nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE-CALAMA

Dpp/ Antofagasta, a dos de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Christian Orlando Castro Hernández, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en la ciudad de Calama, quien dedujo recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representados por nombre reservado, por el acto y omisión arbitrario que atenta contra las garantías fundamentales del actor consagradas en el artículo 19 numerales 16 y 24 de la Carta Política, al haberle exigido hacer abandono y restitución de la vivienda fiscal ubicada en la dirección que indica y donde se encuentra viviendo en función de su calidad como cabo primero de Carabineros de Chile, sin haberse cumplido las condiciones requeridas legalmente para la configuración de la baja administrativa que se requiere para la mentada restitución de dicha vivienda, solicitando se deje sin efecto el acta de notificación que ordena su abandono y restitución, o bien se adopte por esta Corte la medida que estime prudente para el restablecimiento del imperio del derecho.

Informó la recurrida al tenor del recurso, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda el recurrente su arbitrio constitucional, señalando en primer lugar que el protegido se desempeñaba como Cabo Primero en la Prefectura N°29 El Loa de Carabineros de Chile, siendo sometido con fecha 29 de septiembre de 2024, a un proceso penal instruido por la Fiscalía Militar de Calama por un supuesto delito de falsedad, quedando suspendido en sus funciones mientras se tramitaba la causa judicial.

Señala que, mediante resolución de la Corte Marcial de 4 de febrero de 2025, se revocó el auto de procesamiento dictado en su contra, declarándose que no era procesado por el delito de falsedad del artículo 367 N°5 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 193 del Código Penal. La resolución, notificada el 19 de febrero de 2025, quedó ejecutoriada, según constaría en certificación respectiva.

Sin perjuicio de ello, con fecha 25 de noviembre de 2024, bajo Resolución N°1818, el recurrente fue dado de baja con efectos inmediatos, fundándose la medida en la supuesta comisión de un delito de falsedad y en transgresión al principio de probidad administrativa, invocando el artículo 8° de la Constitución Política de la República y el artículo 52 de la Ley N°18.575.

De este modo, la baja fue justificada como una sanción disciplinaria por “conducta mala”, en atención al auto de procesamiento en la causa Rol 14-2024. Sin embargo, dicho fundamento quedó sin sustento al ser revocado el procesamiento, lo que implica que no existió mérito suficiente para configurar la causal administrativa aplicada.

En consecuencia, al quedar sin efecto el auto de procesamiento, no se cumplían los presupuestos para dar término a la carrera funcionaria del recurrente, ni tampoco para disponer su eliminación de las filas institucionales. Ello resulta incompatible con lo dispuesto en los artículos 65 letra b) y 127 N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros.

Por lo mismo, el recurrente solicitó expresamente su reincorporación al cargo de Cabo Primero, petición que reiteró en diversas oportunidades, sin obtener respuesta formal de la institución.

Posteriormente, con fecha 2 de julio de 2025, se le notificó resolución administrativa del Jefe de Comisión Poblaciones de la Prefectura El Loa N°29, Capitán nombre reservado, ordenando la restitución de la vivienda fiscal ubicada en domicilio reservado, en el plazo de sesenta días.

En virtud de lo anterior, advierte que la restitución de la vivienda fiscal se funda en la baja dispuesta en su contra, pese a que el recurrente fue sobreseído en el proceso penal, y que no se ha dictado resolución administrativa firme que justifique la medida.

Así las cosas, la orden de restitución afecta el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, pues la asignación de la vivienda fiscal constituye un derecho adquirido ligado a su calidad funcionaria, la cual no ha cesado legalmente.

Finalmente, concluye que la decisión administrativa vulnera derechos fundamentales del recurrente, toda vez que desconoce el sobreseimiento decretado en sede penal y persiste en los efectos de una baja improcedente, lo que configura la hipótesis de ilegalidad y arbitrariedad prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Informó el Coronel de Carabineros, Prefecto, Oliver D. nombre reservado, Carabineros de Chile, Prefectura el Loa, al tenor de recurso, instando por su rechazo, con costas.

En primer lugar, indica que según Resolución Exenta N°1818, de 25 de noviembre de 2024, se dispuso la baja por conducta “mala”, con efectos inmediatos del Cabo 1° nombre reservado, fundada en el Oficio N° 991 (causa Rol 14-2024, Fiscalía Militar El Loa), que ordenó su ingreso en prisión preventiva en libre plática por el presunto delito de falsedad cometido por carabinero, describiéndose hechos vinculados al Parte de Detenido N°11848 de 30 de diciembre de 2023 y constancias funcionales; ello en relación con el artículo 367 N°5 Código de Justicia Militar y artículo 193 N°2, 3 y 4 del Código Penal.

Añade que, el acto resolutivo le imputó transgresiones al Reglamento de Disciplina N°11, contra la subordinación y el compañerismo; contra el buen servicio; y estimó vulnerado el principio de probidad administrativa.

Hace presente, además, que la resolución en cuestión consignó que la baja tiene carácter condicional y queda sujeta al resultado final del sumario administrativo; de imponerse una sanción diversa de la baja, corresponderá su reintegro conforme al Reglamento de Sumarios Administrativos N°15.

Indica que, con motivo de los hechos investigados penalmente, se instruyó sumario administrativo; sin embargo, por Resolución N°1292, de 23 de agosto de 2024, la Prefectura El Loa suspendió su tramitación hasta el término de la causa penal a cargo de la Fiscalía Militar y de la Fiscalía Local de Calama. Luego, habiéndose decretado el sobreseimiento total y definitivo en la causa penal seguida en la Fiscalía Militar, se alzó la suspensión y se continuó el sumario, quedando pendiente la vista fiscal, previa remisión al Mando para el pronunciamiento correspondiente.

En cuanto a la utilización del inmueble fiscal, indica que, en el marco del traslado de Chuquicamata a Calama, Codelco entregó en comodato 111 viviendas a la Dirección de Bienestar de Carabineros, delegándose la administración (asignación y contratos) a Jefes de Zona/Prefectos y Subprefecto Administrativo/Jefe Comisión Poblaciones.

Asimismo, la Orden General N°2009 de noviembre de 2011, modificada por la Orden General N°2537, del 06 de diciembre de 2017, fijó requisitos para el beneficio (funcionario de planta; estado civil; carga familiar; 3 años de servicios; no ser propietario en la ciudad; y afiliación al fondo de ahorro); si el usuario pierde requisitos, la Dirección de Bienestar puede requerir la restitución mediante resolución fundada, con plazo de 60 días.

Producto de lo anterior el 14 de junio de 2021 se suscribió contrato de arriendo del inmueble ubicado en domicilio reservado, entre Bienestar (Subprefecto Administrativo (S)) y el recurrente de autos.

Posteriormente, al disponerse su eliminación condicional de las filas el 25 de noviembre de 2024, se estimó la pérdida de requisitos desde esa fecha y, por Resolución Exenta N°343, de 23 de junio de 2025, se puso término al contrato, notificándose por carta certificada el 02 de julio, ordenándose la restitución para el 02 de septiembre, ambos del 2025, sin que se haya restituido el inmueble.

Enfatiza que, la medida en cuestión se sustenta en la Ley N°18.961, artículo 43 letra d) (retiro absoluto por sanción disciplinaria); DFL (I) N°2/1968; Reglamento de Disciplina N°11, artículos 22, 23 y 35 N°4 letra c) (tipificación, sanción y competencia del Prefecto); y Reglamento de Selección y Ascensos N°8, artículo 127 N°4 letra e), inciso penúltimo (baja por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio del sumario).

En paralelo, precisa que la baja disciplinaria está supeditada al término del sumario, manteniéndose pendientes las instancias recursivas internas y el eventual control de legalidad de la Contraloría.

Sostiene que, el sobreseimiento penal decretado por la Fiscalía Militar de Calama no altera per se lo resuelto en sede disciplinaria, pues la responsabilidad administrativa es independiente de la penal o civil, conforme a Dictámenes de la Contraloría General de la República que cita.

Después, al momento de aplicar la medida expulsiva de carácter transitorio, se verificaron antecedentes que afectaban integridad moral, prestigio institucional y buen servicio, estimándose responsabilidad en principio suficiente para la calificación de gravedad exigida.

En el mismo sentido, arguye que el recurso de protección es una acción cautelar, sumaria y de urgencia que tutela el ejercicio actual de garantías; no es instancia de lato conocimiento ni de declaración de derechos.

Desde ahí, que las pretensiones sobre libertad de trabajo, remuneraciones y el acto de restitución de vivienda fiscal suponen controversias fáctico-probatorias impropias de esta sede, requiriendo, en su caso, juicio declarativo, sin que concurra un derecho indubitado, ni acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales que se invocan, por lo que la acción no puede prosperar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en atención al tenor del libelo recursivo, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario consiste en la dictación de la Resolución Ex. N°343, de fecha 23 de junio de 2025, notificada con fecha 02 de julio del año en curso, mediante la cual se resolvió finalizar el contrato de arriendo de vivienda fiscal suscrito con fecha 14 de junio del año 2021, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado; cuyo fundamento base según se extrae de su numeral 4 de la parte considerativa, obedece a que”…con fecha 25 de noviembre del año 2024, conforme Resolución Exenta Nro. 1818 de esta Prefectura de Carabineros el Loa Nro.29, resuelve “Disponese la Baja por Conducta Mala con Efectos Inmediatos del Personal de Nombramiento Institucional que se Indica”, CABO 1RO. nombre reservado, perdiendo así su calidad de funcionario en la institución de Carabineros de Chile.”.

Reclama el actor, que el fundamento de la restitución de la vivienda fiscal corresponde a la baja dispuesta en su contra, a pesar de haber sido sobreseído en el proceso penal seguido en su contra, sin que se haya dictado resolución administrativa firme que justifique la medida, debiendo por tanto ser reincorporado a las filas de la institución, sin que resulte procedente la restitución de la vivienda fiscal.

A su turno, la recurrida sostiene que, el sobreseimiento penal decretado por la Fiscalía Militar de Calama no altera lo resuelto en sede disciplinaria, pues la responsabilidad administrativa es independiente de la penal o civil, enfatizando que la medida disciplinaria impuesta al actor se encuentra supeditada al sumario administrativo que actualmente se encuentra pendiente de resolución.

SEXTO: Que, conforme el mérito de los antecedentes puestos a disposición de esta Corte para resolver el presente recurso, no se vislumbra en el acto recurrido atisbo alguno de ilegalidad en los términos denunciados por el actor, pues la decisión tiene amparo legal en la normativa que regula la situación y que fuera latamente expuesta por la recurrida en su informe, así como en el propio contrato de arrendamiento suscrito por el actor con fecha 14 de junio de 2021. A su turno, tampoco es posible afirmar que se trate de un acto arbitrario, por cuanto existe prueba allegada al proceso que da cuenta de que actualmente pesa en contra del recurrente la medida disciplinaria de “baja por conducta mala”, la que tuvo efectos inmediatos desde su imposición con fecha 25 de noviembre de 2024. Ello, sin perjuicio de que, y tal como lo sostuvo la recurrida, la misma se encuentra condicionada a la conclusión del sumario administrativo que se mantuvo suspendido mientras se tramitaba el proceso penal, lo que permite arribar a la conclusión de no estar frente a un acto de carácter terminal que permita, eventualmente, su revisión ante esta Corte.

De lo anterior, se desprende además, que el recurrente en la actualidad no forma parte de la planta en calidad de funcionario de Carabineros de Chile, requisito esencial para acceder a la asignación de una vivienda fiscal en los términos exigidos y que estuvieron presentes a la hora de celebración del respectivo contrato; calidad cuya pérdida no puede sino conllevar a que el actuar de la recurrida al solicitar la restitución del inmueble en cuestión se encuentre total y absolutamente ajustada a derecho, sin perjuicio del pronunciamiento final una vez resuelto el sumario administrativo.

SÉPTIMO: Que, de otra parte, lo resuelto en el proceso penal que invoca el actor y cuyo sobreseimiento fue decretado, en nada altera su eventual responsabilidad administrativa que se persigue a través del sumario vigente, pues son procesos distintos e independientes entre sí, con finalidades diversas. En consecuencia, no encontrándose discutido que el proceso sumarial en el que se dispuso la baja inmediata no ha terminado, resulta jurídicamente imposible reprochar ilegalidad al hecho de que la recurrida no haya reincorporado, aún, al recurrente a las filas de la institución, así como tampoco al término del contrato de arrendamiento y la consecuencial solicitud de restitución del inmueble fiscal, por cuanto dicha situación se ajusta a los hechos y a la normativa vigente. Por otra parte, tampoco resulta posible reprochar arbitrariedad, desde que la situación descrita encuentra sustento en la normativa consignada tanto en la resolución exenta impugnada, así como en aquella que aplicó la medida de baja por mala conducta con efectos inmediatos y en la circunstancia de que, precisamente, aún no se haya dictado resolución de término ejecutoriada en el sumario administrativo, de lo que se sigue que no obedece al mero capricho infundado de la autoridad.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y mayor abundamiento, conviene indicar que la controversia ventilada en autos tampoco puede ser resuelta a través del ejercicio de la presente acción, la cual constituye una de carácter cautelar y de urgencia, al no estar en presencia de un derecho indubitado que amerite la intervención de esta Corte, y por no vislumbrarse afectación a garantía constitucional alguna en los términos invocados por el actor; máxime cuando, lo debatido consiste en el término de un contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble fiscal, lo que inmediatamente nos sitúa en un régimen de responsabilidad civil contractual, el que necesariamente debe ser conocido a través de un procedimiento de lato conocimiento.

Razones todas que conllevan necesariamente a que la presente acción sea rechazada tal como se dispondrá en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Christian Orlando Castro Hernández, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1440-2025 (PROT)