total de $2.895.962.-, deuda que fue cobrada en la liquidación del mes de junio de 2026 del recurrente, por un total de $628.542.-, respecto de lo cual la recurrida manifestó que el descuento lo realizó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y considerando que no se ha declarado judicialmente la prescripción de la deuda, sin perjuicio de manifestar que procederá a cesar con los descuentos y realizará la devolución del monto descontado.

SÉPTIMO: Que, sobre este último punto, es preciso indicar que la información señalada por la recurrida en cuanto al cese de los descuentos y la futura devolución de los ítems cobrados en tiempo próximo en razón de procesos informáticos internos, no es suficiente per se para restar oportunidad al recurso, desde el momento que, en tanto no se concrete efectivamente el cese de descuentos y la devolución, el acto ilegal y arbitrario extiende sus efectos trastocando la garantía de propiedad del recurrente, obligando a este Tribunal a adoptar medidas de resguardo que restablezcan el imperio del derecho, garantizándole que lo comprometido por la recurrida se lleve a cabo, por lo cual se acogerá el recurso, en los términos que se resolverán.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se otorga a la recurrida el plazo de 30 días hábiles para proceder al cese efectivo de los descuentos y la devolución de los dineros indebidamente retenidos al recurrente a partir de la liquidación de sueldo del mes de junio de 2026.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1496-2026 (Protección)

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