Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

/jvz Antofagasta, a diez de septiembre de dos mil veinticinco. VISTOS: La comparecencia de Alejandro Antonio Ibáñez Martínez, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, pasaporte número NUM000, de nacionalidad colombiana, ambos domiciliados domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber emitido de forma ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°NUM001 que declaró abandonado el procedimiento y ordenó el archivo del procedimiento de reconocimiento de refugiado, conculcando las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, solicitando se otorgue al actor la residencia temporal solicitada o bien se adopten todas las medidas necesarias para resguardar y restablecer el imperio del derecho. Informó el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que en el recurso se señala que el recurrente ingresó a territorio chileno el 17 de julio de 2025, como turista, para solicitar protección internacional como refugiado, dada su situación de riesgo en el país de origen. Añade que, en cumplimiento del deber legal de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado dentro del plazo de siete días contados desde su ingreso, según dispone el artículo 6 de la Ley N°20.430, el actor se presentó el 23 de julio de 2025 en la oficina del Servicio Nacional de Migraciones de la ciudad de Copiapó, para iniciar formalmente su solicitud, consultándoles los funcionarios del Servicio que lo atendieron sobre el motivo por el cual tramitaba su solicitud en Copiapó, considerando que su domicilio estaba en Calama, explicando el recurrente que una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones en Calama le indicó que dicho trámite debía realizarse en la sede regional de Antofagasta, ya que en Calama no se gestionaban solicitudes de refugio, y que no había disponibilidad de horas de atención en la plataforma del Servicio para la sede de Antofagasta dentro del plazo legal, razón por la cual optó por agendar atención en Copiapó para no incumplir el término de los siete días. Agrega que, acogiendo esa explicación, la funcionaria de Copiapó registró los antecedentes y le informó que su solicitud sería derivada a la Dirección Regional de Antofagasta, por ser la sede competente, y que debía esperar una notificación vía correo electrónico con mayores instrucciones. Refiere que el 23 de julio de 2025, el actor recibió dos correos electrónicos enviados por el Servicio Nacional de Migraciones, el primero, a las 09:40 horas, que contenía instrucciones para acceder a la plataforma de trámites digitales y formalizar su solicitud de refugio y el segundo, a las 09:42 horas, que indicaba expresamente que el actor había manifestado su intención de que la tramitación fuera derivada a la Dirección Regional de Antofagasta. Indica que, en cumplimiento de las instrucciones recibidas, el día 24 de julio de 2025, el actor se presentó personalmente en la oficina del Servicio Nacional de Migraciones de Antofagasta, para ser atendido y continuar con el procedimiento, sin embargo, a las 09:57 horas de ese mismo día, recibió un correo electrónico del Servicio Nacional de Migraciones que contenía la Resolución Exenta N°NUM000, mediante la cual se declara el abandono de su solicitud de refugio y se ordena el archivo del procedimiento, resolución que le fue notificada sin haber sido atendido ni haber tenido oportunidad alguna de exponer sus razones, ni entregar antecedentes o ejercer su derecho a defensa. Afirma que además de la falta de audiencia, la resolución impugnada carece de motivación suficiente y hace referencia a supuestos oficios administrativos sin individualización ni respaldo alguno, lo que revela un vicio grave en su dictación, al sustentarse en antecedentes inexistentes o no debidamente acreditados, configurando una evidente infracción a los principios de legalidad, fundamentación y debido proceso. Expresa que lo que se denuncia como ilegal y arbitrario por medio de la presente acción constitucional, es la dictación ilegal y arbitraria de la Resolución Exenta N°NUM000 del Servicio Nacional de Migraciones, la que fue realizada el 24 de julio de 2024, añadiendo que la actitud que tomó la recurrida ante la solicitud presentada por el recurrente, genera un estado de cosas permanente, que permite interponer la presente acción jurisdiccional en cualquier tiempo. Seguidamente aludió latamente a las garantías vulneradas del artículo 19 N°1,2 y 3 de la Constitución Política de la República, precisando que se aplicó una sanción procesal (abandono) a pesar de que el actor se presentó personalmente y dentro del plazo en la oficina que se le indicó, añadiendo que el actor no fue escuchado ni notificado previamente del eventual abandono del procedimiento, privándosele de todo medio para subsanar o alegar su posición, infringiendo el artículo 10 de la Ley N°19.880, que impone el deber de asegurar un procedimiento racional y justo, invocando, asimismo, la resolución oficios que no están identificados ni acompañados, lo cual transgrede el artículo 11 de la Ley N°19.880 que exige decisiones fundadas y motivadas en hechos ciertos y verificables. Señala que se conculcan los principios de inexcusabilidad y de contradicción consagrados en las normas que indica de la Ley 19.880. Luego afirmó la ilegalidad del acto administrativo por infracción de la Ley N°20.430 sobre Refugiados, reproduciendo sus artículos 2 y 8 citando jurisprudencia y Tratados Internacionales sobre la materia. Termina pidiendo el otorgamiento de la residencia temporal solicitada, o bien, disponiendo que se adopten todas aquellas medidas que se estimen necesarias para resguardar y restablecer el imperio del derecho. SEGUNDO: Que informó la abogada María Astudillo Vásquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional. Señala que el recurrente ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, añadiendo que por Oficio Ordinario de 23 de julio de 2025 se le notificó al extranjero que, atendido a que informó su intención de continuar la referida tramitación en la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones más cercana su domicilio actual, en este caso la Dirección Regional de Antofagasta, se deja constancia de este primer acercamiento ante el Servicio Nacional de Migraciones, y se le indica que debe concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional de la Región de Antofagasta, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de este oficio, a agendar su citación para dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado e igualmente se le indica que, en caso de no efectuar diligencia alguna, esa autoridad le advierte que transcurrido los 10 días posteriores a su inasistencia, se considerará bajo apercibimiento de tener por declarado el abandono del procedimiento y se procederá al archivo de su solicitud. Asevera que el extranjero no se presentó a su citación, ni ha solicitado reagendarla demostrando desinterés por continuar con la tramitación de su solicitud, como, asimismo, no ha cumplido con las obligaciones de colaboración y cooperación, establecidas en los artículos 26, 28, 28 bis, 28 ter y 33 de la ley 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados. Explica que haciéndose efectivo el apercibimiento por no concurrir a la cita y de conformidad con los artículos 26, 28, 28 bis., 28 ter., y 33 de la Ley 20.430 de abril de 2010, Ley de Refugio; el artículo 52 del Decreto N°837, del 2010 del Ministerio del Interior, Reglamento de la Ley de Refugio; artículo 43 de la Ley N°19.880, mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 12 de junio de 2024 (sic) del Servicio Nacional de Migraciones acompañado por la recurrente, se declaró el abandono del procedimiento de ingreso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentado por el recurrente, por lo que su solicitud fue archivada, añadiendo que se le reservaron al extranjero, los recursos judiciales y administrativos que fueren procedentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 21.325 del año 2021, Ley de Migración y Extranjería. Aduce que la comparecencia a la citación de primera atención es un acto esencial para formalizar la solicitud de refugio y en este sentido, el artículo 33 de la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, impone al solicitante la obligación de “decir la verdad, informar y cooperar activamente a fin de que puedan esclarecerse los hechos y razones en que se basa su solicitud” y, asimismo, la de “fijar domicilio y algún correo electrónico u otro medio de contacto remoto, e informar oportunamente a la autoridad competente cualquier cambio que éste sufra, en el plazo de quince días.”, de manera de que cuando el solicitante no comparece y provoca la paralización del procedimiento, procede el abandono conforme al artículo 43 de la Ley N°19.880, norma que reproduce, citando, asimismo, el artículo 52 del Decreto N°837, que aprueba el Reglamento de la Ley N°20.430. Sostiene que la Resolución Exenta que dispuso el abandono del procedimiento y ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se dictó en estricto apego a las disposiciones contenidas en la Ley N°20.430 y su reglamento, así como en la Ley N°19.880, reproduciendo el artículo 33 de la Ley N°20.430 y aludiendo al artículo 52 del Decreto N°837/2010 y al artículo 43 de la Ley N°19.880, insistiendo en que en este caso, la persona extranjera no compareció a la citación para iniciar formalmente su solicitud y, a pesar de la advertencia sobre las consecuencias de su inasistencia, no efectuó ninguna gestión en el plazo otorgado para reagendar la entrevista ni subsanó las omisiones en los términos legalmente establecidos, configurándose los supuestos de paralización y abandono contemplados en la normativa citada, legitimando la decisión de declarar el abandono y archivar la solicitud, por lo que la Resolución Exenta impugnada se dictó en el ejercicio legítimo de las atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones, según las normas vigentes en materia de refugio y procedimientos administrativos, careciendo así de arbitrariedad o ilegalidad que justifique la procedencia del presente recurso de amparo. Enfatiza que en el presente caso, el Servicio Nacional de Migraciones se encontraba legalmente obligado a disponer la orden de abandono en contra del extranjero, en tanto el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado concluyó por la inactividad del interesado, sin que existiera otra causal que amparara su permanencia en el país, exigencia que emana de la integración normativa entre los artículos 26, inciso primero de la Ley N°20.430 que impone la salida voluntaria si no media otra justificación legal para continuar en Chile, y de la Ley N°21.325 en relación con la regularidad migratoria. Señala que luego de haber analizado el fondo del asunto, la acción de protección está destinada a reestablecer el imperio del derecho en favor de personas que consideren vulneradas las garantías enumeradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental y que se encuentren descritas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, pero de una simple lectura del acto impugnado, se aprecia que este no dispone la ejecución de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que lesionen los derechos que enuncia en su libelo la actora, excediendo con creces las materias que deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, no siendo pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, como aquellas relacionadas con la resolución de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas a la autoridad, en ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, la cual no se encuentra obligada a aceptarlas, sino que únicamente accederá a ellas cuando se cumplan los estándares de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación legales e internos. Añade que el artículo 139 de la ley N°21.325, dispone que se podrán interponer los recursos establecidos en la ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, lo que fue debidamente informado en el resuelvo 3° del acto administrativo impugnado, los cuales no han sido ejercidos por la parte recurrente, siendo la vía legal para impugnar el acto, el recurso de reposición ante la autoridad migratoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 19.880, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución al interesado. Expresa que lo que se pretende con la acción de amparo (sic) es, en el fondo, obtener una declaración jurisdiccional respecto de la forma en que la Administración ejerce las facultades que en materia de migración y extranjería le han sido otorgadas por expreso mandato legal, lo cual también es improcedente. Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio. TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en haber dictado con fecha 24 de julio de 2025 la Resolución Exenta N°NUM001 que declaró el abandono del procedimiento y ordenó el archivo de la solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, por no asistir a la citación de primera atención. SEXTO: Que, examinada la resolución exenta referida, se advierten en ella graves defectos formales que la tornan desde ya arbitraria. En efecto, dicha resolución señala en su numeral a) y en lo pertinente, lo siguiente: “a) Que, mediante Oficio Ordinario Folio N° null de fecha, el Servicio Nacional de Migraciones otorgó a don/doña nombre reservado, de nacionalidad Colombia una citación de Primera Atención Solicitud de Refugio, informando que la asistencia a esta citación es esencial para dar inicio a su solicitud y forma parte de las obligaciones relativas a esta gestión”. Luego en la letra b) de la misma resolución se señala de manera literal: “b) Que, mediante Oficio Ordinario Folio N° , el Servicio Nacional de Migraciones dejó constancia que el extranjero en mención no se presentó a la referida citación, otorgándole el plazo legal para presentarse ante la autoridad, bajo apercibimiento de tener por declarado el abandono del procedimiento…” De lo anterior es dable advertir, que no se indica en la resolución cuestionada, el número de oficio ni la fecha de la citación, antecedente fundamental para que el actor pudiera acudir a la “Primera Atención”, lo que evidencia claramente una falta de fundamentación en la medida adoptada. SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, los correos electrónicos remitidos por SERMIG y allegados por el actor, de fecha 23 y 24 de julio de 2025, dan crédito a sus asertos, en el sentido que primeramente el día 23 de julio de 2025 se le instruyó por parte de la autoridad migratoria que debía concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección de la Región de Antofagasta, para dar inicio a su solicitud de ingreso, pero al día siguiente y en horas de la mañana, recibió un nuevo correo electrónico, que contenía la Resolución Exenta N°NUM000 declarándose el abandono de la solicitud de refugio y ordenándose el archivo de los antecedentes, obrar que resulta contradictorio, y por lo mismo, arbitrario, además, de vulneratorio de las garantías esgrimidas, razones que bastan para acoger el recurso de protección interpuesto, en la forma que se indicará en la parte resolutiva. Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por el abogado Alejandro Antonio Ibáñez Martínez, a favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 24 de julio de 2025 que declaró el abandono del procedimiento y ordenó el archivo de la solicitud del actor de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, debiendo proseguir la autoridad migratoria con dicho procedimiento, notificando debidamente al actor de la nueva fecha que se determine, para efectuar la primera atención de solicitud de refugio. Regístrese y comuníquese. Rol 1453-2025 (Protección)