Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y Comisión De Medicina Preventiva E Invalid

Antofagasta, veintisiete de julio del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, enfermera, domiciliada domicilio reservado; quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez, por el acto arbitrario e ilegal consistente en emitir la Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026, de 22 de mayo de 2026, que rechazó el recurso de reposición interpuesto y confirmó el rechazo de las licencias médicas folios N° 3-90708537-6 y N° 3-95271402-3, por incumplimiento del reposo prescrito, al haberse constatado mediante sus registros migratorios que salió del territorio nacional durante la vigencia de aquellas, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Asimismo, informo la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez de Antofagasta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que inició una relación laboral con el Ejército de Chile el 17 de julio de 2019, desempeñándose como enfermera clínica del Servicio de Pediatría del Hospital Militar del Norte, bajo un vínculo de subordinación y dependencia regido por el Código del Trabajo, manteniendo durante su trayectoria evaluaciones satisfactorias y sin registrar sanciones disciplinarias.

Refiere que, en mayo de 2025, la institución dispuso una investigación desformalizada por haber salido del país durante períodos en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas durante el año 2023, procedimiento en el cual colaboró y acompañó certificados de la Policía de Investigaciones, antecedentes clínicos, informes médicos y comprobantes de pago destinados a acreditar que los desplazamientos tuvieron una finalidad exclusivamente terapéutica, relacionada con el tratamiento de una grave lesión en su tobillo izquierdo.

Afirma que la fiscal a cargo de la investigación reconoció que tales antecedentes permitían aminorar su responsabilidad, al constatar que las salidas tenían una justificación real y médica; no obstante, por Resolución Exenta HMN DG (P) N° 4731/50094/3281, de 22 de julio de 2025, se aprobó su desvinculación y el 25 del mismo mes y año se puso término a su contrato de trabajo por la causal prevista en el artículo 160 N° 1, letra a), del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad en el desempeño de sus funciones, pese a encontrarse amparada por fuero maternal. Añade que el 23 de julio de 2025 el Hospital Militar del Norte habría emitido la Resolución Exenta N° 4731/501001, reconociendo que sus desplazamientos obedecieron a fines terapéuticos.

En cuanto a sus antecedentes médicos, relata que el 24 de abril de 2023 sufrió una caída que le provocó una fractura en la muñeca derecha y determinó su inmovilización y tratamiento.

Posteriormente, mientras permanecía en reposo en su domicilio, cayó por una escalera sin poder afirmarse debido a la lesión de su muñeca. Debido a lo anterior, se extiende la primera licencia por el doctor nombre reservado por treinta días, entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre de 2023, a raíz de una fractura del tobillo izquierdo, compromiso osteocondral y dolor persistente; mientras que la segunda fue emitida por el doctor nombre reservado, también por treinta días, entre el 27 de noviembre y el 26 de diciembre de 2023, debido a la persistencia de su sintomatología y al posterior diagnóstico de síndrome de dolor regional complejo. Ambas prescribían reposo total.

Reconoce que el 19 de septiembre y el 18 de diciembre de 2023 viajó por el día a Tacna, Perú, pero sostiene que dichos desplazamientos no tuvieron fines recreativos, sino exclusivamente terapéuticos, pues concurrió a recibir infiltraciones con plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico destinadas a tratar la misma patología que había motivado las licencias. Señala que optó por atenderse en esa ciudad debido al alto costo que dichos procedimientos tenían en Chile, a la proximidad geográfica con Antofagasta y a que debía solventar otros tratamientos médicos, entre ellos los vinculados a una falla ovárica prematura y a su proceso reproductivo.

Indica que acompañó certificados de las prestaciones efectuadas en Tacna, antecedentes clínicos, exámenes, comprobantes migratorios y un informe emitido el 11 de marzo de 2026 por el doctor nombre reservado, en el que se señalaría que ambos desplazamientos tuvieron una finalidad terapéutica, que los procedimientos eran ambulatorios y que contribuyeron favorablemente a su recuperación y posterior reincorporación laboral.

Refiere que las licencias fueron inicialmente autorizadas y pagadas; sin embargo, luego de una fiscalización basada en sus movimientos migratorios, fueron invalidadas por la nombre reservado, generándose una obligación de restituir $4.038.095 por concepto de subsidios. Añade que el 29 de octubre de 2025 dedujo reposición ante dicho organismo, cuya incorporación al sistema habría sido inicialmente rechazada por dificultades administrativas, y que, mientras la impugnación aún se encontraba pendiente, recibió una nota de cobranza. Posteriormente reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que mantuvo el rechazo, y dedujo reposición acompañando el informe médico de 11 de marzo de 2026, recurso que fue desestimado mediante la resolución actualmente impugnada.

Alega que las recurridas efectuaron una aplicación automática del artículo 55, letra a), del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, limitándose a constatar las salidas del país, sin ponderar que la misma disposición exceptúa la asistencia a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional tratante. Sostiene que la regulación no exige que el procedimiento se efectúe en Chile, que exista una autorización expresa para salir del país ni que se demuestre la imposibilidad de acceder al tratamiento en territorio nacional.

Afirma que la resolución carece de motivación suficiente, por cuanto no explica las razones por las cuales desestima los certificados médicos ni pondera la finalidad, duración y contexto de los viajes. Alega, además, una aplicación retroactiva de sus efectos, puesto que las licencias habían sido autorizadas y pagadas; la omisión de las irregularidades ocurridas durante la tramitación administrativa; y la falta de una decisión con perspectiva de género, al no considerarse su condición de mujer, sus tratamientos reproductivos, su posterior maternidad ni la depresión posparto que habría padecido.

Asimismo, sostiene que se vulneró la igualdad ante la ley, pues en otro pronunciamiento administrativo, Dictamen N° 440044-2025, la Superintendencia habría justificado un viaje a Tacna efectuado durante una licencia médica para recibir tratamiento. Afirma que aquel caso es sustancialmente análogo al suyo, por cuanto en ambos existió una salida temporal a Tacna, motivada por la necesidad de acceder a una prestación de salud de menor costo y respaldada por documentación médica, pese a lo cual la autoridad adoptó en su situación una decisión distinta sin expresar razones objetivas que justificaran el cambio de criterio, configurando una diferencia arbitraria prohibida por el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

En relación con la integridad física y psíquica, refiere que el rechazo desconoce que sus actuaciones estuvieron dirigidas a recuperar la salud y que la exigencia de reintegrar los subsidios, unida a la imputación de haber utilizado indebidamente las licencias y a la estigmatización generada por la difusión pública de casos de viajes al extranjero, le ha provocado angustia, estrés e incertidumbre, agravando su depresión posparto y comprometiendo la garantía del artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental. Finalmente, respecto del derecho de propiedad, argumenta que los subsidios por incapacidad laboral se incorporaron a su patrimonio al autorizarse las licencias y verificarse los presupuestos legales para su pago, por lo que su privación retroactiva y la orden de restitución de $4.038.095 afectan un derecho adquirido y vulneran el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026 y el rechazo de las licencias médicas folios N° 3-90708537-6 y N° 3-95271402-3, o se adopten las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías invocadas, con costas.

SEGUNDO: Que, informa Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social, en primer lugar, solicita el rechazo de la acción de protección por haber sido interpuesta extemporáneamente, toda vez que, la recurrente dedujo la presente acción constitucional el 19 de junio de 2026 en contra de la Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026, de 22 de mayo del mismo año, mediante la cual la Unidad Jurídica del Departamento Contencioso de esa Superintendencia rechazó el recurso de reposición interpuesto el 15 de marzo de 2026 en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-32613-2026, de 10 de marzo de 2026, que, a su vez, había desestimado las reclamaciones formuladas por la actora los días 11 y 24 de febrero de aquel año contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta, confirmando el rechazo de las licencias médicas N° 90708537-6, extendida por el período comprendido entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre de 2023, y N° 95271402-3, otorgada desde el 27 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2023, por la causal prevista en el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, consistente en el incumplimiento del reposo prescrito.

Debido a lo anterior, sostiene que la acción fue deducida una vez vencido con creces el plazo fatal de treinta días corridos contemplado en el numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, pues la recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas, a lo menos, el 11 de febrero de 2026, fecha en que reclamó ante la Superintendencia en contra de lo resuelto por la nombre reservado. Señala que dicha presentación fue derivada, sin pronunciamiento sobre el fondo, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-24867-2026, de 24 de febrero de 2026, a la nombre reservado de Antofagasta, para los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, considerándose como gestión útil la presentación efectuada ante el organismo fiscalizador.

Argumenta que el recurso de protección no tiene carácter subsidiario respecto de las demás vías de impugnación y que el plazo para su ejercicio es objetivo, de manera que no puede quedar entregado a la voluntad del afectado ni renovarse mediante la interposición sucesiva de reclamaciones, recursos jerárquicos o reposiciones en sede administrativa. Por ello, estima que la acción promovida el 19 de junio de 2026, después de agotadas las instancias administrativas, resulta manifiestamente extemporánea.

En cuanto al fondo, explica que debe distinguirse entre la actuación de la nombre reservado, organismo que rechazó originalmente las licencias médicas, y aquella desplegada por la Superintendencia, a la que correspondió conocer y resolver las posteriores reclamaciones en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Refiere que ambas licencias prescribían reposo total y que los registros de la Policía de Investigaciones acreditaron que la interesada salió del país durante su vigencia. Explica que, conforme al artículo 55, letra a), del Decreto Supremo N° 3, tales desplazamientos configuran incumplimiento del reposo, salvo que correspondan a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la respectiva licencia y se encuentren debidamente acreditados.

Sostiene que esa excepción no concurre, porque no se acompañó una indicación previa y expresa de los médicos emisores que prescribiera las infiltraciones ni que ordenara efectuarlas en Tacna. En particular, afirma que el informe del doctor nombre reservado, emitido el 11 de marzo de 2026, constituye una certificación retrospectiva que únicamente señala la finalidad terapéutica de los viajes, pero no acredita que estos hubieran sido indicados con anterioridad ni explica por qué los procedimientos no podían realizarse en Chile. Agrega que las razones económicas y geográficas invocadas no constituyen excepciones contempladas en el reglamento.

Añade que tampoco resultaba aplicable la excepción relativa a determinadas patologías psiquiátricas, respecto de las cuales puede ser médicamente conveniente que el paciente salga de su domicilio y realice actividades recreativas, toda vez que las licencias reclamadas habían sido otorgadas por diagnósticos diferentes y contemplaban reposo total domiciliario.

En cuanto a la revisión efectuada tiempo después de concluidos los períodos de reposo, expresa que la jurisprudencia administrativa permite constatar el incumplimiento con posterioridad cuando existen antecedentes escritos que hagan plena fe de la infracción y que, conforme al Ordinario N° O-01-S-02619-2025, de 22 de agosto de 2025, la información proveniente de bases de datos o registros administrativos de una entidad pública, como los movimientos migratorios informados por la Policía de Investigaciones a la Contraloría General de la República, constituye un antecedente suficiente para acreditar el incumplimiento.

Señala que la recurrente interpuso el 15 de marzo de 2026 un recurso de reposición contra la resolución antes indicada, acompañando un informe de 11 de marzo de 2026, emitido por su traumatólogo, doctor nombre reservado, en el cual se confirmaban los diagnósticos de síndrome de dolor regional complejo del tobillo izquierdo, fracturas trabeculares, atrofia leve del tríceps sural y retropié valgo funcional, y se señalaba que los viajes por el día a Tacna, efectuados en septiembre y diciembre de 2023, habrían tenido por objeto someterse a procedimientos de infiltración relacionados con las patologías que motivaron las licencias, eligiéndose dicho lugar principalmente por razones económicas. La Superintendencia rechazó aquella reposición mediante Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026, de 22 de mayo de 2026, al estimar que los nuevos antecedentes no desvirtuaban la infracción ni satisfacían los requisitos de la excepción invocada, puesto que el quebrantamiento del reposo se encontraba objetivamente acreditado mediante los registros migratorios y los procedimientos de infiltración no correspondían, en principio, a tratamientos que no pudieran efectuarse en Chile por falta de recursos técnicos. Añade que la justificación económica del viaje tampoco se encuentra contemplada como excepción y que la Superintendencia carece de facultades discrecionales para eximir a la interesada de la consecuencia obligatoria prevista en el artículo 55 letra a) del citado reglamento. En cuanto al marco normativo, expresa que la licencia médica es un beneficio de carácter esencialmente temporal, regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, y el Decreto Supremo N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud, destinado a justificar la ausencia o reducción de la jornada del trabajador durante el período en que una enfermedad o accidente común le produce incapacidad laboral transitoria, pudiendo originar el pago del subsidio por incapacidad laboral previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o el pago de remuneraciones tratándose de trabajadores sujetos a estatutos especiales.

Indica que, según el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, la licencia requiere, además de la indicación profesional, el reconocimiento del empleador y la autorización de la nombre reservado o de la ISAPRE, según corresponda, y que el artículo 48 del mismo reglamento impone a tales entidades el deber de fiscalizar el ejercicio legítimo de este derecho. Explica que, tratándose de cotizantes de FONASA, corresponde a la nombre reservado autorizar, modificar o rechazar las licencias médicas, pudiendo pedirse reconsideración ante la misma entidad y, posteriormente, reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social. A su turno, esta última intervino en virtud de los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que le confieren la calidad de autoridad técnica fiscalizadora de las instituciones de previsión, la facultan para fijar administrativamente la interpretación de las normas de seguridad social de su competencia y para resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos formulados por los usuarios.

Afirma que la recurrente hizo uso de todas las instancias contempladas por el ordenamiento y que tanto la nombre reservado como la Superintendencia, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, concluyeron que había incumplido el reposo al salir del país durante la vigencia de las licencias.

Por consiguiente, sostiene que las resoluciones impugnadas se encuentran suficientemente fundadas, fueron dictadas por autoridad competente y con apego a la normativa aplicable, sin que exista actuación ilegal o arbitraria.

Respecto de las garantías invocadas, descarta una afectación del derecho a la vida o a la integridad física y psíquica, pues las decisiones administrativas se limitaron a resolver la procedencia de las licencias conforme a los antecedentes disponibles; niega una vulneración de la igualdad ante la ley, al haberse aplicado a la recurrente la misma causal reglamentaria que corresponde a cualquier persona respecto de la cual se compruebe el incumplimiento del reposo; y rechaza la existencia de afectación al derecho de propiedad, por cuanto el solo otorgamiento de una licencia por el profesional tratante no incorpora al patrimonio del trabajador un derecho al subsidio o a la remuneración, siendo indispensable que aquella sea autorizada por el organismo competente y que se cumplan los restantes requisitos de afiliación y cotizaciones. En tal sentido, invoca el artículo 17 del Decreto Supremo N° 3, conforme al cual únicamente una vez autorizada la licencia, o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia laboral y puede dar derecho a percibir el subsidio o remuneración correspondiente. Sostiene, por ello, que la recurrente no es titular de un derecho preexistente e indubitado respecto de las licencias o de las prestaciones económicas asociadas, atendido que estas fueron rechazadas por una causal legal y reglamentaria debidamente acreditada.

Refiere que la controversia incide propiamente en el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas cauteladas por la acción prevista en su artículo 20, y que la pretensión de obtener la autorización de las licencias y el pago del respectivo subsidio excede la naturaleza urgente y cautelar del recurso de protección.

En mérito de todo lo expuesto, solicita que la acción sea rechazada por extemporánea y, subsidiariamente, por no existir ilegalidad o arbitrariedad ni vulneración de garantías constitucionales, en ambos casos con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, informa nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (nombre reservado), señala que la recurrente se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Salud y que la controversia se vincula con el rechazo, en sede administrativa, de dos licencias médicas tramitadas por esa Comisión.

Precisó que se trata de la licencia médica N° 3-90708537, extendida por treinta días, desde el 29 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2023, por el diagnóstico de dolor crónico, y de la licencia médica N° 3-95271402, otorgada también por treinta días, desde el 27 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2023, por el diagnóstico de fractura del maléolo interno, ambas asociadas a patologías de índole traumatológica y actualmente rechazadas.

Expuso que, con la finalidad de resolver las presentaciones formuladas por la interesada, examinó los antecedentes médicos y administrativos presentados, pero estimó que estos no acreditaban la concurrencia de la excepción establecida en el artículo 55, letra a), del Decreto Supremo N° 3. Explica que los documentos daban cuenta de la realización de prestaciones médicas en Tacna, pero no de una prescripción previa emanada del profesional que extendió cada licencia y que justificara los desplazamientos efectuados durante el reposo.

Añadió que el 9 de febrero de 2026 se remitió a la recurrente una notificación de cobranza derivada del rechazo de tales licencias. Posteriormente, el 25 de febrero del mismo año, la Superintendencia de Seguridad Social remitió nuevos antecedentes para que fueran considerados en la revisión, entre los cuales se encontraba un certificado médico psiquiátrico de 30 de septiembre de 2025, en el que se describía un diagnóstico de trastorno depresivo posparto, y un examen radiológico del tobillo izquierdo que daba cuenta de los mismos antecedentes traumatológicos ya examinados. Sostuvo que, pese a ello, la Contraloría Médica mantuvo la decisión de rechazo, por subsistir la causal de incumplimiento del reposo médico.

Afirmó que la Comisión realizó las diligencias contempladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, disposición que faculta a las nombre reservado, a las unidades de licencias médicas y a las instituciones de salud previsional para adoptar las medidas necesarias para resolver acertadamente acerca de la autorización, rechazo, reducción, ampliación o modificación de las licencias médicas, entre ellas, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; disponer visitas al trabajador en el domicilio o lugar de reposo señalado; requerir al empleador informes o antecedentes administrativos, laborales o previsionales; solicitar al profesional que expidió la licencia información clínica complementaria relativa a la salud del trabajador, y disponer cualquier otra medida informativa que permita adoptar una mejor decisión.

En ese contexto, expresó que la Contraloría Médica solicitó antecedentes al profesional tratante para que informara acerca de los elementos clínicos que respaldaran y justificaran la continuidad del reposo más allá de aquel ya autorizado, diligencia que se enmarcaría en las letras d) y e) del referido artículo 21. Manifestó, asimismo, que la recurrente interpuso reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de los rechazos pronunciados por la nombre reservado y que dicho organismo, mediante Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026, de 22 de mayo de 2026, confirmó lo decidido por la Comisión respecto de ambas licencias médicas.

En cuanto a la normativa aplicable, sostuvo que se había dado estricto cumplimiento a los plazos y procedimientos contemplados en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas aprobado por el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Citó su artículo 1°, conforme al cual la licencia médica constituye el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada durante un lapso determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por el empleador, cuando corresponda, y autorizada por la nombre reservado o la institución de salud previsional respectiva, período durante el cual el trabajador puede percibir un subsidio por incapacidad laboral, su remuneración habitual o ambos beneficios en la proporción correspondiente.

A partir de esa disposición, explicó que la licencia médica reconoce un derecho al reposo con una finalidad terapéutica y acredita que el trabajador se encuentra temporalmente incapacitado para desempeñar sus labores, por un período total o parcial determinado. Destacó que la recuperabilidad y posterior reinserción laboral del beneficiario constituyen elementos inherentes a la naturaleza de la licencia médica y que su prórroga continuada puede desvirtuar dicha finalidad. Invocó, además, la Circular N° 3751 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 27 de junio de 2023, que dejó sin efecto la Circular N° 2434, de 4 de febrero de 2008, e impartió instrucciones sobre la procedencia y los requisitos de los recursos de reposición interpuestos por personas naturales y jurídicas ante las nombre reservado, subcomisiones y unidades de licencias médicas, así como respecto de las reclamaciones formuladas ante la Superintendencia. Señaló que, de acuerdo con esa circular, las personas o instituciones afectadas por una resolución de la nombre reservado recaída en una licencia médica, sean trabajadores afiliados a FONASA o a una ISAPRE, pueden recurrir de reposición ante el mismo organismo que dictó la decisión, acompañando los nuevos antecedentes en que sustenten su pretensión, regulándose también los plazos y los medios digitales disponibles para ello.

Finalmente, se refirió al Decreto N° 7 de 2013 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y que facilita la labor técnica de la contraloría médica. En particular, aludió a sus reglas sobre patologías de salud mental, conforme a las cuales los reposos laborales superiores a sesenta días pueden prorrogarse hasta ciento ochenta días, siempre que sean otorgados y respaldados por un médico psiquiatra y cuenten con el correspondiente informe pericial de esa especialidad.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme a lo expuesto por las partes, la controversia consiste en determinar si la Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026, de 22 de mayo de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó el recurso de reposición de la recurrente y confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 3-90708537-6 y N° 3-95271402-3 por incumplimiento del reposo prescrito, constituye un acto ilegal o arbitrario.

SÉPTIMO: Que, en primer término, la Superintendencia de Seguridad Social ha alegado la extemporaneidad de la acción, sosteniendo que la recurrente tomó conocimiento del rechazo de sus licencias médicas, a lo menos, el 6 de octubre de 2025, sin que la interposición de sucesivos recursos administrativos tenga la aptitud de renovar el plazo establecido para recurrir de protección.

Sin embargo, de los antecedentes aparece que la acción se dirige específicamente contra la Resolución Exenta N° R-01-F-70706-2026, de 22 de mayo de 2026, que resolvió el recurso de reposición deducido el 15 de marzo del mismo año y se pronunció acerca del informe médico de 11 de marzo de 2026, emitido por el traumatólogo nombre reservado, antecedente que no había sido considerado al dictarse las decisiones administrativas anteriores. Por consiguiente, no se trata únicamente de una reiteración formal de lo previamente resuelto, sino de un nuevo pronunciamiento que examinó antecedentes sobrevinientes y desarrolló fundamentos propios para desestimarlos, de manera que, interpuesta la acción el 19 de junio de 2026, lo fue dentro del plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, razón por la cual la alegación de extemporaneidad será desestimada.

OCTAVO: Que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, define la licencia médica como el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, en cumplimiento de una indicación profesional certificada y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o por la institución de salud previsional correspondiente, período durante el cual podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral o de la remuneración pertinente. De ello se desprende que el beneficio tiene una finalidad esencialmente terapéutica y se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia y en la normativa que la regula.

A su turno, el artículo 55, letra a), del referido reglamento dispone que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o la institución de salud previsional deben rechazar o invalidar las licencias médicas cuando el trabajador incurra en incumplimiento del reposo indicado, agregando que no se considerará incumplimiento la asistencia a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, circunstancia que deberá ser comprobada. Por su parte, los artículos 21 y 48 del mismo cuerpo normativo facultan a los organismos competentes para recabar antecedentes y fiscalizar el legítimo ejercicio del derecho a licencia médica.

NOVENO: Que no existe controversia acerca de que las licencias médicas N° 3-90708537-6 y N° 3-95271402-3 prescribieron reposo total durante los períodos comprendidos entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre de 2023, y entre el 27 de noviembre y el 26 de diciembre del mismo año, respectivamente, ni tampoco sobre el hecho de que la recurrente salió del territorio nacional los días 19 de septiembre y 18 de diciembre de 2023, desplazándose a la ciudad de Tacna, Perú. Tales movimientos migratorios se encuentran reconocidos por la propia recurrente y acreditados mediante información proveniente de registros de la Policía de Investigaciones, de modo que la discusión se reduce a establecer si concurre la excepción contemplada en el inciso final de la letra a) del artículo 55 del Decreto Supremo N° 3.

DÉCIMO: Que la recurrente ha acompañado antecedentes que dan cuenta de una lesión traumatológica relevante, consistente en fractura del tobillo izquierdo, compromiso osteocondral y posterior diagnóstico de síndrome de dolor regional complejo, así como de la realización en Tacna de procedimientos de infiltración con plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. No obstante, la sola existencia de una patología real y de prestaciones médicas practicadas durante los viajes no basta para configurar la excepción reglamentaria, desde que esta exige que el tratamiento ambulatorio haya sido prescrito por el profesional que extendió la respectiva licencia y que dicha circunstancia sea debidamente comprobada.

UNDÉCIMO: Que, respecto de la primera licencia, extendida por el doctor nombre reservado, no consta una indicación suya que ordenara a la recurrente trasladarse a Tacna para recibir la infiltración efectuada el 19 de septiembre de 2023. En cuanto a la segunda licencia, emitida por el doctor nombre reservado, el informe expedido por este profesional el 11 de marzo de 2026 certifica, retrospectivamente, que los viajes tuvieron por finalidad someterse a procedimientos de infiltración relacionados con la patología, pero no da cuenta de que hubiese impartido, antes del desplazamiento del 18 de diciembre de 2023, una instrucción expresa para salir del territorio nacional ni que hubiera indicado específicamente que el procedimiento debía realizarse en aquella ciudad.

DUODÉCIMO: Que tampoco consta que los profesionales que extendieron las licencias hubieran autorizado la interrupción del reposo total domiciliario o determinado que los desplazamientos internacionales, con los traslados inherentes a ellos, resultaban compatibles con la condición clínica de la recurrente. Los documentos emitidos por el profesional que efectuó las infiltraciones acreditan la realización de los procedimientos, pero no satisfacen por sí solos la exigencia reglamentaria de que la asistencia ambulatoria haya sido prescrita por quien otorgó la correspondiente licencia médica.

DÉCIMO TERCERO: Que las razones económicas invocadas por la recurrente, vinculadas con el menor costo de las prestaciones en Tacna y con la necesidad de financiar simultáneamente otros tratamientos médicos y reproductivos, resultan comprensibles desde una perspectiva personal y socioeconómica. Sin embargo, no constituyen por sí mismas una excepción al deber de observar el reposo prescrito ni permiten a esta Corte prescindir de los requisitos establecidos en el artículo 55, letra a), del Decreto Supremo N° 3. La cercanía territorial, la práctica habitual de acudir a prestaciones médicas en la ciudad fronteriza y el hecho de que los desplazamientos se hayan efectuado durante el mismo día tampoco sustituyen la prescripción previa exigida por la norma.

En consecuencia, no resulta ilegal que la Superintendencia haya tenido por acreditado el incumplimiento del reposo a partir de los registros migratorios, desde que estos demuestran objetivamente que la recurrente abandonó el país durante la vigencia de licencias que prescribían reposo total, sin que se haya comprobado de manera suficiente la concurrencia de la excepción reglamentaria. La circunstancia de que la resolución administrativa haya expresado, además, que los procedimientos podían realizarse en Chile no altera esta conclusión, pues, aun prescindiendo de dicho fundamento, subsiste la falta de acreditación de una prescripción expresa y previa, emanada del profesional que extendió cada licencia, que autorizara o hiciera necesario el respectivo desplazamiento.

DÉCIMO CUARTO: Que el acto impugnado tampoco carece de motivación, por cuanto individualiza las licencias y los períodos de reposo, precisa las fechas de los movimientos migratorios, reseña el contenido del informe médico presentado con la reposición, explica las razones por las cuales estimó que aquel antecedente no desvirtuaba el incumplimiento y cita la normativa aplicada. Que la recurrente discrepe de la ponderación realizada no transforma la decisión en inmotivada ni permite calificarla de caprichosa o carente de razón.

DÉCIMO QUINTO: Que las deficiencias administrativas denunciadas respecto de la nombre reservado, consistentes en no haber informado inicialmente la reposición presentada el 29 de octubre de 2025, la imposibilidad de reingresarla al sistema y el envío de una nota de cobranza antes de notificarse formalmente el resultado de aquella impugnación, no resultan suficientes para acoger la acción.

En efecto, el recurso fue finalmente incorporado a la cartola médica, sus antecedentes fueron examinados por la Contraloría Médica y la recurrente pudo reclamar ante la Superintendencia, deducir posteriormente reposición y acompañar nuevos documentos, de manera que ejerció efectivamente los mecanismos administrativos de impugnación y obtuvo pronunciamientos sobre el fondo de su pretensión. La eventual irregularidad inicial de la tramitación no privó a la interesada de su derecho a ser oída ni presenta actualmente una entidad suficiente para invalidar la resolución recurrida.

Tampoco se advierte infracción a los artículos 52 y 53 de la Ley N° 19.880. La autorización inicial de una licencia médica no impide su posterior invalidación cuando se comprueba alguna de las causales previstas expresamente en el artículo 55 del Decreto Supremo N° 3, pues la normativa especial contempla precisamente esa posibilidad. Por ello, la actuación de la nombre reservado no constituye el ejercicio de la potestad general de invalidación por ilegalidad regulada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, sino la aplicación de una consecuencia establecida en el régimen especial de licencias médicas ante el incumplimiento sobrevinientemente comprobado de las condiciones del reposo.

DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de resolver con perspectiva de género no altera lo concluido. Los antecedentes relativos a la falla ovárica prematura, el tratamiento de fertilidad, el posterior embarazo y el cuadro depresivo posparto dan cuenta de un contexto personal y de salud que debe ser debidamente considerado y que permite comprender las decisiones económicas adoptadas por la recurrente. Sin embargo, no se advierte que el acto impugnado haya introducido una distinción basada en su sexo, maternidad o condición reproductiva, ni que dichas circunstancias permitan tener por cumplidos requisitos reglamentarios que deben ser aplicados objetivamente a todas las personas beneficiarias del sistema.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por las mismas razones, no se configura vulneración de la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que la decisión impugnada aparece fundada en la aplicación de una causal reglamentaria general a hechos objetivamente constatados y no en una diferencia arbitraria o discriminatoria.

DÉCIMO OCTAVO: Que tampoco se advierte una afectación directa de la integridad física o psíquica protegida por el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental. Si bien la cobranza de las sumas percibidas y el procedimiento administrativo pueden ocasionar preocupación y agravar el estado emocional de la recurrente, tales consecuencias no permiten calificar de ilegal o arbitrario un acto dictado dentro de las competencias de los organismos recurridos. Por lo demás, el diagnóstico de depresión posparto es posterior a los períodos cubiertos por las licencias controvertidas y no modifica las condiciones del reposo traumatológico prescrito durante 2023.

DÉCIMO NOVENO: Que no existe un derecho de propiedad indubitado sobre las prestaciones económicas asociadas a una licencia cuando posteriormente se comprueba el incumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias que justificaron su otorgamiento. El pago inicial del subsidio se encontraba sujeto al legítimo uso del reposo, de manera que su invalidación conforme al artículo 55 del Decreto Supremo N° 3 impide considerar que la recurrente haya sido privada arbitrariamente de un bien definitivamente incorporado a su patrimonio. La procedencia, monto y restitución de las prestaciones económicas constituyen, además, materias sometidas al régimen de seguridad social, cuya discusión requiere, de ser controvertida, las vías administrativas o jurisdiccionales ordinarias correspondientes.

VIGÉSIMO: Que, en definitiva, tanto la nombre reservado como la Superintendencia de Seguridad Social actuaron dentro de las competencias que les confieren el Decreto Supremo N° 3, de 1984, y los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395; fundaron sus decisiones en antecedentes objetivos y permitieron a la recurrente ejercer los medios de impugnación pertinentes. La pretensión de que esta Corte determine si las infiltraciones realizadas en el extranjero eran clínicamente necesarias, si resultaban compatibles con el reposo total o si los antecedentes médicos retrospectivos permiten sustituir la ausencia de una prescripción previa exige una valoración probatoria y técnica que excede la naturaleza urgente, sumaria y cautelar del recurso de protección.

VIGESIMO PRIMERO: Que, por último, esta Corte no desconoce que la recurrente habría actuado con la intención de dar continuidad al tratamiento de la patología diagnosticada por sus médicos tratantes, procurando acceder, fuera del país, a prestaciones que le ofrecían condiciones económicas más favorables. Sin embargo, tal circunstancia no basta para justificar el incumplimiento del reposo total prescrito, desde que no consta que, antes de efectuar los desplazamientos, hubiese solicitado u obtenido del profesional que extendió cada licencia una indicación, autorización o certificación médica que prescribiera la realización de las infiltraciones en el extranjero y estableciera que el viaje era compatible con su estado de salud. Tampoco aparece acreditado que se hubieran evaluado previamente los riesgos que implicaba trasladarse fuera del territorio nacional mientras se encontraba afectada por una patología traumatológica, especialmente la posibilidad de agravar su condición o retardar su recuperación. Por consiguiente, los certificados emitidos con posterioridad, aun cuando den cuenta de la finalidad terapéutica de los procedimientos realizados, no permiten acreditar que los viajes hubiesen sido previamente prescritos ni autorizados por el respectivo médico tratante, en los términos exigidos por el artículo 55, letra a), del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud.

Por consiguiente, al no haberse establecido la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a las recurridas, resulta innecesario adoptar medidas destinadas al restablecimiento del imperio del derecho, por lo que la acción constitucional será rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1471-2026 (Protección)