nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Antofagasta, a tres de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

María José Vidal Olmedo, cédula de identidad N°RUT reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, Edificio nombre reservado, de Antofagasta, en representación de doña nombre reservado, químico farmacéutico, cédula de identidad N°RUT reservado del mismo domicilio, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra dela Contraloría General de la República, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, Contralor Regional de Antofagasta, o quien haga sus veces de tal, con domicilio en domicilio reservado.

Informó la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente indica que es de profesión químico farmacéutico y se desempeña como funcionaria pública a contrata para el Servicio Médico Legal, desde el 24 de abril de 2013 hasta la fecha. El año 2015 suscribió con dicha institución pública un contrato de prestación de servicio a honorarios, con una remuneración bruta de $823.560, para cumplir funciones de evaluación del universo de casos ingresados a la institución y determinar aquellos que revistieran especial interés médico legal. Así, al finalizar sus servicios entrega un informe de gestión a su empleador (Servicio Médico Legal) que fue revisado, aprobado y firmado por ella y el Subdirector Administrativo del Servicio Médico Legal en señal de aprobación, emitiéndose comprobante contable N°2889 de 23 de febrero de 2016, entendiéndose, por tanto, que su labor había sido cumplida a cabalidad, sin embargo, posteriormente la Contraloría General de la República realiza una segunda evaluación de su trabajo, determinando que dicha erogación no contaría con atributos de acreditación y legalidad, por lo que debía reintegrarse la suma señalada, procediendo la recurrente a impugnar la fiscalización realizada y en subsidio a solicitar una reconsideración por reintegro, la que fue rechazada por la Contraloría General de la República, por oficio N°1250-2018, que fue notificado con fecha 10 de mayo de 2018 por el Servicio Médico Legal.

Seguidamente se refiere a las funciones de la Contraloría General de la República y del Contralor General, a la luz de la ley 19.980, del artículo 98 de la Constitución Política y los artículos 10 y 67 de la Ley 10.336.

Explica los principios de confianza legítima y su protección, conforme a las disposiciones legales que cita, afirmando que ambos principios permiten saber que está vedado a la Administración Pública actuar en ejercicio de sus potestades de manera absoluta (arbitraria) o en exceso de poder.

Afirma que el actuar de la Contraloría General de la República, implica invalidar un acuerdo celebrado entre un órgano de la administración y un particular, sin un seguimiento y constatación objetiva del cumplimiento del contrato, que permita verificar el actuar de la recurrente, sobrepasando una garantía procesal de fiscalización, y un cotejo objetivo debidamente anunciado y fundado.

Recalca que una vez comenzada la fiscalización, presenta un anexo a su informe, que no es considerado como suficiente por la Contraloría, la que estaría actuando en contra de sus propios actos, ya que, habiéndose aprobado el informe de gestión por parte del Servicio Médico Legal, tan sólo meses después, se considera que el trabajo realizado no pudo ser acreditado, debiendo reintegrarse la remuneración a las arcas fiscales.

En relación con los hechos vulneratorios, señala que ellos conculcan el artículo 19 N°1 inciso 2, N°16 y N°24 de la Constitución.

Puntualiza que el año 2015 con el Servicio Médico Legal suscriben un contrato de prestación de servicios a honorarios para realizar funciones auxiliares a su cargo respectivo, particularmente turnos de análisis de muestras de tanatología, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, es decir, los días sábado, domingo y festivos, estableciéndose en la cláusula cuarta que su labor correspondía a “evaluación del universo de casos ingresados a la Institución, a fin de determinar dentro de los que por su naturaleza y circunstancias revistan mayores niveles de complejidad, y dentro de aquellos y detectar los que presenten un especial interés médico legal, para que sean remitidos a la Subdirección Médica como insumo para el trabajo propio de dicha autoridad técnica. Lo anterior, junto con identificar aquellos que han traspasado los tiempos normales de realización, a fin de abocarse a ellos y evacuarlos, según coordinación con el equipo de trabajo, dando fiel cumplimiento a los estándares de calidad técnico pertinentes”. En la cláusula quinta se especifica que la prestación de servicio “deberá desarrollarse en las dependencias del Servicio Médico Legal, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en los días de la semana que sean determinadas para ese efecto en conjunto con su jefatura directa, y su efectiva realización se respaldará mediante la emisión de un informe de gestión qué de cuenta del cumplimiento de las funciones contratadas”, así, durante la vigencia del contrato que abarca desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, realizó las labores a cabalidad, sin fallas ni reclamo por parte de su jefatura, entregando el informe de gestión a su empleador, el cual fue aprobado y remitido a la Subdirección Médica del Servicio Médico Legal, emitiéndose comprobante de egreso N°2889 de 23 de febrero de 2016, respaldado por boleta de honorario N°37, que sólo se emiten con la aprobación del Subdirector Administrativo, subrogante o delegado, que da el visto técnico al cumplimiento satisfactorio de las funciones encomendadas, por lo que entendía que dichos servicios se habían prestado conforme, sin embargo, la Contraloría General de la República en virtud de una denuncia por eventuales irregularidades en la contratación y pago de prestaciones, procede a realizar una segunda evaluación de su trabajo, en base a información proporcionada por profesionales relacionados con el Servicio Médico Legal y la misma institución, determinando que no se encontraría acreditado el pago de honorarios, por lo que, la erogación no contaría con los atributos de legalidad y acreditación, requiriendo la devolución de $823.560, razón por la cual ella impugna la investigación, solicitando en subsidio reconsideración, explicando su fiel cumplimiento a las obligaciones impuestas en el contrato, para que el Contralor haga uso del artículo 67 de la Ley N°10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, liberando a su mandante en la restitución de los valores que percibió, de buena fe, recibiendo el día 19 de abril de 2018, respuesta de la Contraloría General de la República, en la cual ratifica lo establecido en el informe N°480, sin embargo reconoce el trabajo realizado estableciendo “seguidamente el SML, a través del oficio N°26 de 2016, expuso que el individualizado informe consigna la realización de las tareas extraordinarias, sin embargo, no se habría acreditado en dicha oportunidad el detalle estadístico de la clasificación que indicaba el convenio, el cual habría sido solicitado a la servidora y adjuntado a la respuesta del Pre-informe de Observaciones”, es decir, reconociendo su trabajo así como la realización de su informe y anexo.

Hace presente que como cualquier trabajador debe responderse al principio retributivo por la labor cumplida, además, su trabajo se realizó conforme a su empleador y es su única fuente de ingreso, por lo que, lo ordenado por Contraloría General de la República de requerir la devolución íntegra de los dineros pactados, implica un perjuicio grave, siendo los actos arbitrarios, al carecer de fundamento legal en la decisión adoptada, constituyendo una decisión caprichosa y antojadiza que no tiene sustento ni en la razón ni en la justicia.

Destaca que su prestación es una obligación de medio y no de resultado, bastando con disponer toda la diligencia en su actuar para conseguir el resultado. Al efecto, cita doctrina y un fallo de la Excelentísima Corte Suprema.

Indica que el objeto de su obligación se agotó en la emisión del informe de gestión, que permite justificar la realización del trabajo, bastando con haber realizado una gestión diligente y correcta.

Seguidamente se refiere a la admisibilidad del recurso de protección, señalando que en general se ha estimado que los dictámenes pueden ser impugnados por vía de recurso de protección, conforme a la jurisprudencia que cita.

En torno a las acciones u omisiones arbitrarias e ilegales que afectan garantías fundamentales, indica que lo que se recurre es el Oficio N°1250-2018 emanado de Contraloría General de la República, que desestima la reconsideración interpuesta en contra del informe N°480, y que ordena reintegrar la suma de $823.560 pesos, acto administrativo que le fue notificado el 10 de mayo de 2018, el cual conculca, perturba y amenaza el derecho a la vida, la libertad de trabajo y el derecho a la propiedad.

En relación con el numeral 1 del artículo 19 de la Carta fundamental, señala que el Estado debe abstenerse de ejecutar conductas que atenten contra la vida, la integridad física y la integridad psíquica de las personas, por lo que actuación de la Contraloría General de la República, relativa a la investigación de su trabajo, sumado a la decisión de tener que devolver la remuneración, le ha causado dificultades anímicas y psicológicas.

Respecto al numeral 16 del artículo 19 de la Constitución señala que la expresión “libertad de trabajo” debe entenderse en un sentido amplio, referida a la dignidad y a la actividad del ser humano, pero a su vez, la protección del trabajo tiene como elemento constitutivo de la misma, el derecho a “una justa retribución” y en la especie dicha garantía se ha visto limitada, pues durante un año efectuó una prestación de servicio a honorario para el Servicio Médico Legal, recibiendo una justa remuneración, la cual de conformidad al oficio N°1250/2018 deberá devolver íntegramente, contraviniendo dictámenes de dicho Órgano administrativo, los cuales cita.

Afirma que en ningún caso se ha producido un enriquecimiento ilícito, pues, realizó efectivamente los servicios encomendados, no siendo su responsabilidad que posteriormente el Servicio Médico Legal no haya podido acreditarlo, añadiendo que cooperó en acreditar la realización del trabajo conforme al contrato, no teniendo reparo alguno en incluso formular anexos al informe final, por lo que devolver un pago implicaría un enriquecimiento sin causa a favor del fisco.

En cuanto al artículo 19 número 24 de la Constitución Política, en relación con los artículos 565, 567 y 582 del Código Civil, disposiciones que cita, señala, de acuerdo a una opinión doctrinal, que la protección de esta garantía también se extiende a los derechos adquiridos, los que no pueden ser afectados o suprimidos por una ley posterior, por ello la remuneración percibida, constituye un bien mueble, sobre el cual tiene dominio, pudiendo usar, gozar y disponer arbitrariamente, puesto que, una vez percibido este ingresa a su patrimonio, más aún cuando se adquirió de buena fe, siendo el actuar de la administración contrario a la confianza legítima, implicando la decisión del Contralor atentar contra el derecho de la propiedad, pues, si ya se produjeron los efectos jurídicos del contrato, es decir, se ha efectuado el trabajo pactado, el derecho a recibir el pago por los mismos devienen adquiridos y por tanto están protegido y asegurados por nuestra Constitución.

Termina solicitando dar lugar al recurso en todas sus partes, restableciendo el imperio del Derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto oficio N°1250/2018 emanada de Contraloría General de la República, y en consecuencia, eximir totalmente el reintegro de la remuneración percibida, en virtud de la buena fe aludida en autos, así como la justa causa de error. En subsidio, se libere parcialmente, permitiendo facilidades de pago, todo ello con costas.

SEGUNDO: La recurrida, evacuando el informe respectivo, señaló que se dirigió a la Contraloría Regional de Antofagasta un particular, solicitando una fiscalización en el Servicio Médico Legal de Antofagasta, respecto a la procedencia y legalidad de los contratos a honorarios suscritos entre algunos profesionales médicos con esa institución, para la realización de turnos de tanatología fuera de la jornada ordinaria de trabajo, y particularmente en días sábados, domingos y festivos, entre otras prestaciones de servicios y por ello se inició una investigación y, en ese contexto, mediante Oficio N°3.230, de 2016, fue puesto en conocimiento del Director Regional del SML de Antofagasta el Pre-informe de Observaciones N°480, de 2016, para que formulase los alcances y precisiones que a su juicio procedieran. Añade que la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Médico Legal dio respuesta al Pre-informe de Observaciones mediante el Oficio N° 26, de 2016, y así fue emitido el “Informe Final de Investigación Especial” N°480, de 5 de agosto de 2016, en el cual se observó la falta de antecedentes que acreditaran fehacientemente la ejecución de las labores extraordinarias señaladas en contratos a honorarios de determinados funcionarios de la Dirección Regional del SML; entre ellos, doña nombre reservado, profesional químico farmacéutico.

Refiere que el 17 de octubre de 2017, la recurrente presentó solicitud de reconsideración respecto a dicho informe, signada con la referencia N° 29.081, de 2016, sin que ésta aportara nuevos antecedentes para desvirtuar lo ya consignado en el informe de investigación especial de que se trata, por lo que no resultó posible reconsiderar la observación allí formulada.

Añade que por ello, por Oficio N°1.250, de 18 de abril de 2018, fue desestimada la solicitud de la recurrente y se mantuvo la orden de restitución de las sumas pagadas, instruyéndose al servicio la adopción de las medidas pertinentes en vistas a obtener el reintegro de los honorarios, por las vías procedentes.

Seguidamente alega la extemporaneidad del recurso de protección, pues, al dirigirse la presente acción cautelar contra el Oficio N°1.250, de 2018, de la Contraloría Regional, que resolvió denegar la petición de reconsideración impetrada por la recurrente, éste se notificó a la interesada con fecha 19 de abril de 2018, por correo electrónico, en tanto el Servicio Médico Legal recibió el mencionado documento en soporte papel, el día 23 de igual mes y año, la propia recurrente indica “Recibiendo el día 19 de abril de 2018, respuesta por parte de la Contraloría General de la República, en la cual ratifica lo establecido en el informe N° 480”, de manera tal que habiéndose interpuesto el recurso con fecha 8 de junio de 2018, es decir, 49 días corridos después, es forzoso concluir que la acción fue presentada fuera del plazo previsto para ello, habiendo transcurrido a la fecha de su interposición, con creces, el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que la recurrente tuvo conocimiento del hecho en que se funda, que ella misma reconoce.

La recurrida, asimismo, alega falta de legitimación pasiva, ya que el recurso de autos ha sido interpuesto formalmente contra el Oficio N°1.250, de 2018, de este origen, pero la decisión que, a juicio de la actora, podría afectarle es la orden de reintegro o descuento en las remuneraciones que la Dirección Regional del Servicio Médico Legal eventualmente dispondrá en cumplimiento de lo observado por esta Entidad Fiscalizadora, por lo que la presente acción, de estimarse procedente, debiese haberse dirigido contra el aludido servicio y en ningún caso contra la entidad fiscalizadora.

Sostiene por otra parte, que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, porque se pretende controvertir el procedimiento de fiscalización llevado a cabo por el Órgano Contralor en el SML y el pronunciamiento que desestimó su reconsideración, y así, la reclamación de la recurrente no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que se declare que el cuestionado Informe de Investigación Especial N°480, de 2016, de la Contraloría Regional de Antofagasta, ha excedido las facultades que le son propias, ya que, cuestiona la erogación de los honorarios pagados a su favor, por no haber cumplido la prestación correlativa, ordenando el respectivo reintegro.

Añade que, en este caso, el recurso de protección no resulta ser una vía idónea para conocer asuntos como el que expone la recurrente, pues, se trata de una cuestión ajena a esta acción cautelar.

Luego sostiene la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, afirmando que lo actuado por la Contraloría Regional no puede estimarse ilegal, ya que, por una parte, la atribución de este Ente Contralor para fiscalizar la erogación de las labores que debió ejecutar, su legalidad y acreditación, para analizar la justificación y la armonía de los gastos con sus objetivos, se encuentra contemplada en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, y en los artículos 53 y 55 del decreto ley N°1.263, de 1975; facultades que ha sido debidamente delegadas por el Contralor General en los Contralores Regionales a través de la resolución N°1.002, de 2011, de esta Entidad Fiscalizadora, además, tal atribución ha sido ejercida conforme a un procedimiento en que se contrastaron las cláusulas de la convención suscrita entre las partes y los hechos, en este caso, consistentes en que no se acreditaron las labores ejecutadas por la recurrente, por lo que el proceso fiscalizador ejecutado en el SML se ciñó estrictamente a la normativa vigente.

En cuanto al fondo del asunto planteado, precisa que con ocasión de una denuncia sobre la suscripción irregular de convenios a honorarios entre profesionales médicos y el SML, celebrados para pagar un bono no imponible acordado con la Asociación de Funcionarios de esa repartición pública, durante negociaciones efectuadas en el año 2015, se originó la pertinente fiscalización, cuyos resultados constan en el Informe de Investigación Especial, por ello el Órgano Contralor solicitó al SML los antecedentes correspondientes, advirtiendo que respecto a contrataciones y actos administrativos, el servicio gestiona dichos procesos a nivel central, sin contar la Dirección Regional de Antofagasta con respaldo de tal información. Añade que en tal proceso fiscalizador se constató que el SML celebró un contrato de prestación de servicios a honorarios con la recurrente por la suma de $823.560, que fue pagado mediante el comprobante de egreso N°2.889, de 23 de febrero de 2016, previa presentación de la boleta de honorarios N°37, de 31 de enero del mismo.

Hace presente que las tareas convenidas en la cláusula cuarta consisten en “la evaluación del universo de casos ingresados a la institución, con el fin de determinar dentro de los que por su naturaleza y circunstancias revistan mayores niveles de complejidad, y dentro de aquellos, detectar los que presenten un especial interés médico legal, a fin que sean remitidos a la Subdirección Médica como insumo para el trabajo propio de dicha autoridad técnica. Lo anterior, junto con identificar aquellos que han traspasado los tiempos normales de realización, a fin de abocarse a ellos y evacuarlos, según coordinación con el equipo de trabajo, dando fiel cumplimiento a los estándares de calidad técnico pertinentes”, sin embargo, el informe de trabajo que respaldaría el pago de los honorarios convenidos se basó en las pericias extraordinarias del mes de enero de 2016, las que no se condicen con las tareas acordadas, ello porque dicho documento expresa que la función consistió en “apoyar la gestión técnica en la Unidad de Alcoholemia y prestar apoyo técnico profesional a la Unidad Pericial del Departamento Laboratorio para una atención eficaz y oportuna a los juzgados y fiscalías del país”, y que las actividades efectuadas habrían consistido en la “realización de pericias extraordinarias en el mes de enero de 2016”, de lo que se sigue que las labores específicamente contratadas en el convenio no se habrían realizado.

Asevera que en la fiscalización se determinó que ni siquiera la encargada de laboratorio de la región de Antofagasta, superior jerárquico de la recurrente, conocía la existencia de las labores en cuestión, ni de los pormenores de la prestación y horarios en que esta debía cumplirse, lo que impidió dar por acreditado su desempeño, en tanto el entonces Director Regional del SML declaró haberse enterado de la existencia del contrato a honorarios referido con ocasión de la fiscalización del ente de control, por lo que ignora si se cumplió, además, señaló que no le constaba que se hubiese emitido un informe sobre el cumplimiento de dichas labores, por lo que no aprobó su cumplimiento ni remitió los antecedentes al nivel central para tramitar su pago.

Señala que por lo anterior se estimó, respecto de los honorarios pagados a la interesada, que no se habrían aportado los antecedentes necesarios para acreditar la efectividad de la prestación, debiendo el SML requerir a la profesional el reintegro de los montos enterados, por cuanto dicho desembolso, al no ajustarse a los artículos 55 del decreto ley N°1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y 95 y siguientes de la ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, no contaba con los atributos de legalidad y acreditación exigidos.

Indica que en ningún caso se ha contravenido el principio de confianza legítima, pues no se ha invalidado ningún contrato entre el SML y la actora, sino que únicamente se requirió la devolución, por no existir antecedentes que dieran cuenta efectiva del cabal cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio.

Seguidamente examina los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, en relación con el establecido en el artículo 19 N° 1° de la Constitución Política, dice que no se vislumbra cómo la actividad revisora de la entidad fiscalizadora podría vulnerar la integridad psíquica de la interesada, en el marco de un proceso de verificación que por su naturaleza se encuentra regulado en la legislación, pues, de ser así, aquello implicaría que ningún proceso de control podría ejecutarse.

Respecto al derecho establecido en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, indica que resulta inaplicable al caso, puesto que se intenta respecto al reintegro de honorarios percibidos sin justificación de su erogación, haciendo presente que la relación existente entre la recurrente y el servicio involucrado se rige por la convención celebrada entre ambos, pasando a gozar de las prerrogativas estipuladas en ella, sin perjuicio que en ésta puedan reconocérseles derechos similares a los que las leyes disponen para los servidores del Estado, pero que en ningún caso puede asimilarse a la relación de dependencia y subordinación existente entre un trabajador y un empleador derivada de la celebración de un contrato de trabajo.

En relación con el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, indica que si bien este artículo reconoce a todas las personas "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales", para contar con la protección constitucional es preciso que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, lo que no se aprecia en la especie, pues, debían satisfacerse todas las condiciones que el propio ordenamiento jurídico dispone para su debida percepción, y que, en este caso, se refieren precisamente a la exigencia básica de haber sido justificado en cuanto a su ejecución de conformidad con lo previsto en la norma jurídica respectiva, por lo que el derecho al estipendio no ha podido verse afectado por la actividad de la Contraloría General, ya que la reclamante no ha podido ejercer dominio sobre un beneficio para cuya determinación y otorgamiento no cumplió los requisitos legales para su gozo.

Termina solicitando se desestime, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos.

TERCERO: Que la recurrente acompañó: a) Contrato de prestación de servicios a honorarios, de fecha 28 de diciembre de 2015, b) Informe Final de investigación N°480, c) Solicitud que impugna fiscalización especial y pide reconsideración por reintegro conforme lo dispuesto en el informe N°480 del Servicio Médico Legal de Antofagasta, d) Oficio de Contraloría General de la República N°1250-2018, e) Notificación del Servicio Médico Legal de fecha 10 de mayo de 2018.

A su turno, la recurrida, allegó: a) Informe Final de Investigación Especial N°480, de 2016, b) Referencia N°29.081, de 2016, presentada por doña nombre reservado, solicitando la reconsideración del citado IE N°480, de la Contraloría General, c) Oficio N°1.250, de 2018, que desestima la solicitud de reconsideración incoada por doña nombre reservado, d) Copia de correo electrónico de 19 de abril de 2018, dirigido al correo correo reservado; e) Copia de la Resolución N°1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, que establece Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que en lo que dice relación con la alegación de extemporaneidad del recurso, sustentada en que la recurrente habría tomado conocimiento del mismo el día diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, lo concreto y demostrado en estos autos es que fue notificada formalmente el día diez de mayo por el Servicio Médico Legal y contado desde esta fecha aparece que el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto al efecto.

SEXTO: Que en relación con la falta de legitimación pasiva, ella será desestimada, por cuanto la orden de reintegro de la remuneración de la recurrente, ha emanado de la recurrida, sin que sea óbice el hecho que para cumplirla se requiera de la intervención de la empleadora de la recurrente.

SÉPTIMO: Que el primer supuesto de la acción de protección, se refiere a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, lo que no puede ser predicado de la resolución dictada por el Sr. Contralor General de la República.

En efecto, se trata de una decisión adoptada dentro de la esfera de su competencia, sobre la base de los antecedentes que obran en una investigación administrativa, en que la decisión se adopta previa constatación de la denuncia relativa a la suscripción irregular de convenios a honorarios entre profesionales del Servicio Médico Legal y en el marco de la atribución de fiscalizar la erogación de las labores ejecutadas, verificando su legalidad y acreditación, el Sr. Contralor Regional, conforme a la normativa contemplada en la Ley N°10.336 y en el Decreto Ley N°1.263 de 1975, además, de encontrarse todo ello en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por otro lado, tampoco puede sostenerse que el acto en cuestión sea arbitrario pues, como se dijo la decisión se determinó a la luz de un procedimiento de investigación, denominado “Informe Investigación Especial N° IE 480-2016” de agosto de 2016, que dio cuenta que las labores específicas contratadas en el convenio por la recurrente, no se realizaron.

OCTAVO: Que en lo que dice relación con la petición subsidiaria de la recurrente, en orden a efectuar por parcialidades el reintegro, ello será desestimado, por cuanto, como se señaló precedentemente, no se columbra un obrar arbitrario e ilegal por parte de la Contraloría General de la República, habiendo transcurrido un plazo razonable desde el rechazo de la reconsideración presentada por la recurrente para dar cumplimiento a lo ordenado en el ya mentado Oficio N°1250/2018.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por la abogada María José Vidal Olmedo, en representación de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1476-2018 (PROT)

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