Protección contra Universidad Católica del Norte

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a catorce de mayo de dos mil trece.

VISTOS:

La presentación de doña nombre reservado, licenciada en ciencias jurídicas, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Universidad Católica del Norte, representada por su rector, don nombre reservado, contra el Fondo Solidario de la misma universidad, representado por su administradora general, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de la Tesorería Regional de Antofagasta, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber cometido conjuntamente una acción arbitraria e ilegal consistente en solicitar los primeros y autorizar el segundo la retención de la totalidad de sus impuestos para la declaración de Renta 2.012, sin mediar orden judicial de ninguna especie ni alguna otra solución ajustada a derecho que ordene una retención de dicha naturaleza.

Los informes respectivos se acompañaron a fojas 4 y siguientes y 65 y siguientes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Universidad Católica del Norte, representada por su rector, don nombre reservado, contra el Fondo Solidario de la misma universidad, representado por su administradora general, doña nombre reservado y en contra de la Tesorería Regional de Antofagasta, representada por don nombre reservado, por los siguientes hechos:

Señala que el 4 de noviembre de 2.012 logró obtener una comunicación verbal de la Tesorería Regional de la República que le indicaba que su devolución de impuestos había sido retenida por la Universidad Católica del Norte, fecha en que recién pudo comenzar a indagar respecto a su situación, pues había hecho declaración de impuesto a la renta fuera de plazo, siendo multada, con la dilación que ello implica. Menciona que en reiteradas ocasiones desde finales de octubre consultaba por qué se demoraba su devolución de impuestos. Aclara que no tiene clave para ingresar al sistema virtual y refiere que le dijeron que le habían retenido el total de la devolución que había sido autorizada.

Indica que la Universidad cuenta con un pagaré protestado con fecha 2.007, que nunca fue cobrado por la vía judicial y nunca ha recibido cartas certificadas u otros documentos que impliquen una cobranza del mismo. Sostiene que no discute si existe o no la obligación, pero sí el hecho que existiendo acciones que la Universidad y su Administración de Fondo Solidario pudieron efectuar, optaron por incurrir en una acción absolutamente arbitraria e ilegal, y la Tesorería Regional de la República accedió a la retención, sabiendo que no es procedente, incurriendo a sabiendas en una conducta ilegal, lo que afirma porque existe normativa vigente que indica los casos en que Tesorería puede efectuar retenciones y en cumplimiento estricto de órdenes competentes y existen precedentes en esta misma Corte de Apelaciones que, en casos análogos han dispuesto la devolución de los dineros retenidos, por medio de recursos de protección, existiendo también pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido. Agrega que la arbitrariedad se da al proceder con la sola resolución y orden de la entidad administrativa, sin mediar emplazamiento de ninguna especie, violando el sentido más puro de un procedimiento racional y justo garantizado por la Carta Fundamental.

Estima que los hechos descritos constituyen una violación a la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República referida al derecho de propiedad, pues el dinero retenido ingresó a su patrimonio, pues el Servicio de Impuestos Internos había autorizado la devolución y luego el ente retenedor –Universidad Católica del Norte y su Fondo Solidario-, unilateralmente ordenaron a la Tesorería la retención y depósito a ellos, obedeciendo sin respaldo jurídico. Asimismo considera infringida la garantía del artículo 19 N° 3 del texto legal aludido, porque no se respetó el debido procedimiento racional y justo, pues nunca fue emplazada de cobro, ni se han incoado acciones judiciales que le permitan hacer uso de sus defensas o pagar lo que en derecho corresponda.

Solicita se acoja su recurso, disponiendo que se devuelva el dinero que se retuvo en forma arbitraria, debidamente reajustado, sin perjuicio de las demás providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y darle la debida protección, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, Director Regional Tesorero de la II Región de Antofagasta, quien informa el recurso solicitando su rechazo, señalando que se ha obviado que en este caso particular el Servicio de Tesorería, en cumplimiento de mandato legal, en su calidad de entidad retenedora y a lo informado por la entidad acreedora ha procedido conforme a derecho, sin que exista en concreto vulneración a los derechos protegidos por la Constitución.

Alega extemporaneidad de la solicitud, ya que desde la ocurrencia del supuesto acto ilegal –retención impugnada- el día 10 de agosto de 2.012 y el recurso se impetró el 23 de noviembre de 2.012 se ha excedido el plazo fatal de 30 días establecido en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Garantías Constitucionales. Al respecto, y en relación a lo indicado por el recurrente, con haber tomado conocimiento de la situación el día 4 de noviembre de 2.012, señala que el legislador establece que el plazo debe contarse “desde que se haya tomado conocimiento, lo que se hará constar en autos”, estableciendo así un requisito adicional, por lo que la recurrente debió dar probanzas suficientes y razonables de que el hecho cierto e impugnado de la retención habría llegado a su conocimiento el día 4 de noviembre de 2.012, lo que no consta en autos, señalando que tomó conocimiento de forma verbal, sin indicar de quien o que tesorería entregó la información.

Agrega que el recurrente no desconoce la existencia de la deuda, señalando que la Universidad cuenta con un pagaré protestado el año 2.007, lo que evidencia su conocimiento respecto de la deuda y por tanto sus efectos jurídicos, no pudiendo menos que conocer y prever una retención para este año tributario.

Señala que la retención practicada por el Servicio respecto de los valores correspondientes a la devolución de renta año 2.012, encuentra su fundamento en la Ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República, específicamente el artículo 1° que faculta al servicio de Tesorería a retener de la devolución anual de impuestos a la renta a los deudores de crédito solidario universitario regulados por la Ley N° 19.287 y modificaciones, según lo informado por la entidad acreedora. Agrega que el artículo 1° de la Ley N° 19.989 se encuentra reglamentado mediante el decreto N° 297 publicado con fecha 19 de noviembre de 2.009 y los artículos 5, 12 y 13 señalan que los administradores deben “notificar a los deudores que serán sujetos de retención de impuestos por deudas vencidas, una vez finalizado este proceso los administradores deben remitir al Ministerio de Educación, la nómina consolidada, quien previa verificación de que se ha practicado notificación y demás requisitos legales, emite un certificado de conformidad, emitiendo éste a las administradoras y Tesorería General de la República, quien debe proceder a la retención”. Por lo que el legislador establece un procedimiento previo de notificación para aquellos deudores que serán objeto de retenciones, proceso que es certificado por el Ministerio respectivo, de lo que fluye que la actora no pudo menos que saber mucho antes de los señalado de la ocurrencia del hecho reclamado, hecho que como consta en los documentos allegados, tuvo ejecución cierta el 10 de agosto de 2.012, por lo que el recurso es extemporáneo.

Para el caso de estimarse que la acción fue impetrada dentro de plazo, aduce que el ingreso de la retención decidida por la Institución Administradora del Fondo Solidaria del Crédito Universitario, en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 19.989 se efectúa a través del sistema de cuenta Única Tributaria, en el cual se encuentran registrados los pagos, movimientos, egresos, descargos, retenciones y todas las demás operaciones relativas a fondos que administra y/o custodia la Tesorería General de la República, correspondiendo este tipo de retención a aquellas que ingresan centralizadamente, a diferencia de otras, como por ejemplo, las ordenadas por los juzgados con competencia laboral, ya que éstas últimas se ejecutan en la Tesorería correspondiente al territorio jurisdiccional del respectivo tribunal. Por ello siendo la retención ingresada al sistema a través de la División de Operaciones de la Tesorería General de la República, cuyo asiento se encuentra en Santiago, la Corte de Apelaciones respectiva de acuerdo al artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en este caso, es la que ejerce jurisdicción sobre dicha ciudad. En apoyo a lo alegado cita fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena.

Asimismo, para el caso que no se acojan las alegaciones anteriores, expresa que no existe arbitrariedad o ilegalidad en su actuar, pues si bien es efectivo que se retuvo de la devolución de impuestos de la recurrente la suma de $1.084.211.-, dicha acción está amparada por el artículo 1° de la Ley N°19.989 al no existir ilegalidad y por tratarse de una potestad reglada, no puede resultar arbitraria, se ha dado aplicación de las normas vigentes, en cumplimiento del principio de juridicidad establecido en los arts. 6, 7 y 38 de la Constitución, sin que corresponda a las Cortes de Apelaciones pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la ley, sino al Tribunal Constitucional.

Refiere que la recurrente señaló vulnerada la garantía del artículo 19 N° 3 referida a un procedimiento racional y justo, la cual no está resguardada por el recurso de protección, por lo que no procede invocarla, además el procedimiento ventilado no es jurisdiccional, por lo que no se vislumbra como pudo conculcar tal garantía.

Agrega que aún cuando la medida de retención pudiese ser gravosa y eventualmente afectar derechos fundamentales, no es menos cierto que dicha afectación ha sido prevista por la ley, la cual puede limitar el ejercicio de los derechos, sin afectar su esencia (artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República), ya que no son intangibles y pueden ser restringidos unos en función de otros o con el objeto de preservar bienes jurídicamente relevantes, ponderación que es privativa del legislador y que sólo puede ser cuestionada en el órgano establecido para revisar la constitucionalidad de la ley.

Por todo lo señalado solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, acompañando los documentos que en él indica.

TERCERO: Que informando el recurso don nombre reservado, Rector de la Universidad Católica del Norte, señala que la ex alumna recurrente estudió en dicha Universidad durante los años 1.995 a 1.998 y 2.000 al 2.001, y para financiar sus estudios obtuvo un préstamo con cargo al Crédito Solidario establecido en la Ley N° 19.287.

Manifiesta que de acuerdo a la ley, la cobranza de dicha deuda se inició el año 2.004 y dado que la recurrente no cumplió con declarar ingresos, en tres años se le hizo exigible el total de de la deuda (cuotas años 2.004, 2.005 y 2.006), siendo sus cuotas morosas publicadas en las bases de datos y el año 2.007 le fue protestado el pagaré correspondiente.

Refiere que de acuerdo a lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, la Administración General del Fondo Solidario ha comunicado anualmente a la Tesorería General de la República para que se retenga la devolución de impuesto que corresponda y el monto por la retención de impuesto que le hicieron el año 2.012 fue abonado a la cuota morosa del año 2.004. Agrega que el proceso de retención de las devoluciones de impuesto a la renta ha sido anunciado conforme lo establece el Reglamento N° 297 que fija el procedimiento para este proceso de parte de Tesorería General de la República.

Aduce que actualmente la recurrente cumple con los requisitos para acogerse a la reprogramación de deudas morosas de la ley N°20.572, lo que le fue comunicado mediante correo electrónico, tanto por parte del Ministerio de Educación como por la Administración General del Fondo Solidario.

CUARTO: Que la recurrida Tesorería Regional de Antofagasta alegó la extemporaneidad del recurso, fundándola en que la retención de impuestos se habría practicado con fecha 10 de agosto del año 2.012 al tiempo que el recurso se habría presentado con fecha 23 de noviembre de ese mismo año, excediendo así el plazo de treinta días corridos establecidos en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Por su parte, la recurrida sostuvo en su escrito que tomó conocimiento del acto impugnado con fecha 4 de noviembre del mencionado año 2.012.

En ese entendido y no existiendo demostración que la recurrente haya tenido noticia o conocimiento cierto del acto que impugna por esta vía deberá rechazarse la alegación de extemporaneidad.

QUINTO: Que la Tesorería Regional de Antofagasta alegó también la incompetencia de esta Corte de Apelaciones sobre la base que el ingreso de la retención al sistema computacional es realizado por la División de Operaciones de la Tesorería General de la República, cuyo asiento se encuentra en la ciudad de Santiago, por lo que a la Corte de dicha ciudad correspondería el conocimiento y fallo de la acción.

Esta alegación debe ser desechada. Resultando competente la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que sean invocadas, en este caso se está frente a un complejo de actos, en el que intervienen las tres recurridas, todas con asiento en esta ciudad y con relación a la existencia de una obligación que también ha sido suscrita y cobrada administrativamente en Antofagasta, por lo que esta Corte corresponde al conocimiento del recurso.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

NOVENO: Que el artículo 1° de la Ley N° 19.989, “Establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la Ley N° 19.848, sobre Reprogramación de Deudas a los Fondos de Crédito Solidario” permitió al Servicio de Tesorerías retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario, regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La misma ley en su artículo 2°, al modificar la Ley N° 19.848, estableció que: “Son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resultaren de la aplicación de las Leyes N° 18.591, N° 19.287 y N° 19.848”.

Luego, como se ve, el Servicio de Tesorería puede y debe retener las devoluciones impositivas señaladas, con relación a todos los deudores de los créditos solidarios, comprendiéndose por tales los regulados en las disposiciones legales señaladas, situación en la que se encuentra la recurrente.

DÉCIMO: Que en ese entendido no cabe en esta sede discutir la existencia de la obligación de la actora por concepto de crédito solidario universitario y tan es así, que ésta, en su recurso, expresamente señaló que ello no era su pretensión, pues indicó que no es la sede judicial ni la instancia para dicha discusión, aludiendo a la existencia de acciones que pudieron haberse efectuado para el cobro de la acreencia, sin especificarla.

De este modo, encontrándose autorizado en la ley la posibilidad de retener de la devolución de impuesto anual a la renta los montos que estén impagos por concepto de crédito solidario universitario, no puede reprocharse que la conducta sea ilegal, ni existe elemento alguno para estimar que la misma pueda ser calificada de arbitraria, en la medida que se ha ejercido una facultad legal, reuniéndose los presupuestos para ello.

UNDÉCIMO: Que por lo mismo, al no corresponder en esta sede debatir respecto de la existencia de la obligación, sólo cabe desestimar las alegaciones vertidas por el señor abogado de la recurrente en estrados, en orden a que la obligación se encontraría prescrita, pues para que ello ocurra se requiere que la prescripción sea judicialmente declarada, lo que no ha ocurrido en la especie, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle a la parte en la sede que corresponda para obtener la extinción de la obligación.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido en lo principal de fojas 14 y siguientes, por doña nombre reservado, en contra de la Universidad Católica del Norte, del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la misma y de Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1475-2012 Redactado por el Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic.

No firma el Abogado Integrante Sr. Dagoberto Zavala Jiménez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa por encontrarse fuera de la ciudad.

Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sr. Dinko Franulic Cetinic y el Abogado Integrante Sr. Dagoberto Zavala Jiménez. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

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