Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Antofagasta, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N°NUM000, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de Antofagasta, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber emitido de forma ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 08 de julio de 2025, que declaró desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado disponga la concesión de la visa temporaria de refugio, prevista en el artículo 32 de la Ley 20.430, mientras se resuelve de fondo su petición, conculcando las garantías constitucionales del artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República y desconoce el marco normativo que regula el derecho a solicitar refugio en Chile, contemplado en la Ley N°20.430 sobre protección de refugiados, así como los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos y protección de personas refugiadas, solicitando se declare admisible su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada o bien se adopten todas las medidas necesarias para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Informó el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se expone en el recurso que el actor, debido a la grave situación de violencia generalizada, amenazas directas a su seguridad personal y violaciones a los derechos humanos en su país de origen, se vio forzado a abandonar Venezuela con fecha 08 de octubre de 2021, arribando a territorio nacional chileno con fecha 16 de octubre del mismo año, ingreso que se realizó por paso no habilitado.

Relata que, una vez establecido en Chile y habiendo reunido antecedentes sobre su condición, con fecha 28 de febrero de 2025 concurrió a dependencias de la Dirección Regional de Migraciones en Antofagasta, donde formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, completando el formulario entregado por funcionarios de la repartición y prestando declaración sobre los hechos que justificaban la petición.

Manifiesta que, pese a haber cumplido con la presentación requerida, la autoridad recurrida dictó la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 08 de julio de 2025, en virtud de la cual se tuvo por desistida la solicitud, fundándose en que el solicitante no habría ingresado su requerimiento dentro del plazo de siete días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430; y que al haber ingresado por paso no habilitado y no haber acreditado circunstancias que justificaran tal situación, no se cumplían los requisitos de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la citada ley.

Indica que, previo a la dictación de dicha resolución, con fecha 02 de julio de 2025, había efectuado la subsanación de su solicitud en la plataforma de trámites digitales del propio Servicio Nacional de Migraciones, cuestión que no fue ponderada por la autoridad administrativa.

Precisa que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley N°20.430, los antecedentes debieron ser remitidos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, órgano competente para evaluar los requisitos de procedencia, lo cual no se efectuó, impidiéndose de ese modo el inicio formal del procedimiento.

Sostiene que el acto impugnado resulta arbitrario e ilegal, en tanto la figura de “desistimiento” invocada por la administración carece de asidero legal, toda vez que ni la Ley N°20.430 ni su reglamento permiten presumir o declarar tal desistimiento sin una manifestación expresa, individual y voluntaria del interesado, conforme lo dispone el artículo 52 del Decreto Supremo N°837.

Enfatiza que su representado jamás ha manifestado voluntad de abandonar la solicitud presentada y que la interposición misma del presente recurso evidencia lo contrario.

Alega, asimismo, que la resolución recurrida desconoce principios esenciales del ordenamiento jurídico. En particular el principio de proporcionalidad, al privilegiar consideraciones formales por sobre la grave situación humanitaria del solicitante, exponiéndolo al riesgo de devolución forzada, el principio de irretroactividad de las sanciones, previsto en el artículo 19 N°3 de la Constitución, al imponer una consecuencia jurídica adversa sin norma previa que lo autorice, la obligación legal de otorgar la visa temporaria de solicitante de refugio, establecida en el artículo 32 de la Ley N°20.430 y en el artículo 42 de su reglamento, disposición de carácter imperativo que ordena la extensión de dicha visa una vez presentada la solicitud, la que no ha sido entregada a su representado.

Hace presente que la normativa nacional e internacional protege el derecho a solicitar refugio y asilo, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en el artículo 4 de la Ley N°20.430, que consagra expresamente el principio de no devolución. En consecuencia, estima que la decisión administrativa recurrida vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de respeto a los derechos esenciales de la persona humana.

En mérito de lo expuesto, pide se acoja la acción, declarando que el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, se ordene la prosecución de la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y, mientras se sustancia el procedimiento, se disponga la inmediata entrega de la visa temporaria de refugio prevista en la Ley N°20.430.

SEGUNDO: Que informó la abogada Pamela Ahumada Zamorano, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Señala que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no registra fecha oficial de ingreso al país en los sistemas de control migratorio, lo que lleva a concluir que su ingreso se produjo de manera clandestina, eludiendo los controles fronterizos establecidos por la normativa vigente.

Expone que con fecha 28 de febrero de 2025, el recurrente manifestó ante el Servicio Nacional de Migraciones su intención de acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo citado a entrevista de admisibilidad conforme al artículo 28 bis de la Ley N°20.430.

Dicho requerimiento se materializó a través de comunicación electrónica remitida al correo aportado por el propio interesado, convocándolo para el día 23 de junio de 2025 a las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional, a objeto de dar inicio al procedimiento administrativo respectivo.

Agrega que, en el contexto de dicha entrevista y en el formulario de admisibilidad, el extranjero declaró haber salido de Venezuela buscando un mejor futuro, atendida la falta de trabajo, alimentos y condiciones de vida digna, señalando que su familia se trasladó a Chile en conjunto, que su padre ingresó de manera legal al país, y que, por recomendación de un abogado, decidió postular al procedimiento de refugio.

Hace presente que, mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 23 de junio de 2025, notificada al correo electrónico del recurrente, se le informó que no cumplía con los requisitos formales para dar curso a su solicitud, otorgándosele un plazo de quince días para subsanar las observaciones detectadas, bajo apercibimiento legal de tener por desistida la petición conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880. Dichas observaciones consistían, en primer lugar, haber excedido el plazo de siete días hábiles, previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430, para presentarse ante el Servicio luego de su ingreso al país y, en segundo lugar, mantener un ingreso al territorio nacional por paso no habilitado, sin haber acompañado los antecedentes que acreditaran el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley N°20.430, exigencia contenida en el numeral 5 del artículo 26 de la misma ley.

Informa que, con fecha 02 de julio de 2025, el extranjero compareció aportando documentación adicional y una carta explicativa, en la que sostuvo que su ingreso a Chile se produjo siendo menor de edad, motivo por el cual no había tramitado antes el reconocimiento de su condición de refugiado, dado que dependía de las decisiones de sus padres.

Expuso además la situación de crisis generalizada que afecta a Venezuela, refiriendo falta de seguridad, trabajo, alimentos y educación, lo que lo llevó a abandonar su país natal, argumentó tener arraigo en Chile, principalmente familiar, acompañando documentos de empadronamiento emitidos por la Policía de Investigaciones que registraban a su padre, tíos y primos.

Informa que, con todo, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones declaró por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto la documentación acompañada no permitió tener por subsanadas las falencias advertidas, en especial, la acreditación del cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N°20.430.

Hace presente que en la resolución antes citada se dejó constancia de que el extranjero contaba con los recursos administrativos y judiciales que la ley contempla, de conformidad al artículo 139 de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, los cuales no fueron ejercidos por el interesado.

Sostiene que lo que persigue la presente acción constitucional es que se reconozca al recurrente la calidad de refugiado por vía judicial, cuestión que la normativa vigente entrega de manera exclusiva a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, en base al cumplimiento de requisitos de forma y fondo que, en el caso concreto, no fueron satisfechos.

Por último, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido, acompañando al efecto copia del oficio de citación a entrevista, de la Resolución Exenta N°NUM002 que otorgó plazo para subsanar observaciones, de la documentación presentada por el recurrente, y de la Resolución Exenta N°NUM001 que declaró por desistida la solicitud.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las alegaciones vertidas por el recurrente en su presentación, se desprende que el acto que reprocha como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N°NUM001 de 08 de julio de 2025, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, de los que se desprende que el acto reprochado como ilegal y arbitrario consiste en haber tenido al recurrente por desistida de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, bajo el fundamento no haber acompañado documento que permitiera acreditar el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 8° del Decreto Supremo N°837.

SEXTO: Que, en relación con los extranjeros que deseen el reconocimiento de su calidad de refugiados y hayan ingresado de manera irregular al país, viene al caso tener presente los siguientes artículos contenidos en la Ley N°20.430:

Artículo 26, “Presentación de la Solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular. De tal modo, deberá quedar a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte la resolución que le reconozca tal condición; sin embargo, en caso de rechazo, el solicitante deberá hacer abandono voluntario del territorio nacional, si es que no le ampara alguna causal legal para su permanencia. Para conceder el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes antecedentes: 1. Inminente peligro en el país de origen o persecución política del solicitante que ponga en riesgo su vida, libertad o integridad física. 2. Que no mantenga una solicitud similar ante otro Estado ni haya sido reconocido como refugiado en otro Estado. 3. Estados por los cuales el requirente ha transitado o en los que ha residido previo a su solicitud en el territorio nacional y las razones por las que, si pudo solicitar refugio, no lo hizo. 4. Medios utilizados para salir del país de origen y pertinencia de acceder a Chile por medio de otros Estados. 7 5. En caso de ingreso irregular, además deberá cumplir los requisitos y plazos fijados en esta ley. 6. Aquellos que el Servicio Nacional de Migraciones establezca mediante resolución de la Subsecretaría del Interior. La solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso serán trasladados a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentre vigente, y se les informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado. En el caso que se manifieste por el solicitante la intención de que se le reconozca la condición de refugiado, la autoridad contralora de frontera procederá a dejar constancia por escrito de la solicitud y entregará una copia escrita de dicha constancia al solicitante y al Servicio Nacional de Migraciones. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad, en caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico. La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. De manera excepcional, se podrá dar curso a la solicitud cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones descritas en el artículo 2º, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En este caso, la solicitud de reconocimiento deberá presentarse 8 en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.”.

Acto seguido, el artículo 27, dispone que, “Recepción de la Solicitud. Los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero, deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.” En el mismo sentido, el artículo 35 del Decreto N°837 de 2011 del Ministerio del Interior, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº20.430, dispone: “Los extranjeros que hubieren ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”. Dicho artículo 8, inciso primero del Reglamento prevé lo siguiente: “No sanción por ingreso o residencia irregular. Los extranjeros que hubieren ingresado Irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.”. Realizado este trámite previo, el artículo 36 bis establece que: “La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá presentarse, por escrito o completando el formulario entregado por la autoridad competente, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Este trámite deberá realizarse de forma personal por el interesado ante el aludido Servicio. En caso que el extranjero esté impedido de presentarse personalmente por motivo de fuerza 9 mayor, debidamente justificado, dicho Servicio arbitrará las medidas para que un funcionario habilitado concurra al lugar donde se encuentre, le informe del procedimiento y le asista en la presentación de su petición”. Por su parte, el inciso 1° del artículo 6° de la Ley N°20.430 dispone: “Artículo 6°. - No Sanción por Ingreso Clandestino y Residencia Irregular.

No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada”.

Finalmente el Decreto N°837 que aprueba el Reglamento de la Ley 20.430 en su artículo 52 señala en su inciso 3° lo siguiente: “Artículo 52.- Archivo de la solicitud. Todo solicitante podrá desistirse de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en cualquier etapa del procedimiento, mediante una declaración en orden a no perseverar en su solicitud. El desistimiento será individual, expreso, voluntario e informado…”.

SÉPTIMO: Que, asimismo, tratándose de solicitantes de refugio, el artículo 30 del Decreto N°837, que aprueba el Reglamento de la Ley N°20.430, ordena la aplicación supletoria de la Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

OCTAVO: Que, lo señalando en los considerandos precedentes, dan cuenta de que la autoridad migratoria incumplió el artículo 52 del Decreto N°837 que expresamente señala que el desistimiento debe ser individual, expreso, voluntario e informado; por cuanto ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistido a la peticionaria, conculcando la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente.

NOVENO: Que, de los propios antecedentes aportados por el recurrente, consta que su arribo a Chile se produjo con fecha 16 de octubre de 2021. Así, resulta incuestionables que han transcurrido más de tres años entre dicha fecha y la oportunidad en que formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, el 28 de febrero de 2025, excediendo con creces el plazo fatal de siete días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430 para presentarse ante la autoridad competente. En estas condiciones, el propio reconocimiento de ingreso en octubre de 2021 descarta cualquier alegación de la oportunidad de su gestión y hace improcedente el recurso interpuesto, al no cumplirse los requisitos legales mínimos exigidos para la formalización del procedimiento de refugio, inobservancia que tampoco fue subsanada a la época en que el interesado adquirió su mayoría de edad, si es que esa razón fue la que le pudo haber impedido cumplir con lo requerido a la data de su ingreso al país.

DECIMO: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto se ha limitado a aplicar la normativa vigente, siendo improcedente pretender que esta Corte sustituya la decisión administrativa adoptada dentro del marco de las competencias legales.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogada, en representación y a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1446-2025 (Protección)