Protección contra Decreto N° 448/2024

Antofagasta, a treinta de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Rodrigo Marín Eterovic, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, RUT RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, don Jonathan Velásquez Ramírez, por el acto arbitrario e ilegal de confirmar y mantener la sanción de clausura del local ubicado en domicilio reservado de la ciudad de Antofagasta, mediante la dictación del Decreto N° 901/204 de fecha 08 de mayo del año en curso, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del Decreto N° 448/2024, que fue el acto que dispuso la clausura del establecimiento, por realizar actividades sin contar ni haber pagado patente comercial; acto que amenaza y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y N° 21 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto los mencionados decretos que impusieron y mantuvieron la clausura en cuestión, condenando en costas a la recurrida.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en primer lugar, el recurrente se refiere a la labor y función social que día a día cumple la Caja de Compensación Los Héroes, a fin de permitir dimensionar la gravedad de los efectos y problemas que pueden producir actos como el recurrido, que amenazan y perturban su funcionamiento y en definitiva, el cumplimiento de sus funciones de previsión social.

Al efecto, indica que en la sucursal ubicada en esta ciudad en domicilio reservado, la recurrente presta -entre otros propios de este tipo de instituciones– el servicio de atención y pago de pensiones y beneficios del Estado a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS); quienes concurren diariamente a cobrar sus pensiones de vejez o invalidez, el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y todo tipo de bonos y beneficios que otorga el Estado, los que se han prestado de manera ininterrumpida en dicha sucursal desde el año 2011. Por lo que, de hacerse efectivo el cierre dispuesto por la recurrida, aunque sea por un solo día, acarrearía un problema social insospechado tanto para los más de 11.000 adultos mayores que acuden a cobrar sus pensiones a dicho local, así como también para sus afiliados del sector activo como pensionados quienes acuden a realizar diferentes tipos de trámites.

Alega que la Caja de Compensación recurrente, debido al giro y funciones que realiza, no está obligada a contar con patente municipal, en tanto no desarrolla una actividad lucrativa de aquellas que hacen obligatorio su obtención y pago. A pesar de aquello y de la circunstancias de haber funcionado por más de trece años sin contar con patente municipal, lo que permitiría inferir que el municipio tuvo siempre el mismo entendimiento, el 4 de marzo del año en curso, la recurrida dictó el Decreto N° 448/2024 disponiendo la clausura inmediata del local donde funciona en esta ciudad, fundado en el hecho de realizar actividad comercial sin patente comercial, con infracción al artículo 24 de la Ley de Rentas N° 3063; acto administrativo que fue reafirmado por el Decreto N° 901/2023, que rechazó el recurso de reposición administrativo interpuesto en contra del primer decreto. Acto de clausura que a la época de interposición del recurso aún no se materializaba.

Agrega además que la autoridad recurrida mediante el decreto N° 901/2024, se extendió a aspectos o “supuestas faltas” no contempladas en el acto que originalmente dispuso la clausura, con lo cual resulta aún más patente la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión adoptada.

Enseguida, precisa y reitera que la Caja de Compensación está exenta de pagar patente municipal y que conforme la regulación del DL N° 3063, en particular su artículo 23, se desprende que sólo las actividades (lucrativas) que expresamente ahí se describen están sujetas a la obligación de obtener y pagar patente comercial. Asimismo, se remite a los artículos 24 y 26 de dicho DL, para sostener que, en base a este último artículo, salta a la vista que la norma parte de la base que el procedimiento de obtención de patente municipal debe seguirlo toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal; y no quienes realicen actividades no gravadas; debiendo entenderse por tales, todas aquellas que quedan fuera de la descripción hecha por ley. Lo que se ve corroborado conforme al tenor del inciso 2° de dicho artículo, precisando que, a diferencia de lo que pretende el Sr. Alcalde, es la propia norma la que deja en claro que el objeto de regulación es la obtención y pago de la patente por quienes desarrollen acciones gravadas y no, que quienes realicen actividades no gravadas deban poseer dicha patente municipal. Por ello, solo incurriría en falta quien ejerciendo alguna de las actividades dispuestas en el artículo 23 del DL N°3063, es decir, una actividad gravada con este impuesto no ha obtenido la correspondiente patente.

En la misma línea, indica que el DL N°3063, contempla actividades no grabadas con este tributo y, por tanto, de tener una patente municipal, a todas aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, conforme lo prescribe su artículo 27, categoría en la cual se encontraría la recurrente, por lo que no podría incurrir en infracción al artículo 24 del DL antes mencionado, toda vez que su naturaleza jurídica corresponde a la de una corporación, esto es, una persona jurídica que no persigue fines de lucro. Lo anterior, se encontraría reconocido y definido en el artículo 1° de la Ley N°18.833, que contiene el Estatuto Legal por el cual se rigen las instituciones como la recurrente, y que las define justamente como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, por lo que, no sólo los estatutos de la actora, sino que además, la propia ley le asigna y reconoce su carácter de persona jurídica sin fin de lucro.

Sostiene además que, lo perseguido con la sanción de clausura impuesta por el Sr. Alcalde, es el pago de patente municipal, y que a pesar de encontrarse exenta, solicitó en el año 2022 que se le emitiera patente municipal por parte de la recurrida, pero que aquello obedeció a un error inducido por la propia municipalidad, al solicitarse que regularizara el pago del derecho municipal por concepto de aseo municipal, para lo cual debía tramitar y solicitar la patente municipal, lo que a todas luces resultaba innecesario, toda vez que el Sr. Alcalde confundió la obligación de pagar derechos municipales, como lo son el de aseo, con la forma en la cual se puede efectuar dicho pago, y que conforme al D: N°3063, se puede o no realizar al momento de pagar la patente municipal.

Así, el artículo 9 de esta norma dispone que el municipio podrá cobrar directamente este derecho -sin necesidad por tanto de que sea por medio de la patente municipal-, celebrar convenios con Tesorería General de la República o, en el caso de quienes paguen patente municipal, cobrarlo juntamente con ella. En dicho escenario, la recurrente habría pagado de buena fe una suma dineraria por concepto de derechos municipales de aseo, otorgándole por parte de la recurrida una patente municipal provisoria por el año 2023, cuyos pagos también se habrían realizado.

Arguye además que, con el actual del Sr. Alcalde, desconoció que con anterioridad había resuelto que la Caja de Compensación se encontraba exenta de pagar patente municipal. Y, considerando que la recurrente posee su casa matriz en la comuna de Providencia, y múltiples sucursales a lo largo de todo el país, es que con el fin de evitar justificar en cada municipio en el cual posee dichas sucursales que no se encuentra obligada a pagar ni obtener la patente municipal, fue que solicitó a la I. Municipalidad de Providencia que, aplicando el artículo 25 del DL N°3063, determinara e informara a todas las municipalidades correspondientes que la Caja de Compensación se encuentra exenta de pagar dicho tributo. Que, en respuesta a la solicitud efectuada a la I. Municipalidad de Providencia, dictó el decreto N°39 de 8 de enero de 2008, reconociendo que la caja recurrente desarrollaba una actividad no sujeta al pago de patente municipal, lo que fue reafirmado por Contraloría en el dictamen N°08990 de 17 de agosto de 2011, ya que el municipio de Providencia, en el decreto antes mencionado, había determinado que su casa matriz se encontraba exenta del pago de este tributo. Así, y en consonancia con lo anterior, por medio del Decreto N°1799/2014 de 20 de noviembre de 2014, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, también reconoció que la recurrente estaba exenta de pagar patente municipal respecto del local ubicado en domicilio reservado, y que aún así, la recurrida cobró e impulso la clausura de dicho local por no pagar patente, conducta que afecta el principio de confianza legítima depositado por parte de la recurrente en el actuar que con anterioridad había tenida el municipio de esta ciudad, y del que la Contraloría General de la República también se ha manifestado.

Igualmente, reclama que el Sr. Alcalde carecía de la potestad para aplicar y mantener la sanción de clausura del local utilizado por la recurrente en esta ciudad. Potestad que estaría contenida en el artículo 58 del DL N°3063, el cual cita, para sostener que dicha norma habilitaría al Alcalde para imponer la sanción de clausura del local en dos situaciones, primero, en caso de mora en el pago de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago y; en segundo lugar, para el caso en que se encuentre ante un negocio sin patente o cuando no se hayan pagado las multas impuestas de conformidad con dicha ley. Así, la falta se comete por las personas que realizan una actividad o giro que, estando gravada con patente, no la solicitan; y no por quienes realizan actividades no gravadas. Todo lo cual se vería corroborado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

También alega que, el decreto no solo se encuentra viciado por haberse dictado en abierta ilegalidad y fuera de las competencias de la I. Municipalidad de Antofagasta, sino que, además, adolece de manifiesta falta de fundamento, razón por la cual se ejerció la “potestad” municipal de forma arbitraria, habida consideración que, al ejercer una potestad discrecional, la Administración no tiene completa libertad y debe dar cumplimiento al principio de interdicción de la arbitrariedad, en virtud del cual debe evitar incurrir en un ejercicio arbitrario de sus potestades. Así, la motivación del acto administrativo es un mandato para la Administración consagro en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, y en los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. Estándar reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, y también, por parte de la Contraloría General de la República. Y, que en el caso concreto, la revisión de la motivación del Decreto impugnado revela que carece irremediablemente de los fundamentos necesarios aceptables para su validez. Ello por cuanto, según lo antes expuesto, el Alcalde en una primera instancia dispuso la clausura de la sucursal en base a la supuesta infracción del artículo 24 del DL N°3063, pero con posterioridad, al resolver el recurso de reposición, entregó otros argumentos en los cuales fundamentó la aplicación de la clausura. Recordando que, dicho artículo hace referencia a cómo debe realizarse el cálculo del monto a pagar por patente municipal, por lo que sostiene que, lo razonable es concluir que el municipio perseguía sancionar la falta de pago y no, como señala, el no contar con patente municipal. Y, que si lo buscado era sancionar la falta de patente municipal, la norma infringida no sería el artículo 24, sino que, debió haberse invocado el artículo 26, lo que no se hizo. Junto con incorporar como sustento de la clausura del local otras consideraciones que no fueron expuestas inicialmente, denotando que en realidad lo sancionado era otra cosa.

Denuncia además, que la I. Municipalidad recurrida incurre en otro vicio con la dictación del acto administrativo impugnado, y que consiste en la desviación de poder, al perseguir el Sr. Alcalde, mediante el ejercicio de la potestad normativa contenida en el DL N°3063, fines no previstos por dicha norma, en concreto, ha dado una aplicación torcida de la misma con el objeto de recaudar ingresos no contemplados en la legislación y sancionar conductas que en definitiva no están amparadas en la norma que cita para ello. Así, con la dictación de los decretos N°901 y N°448, ambos del 2024, revelan de forma evidente que se persigue un fin distinto al querido por la norma que se cita como habilitante del actuar de la Administración.

SEGUNDO: Que informó don Eduardo Astudillo Borlando, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, al tenor de recurso de autos, instando por su rechazo.

Principia señalado que, a través del Decreto Alcaldicio N°448/2024, de fecha 04 de marzo del 2024, se dispuso la clausura inmediata del local comercial que funciona a nombre de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, RUT N°RUT reservado, ubicado en domicilio reservado, con el giro de “Caja de Compensación”, bajo la patente provisoria Rol N°2312082, ya que habiendo cumplido un año desde su otorgamiento no realizó la regularización de su domicilio ante la Dirección de Obras Municipales, de manera tal que se encontraría ejerciendo actividades comerciales sin la respectiva patente municipal, infringiendo lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas Municipales.

En contra de dicho acto administrativo, la recurrente interpuso recurso de reposición, a fin de dejar sin efecto la clausura impuesta, fundando dicha petición, primeramente, en que el cierre de la referida sucursal generaría una serie de problemáticas derivadas de la imposibilidad de pagar pensiones y beneficios del Estado a sus afiliados, los que corresponderían a adultos mayores. En segundo lugar, el recurrente habría expuesto que la falta de recepción definitiva de la propiedad ubicada en domicilio reservado de esta ciudad, no es de su responsabilidad, sino que del dueño del inmueble, toda vez que tendría la calidad de arrendataria, sin perjuicio de que han realizado gestiones ante la Dirección de Obras Municipales para subsanar la situación, sin resultados positivos a la fecha. En dicho sentido, el contribuyente habría indicado que han buscado locales comerciales en la ciudad para efectuar un cambio de sucursal, lo que no se ha podido concretar debido a que han encontrado un establecimiento que cumpla con sus exigencias. Y, como tercer lugar, el recurrente habría señalado que atendida su calidad de Caja de Compensación y Asignación Familiar, no puede incurrir en una infracción al artículo 24 del DL N°3063 de 1979, toda vez que se trata de una persona jurídica sin fines de lucro, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, de manera tal que, estaría exenta del pago de patente comercial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del referido DL.

Alude que el recurso de reposición interpuesto por el contribuyente fue rechazado a través del Decreto Alcaldicio N°901/2024, de fecha 08 de mayo del 2024, puesto que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica a través del Informe N°305/2024, de fecha 03 de mayo del 2024, el establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado, de esta ciudad, no dispone de patente comercial definitiva por cuanto el inmueble carece de recepción definitiva, cuestión que impide ejercer en él actividades económicas, toda vez que falta un requisito esencial para dichos efectos -recepción definitiva-, y, además, porque la exención de pago de patente comercial no implica que el contribuyente este eximido del pago de otros derechos, como lo es el derecho de aseo, el cual se incluye en la patente comercial respectiva y que corresponde a la contraprestación del servicio que efectúa la Municipalidad por la extracción de basura desde una vivienda, unidad habitacional u otros recintos señalados en la ley.

Acto seguido, alega la improcedencia la acción de protección, al no ser la vía idónea para impugnar los Decretos Alcaldicios de autos, ni tampoco para concretar las pretensiones alegadas por la recurrente, al buscar dejar sin efecto los mismos, toda vez que, la presente acción se concede a todas las personas que, como consecuencia de actos y omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Más aun cuando, nuestro ordenamiento jurídico establece recursos específicos para impugnar los actos administrativos, citando al efecto el artículo 15 de la Ley N°19.880, así como también el artículo 59 del referido cuerpo legal. A lo que se debe agregar además, el artículo 151 de la Ley N°18.695, que consagra el denominado reclamo de ilegalidad, por lo que, si se estima que el Decreto Alcaldicio impugnado constituye un acto ilegal o arbitrario, debió el recurrente presentar el correspondiente reclamo de ilegalidad, de conformidad a lo establecido en la citada norma, al corresponder dicha acción a la establecida por el legislador para impugnar resoluciones u omisiones ilegales dictadas por el Alcalde o a sus funcionarios en el ejercicio de la función público – administrativa municipal, constituyéndose en el mecanismo de control de dicha función legislativamente dispuesto para la tutela de los derechos e intereses legítimos.

Niega haber incurrido en algún acto ilegal o arbitrario al disponer la clausura del local comercial que funciona a nombre de la entidad recurrente, ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, calificativos que no aplicables al actuar de la municipalidad recurrida, órgano del Estado que debe necesariamente enmarcar su actuar dentro del principio de juridicidad establecido en los artículos 6°y 7° de la Constitución Política de la República, artículo 2° de la Ley N°18.575 y a los preceptos de la Ley N°18.695.

Luego, se remite a los artículos 23 inciso primero, 24 y 26 del DL N°3063, sobre Rentas Municipales, y al artículo 27 del mismo cuerpo normativo, así como también, al artículo 15 del Decreto N°484 de 1980, del Ministerio del Interior, que reglamenta la aplicación de los artículos 23 y siguientes del mencionado decreto ley, para sostener que, en tal orden de ideas, son tres las cuestiones que se deben determinar para verificar la pertinencia de eximir del pago de patente municipal a un contribuyente: a) que la persona jurídica esté constituida como corporación sin fines de lucro; b) que dicha corporación tenga una función y realice acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios; y c) se debe identificar que dicha corporación, para el caso de ejercer en forma exclusiva o complementaria, cualesquiera acciones que constituyan actividades gravadas, tales como de producción o intermediación de bienes, de prestación de servicios, entre otros, invierta la totalidad de los beneficios que obtenga en sus propios fines. En otras palabras, para que una persona jurídica se beneficie con la exención del pago de patente comercial, no basta con que los estatutos que la aprueban o que la ley que la crea o rija, señalen que no tiene por objeto el lucro, sino que es preciso, además, que sus acciones así lo demuestren, es decir, que no ejerzan actividades gravadas o que haciéndolo destinen a sus fines propios las ganancias que obtengan.

En otra línea argumentativa, destaca que el artículo 58 del citado Decreto Ley N°3063, se refiere a la medida de clausura, estableciendo que ésta también procede en el caso de mora de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a ese pago, como asimismo, tratándose de negocios que funcionen sin patente y de contribuyentes que no cancelen las multas que se les impongan. Y, que dicha disposición no contempla plazo alguno para efectuar la clausura, por lo que, en la medida que el Municipio advierta el ejercicio de actividades comerciales sin la patente correspondiente, resulta procedente imponer dicha sanción al establecimiento respectivo.

En base al referido marco normativo, que el Departamento de Rentas informó a través del oficio que indica, de fecha 11 de abril de 2024, que la CCAF Los Héroes, no dispone de patente comercial vigente para ejercer actividades comerciales en el establecimiento de autos, ya que solo fue titular de la patente comercial provisoria Rol N°2312082, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2023, a razón de que el inmueble no cuenta con recepción definitiva. Agrega además que, el mismo departamento habría informado que, efectivamente a través del Decreto N°1799/2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, se eximió del pago de las patentes municipales a las sucursales de la CCAF Los Héroes, ubicadas en domicilio reservado y domicilio reservado, ambas de esta ciudad, respecto de la cual, sólo esta última mantendría patente comercial definitiva vigente, correspondiente a la Rol N°2110065, del giro “Caja de Compensación”.

Por otra parte indica, mediante el Oficio Ord. N°120/07, de fecha 16 de marzo del 2007, se comunicó a don nombre reservado que la recepción parcial otorgada por la Dirección de Obras Municipales al inmueble ubicado en domicilio reservado, de fecha 02 de junio de 1977, corresponde solo al 1° y 2° piso, que incluye un local comercial y un departamento, con una superficie de 288,76 m2., del total de la superficie proyectada en cuatro niveles (568,06 m2), faltando por recibir el 3° y 4° piso. Así, la Dirección de Obras Municipales indicó al contribuyente que atendido que la construcción no se ejecutaría de acuerdo con los planos originalmente autorizados, correspondía que se tramitara una modificación de proyecto, para lo cual era necesario que presentara un nuevo expediente de construcción con los antecedentes señalados en el artículo 5.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como también la modificación de los planos de venta por pisos, aprobados por la Resolución N°123, de fecha 02 de septiembre de 1977.

Dice que lo anterior nunca fue realizado por el contribuyente, de manera tal que hoy en día la propiedad ubicada en domicilio reservado, no dispone de una recepción definitiva sino que solo una recepción parcial, situación que le impide a ser titular de una patente comercial definitiva, considerando que se le otorgó una con carácter provisoria, la cual expiró, como se dijo, el 31 de diciembre de 2023.

Aunado con lo anterior, sostiene que la exención de pago de patente comercial no implica que el contribuyente este eximido del pago de otros derechos, como es el derecho de aseo, el cual se incluye en la patente comercial respectiva y que corresponde a la contraprestación del servicio que efectúa la Municipalidad por la extracción de basura desde una vivienda, unidad habitacional u otros recintos señalados en la ley, destacando en particular, que la Municipalidad cobrará directamente la tarifa de aseo que corresponda a los propietarios de los establecimientos y negocios en general, gravados con patentes a que se refiere el artículo 23, en conformidad a lo establecido en el artículo 8°, incisos primero y segundo, la que deberá enterarse conjuntamente con la respectiva patente.

Concluye señalando que, el establecimiento comercial emplazado en domicilio reservado, de esta ciudad, no dispone de patente comercial definitiva puesto que carece de recepción definitiva, de manera tal que la clausura dispuesta por el Decreto Alcaldicio N°448/2024, de fecha 04 de marzo del 2024, se ajusta plenamente a derecho, habiendo actuado el señor Alcalde dentro de las atribuciones conferidas por el artículo 58 del Decreto Ley N°3.063, de 1979, el cual señala expresamente que la clausura procede respecto de negocios que funcionen sin patente comercial. Y, que los Decretos Alcaldicios impugnados, expresan con claridad los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron en consideración al momento de decretar la clausura del local comercial, y al rechazar el recurso de reposición interpuesto ante el municipio por parte de la recurrente, encontrándose también fundados dichos actos administrativos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en un primer término, la Ilustre Municipalidad recurrida alegó la improcedencia de la acción de autos, por no se aquella la vía idónea para impugnar los Decretos Alcaldicios, ni tampoco para concretar las pretensiones alegadas por la recurrente y que se traducen en dejar sin efectos los decretos impugnados. Argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos esgrimidos en el recurso, se reclama una afectación y/o transgresión al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°2 y N°21 inciso 1° de la Constitución Política de la República, los que se encuentra tutelados por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que, según se desprende del recurso incoado por la actora, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la dictación del Decreto N°901/2024 de fecha 08 de mayo del año en curso, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del Decreto N°448/2024, que dispuso la clausura del establecimiento donde funciona la recurrente, ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, por realizar sus actividades sin contar ni haber pagado patente comercial.

Que, el Decreto N°448/2024, de fecha 04 de marzo del presente, dispuso lo siguiente:

“1. Dispónese la clausura inmediata del local Comercial que funciona a nombre de CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HERORES, Rut N°RUT reservado, ubicado en LATORRE N°2628, con el Giro de Caja de compensación, Bajo el Rol 2312082, dado que habiendo cumplido un año con Patente Provisoria, no ha efectuado la regularización de su domicilio ante la Dirección de Obras Municipales, por lo que se encuentra realizando actividad comercial sin patente comercial, infringiendo el Art. 23 de la Ley de Rentas N°3063, de acuerdo a lo señalado por el Departamento de Rentas y finanzas, a través de su Oficio C.M. N°001/2024, de fecha 02 de enero de 2024 y a las instrucciones impartidas desde Alcaldía en Orden de Servicio A-2024-00202 del 09 de enero de 2024, de conformidad a la parte expositiva del presente instrumento.

2. Encomiéndase a la Dirección de Inspección, a practicar la clausura y en caso de oposición al acto que se ordena, requerir el auxilio de la fuerza pública. La violación de la clausura será sancionada en la forma establecida en el Artículo 58 del D.L. 3063 Ley de Rentas Municipales, cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo su giro.

3.- La rotura de sellos colocados por inspectores municipales será denunciada al Tribunal competente, en virtud a lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Penal.

4.- Déjese establecido que la Municipalidad no se hace responsable de los equipos, instalaciones, mercaderías, mobiliario u otras especies que puedan existir dentro del local mientras dure la clausura, para lo cual, en el momento de dicho acto, el representante legal, o quien se encontrare a cargo del local a que se refiere el punto N°1 del presente decreto, deberá tomar las medidas conducentes a su resguardo.

5.- Encomiéndese al Secretario Municipal notificar al local antes mencionado, de conformidad a lo señalado en el punto N°1 precedente, de acuerdo al Art. 46 de la Ley N°19.880 Base de los Procedimientos Administrativos.”

A su turno, el Decreto 901/2024, de fecha 08 de mayo del año en curso, que resolvió el recurso de reposición deducido en contra del decreto anterior, dispuso lo siguiente:

“1. Rechácese el recurso de reposición interpuesto por don nombre reservado en representación de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes, sucursal de Antofagasta, RUT N°RUT reservado, en contra del Decreto Alcaldicio N°448/2024, de fecha 04 de marzo del 2024, que dispuso la clausura inmediata del local comercial que funciona en domicilio reservado, con el giro de “Caja de Compensación”, bajo la patente provisoria Rol N°2312082, ya que habiendo cumplido un año desde su otorgamiento no realizó la regularización de su domicilio ante la Dirección de Obras Municipales, de manera tal que se encuentra ejerciendo actividades comerciales sin la respectiva patente municipal, infringiendo lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley N°3063, sobre Rentas Municipales, de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Asesoría Jurídica, a través de su informe N°305/2024, de fecha 03 de mayo de 2024, teniendo en consideración que el establecimiento comercial de domicilio reservado, de esta ciudad, no dispone de patente comercial definitiva puesto que carece de recepción definitiva, lo cual impide ejercer en ella una actividad económica, toda vez que se trata de un requisito esencial para este efecto, indicando además, que la exención del pago de patente comercial no implica que el contribuyente este eximido del pago de otros derechos, y lo instruido por la Alcaldía mediante Orden de Servicio A-2024-04442, del 03 de mayo del 2024, de Alcaldía, de conformidad a lo señalado en la parte expositiva del presente instrumento.

2. Encomiéndese al Secretario Municipal o quien lo subrogue, la notificación del presente decreto alcaldicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.”

SÉPTIMO: Que, conforme se extrae del decreto primigenio, a saber, el N°448/2024, que dispuso la clausura del local donde funciona la recurrida, el mismo se sustenta en el hecho de encontrarse la recurrente ejerciendo actividad comercial sin patente comercial, infringiendo así, el artículo 24 de la Ley de Rentas N°3063.

Conforme lo anterior, y para una acertada resolución del negocio jurídico sometido a conocimiento y resolución de esta Corte, resulta trascendente determinar si la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes se encuentra legalmente obligada al pago de una patente comercial, lo que traería como consecuencia, obligarla a tramitar su obtención.

OCTAVO: Que, el Decreto N°2385, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N°3063, de 1979 sobre rentas municipales, dispone en su artículo 23° que, “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo.

También quedarán gravadas con esta tributación municipal las empresas o sociedades de inversión que adquieren o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título precario como, asimismo, su enajenación.

El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este artículo.”

NOVENO: Que en dicho contexto, la norma antes señalada establece que la contribución de patente comercial sólo es exigible a aquellas personas que ejerzan toda profesión, oficio, industria, comercio o actividad lucrativa. De ahí, resulta necesario en el caso de marras, determinar si la actividad u objeto social desarrollado por la recurrente se subsume o no, en aquellos hechos gravados y que se contienen en el artículo antes citado.

Por ello, conviene tener presente que, la Ley N°18.833 que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión social, dispone en su artículo 1° que, “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en adelante Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

La duración de las Cajas de Compensación no estará sujeta a plazo.”

Corolario de lo anterior, ha sido la propia ley la que ha establecido que, corporaciones como la recurrente de autos, no persiguen fines de lucro, por lo que su giro no puede subsumirse en las exigencias del inciso primero del artículo 23 del D.L. N°3063 sobre Rentas Municipales.

Es más, en esa misma línea, el artículo 27° del referido Decreto Ley, dispone expresamente que “Sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios.”

DÉCIMO: Que asimismo, el Decreto N°484, que contiene el reglamento para la aplicación de los artículos 23° y siguientes del Título IV del D.L. N°3063 de 1979, señala en su artículo 15° que “Las personas jurídicas sin fines de lucro, están exentas del pago de la contribución de patente municipal, sólo cuando tengan por objeto y realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y promoción de intereses comunitarios.

No regirá esta exención, si se ejercen de hecho, en forma exclusiva o complementaria, cualesquiera acciones que constituyan actividad gravada, tales como de producción o intermediación de bienes, de prestación de servicios, etc. para transferirlos y otorgarlos a título oneroso. En esos casos, para los efectos del cálculo de la patente municipal, se tendrá por capital propio aquel destinado a la actividad gravada en la proporción que corresponda.

No obstante, no quedarán afectas al pago de patente las personas jurídicas aludidas en esta disposición que ejerciendo las actividades a que se refiere el inciso anterior, inviertan la totalidad de los beneficios que obtengan en sus fines propios.”

UNDÉCIMO: Que, tal como se ha venido razonando en los considerandos previos, para determinar si una persona natural o jurídica se encuentra obligada o no al pago de la contribución de patente municipal, resulta indispensable determinar si dicha actividad se encuentra comprendida dentro del hecho gravado que establece la ley, lo que en el caso de autos no sucede, pues resulta patente que la actividad de la caja de compensación recurrente, es la administración de las prestaciones de seguridad social de sus afiliados. Resultando además inconcuso, que la finalidad de dichas corporaciones no es la obtención del lucro, y los excedentes que se obtengan en el ejercicio de sus funciones, deben ser reinvertidos en beneficios directos a sus asociados; caso contrario, si en los hechos aparece que una persona natural o jurídica aparentemente desarrolla o realiza una actividad de aquellas denominadas primarias, correspondía en este caso al municipio acreditar que dicha persona se apartó de su objetivo y que ejerce actividades primarias expresamente gravadas o secundarias o terciarias, que deben pagar patente en los términos del artículo 23 del D.L. N°3063, lo que en el caso de marras, no sucedió y tampoco se alegó.

DUODÉCIMO: Que abunda a lo anterior, el antecedente acompañado por la recurrente, al que igualmente la entidad edilicia hace referencia en su informe, cual es, el Decreto N°1799/2014 Ex.-, de fecha 20 de noviembre de 2014, de cuya lectura se desprende que ha sido la propia recurrida, quien ha entendido que la exención en el pago de patente municipal contenida en el artículo 27 del D.L. N°3063, se hace extensible a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, pues de dicho documento consigna lo siguiente: “1. Autorízase la exención en el pago de las Patentes Municipales de la Sucursales de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, Rol Único Tributario N°70.016.330-k, ubicadas en domicilio reservado y domicilio reservado, de esta ciudad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 3.063/1979 sobre Rentas Municipales y Orden de Servicio C-14-11-857, de fecha 16 de octubre del 2014, de Alcaldía, de conformidad a lo señalado nen la parte expositiva de este decreto.”

DÉCIMOTERCERO: Que, habiéndose determinado fehacientemente que la Caja de Compensación de Asignación Los Héroes no se encuentra legalmente obligada al pago de una patente comercial, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores, es que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta al exigirle el pago de una patente comercial provisoria o definitiva, por entender que ejerce una actividad comercial sin contar la misma, ordenando la clausura del establecimiento y/o local donde funciona, ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, devino en ilegal, al no ajustarse a la normativa que rige la controversia ventilada en autos, razón por la cual se acogerá el presente recurso tal como se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don Rodrigo Marín Eterovic, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, sólo en cuanto, se ordena dejar sin efecto los Decretos Alcaldicios N°448 y N°901, de fecha 04 de marzo y 08 de mayo, respectivamente, ambos del presente año.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1452-2024 (PROT)

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