NAVARRETE Y DÍAZ CUMSILLE S.A. CON INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

PAGE 10 Antofagasta, a once de junio de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 57, comparece don nombre reservado, en representación de Navarrete y Díaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A., ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por su Inspectora Provincial, Cecilia nombre reservado Escobar, por el acto que estima ilegal y arbitrario que indica.

A fojas 82, consta el informe evacuado por el abogado Eduardo Machuca Cereceda en representación de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso señala que con fecha 28 de marzo del año en curso, se puso término a los contratos por obra o faena de los trabajadores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por la causal establecida en el artículo 159 Nº 5 del Código del Trabajo. Transcurridos 5 o 6 días, estos trabajadores se presentan en la faena donde prestaban servicios indicando que debían ser reincorporados al gozar de fuero laboral, sin que acompañar documento alguno que acreditara la veracidad de sus dichos.

Agrega que el día 10 de abril, la empresa que representa, fue citada mediante “Acta de fiscalización por separación ilegal de trabajadores con fuero laboral-sindical”, para el día 14 del mismo mes a dependencias de la Inspección Comunal del Trabajo. Realizando previamente consultas respecto de la efectividad de constitución de sindicato en la sucursal que la empresa mantiene en esta ciudad, se le hizo entrega de dos Actas parciales de constitución de Sindicato de Trabajadores de la Empresa Navarrete nombre reservado, Establecimiento Faena Valle del Mar Antofagasta, de fechas 30 y 31 de marzo, que dan cuenta de un total de 26 votos, siendo quienes obtuvieron mayor votación los tres trabajadores despedidas. Ante dicha información y al estimar que no se dio cumplimiento al requisito establecido en el artículo 227 del Código del Trabajo referido al quorum mínimo de trabajadores para constituir el Sindicato, solicitó por escrito el mismo día de la comparecencia ante la Inspección del Trabajo, se determinare por ésta la legalidad de la Constitución del Sindicato en cuestión, para el caso de determinar que se cumplieron los requisitos legales, la empresa se allanaba a reintegrar a los trabajadores. Ante dicha solicitud la fiscalizadora, Sra. nombre reservado, molesta, señaló que la empresa sólo debía decir si integraban o no a los trabajadores y no hacer consultas, por lo que tomó la decisión de multar de forma inmediata por infracción a los artículos 7, 506 y 174 del Código del Trabajo, consistentes en no otorgar el trabajo convenido y poner término a los contratos de los trabajadores con fuero laboral por concurrir a la constitución de un Sindicato.

Indica luego que el 22 de abril, le fue notificada la denuncia por práctica antisindical presentada por los trabajadores despedidos, conjuntamente con la resolución en que se ordena la reincorporación de los mismos. Sin embargo, la notificación se practicó a un chofer de la obra sin conocimientos respecto de las actuaciones judiciales, quien dio aviso al administrador de la obra dos días después, lo que en definitiva causó que al presentarse el Inspector del Trabajo al día siguiente de la notificación a objeto de reincorporar a los trabajadores, el administrador en desconocimiento de la orden judicial, se negó a ello, levantando el fiscalizador las actas respectivas en que se señala que la empresa no se allana a la reincorporación de los trabajadores.

Señala en definitiva que la multa cursada el 14 de abril fue cursada con el mérito de antecedentes parciales otorgados por los trabajadores, sin que se le hubiere permitido hacer sus alegaciones y sin que se determinara previamente la legalidad de la constitución del Sindicato, sin perjuicio de que los trabajadores no le informaron en su oportunidad de la constitución del mismo. Indica además que la exigencia de reincorporar a los trabajadores y ante la negativa cursar multas por un total de 600 UTM, excede de las facultades de la Dirección del Trabajo como ente fiscalizador ya que ello corresponde a facultades privativas de los Tribunales de Justicia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 289 inciso 5º del Código del Trabajo.

Cita las normas legales y constitucionales infringidas con el actuar denunciado, correspondientes a los artículos 6º, 7º y 76 inciso 1º de la Constitución Política de la República; artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575; artículos 1º y 5º del Código Orgánico de Tribunales; artículos 292 inciso 5º y 420 letra b) del Código del Trabajo; y artículos 4º y 10 de la Ley Nº 19.880.

Luego, indica que dicho actuar le ha perturbado en el ejercicio de la garantía fundamental amparada en el artículo 19 Nº 3 en cuanto a ver vulnerado su derecho al debido proceso, al sancionársele en ausencia de un procedimiento administrativo racional y justo, y sin la posibilidad de efectuar sus alegaciones para revertir lo resuelto. También se ve afectada la garantía del Nº 21 del artículo citado, desde que el acto ilegal y arbitrario le ha privado de ejercer la actividad económica cuyo giro es la construcción, realizando obras casi exclusivamente para órganos de la Administración del Estado, por lo que una eventual condena por prácticas antisindicales le impedirá seguir prestando dichos servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 19.880.

Hace presente finalmente que los trabajadores despedidos fueron debidamente reincorporados, de lo que dio cuenta en su oportunidad al Juzgado del Trabajo en que se sustancia la denuncia por práctica antisindical, por lo que solicita en definitiva que, acogiéndose el presente recurso, se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución de multa dictada por la recurrida de fecha 14 de abril de 2014, con expresa condena en costas.

Segundo: Que en su informe, la recurrida solicita el rechazo del recurso, señalando que por denuncia deducida por el Sindicato de Trabajadores de la recurrente, por separación ilegal de dirigentes sindicales, se comisionó a la fiscalizadora de la Inspección, doña nombre reservado, para que realizase el procedimiento de fiscalización respecto a los hechos denunciados, verificándose en consecuencia la calidad de Dirigentes Sindicales de los trabajadores despedidos, así como su participación como socios constituyentes del Sindicato con fecha 30 de marzo del año en curso, verificándose luego el cumplimiento de los requisitos legales para la Constitución del mismo.

Luego, habiéndose acreditado la efectividad del fuero que protegía a los trabajadores y en cumplimiento del procedimiento de rigor, la fiscalizadora se apersonó en las instalaciones de la empresa con fecha 10 de abril a objeto de requerir el reintegro de los trabajadores, a lo cual la empresa no se allana otorgándosele plazo hasta el día 14 del mismo mes para que corrigiera su conducta, cuestión que no ocurrió aplicándosele en consecuencia las multas correspondientes, todo lo cual consta en las respectivas Actas de Fiscalización.

Expresa en consecuencia, que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Inspección, la que se rigió en todo momento a las normas legales y administrativas que le rigen como órgano fiscalizador, citando para tales efectos los artículos 221, 174 y 505 del Código del Trabajo. En efecto, indica, se constató el hecho del despido y el fuero de que gozaban los trabajadores en razón de la constitución de un Sindicato, no existiendo por lo demás antecedentes que den cuenta de un abuso del derecho a fuero por parte de los trabajadores, al existir actuaciones previas al despido que suponen la intención de formar la organización sindical.

Por otra parte, indica, las multas se aplicaron ante la negativa del empleador de reincorporar a los trabajadores aforados a sus labores, una vez informado por la Inspección del Trabajo de la existencia de fuero y la consecuente improcedencia del despido, por lo que la empresa no puede alegar desconocimiento de tal hecho.

Indica además que debe descartarse el hecho de haberse arrogado la Inspección facultades jurisdiccionales, por cuanto la calificación jurídica de los hechos corresponde a una cuestión inherente a la labor de fiscalización, así como a la determinación de si las distintas situaciones se conforman o no a la legislación laboral, lo que ha sido reconocido expresamente tanto por la Excma. Corte Suprema como por esta Corte. En tal sentido, la Inspección a través de su fiscalizador, verificó que los trabajadores gozaban de fuero y que el empleador puso término a la relación laboral sin contar con la autorización judicial respectiva, por lo que al verificarse un incumplimiento a la normativa laboral, y en particular a lo establecido en los artículos 174 y 221 del Código del Trabajo, debió aplicar las infracciones correspondientes, sin que ello importe una actuación como comisión especial, ya que sólo se limitó a contrastar la normativa aplicable con el caso concreto.

Descarta por lo demás la existencia de arbitrariedad en su actuar, por tratarse de un procedimiento reglado en el cual en el ejercicio de sus atribuciones constató una determinada situación de carácter fehaciente y objetiva, referente a la separación ilegal de los trabajadores y la negativa de la empresa a corregir dicha situación. Actuación que por lo demás puede ser revisada por los Tribunales de Justicia de acuerdo a los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, cuestión que la contraria no requirió en la oportunidad legal.

Agrega a ello, en relación a lo alegado por el recurrente en cuanto a que previo a aplicar la multa la Inspección debía manifestar si la organización sindical cumplía con los requisitos legales para existir, que no obstante tal determinación no es una condición previa para realizar un procedimiento de fiscalización, con fecha 24 de abril de este año, se le informó a la recurrente que el plazo para observar “eventualmente” a la organización sindical, es de 90 días corridos contados desde el depósito de sus estatutos (cuestión que ocurrió el 31 de marzo), pero que los actos que se realicen en el tiempo intermedio se presumen válidos, es decir, que aún cuando la constitución de la organización sindical adoleciera de vicios, los trabajadores gozan de fuero mientras la eventual observación no quede ejecutoriada. Con ello, expresa que no se debe esperar el resultado del análisis de la legalidad de la constitución para reincorporar a los trabajadores sujetos a fuero.

Señala luego que respecto de la garantía supuestamente afectada del artículo 19 Nº 3 de la Constitución, la recurrente nada alega, pero indica que cualquier afectación de la misma es una consecuencia prevista por el ordenamiento jurídico ante el incumplimiento de la normativa laboral. Luego, respecto de la garantía del Nº 21, expresa que la eventual condena por prácticas antisindicales corresponde a un juicio distinto y que es tramitado ante el Tribunal respectivo por los trabajadores afectados, pero cuyo resultado no puede alegarse en sede constitucional como una amenaza derivada de la actuación de la Inspección del Trabajo.

Finalmente, señala que los derechos cuya protección reclama la recurrente carecen del carácter de indubitados ya que no se trata de derechos preexistentes, no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos, por lo que solicita sea rechazado el recurso presentado en su contra, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Cuarto: Que la recurrente ha invocado la vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, en cuanto asegura a todas las personas el derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale, vulnerando el derecho al debido proceso, atendido que se le impone el cumplimiento de una medida gravosa sin haber participado de un proceso administrativo racional y justo.

Al efecto, es necesario establecer que el artículo 20 de la Constitución Política, ampara con el presente recurso el inciso quinto del citado artículo 19 N° 3, esto es, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, por lo que la vulneración denunciada no se encuentra protegida por esta acción cautelar.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, el acto que se reclama, generado por la aplicación de tres multas decretadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, con motivo de una fiscalización practicada a la empresa Navarrete y Díaz Cumsille S.A. por poner término al contrato de trabajo de trabajadores con fuero laboral por concurrir a la constitución de una sindicato.

Dicha resolución de multa pronunciada sobre la base de un informe de fiscalización practicada el 14 de abril de 2015, agregado a fojas 122 y siguientes de estos autos, se ha dictado dentro de la esfera de las atribuciones legales que la legislación laboral vigente le entrega a la Inspección Provincial del Trabajo.

Sexto: Que el artículo 505 del Código del Trabajo establece que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponden a la Dirección del Trabajo. Asimismo, estas facultades se han consagrado en el artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo Séptimo: Que conforme a ello, las multas impuestas a la recurrente, N° 1210/2015/31- 1 a 4, por infracción a normas laborales, específicamente el respeto al fuero laboral consagrado en los artículos 221, incisos tercero y cuarto y 224 del Código del Trabajo, no constituyen un acto ilegal y arbitrario, en la medida que ellas han sido impuestas en virtud de facultades que la ley expresamente le otorga a la Dirección del Trabajo, a las Inspecciones del Trabajo y a sus fiscalizadores, todo ello sin perjuicio del derecho del recurrente al reclamo consagrado en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo ante los Jueces de Letras del Trabajo.

Octavo: Que conforme a ello, no habiéndose establecido la existencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnere la garantía consagrada en el artículo 19 N°3, inciso quinto de la Constitución Política, atendido que la Inspección del Trabajo ha actuado dentro de las facultades que la ley le otorga, se procederá al rechazo de la protección solicitada.

Noveno: Que, además, el recurrente estima vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Funda su aserto en la circunstancia de que su empresa trabaja en el giro de la construcción, trabajando con órganos dela Administración del Estado, que no podría ejercer si llegase a ser condenada por prácticas antisindicales, estimando que atendida la infracción le sería aplicable el artículo 4° de la Ley 19.880, que no podrá contratar con la Administración las personas que hayan sido condenadas por practicas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Décimo: Que la eventual afectación de la garantía constitucional prevista en el N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política, derecho a desarrollar cualquier actividad económica, del mérito de los documentos agregados a fojas 107 a 110, la reincorporación de los trabajadores fue ordenada por el Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, Sr. Jordan Campillay Fernández, RIT S-11-2015, RUC 15-4-RUT reservado, en procedimiento de tutela por despido antisindical deducida por nombre reservado y otros en contra de la recurrente Navarrete y Díaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A.

Undécimo: Que la Ley N° 19.880, sobre bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, artículos 4 a 16, desarrolla los principios de la ley, tales como, de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparecencia y publicidad.

De estos principios no se aprecia la sanción alegada por el recurrente, de no poder contratar con la Administración.

Duodécimo: Que a mayor abundamiento, de los antecedentes de autos, se aprecia que la reincorporación de los trabajadores fue ordenada en la causa laboral precedentemente individualizada, por acción deducida por los trabajadores en contra del recurrente de autos, siendo la intervención de la Inspección del Trabajo, en cumplimiento de una orden judicial.

Decimotercero: Que de acuerdo a lo razonado, no existiendo la vulneración alegada por el recurrente, se procederá al rechazo de la misma.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3, inciso quinto, 20 y 21 de la Constitución Política de la República, y 1, 3 y 5 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 57 por nombre reservado, en representación de la empresa Navarrete y Díaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A., con costas Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1480-2015.

Redacción de la Ministra Titular Sra. Cristina Araya Pastene.

No firma el Ministro Sr. Dinko Franulic Cetinic, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de permiso.

Pronunciado por la Segunda Sala constituida por los Ministros Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. Dinko Franulic Cetinic y Sra. Virginia Soublette Miranda. Autoriza el Secretario Subrogante don Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a once de junio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

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