nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
- Fecha
- 27 de julio de 2018
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 1448-2018, sentencia de 27 de julio de 2018
Resumen
Se desestima el recurso de protección contra la Municipalidad de Antofagasta: otorgada la patente definitiva, el imperio del derecho quedó restablecido y no hay medida que adoptar.
Texto íntegro
Antofagasta, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS:
nombre reservado, empresario, representante legal de la sociedad comercial Zheng Mao Wu Zi Limitada, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada por doña Karen Rojo Venegas en su calidad de Alcalde, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida que vulnera las garantías del artículo 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.
Evacua informe la recurrida, instando por su rechazo.
Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que mediante Decreto Alcaldicio N°549/2018 se ordenó la clausura del local de la recurrente por realizar actividad comercial sin patente municipal.
Expone que en el año 2017 inicia la tramitación para formar una Importadora, la cual nace bajo el nombre de COMERCIAL ZHENG MAO WU ZI LTDA, Rut N° RUT reservado,752-K, ubicada en Sucre 469 de Antofagasta, lo cual le ha permitido emprender un trabajo.
Indica que la instalación en términos generales no ha sido fácil, primero por el desconocimiento de la legislación chilena, luego la barrera del idioma también ha sido un obstáculo. Sin embargo, ha recurrido al apoyo de profesionales chilenos quienes le han orientado y ayudado a tramitar ante los organismos pertinentes la creación y formación de su importadora.
De esta manera ha logrado la creación de una persona jurídica, ante el Servicio de Impuestos Internos, es decir, cuenta con iniciación de actividades, razón social y rol único tributario, contrataron personas para que les ayudaran a atender público, pagan oportunamente sus remuneraciones, cumplen en el pago de impuestos, leyes laborales y todo lo que se exige legalmente.
Agrega que arrendaron una propiedad para ejercer la función comercial, la cual se encuentra en domicilio reservado, y en la que han estado trabajando. Asimismo, sacaron en la Municipalidad la patente requerida para funcionar en forma provisoria. Luego, contrataron profesionales para poder obtener la patente definitiva. Sin embargo, por razones que no logra entender, este trámite se atrasó.
Añade que el retraso se debió a que los profesionales efectuaron dicha tramitación, habrían presentado toda la documentación solicitada al municipio. A causa de aquello, la Municipalidad presentó unas observaciones que fueron realizadas por las unidades municipales. El problema se generó a causa que estas observaciones fueron informadas por correo electrónico a la dueña del local arrendado, y no al profesional que contrató para estos efectos y quien presentó los antecedentes ante el municipio.
Alega que durante el mes de mayo de este año, la municipalidad le notificó de un cierre del local por vencimiento de patente comercial provisoria. Ante dicha situación, presento un recurso ante la entidad pertinente, y por un decreto se reabrió por un periodo de 15 días, tiempo en el cual acudió a un sinfín de personas y profesionales para poder dar cumplimiento a las observaciones realizadas por la Municipalidad. Sin perjuicio, ellos como usuarios, principales beneficiados o perjudicados dueños del local no tenían conocimiento de este retraso, ya que el profesional contratado para los efectos en cuestión, tampoco fue notificado, sino que nuevamente, se notificó a la dueña de la propiedad a través de correo electrónico.
Arguye que las observaciones presentadas por el Municipio estarían subsanadas en 30 días, tiempo en el cual la importadora podría tener su patente definitiva, razón por la cual solicita ese plazo para que su local siga abierto.
Estima que el acto denunciado constituye privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio del derecho y las garantías constitucionales del derecho a la igualdad, el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica, y el derecho a la propiedad.
Solicita acoger el recurso en todas sus partes declarando arbitrario e ilegal el cierre de local, dejándola sin efecto, y declarando que pueda seguir funcionado, otorgando un plazo razonable no inferior a 30 días hábiles que permiten subsanar las observaciones realizadas, o bien adopte las medidas que SS., ilustrísima estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con costas del recurso.
SEGUNDO: Que nombre reservado y Raúl Arán Cortés, Abogados, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, corporación autónoma de derecho público, representada legalmente por su Alcaldesa doña Karen Rojo Venegas, todos con domicilio en domicilio reservado, solicitan el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas.
Expone que el recurso interpuesto es improcedente, ya que no se cumplen con los requisitos que hacen procedente la acción que se intenta, toda vez que no existe una garantía vulnerada, dado que por la sola dictación y notificación del Decreto Alcaldicio correspondiente, de acuerdo a las formalidades que exige la ley, el recurrente dejó de ser el titular de algún derecho que pudiese verse vulnerado.
En cuanto a los hechos denunciados indica que con fecha 7 de marzo de 2017 se otorga patente provisoria Rol 2309078, para el local ubicado en Sucre N° 469, a nombre reservado, para el giro de importadora y comercializadora.
Luego, con fecha 18 de abril de 2018, mediante Decreto Alcaldicio N° 549/2018, se dispone la clausura inmediata de una serie de locales, entre ellos el local del recurrente, en razón de haber cumplido un año con patente provisoria, sin haber efectuado la regularización de su domicilio ante la Dirección de Obras Municipales, por lo que se encontraban realizando actividad comercial sin patente municipal. Dicho decreto es notificado al contribuyente mediante Ordinario (E) N° 1301, de fecha 25 de abril del año en curso.
Señala que el 22 de mayo, funcionarios de la Dirección de Inspección concurren al local y proceden con la clausura del mismo.
Enfatiza que el 23 de mayo, en atención a una petición del contribuyente, y dado que la clausura no puede perjudicar permanentemente al mismo, se instruye a la Dirección de Inspección el alzamiento temporal de la clausura, por 15 días, con el único fin que pudiera ingresar al inmueble para realizar los trabajos necesarios para subsanar las observaciones hechas por la Dirección de Obras Municipales, y de esta manera continuar con la tramitación para obtener finalmente, la patente definitiva necesaria para desarrollar la actividad comercial.
Puntualiza que transcurridos los 15 días señalados, con fecha 7 de junio Inspectores Municipales proceden a colocar nuevamente los sellos de clausura, toda vez que, aun habiéndole concedido el plazo solicitado, el contribuyente no realizo los trámites necesarios.
Concluye que con fecha 13 de julio, y subsanadas las observaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales, el Departamento de Rentas le otorga la patente definitiva Rol 21162723, para el local ubicado en Sucre N° 469, giro de Importadora y Comercializadora.
TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.
En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.
El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, cuando es contrario a derecho o a la ley o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.
QUINTO: Que de los antecedentes acompañados y de acuerdo a lo informado por la recurrida en orden a que con fecha 13 de julio del presente el Departamento de Rentas le otorga la patente definitiva Rol 21162723, para el local ubicado en Sucre N° 469, giro de Importadora y Comercializadora, el imperio del derecho se encuentra restablecido, no existiendo por ende medida alguna que adoptar en el marco de la presente acción cautelar.
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DESESTIMA, el recurso interpuesto por nombre reservado, representante legal de la sociedad comercial Zheng Mao Wu Zi Limitada, en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada por doña Karen Rojo Venegas.
Regístrese y comuníquese.
Rol 1448-2018 (PROTECCIÓN)