nombre reservado con FUNDAC. EDUCACIONAL

Dpp/ Antofagasta, a cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Leonardo Andrés Ramos Iriarte, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, por haber retenido indebidamente los fondos correspondientes al subsidio de incapacidad laboral de la recurrente. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida se niega a entregar los montos que le fueron remitidos por la Caja de Compensación Los Andes correspondientes a licencias médicas debidamente autorizadas y pagadas, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, integridad psíquica y propiedad, garantizados por la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el pago inmediato de dichos montos.

Informan la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Caja de Compensación Los Andes, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente expone que prestó servicios para la recurrida desde el 12 de agosto de 2013, desempeñándose como asistente de párvulos en el Jardín Infantil Javiera Carrera de la comuna de Tocopilla. Señala que la relación laboral se mantuvo vigente hasta el 26 de junio de 2025, fecha en que procedió a poner término a la misma mediante la figura del despido indirecto, en atención a los graves actos de acoso laboral de que fue víctima por parte de compañeras de trabajo, hostigamiento que se mantuvo por largos años y que fue de conocimiento del empleador sin que adoptara medida alguna. Agrega que el despido indirecto fue comunicado al empleador mediante carta certificada enviada el 26 de junio, siendo recepcionada por la Fundación el 4 de julio de 2025.

Indica que producto del acoso laboral sufrido, debió iniciar un complejo tratamiento sicológico y siquiátrico que comprendió psicoterapia, farmacología y extenso reposo médico, encontrándose sujeta a licencia médica de forma ininterrumpida desde el 4 de abril hasta el 23 de junio de 2025. Específicamente, refiere dos licencias médicas: la primera, folio N° 3-119386730, por 17 días correspondiente al período del 16 de mayo al 1 de junio de 2025, por montos de $565.497 y $35.344; y la segunda, folio N° 4-21553995, por 20 días correspondiente al período del 2 al 21 de junio de 2025, por un monto de $706.871.

Manifiesta que el 9 de julio de 2025 concurrió a dependencias de la Caja de Compensación Los Andes para informarse sobre el estado de pago de las licencias médicas, oportunidad en que se le comunicó que los fondos ya habían sido remitidos a la recurrida. Explica que existe un convenio entre dicha entidad y la Fundación, conforme al cual el pago del subsidio correspondiente a licencias médicas de los trabajadores es remitido al empleador, quien debe proceder a su pago al trabajador respectivo. No obstante encontrarse los fondos en poder de su exempleador, la recurrida no ha efectuado el pago correspondiente, siendo la excusa otorgada por personal administrativo que dicha negativa obedece al despido indirecto ejecutado por la trabajadora, indicándole expresamente que nada se le pagaría hasta el término del juicio.

Indica que el actuar de la recurrida resulta arbitrario por cuanto carece de toda razonabilidad y justificación, siendo contrario a la justicia y dictado solo por voluntad o capricho, toda vez que el término de la relación laboral mediante autodespido ninguna vinculación tiene con el pago del subsidio de incapacidad laboral. Asimismo, considera que la decisión es ilegal al negarse al pago de licencias médicas que fueron autorizadas y pagadas por los organismos competentes.

Sostiene que la conducta de la recurrida vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, N° 24 de la Constitución, al privarla de los dineros que le corresponden por concepto de subsidio de incapacidad laboral; su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19, N° 2, al efectuar una discriminación arbitraria respecto de otros trabajadores que no han sufrido tal privación; y su derecho a la integridad psíquica del artículo 19, N° 1, al entorpecer su recuperación de salud mental privándola de los fondos que permiten su adecuado reposo como parte del tratamiento médico necesario.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida proceder al inmediato pago de los montos remitidos por la Caja de Compensación Los Andes correspondientes al subsidio de incapacidad laboral de las licencias médicas folios N° 3-119386730 y N° 4-21553995, adoptándose las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, quien solicita el rechazo total del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condena en costas.

Expone que la fundación es una institución educacional de derecho privado sin fines de lucro, cuyo financiamiento proviene principalmente de aportes públicos mediante la Ley de Presupuestos anual a través del Ministerio de Educación. Indica que su misión consiste en contribuir al desarrollo pleno y aprendizaje significativo de niños y niñas desde los tres meses hasta los seis años, administrando más de 1.200 establecimientos a nivel nacional, incluyendo 34 en la Región de Antofagasta. Añade que la institución se rige por sus estatutos, el Título XXXIII del Libro I del Código Civil y, en materia laboral, por el Código del Trabajo, encontrándose además sujeta a fiscalización de la Contraloría General de la República conforme al Dictamen N° 41.025 de 2016.

Sostiene que la recurrente omite informar que demandó previamente a Fundación Integra en procedimiento de tutela laboral ante el Juzgado del Trabajo de Antofagasta, en causa rit T-795-2025, caratulada "nombre reservado / Fundación Integra", por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, e indemnización por daño moral. Señala que dicha causa se inició mediante medida prejudicial de exhibición de documentos, obligación que fue cumplida el 4 de septiembre de 2025, siendo notificada la demanda el 9 de octubre del presente año.

Argumenta que el recurso de protección resulta improcedente por no configurarse los presupuestos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Expone que esta acción cautelar requiere copulativamente: la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; que de ella se siga un atentado directo e inmediato contra el legítimo ejercicio de garantías constitucionales protegidas; y que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de restablecer el imperio del derecho. Sostiene que el ámbito de aplicación del recurso se limita a actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, situación que no se verifica en la especie.

Alega que la controversia planteada corresponde a materias de naturaleza estrictamente laboral que deben resolverse mediante los procedimientos administrativos y judiciales regulados en el Código del Trabajo, constituyendo un juicio de lato conocimiento. Argumenta que la recurrente instrumentaliza indebidamente la acción constitucional para obtener un pronunciamiento sobre cobro de prestaciones con ocasión del término de la relación laboral.

Explica el sistema de anticipo y pago de licencias médicas implementado por Fundación Integra. Señala que mantiene un convenio vigente desde 1992 con Caja de Compensación Los Andes, mediante el cual, una vez autorizadas las licencias médicas, la Caja diputa a la Fundación para efectuar el pago de subsidios por incapacidad laboral a sus trabajadores. Precisa que el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad establece un beneficio adicional consistente en el anticipo con fondos propios del pago del subsidio legal, sujeto a que las licencias sean efectivamente aprobadas y pagadas por las instituciones correspondientes.

Afirma que efectivamente pagó a la recurrente los anticipos de subsidios correspondientes a 27 días en abril ($766.584), 15 días en mayo ($426.945) y 21 días en junio ($599.193) de 2025, según consta en las liquidaciones de remuneración acompañadas. Sostiene que, al producirse el término unilateral de la relación laboral por parte de la trabajadora, resulta necesario realizar la cuadratura entre los anticipos pagados y los subsidios recibidos desde Caja Los Andes. Señala que la institución no ha remitido el recálculo de la base utilizada, imposibilitando determinar si existe saldo a favor o en contra de la recurrente, situación completamente distinta a la alegación de no pago de subsidios.

En consecuencia, solicita tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso de protección, por no existir vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que evacúa informe Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo total del recurso de protección.

Expone que su representada recepcionó y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación ante la Compin Región de Antofagasta de las licencias médicas discontinuas números 3-59252644-1, 3-61955758-1, 3-68061681-7, 3-70413327-8, 3-86254128-6, 3-86577863-5, 3-87316745-9, 3-87662768-k, 3-109727692-3, 3-110256982-9, 3-116425997-4, 3-119386730-4 y 4-RUT reservado, correspondientes al período comprendido entre el 28 de septiembre de 2021 y el 21 de junio de 2025.

Señala que todas las licencias médicas se encuentran efectivamente pagadas a la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, según convenio de pago empresa. En particular, respecto de las licencias médicas alegadas por la trabajadora, indica que la licencia médica folio N° 3-119386730, correspondiente al período del 16 de mayo al 1 de junio de 2025, fue pagada el 23 de junio de 2025 mediante cheque N° 15381 por un monto de $600.841, el cual fue cobrado el 3 de julio de 2025 por nombre reservado en la sucursal Padre Alonso de Ovalle. Por su parte, la licencia médica folio N° 4-21553995, que comprende desde el 2 al 21 de junio de 2025, fue pagada el 7 de julio de 2025 a través del cheque N° 15735 por la suma de $706.871, siendo cobrado el 17 de julio de 2025 por la misma persona y en idéntica sucursal.

No obstante, lo anterior, la informante expresa que el 10 de septiembre de 2025 se recepcionó por parte de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez una solicitud de recálculo de diversas licencias médicas, encontrándose incluidas aquellas alegadas por la trabajadora. En consecuencia, el 29 de septiembre de 2025 se entregó respuesta a dicha solicitud, informándose la existencia de un saldo a favor de $219.144 correspondiente a las licencias médicas números 3-61955758 y 3-59252644, las cuales fueron pagadas mediante convenio empresa el 15 de octubre de 2025 a través del cheque N° [cuenta reservada]. Adicionalmente, indica que resulta un monto a reintegrar de $951.569 correspondiente a otras licencias médicas, el cual aún no ha sido regularizado con la Caja de Compensación.

En mérito de estos antecedentes, la recurrida solicita el rechazo de la acción constitucional por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte en relación con los hechos expuestos, acompañando al efecto certificado de subsidio.

CUARTO: Que, posteriormente, la parte recurrida Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez presentó un escrito que contiene un documento denominado cuadratura y estado de licencias médicas por trabajador, del 20 de octubre de 2025, a partir del cual concluye que existe un saldo a favor de la recurrente por la suma de $35.957.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, en la especie, el recurrente dirige su acción en contra de la actuación ilegal y arbitraria de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez consistente en el no pago de licencias médicas desde el 16 de mayo de 2025 hasta el 21 de junio de 2025, pese a existir un convenio entre la Caja de Compensación Los Andes y su exempleador, debiendo este último efectuar el pago de las mismas.

Dichas licencias médicas corresponden a los folios N° 3-119386730 y N° 4-21553995.

OCTAVO: Que no existe controversia respecto que Caja de Compensación Familiar Los Andes pagó a Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez los montos señalados en las licencias médicas indicadas, en tanto que sí se discute el pago de las dos licencias médicas reclamadas por parte de esta última fundación a la recurrente, por cuanto la recurrida acompañó las liquidaciones de sueldo de los meses de abril, mayo y junio de 2025, y en este último fluye que existe un anticipo existe por la licencia médica N° 21553995, por la suma de $599.193, más nada se indica en cuanto a la licencia médica N° 119386730. Luego, en el escrito presentado que contiene un documento denominado cuadratura y estado de licencias médicas por trabajador, haciendo referencia a la recurrente, del 20 de octubre de 2025, concluye que existe un saldo a favor de la actora por la suma de $35.957, dando a entender, según se manifestó en estrados, que el pago de esta última licencia médica ya se habría realizado.

NOVENO: Que como ya se adelantó, el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos; de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

Por todo lo anterior es que, conforme a la información proporcionada y el grado de conocimiento que permite este tipo de acción constitucional, no se logra determinar una afectación de los derechos fundamentales de la recurrente. Y cualquier ahondamiento sobre este punto, debe ser complementado por otros antecedentes probatorios que no son posibles de materializar en este tipo de procedimiento, debiendo ser conocidas mediante las acciones ordinarias y especiales que correspondan.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Leonardo Andrés Ramos Iriarte, en representación de nombre reservado, en contra de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1471-2025 (Protección)