nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, veinte de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Compareció Mario Espinosa Valderrama, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en razón del acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, consistente en la obtención del pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones. Solicitó se ordene a las recurridas a abstenerse de efectuar descuentos de sus remuneraciones y el rembolso de los montos indebidamente descontados.

Informaron las recurridas como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente indicó que el 16 de agosto de 2023, suscribió el pagaré N°003CON104020849 a favor de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por la suma de $9.367.188, por concepto de capital, más los intereses correspondientes. Asimismo, en el referido pagaré se estipulo que el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, pactó la facultad al empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Sostuvo que perdió su única fuente de ingresos al quedar sin trabajo por lo que vio perjudicada significativamente su situación económica, lo implicó que cayera en mora. Es por ello, que Caja Los Andes lo demandó ejecutivamente, específicamente el 13 de enero de 2025, iniciándose la causa Rol C-99- 2025, tramitada ante el 3° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”, en la que se dictó sentencia el 1 de junio de 2026, acogiendo el tribunal la excepción de prescripción de la acción ejecutiva interpuesta a su favor.

Agregó que el 5 de diciembre de 2025, logró obtener un empleo bajo la dependencia de Finning Chile S.A, lo que le significó, una gran tranquilidad, ´por lo que mantenía la legítima expectativa de percibir remuneraciones de manera íntegra y previsible, según lo pactado con su nuevo empleador, pero al momento de recibir su liquidación de sueldo de mayo de 2026, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada, debido a un descuento por la suma de $287.558, por concepto “Préstamo CCAF Los Héroes 1/1, por lo que se le ha privado injustificadamente de dicha suma en la remuneración que le correspondía recibir.

Destacó que el descuento es efectuado por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, en virtud de un sistema integrado de recaudación, denominado “Intercajas”. Este sistema opera a través de un mandato de las cajas firmantes, entre las que se encuentran las recurridas, que faculta al Sistema Nacional de Comunicación Financiera (SINACOFI) para gestionar la información y recaudación de aquellos créditos tomados por ex afiliados a ellas; sistema que se funda en un acuerdo entre las C.C.A.F. consistente en que la caja de actual filiación debe informar y descontar las deudas que los afiliados mantengan vigentes con aquellas cajas donde originalmente solicitaron los créditos, para luego remesar dichas recaudaciones a estas últimas. Esto es de importancia, ya que no contrató con la Caja de Asignación Familiar Los Héroes.

Hizo presente que no fue informado por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador.

Con todo, previas citas relativas a las normas contenidas en la Ley N°18.833, y jurisprudenciales, solicitó se ordene se ordene a las recurridas a abstenerse de efectuar descuentos de sus remuneraciones y el rembolso de los montos indebidamente descontados, con costas.

SEGUNDO: Que informó Ana María Pincheira Rocca, abogada en representación judicial de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, quien instó por el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Señaló que, tal como indicó el actor, el 16 de agosto de 2023 suscribió un pagaré con Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que queda claro que no mantiene un crédito social vigente otorgado por su parte, como tampoco que haya celebrado el contrato de crédito social que da origen a la presente acción, lo que permite concluir que no es titular o acreedora de la obligación cuya cobranza se cuestiona.

Puntualizó en que se limitó exclusivamente a actuar en su calidad de entidad recaudadora dentro del Sistema Intercajas, respecto de una obligación crediticia informada por la caja acreedora. El Sistema Intercajas es un mecanismo de coordinación entre las cajas de compensación que permite gestionar la información y recaudación de cuotas correspondientes a créditos sociales otorgados por una caja distinta de aquella en que se encuentra afiliado el trabajador al momento del descuento. En este mecanismo debe distinguirse entre la caja acreedora, que otorgó el crédito, mantiene sus antecedentes y determina e informa la existencia de cuotas pendientes, y la caja recaudadora, cuya intervención es instrumental y se limita a ejecutar la recaudación conforme a la información proporcionada por la primera. En el presente caso, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes tiene la calidad de entidad acreedora, mientras que Caja Los Héroes intervino únicamente como entidad recaudadora. La glosa utilizada en la liquidación de remuneraciones no altera la titularidad del crédito ni la transforma en acreedora.

Por lo anterior, indicó que cualquier controversia relativa a la existencia, exigibilidad o prescripción de la deuda; al ejercicio de una cláusula de aceleración; a la interposición de acciones judiciales; a los efectos de la sentencia dictada en la causa Rol C-99-2025 del 3° Juzgado Civil de Antofagasta; o a la procedencia de mantener cuotas pendientes para su descuento, debe ser aclarada y resuelta por la caja acreedora.

Así pues, en base a lo expuesto precedentemente, alegó falta de legitimidad pasiva, sumado a la inexistencia de actuación arbitraria o ilegal que le sea atribuible, como la improcedencia de restituir las sumas que se habrían descontado, pues no resulta jurídicamente procedente imponer a una entidad meramente recaudadora dicha obligación, correspondientes a una obligación de titularidad de un tercero, especialmente cuando no ha adoptado decisión alguna acerca de la subsistencia o exigibilidad del crédito.

TERCERO: Que, informó el abogado Matías Amigo Garcías, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien indicó que el 16 de agosto de 2023, le otorgó al actor la operación de crédito código N°003CON104020849, por un capital inicial de $9.367.188, a una tasa de interés mensual de 2.15%, pagadero en 60 cuotas de $288.267, cuyo primer vencimiento correspondió a 31 de octubre 2023. Las cuotas de los meses de octubre 2023 a mayo 2024, N°1 a N°8, fueron pagadas desde el 10 de noviembre 2023 al 10 de junio 2024. La cuota de junio 2024, N°9, fue diferida luego de la última cuota pactada, por encontrarse con licencia médica. A la fecha, la operación de crédito presenta en moroso las cuotas de los meses de julio 2024 a mayo 2026, N°10 a N°32. En consecuencia, se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentra prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Agregó que si bien es cierto inició una demanda en contra del recurrente, esto no fue por capricho, sino por una obligación establecida en el en la Circular N°3567 del 4 de enero de 2021, en la que se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social, y que deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 100 UF, por lo que no existe otra opción para las cajas que iniciar el juicio ejecutivo.

Precisó que efectuó el cobro de la deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, es exigible, pues no existe una declaración judicial en dicho sentido, mientras que la vía idónea para alegarla no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Finalmente, previas citas legales, jurisprudenciales y aseverar que no ha incurrido en el actuar arbitrario e ilegal que invoca el recurrente, instó por el rechazo de la presente acción.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en mérito de los planteamientos formulados en la presente acción cautelar y de los antecedentes allegados por el recurrente, éste pretende en esta instancia judicial que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes deje sin efecto el descuento realizado en sus remuneraciones a través de sistema “intercaja”, esto es cobro efectuado por ésta en calidad de recaudadora por tratarse de la entidad a la cual se encuentra adscrito el empleador del actor, a raíz del crédito que se le otorgó por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes el 16 de agosto de 2023, por la suma de $9.367.188.

OCTAVO: Que, en mérito de lo expuesto por todas las partes de esta acción cautelar, ha quedado suficientemente establecido que Caja de Compensación Los Héroes, sólo ha actuado como ente retenedor de los descuentos indicados, según permiten las normas legales contenidas en la Ley N°18.833, por lo que no cabe sino desestimar las pretensiones del actor en contra de ésta.

NOVENO: Que, por su parte, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

En consecuencia, en principio el descuento de las remuneraciones cuestionado se ha realizado al amparo de la ley y conforme a los contratos suscritos por las partes, siendo el cuestionamiento si el actuar de la recurrida una vez demandado excede el marco de dicha autorización.

DÉCIMO: Que, consta de los documentos allegados por el actor, que la recurrida Caja de Compensación Los Andes, respecto al pagaré N°003CON104020849, de 16 de agosto de 2023, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, ingresado el 13 de enero de 2025, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor según obra de resolución de 16 de enero de 2025, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré, suscrito por el actor, y que coincide con el pagaré informado por la recurrida, proceso judicial que concluyó con la dictación de la sentencia definitiva de 1 de junio de 2026, pronunciada por el juez Jordan Campillay Fernández, en causa Rol C-99-2025, en la que se resolvió acoger la excepción de prescripción extintiva de la acción ejecutiva alegada en dicha instancia por el recurrente, y, en consecuencia, se rechazó íntegramente la demanda ejecutiva. Asimismo, consta del expediente judicial de la referida causa que dicha sentencia quedó firme u ejecutoriada según certificación de 24 de junio del presente año.

UNDÉCIMO: Que la recurrida Cajas Los Andes sostiene que los descuentos efectuados encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación para instruir el descuento por planilla de las cuotas correspondientes a créditos sociales.

Sin embargo, dicha facultad legal no puede entenderse como absoluta ni ilimitada, sino que debe ejercerse dentro del marco del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, excluyendo toda forma de autotutela y respetando el debido ejercicio de las acciones judiciales que el propio ordenamiento contempla.

En efecto, una vez que la acreedora optó por acelerar el crédito e interponer la correspondiente demanda ejecutiva para obtener el cobro íntegro de la obligación, sometió la satisfacción de su pretensión al conocimiento del órgano jurisdiccional competente, resultando incompatible con dicho actuar que, paralelamente, procediera a obtener pagos mediante descuentos directos sobre las remuneraciones del deudor respecto de la misma obligación, sin mediar resolución judicial que así lo autorizara.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Mario Espinosa Valderrama, en representación de nombre reservado, solo respecto de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y sólo en cuanto, la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social, vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar el o los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones, luego de interpuesta la demanda ejecutiva por la recurrida en la causa ya singularizada.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Juan Fernando Opazo Lagos, quien fue de parecer de rechazar el recurso por considerar que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, y, en consecuencia, las cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso a través de la planilla de remuneración del afiliado, porque incluso con el cobro judicial la recurrente sigue adeudando montos muy superiores a los que se descuentan y porque, actualmente lo obrado sólo resulta ser cumplimiento de la Circular N° 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que obliga a las CCAF a iniciar acciones de cobranza judicial para deudas que superen las 100 UF y con más de seis meses de morosidad, no teniendo una opción la recurrida en esta materia, siendo relevante que la Circular N° 3894 de la SUSESO, de 13 de noviembre de 2025, que es obligatoria para la recurrida, modificó el Compendio de Normas, estableciendo instrucciones para el reinicio de descuentos aun con acción judicial iniciada, siempre que se informe al deudor con la debida anticipación, lo que en el presente ocurrió Regístrese y comuníquese.

Rol 1438-2026 (Protección)

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