Recurso de protección

Antofagasta, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Sebastián Ignacio Sasmay Martínez, abogado, cédula de identidad N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Comunidad nombre reservado, RUT NUM007, cuya representante legal es la presidenta de su Comité nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, abogado, cédula de identidad N°NUM001, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente agresiones y transgresión de normas de convivencia al interior de la comunidad por parte del hijo del recurrido.

Informó el recurrido instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expone como antecedentes que en DIRECCION001 se encuentra emplazada una comunidad habitacional conformada por dos edificios, que entre ambos dan un total de ciento noventa y seis departamentos, junto a los correspondientes espacios comunes de la misma, a saber, sectores de estacionamiento, piscinas, gimnasios, quinchos, salones de eventos, salas de estudio, entre otros, y dicha comunidad se ha caracterizado siempre por ser un lugar tranquilo donde sus residentes, los(las) hijos(as) de aquellos, sus amigos, e incluso las mascotas, disfrutan de sus instalaciones y realizan su día a día.

En cuanto a los hechos, señala que el recurrido es propietario del departamento N°NUM002, del piso NUM008 de la torre NUM009, quien hasta el año 2023 residía en ese inmueble junto a su hijo mayor de edad nombre reservado, de actuales 28 años de edad, pero posteriormente el recurrido, por razones que desconoce, abandonó el inmueble dejando a su hijo viviendo solo en la propiedad.

Sostiene que desde el año 2024 hasta fechas recientes el residente e hijo del requerido de autos, han transgredido gravemente normas sociales, de convivencia y legales que ponen en riesgo a todas las personas que viven en la comunidad; a tal extremo que de forma sostenida en el tiempo vulneran y seguirán vulnerándose una serie de garantías constitucionales, ya que se han desencadenado una serie de comportamientos erráticos, violentos, agresivos e imprudentes para con los residentes, el personal administrativo y de mantención, como con otras personas. Sobre ello, cuando la administración de la comunidad ha requerido la presencia, intervención y responsabilidad del requerido, normalmente se desentiende del problema, culpa a los vecinos y a la administración, y ostenta de su título de abogado para con la policía uniformada, pero no sopesa el grave peligro en que se encuentran los residentes y el personal, y tampoco evalúa el riesgo al cual su hijo también se expone.

Refiere que ante los peligrosos episodios que provoca el hijo del requerido, la administración de la comunidad tomó contacto con Carabineros de Chile y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes constataron que aquel es una persona que aparentemente padece graves trastornos psicológicos y psiquiátricos, evidentemente no tratados ni controlados (se desconoce si aquellos vienen aparejados de algún tipo de adicción a sustancias psicotrópicas), y que desencadenan comportamientos violentos que ponen en peligro la integridad física y psíquica de los residentes de la comunidad y, todo ello, ante el actuar indiferente y desentendido del requerido, nombre reservado.

Señala diversos hechos en los que tendría participación el hijo del recurrido, entre los cuales expone que el día 06 de noviembre de 2024, el Sr. nombre reservado propinó graves y groseros epítetos en contra de la residente domicilio reservado junto con dar violentos golpes de pie (patadas) a la puerta de ese departamento. Ante ello, la residente junto con dejar una nota en el libro de novedades de la conserjería, llamó a Carabineros de Chile quienes se apersonaron en dependencias de la comunidad.

Los días 03 de enero y 09 de febrero del año en curso, el residente domicilio reservado dejó dos constancias en el libro de novedades de conserjería donde se da cuenta que el residente domicilio reservado (Sr. nombre reservado, hijo del requerido) comenzó a lanzar distintos objetos desde el balcón de ese departamento, incluso objetos de vidrio que pusieron en peligro la integridad física de los residentes, en especial los(as) niños(as) que durante el verano se divierten diariamente en el sector de piscinas de la comunidad. A su turno, la administración de la comunidad se contactó telefónicamente con el requerido quien simplemente señaló “dejen a mí hijo tranquilo”.

El día 09 de enero de 2025 el varias veces mencionado residente del departamento N°NUM002 procedió a manipular y luego destruir las cámaras de seguridad y/o vigilancia del sector centronorte del estacionamiento de vehículos ubicado en el piso -2 de la comunidad. Luego del desmedido acto vandálico, el hijo del requerido simplemente se retiró a su departamento a través de los ascensores.

También un vecino denunció que alguien había vaciado agua en el estanque de su automóvil, en donde de acuerdo al seguimiento de las cámaras, el residente del departamento N°NUM002 se encontraban en esos momentos en el estacionamiento del piso -2 del edificio y, además, nuevamente existió una manipulación indebida de las cámaras de seguridad.

El día 13 de enero de 2025, y de acuerdo al seguimiento de cámaras de la comunidad, el residente domicilio reservado rompió y quebró el vidrio de uno de los ascensores de la torre en donde el reside. Respecto de este incidente, se tomó contacto inmediato con el dueño de la propiedad (el requerido de autos) quien nuevamente se mostró indiferente y ligero frente a la situación.

El 09 de febrero de 2025, y en virtud del documento signado como “Caso N°07”, el residente del departamento N°NUM002 procedió a amenazar con un martillo a dos residentes domicilio reservado; lo cual, derivó en una denuncia ante Carabineros de Chile quienes pudieron controlar la situación y afortunadamente no hubo ningún herido. En esta ocasión, nuevamente se tomó contacto con el requerido, quien en esta ocasión manifestó a los funcionarios policiales “que su hijo tenía graves problemas psiquiátricos y que estaba descompensado”; pero sin perjuicio de ello, el requerido no realizó ningún acto que permitiese remediar la situación o evitar que sucedan nuevamente hechos de esta índole.

Por todo lo anterior, el dueño del departamento tomó contacto vía e-mail con la administración de la comunidad, manifestando preocupación por lo acontecido, no obstante, el día 12 de febrero del año en curso la residente del departamento N°NUM006 da cuenta de nuevos episodios violentos del residente domicilio reservado y amenazas que propinó a los vecinos de ese piso, los cuales, vinieron aparejados con nuevos actos vandálicos en contra de uno de los ascensores de esa torre, consistentes en el rompimiento de los espejos de aquel. En este caso, nuevamente se tomó contacto con la policía uniformada, sin recibir respuesta o solución alguna por parte de los funcionarios.

Agrega que una de las trabajadoras de la comunidad mientras realizaba sus funciones diarias, fue víctima de malos tratos e insultos por parte del residente domicilio reservado (hijo del requerido), existiendo un fundado temor de los(as) trabajadores(as) de la comunidad en ser víctimas de nuevas agresiones verbales y eventualmente físicas por parte del Sr. nombre reservado.

Asimismo, tres residentes del piso donde vive el hijo del requerido dan cuenta a la administración de reiterados hechos de violencia, amenazas y daños por parte del Sr. nombre reservado (hijo del requerido); siendo el más grave el acontecido el día 26 de julio de los corrientes en donde la intervención de la policía uniformada trajo aparejada la atención del SAMU quien suministró calmantes al Sr. nombre reservado, y pese a que los funcionarios policiales se contactaron con el requerido de autos, aquel no se apersonó en la comunidad para cuidar y calmar a su hijo.

Finalmente, el día 04 de agosto de 2025 el hijo del requerido nuevamente ejecutó actos vandálicos a uno de los ascensores de la torre NUM009 de esta comunidad, consistentes en quebrar nuevamente el espejo del ascensor y realizar rayados al interior de éste. En esta ocasión, al día siguiente de los hechos acontecidos, el requerido se acercó a las oficinas de la administración de la comunidad para asumir los gastos del daño provocado por su hijo.

Afirma que todo lo relatado ha sido sostenido en el tiempo y el recurrido no asume su responsabilidad familiar, parental y social frente a estos hechos, y se ha acercado a la administración a pagar las multas que se le cursan, ocasionalmente asume el gasto de los daños estructurales, pero existe indiferencia hacia la comunidad, lo que puede traer aparejada una tragedia y provocan una grave vulneración a garantías constitucionales.

Asevera que los hechos expuestos provocan una evidente amenaza a la integridad física y psíquica de quienes residen en la comunidad habitacional, especialmente adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida. Asimismo, se vulnera la garantía establecida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política, ya que, como todo ciudadano, los residentes de la Comunidad nombre reservado tienen el derecho igualitario ante la ley de residir en un entorno seguro y pasivo; además de vulnerarse la inviolabilidad del hogar.

Finalmente, refiere como último suceso que el sábado 09 de agosto, alrededor del mediodía, el hijo del requerido procedió a amenazar de muerte a la administradora de la comunidad y a otros dos vecinos; causó daños en las puertas de entrada de sus departamentos; ocasionó daños en la red de cañerías de agua y, finalmente fue detenido por Carabineros de Chile, previa denuncia de la comunidad.

Solicita que informe el recurrido al tenor del recurso, se oficie al Servicio de Salud de Antofagasta a fin de disponer una visita domiciliaria para evaluar el estado del hijo del requerido, y se ordene: a) Que, en caso el Servicio de Salud de Antofagasta determine la imposibilidad que el hijo del requerido permanezca libremente y de forma solitaria en la propiedad, se ordene hasta obtener mayores y mejores antecedentes la internación involuntaria de aquel conforme el artículo 10 de la Ley N°20.584; b) Que, se instruya al requerido bajo apercibimiento legal en adoptar las medidas concretas de supervisión, cuidado, tratamiento y contención de su hijo, y; c) Que, se condene al requerido de forma ejemplar al pago de las costas de este procedimiento.

SEGUNDO: Que informó el recurrido solicitando el rechazo del recurso.

Señala que, si bien es cierto, ha atendido reclamos y, en ocasiones, asumido gastos por situaciones conexas; no es menos cierto que las imputaciones que pretenden configurar la arbitrariedad o ilicitud por la sola existencia de incidentes repetidos las controvierte y no constituyen derechos indubitados que ampare la vía cautelar del recurso de protección.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, ya que en el libelo se documentan hechos con fecha anterior a la presentación (episodios informados desde noviembre de 2023 y múltiples incidentes de 2024/2025), por lo que la acción deducida con fecha 09 de agosto de 2025, aparece presentada fuera de plazo respecto de muchos de los hechos alegados.

Seguidamente, sostiene que cuando la controversia versa sobre hechos y medidas en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria, existe una ley especial que regula la materia e incluso la jurisprudencia reconoce mecanismos procesales y tribunales competentes para conocer y resolver dichas controversias (Juzgado de Policía Local, procedimientos administrativos internos, etc., según la normativa aplicable al régimen de copropiedad), y tratándose de materias que admiten un cauce legal específico para su solución y cuya resolución exige valoración probatoria y pronunciamientos de fondo sobre hechos controvertidos, la acción de protección no constituye el instrumento idóneo ni procedente.

Asevera que no existe en el expediente prueba que permita afirmar, en sede cautelar e ipso facto, la existencia de una conducta arbitraria o ilegal atribuible de forma incontestable, por lo que se debe declarar la improcedencia del recurso en razón de la falta del presupuesto esencial exigido por el artículo 20 de la Constitución.

Refiere que parte de las pretensiones invocadas (p. ej., ordenes de internación, medidas de supervisión personal, obligación de adoptar conductas de cuidado respecto del hijo) se dirigen contra el propietario en términos que requieren nexos probatorios directos y personales que no existen en los presentes autos. La imputación genérica a la persona del propietario —cuando los supuestos actos son actividades del residente o decisiones de administración— carece de la necesaria legitimación pasiva para que proceda una orden personal que afecte su esfera jurídica sin mayor sustento.

Asimismo, señala que la solicitud dirigida de internación involuntaria (art. 10 Ley Nº20.584) de su hijo generador de las supuestas conductas denunciadas, o cualquier otra medida sanitaria de carácter invasivo, carece de legitimidad procesal y es jurídicamente improcedente en la vía del recurso de protección. La internación y, en general, las medidas de intervención en materia de salud pública son actos de naturaleza sanitaria-administrativa cuya declaración y ejecución corresponden a las autoridades competentes del sector salud y a los procedimientos que la ley y la técnica sanitaria establecen, con las garantías propias del ámbito sanitario (evaluación clínica, intervención del Servicio de Salud, constancia en ficha clínica y demás trámites previstos).

Agrega que no cabe sustituir por vía cautelar —y menos por medio del recurso de protección— los mecanismos administrativos y sanitarios que la ley prevé para adoptar medidas preventivas o compulsivas en salud pública, toda vez que ello vulneraría la competencia legalmente asignada y las reglas procedimentales y del debido proceso que amparan a los interesados. Asimismo, la Ley N°20.584 —que regula derechos del paciente y el consentimiento informado— no deroga la norma de salud pública que faculta a la autoridad sanitaria para dictar medidas de vacunación u otras acciones colectivas, y reconoce además la existencia de mecanismos formales de recusación o rechazo (formularios y actuaciones administrativas) que permiten a los usuarios ejercer su decisión dentro del marco legal sin necesidad de recurrir a remedios constitucionales extraordinarios.

Concluye que la Excma. Corte Suprema enfatiza que el recurso de protección es un remedio cautelar y sumarísimo destinado para tutelar derechos constitucionales preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, y no puede sustituir el procedimiento especializado que el ordenamiento ha establecido para la resolución de controversias que exigen prueba técnica y debate de fondo, por lo que solicita se declare que la acción de protección no es la vía idónea para obtener las providencias solicitadas por el recurrente (evaluación e internación, imposición de medidas de supervisión y órdenes de conducta respecto de terceros).

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por una acción ilegal y/o arbitraria.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, corresponde a esta Corte determinar la existencia de los actos ilegales y/o arbitrarios que invoca el recurrente, consistentes en la transgresión de las normas sociales de convivencia y sociales al interior de la Comunidad nombre reservado, ejecutadas por el hijo del recurrido, propietario del departamento N°NUM002, piso NUM008, Torre del nombre reservado.

SEXTO: Que, antes de entrar al fondo del asunto, deberá examinarse la extemporaneidad alegada por la recurrida, quien argumenta que los actos esgrimidos como arbitrarios e ilegales por la recurrente datan del año 2023 y mayoritariamente en los años 2024 y 2025.

A este respecto, dicha alegación deberá ser rechazada, desde que, si bien constan diversos hechos que, de acuerdo con el relato del libelo recursivo, se verifican desde el día 06 de noviembre de 2024, no es menos cierto que aquellos han sido sostenidos en el tiempo y con fecha 09 de agosto de 2025 se ejecutaron por parte del hijo del recurrido los últimos hechos que motivaron la interposición del presente recurso, por lo que sólo cabe concluir que la presente acción fue interpuesta dentro de plazo.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, de los antecedentes que obran en autos, si bien consta el respaldo de todos los episodios que en el recurso se relatan, tanto de agresiones a los residentes, al personal del edificio y espacios comunes de la comunidad por parte del hijo del recurrido, se desconoce cuál es el Reglamento de Copropiedad del Edificio que establece las conductas que constituyen infracciones y si se ha procedido de acuerdo al mismo, pues no existe certeza si con motivo de estos hechos se han aplicado medidas que pueda adoptar el Comité del Edificio, en conjunto con la administración, a fin de resolver este conflicto surgido con el hijo del propietario de uno de los departamentos.

Asimismo, atendido lo informado, consta que el último de los hechos expuestos, específicamente el acaecido el día 09 de agosto de 2025, derivó en una denuncia ante Carabineros de Chile, incluso siendo detenido el hijo del recurrido, desconociéndose el estado actual de dicho proceso.

OCTAVO: Que, de conformidad a lo asentado precedentemente, esta Corte estima que la acción constitucional debe ser rechazada, pues los hechos relatados configuran una controversia vecinal, cuya sede de resolución está radicada en los Juzgados de Policía Local, o bien, en la sede penal respectiva con relación a las agresiones y amenazas alegadas por la recurrente, no pudiendo la presente acción transformarse en un medio supletorio de los mecanismos legales ya señalados, máxime si la administradora del edificio ya ha denunciado al hijo del recurrido ante Carabineros.

NOVENO: Que, de otro lado, el remedio que se solicita a través de esta acción constitucional, consistente en que se disponga una visita domiciliaria por parte del Servicio de Salud de Antofagasta a fin de proceder a la internación involuntaria del hijo del recurrido, conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.584, normativa que, en lo relativo a la hospitalización involuntaria se encuentra regulada por Ley N°21.331 del Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental, escapa absolutamente a la naturaleza cautelar que caracteriza la presente acción constitucional, desde que se desconocen los antecedentes de salud y diagnósticos del hijo del recurrido, y dicha medida corresponde a un proceso que se rige por leyes que exigen un criterio médico estricto, el haber agotado medidas alternativas menos restrictivas y el cautelar las garantías del paciente, la que no puede ser adoptada en esta sede, menos aún con la carencia de antecedentes proporcionados en cuanto al real diagnóstico del residente.

DÉCIMO: Que, sobre la base de lo razonado, puede concluirse que no concurren los presupuestos que permitan acoger la presente acción, motivo por el cual el recurso deducido no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por el abogado Sebastián Ignacio Sasmay Martínez, en representación de la Comunidad nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1484-2025 (Protección)