nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Antofagasta, a trece de julio del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Pablo Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, abogado, por sí y a favor de Edicson nombre reservado, de nacionalidad colombiana, pasaporte N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De Antofagasta,; quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, representado por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que el recurrente, ciudadano colombiano y profesional extranjero, ingresó oportunamente su solicitud de devolución de fondos previsionales a través del portal electrónico de AFP Modelo, invocando expresamente las disposiciones de la Ley N°18.156. Señala que acompañó toda la documentación exigida por dicha normativa, particularmente los contratos de trabajo celebrados con Farmacias Quiroz SpA y Comercial Farmacéutica Dayan Barrera Cortés E.I.R.L., ambos debidamente firmados, notariados y plenamente verificables, además de un certificado emitido por la Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, debidamente notariado y apostillado, mediante el cual acredita encontrarse afiliado al sistema de seguridad social colombiano. Sin embargo, con fecha 29 de mayo de 2026 recibió una notificación electrónica mediante la cual AFP Modelo rechazó su solicitud, informando que la solicitud de técnico extranjero había sido rechazada, sin expresar fundamentos suficientes de hecho ni de derecho que justificaran dicha decisión.

Luego, desarrolla el marco normativo aplicable, reproduciendo el contenido de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, para sostener que mantiene afiliación vigente al sistema previsional colombiano y sus contratos laborales contienen la declaración expresa de mantener dicha afiliación, por lo que cumple íntegramente con las exigencias legales para obtener la restitución de sus fondos previsionales.

Afirma que la recurrida efectuó una interpretación excesivamente formalista de la Ley N°18.156, desconociendo la finalidad perseguida por el legislador, cual es permitir que los técnicos extranjeros mantengan su afiliación previsional en el país de origen y puedan recuperar las cotizaciones enteradas en Chile. Afirma que la normativa únicamente exige acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero y la voluntad de mantenerla, sin imponer formalidades adicionales respecto de la documentación presentada, razón por la cual estima que la administradora incorporó requisitos inexistentes y actuó fuera del marco legal.

Explica que el certificado de afiliación emitido por Colfondos acredita expresamente la cobertura de las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidas por el artículo primero de la Ley N°18.156, dicho certificado fue debidamente notariado y apostillado conforme a la Convención de La Haya, por lo que produce plenos efectos jurídicos en Chile. A pesar de ello, sostiene que la recurrida desestimó dicho antecedente argumentando que la constancia electrónica no cumplía con requisitos de legalización, sin verificar siquiera la autenticidad del documento ni realizar gestión alguna destinada a comprobar la información contenida en él. Afirma que esa conducta constituye una actuación arbitraria porque el certificado proviene de una autoridad competente del Estado colombiano, es plenamente verificable mediante mecanismos electrónicos y cumple con todas las exigencias contempladas por la legislación chilena.

En el mismo sentido sostiene que tanto el certificado previsional como los contratos de trabajo acompañados son documentos plenamente auténticos y verificables. Respecto a los contratos estos fueron autorizados mediante firma electrónica avanzada ante notario chileno y contienen códigos QR que permiten corroborar inmediatamente su autenticidad. Afirma que esa omisión revela un actuar arbitrario e inmotivado, pues la recurrida decidió simplemente no ingresar la solicitud ni pronunciarse sobre su mérito, afectando directamente su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados.

Sostiene que la negativa carece además de motivación suficiente, toda vez que la respuesta emitida por AFP Modelo únicamente informa que la solicitud fue rechazada, sin indicar cuáles requisitos específicos no se cumplirían ni explicar las razones jurídicas por las cuales el certificado previsional colombiano habría sido considerado inválido. A juicio del recurrente, ello implica que la administradora incorpora exigencias no contempladas en la Ley N°18.156, particularmente la necesidad de presentar documentos bajo determinadas formalidades de legalización o apostilla que la propia norma nunca exige como requisito de procedencia.

Respecto de las garantías constitucionales vulneradas, afirma primeramente que se infringe la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, toda vez que AFP Modelo le exige formalidades adicionales no contempladas por la legislación especial y distintas de aquellas requeridas a otros solicitantes que se encuentran en idéntica situación jurídica. Señala que la administradora ha otorgado respuestas favorables a otros trabajadores extranjeros cumpliendo los mismos requisitos, mientras que en su caso incorpora exigencias inexistentes relativas a la forma del certificado previsional, generando una discriminación arbitraria.

Añade que dicha actuación vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por cuanto se le otorgó un trato distinto al de otros solicitantes en iguales condiciones, afectando la igualdad ante la ley, y además se le impide disponer de fondos que son de su exclusiva propiedad. Sostiene igualmente que la decisión carece de motivación suficiente, toda vez que la administradora se limitó a rechazar la solicitud sin explicar las razones jurídicas que justificarían desconocer la validez de los documentos acompañados.

Finalmente, el recurso sostiene que la actuación de las recurridas también vulnera el artículo 19 N°26 de la Constitución, por cuanto impone requisitos que afectan la esencia de los derechos constitucionales invocados e impiden su libre ejercicio. Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de fecha 29 de mayo de 2026, se ordene reconocer la validez de la documentación acompañada, disponer que AFP Modelo emita un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceda a efectuar la devolución de los fondos previsionales correspondientes al recurrente, adoptándose además todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informó Rodrigo Montero Atria, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, señala que el 29 de mayo de 2026 el actor presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales invocando la calidad de técnico extranjero, acompañando como antecedentes un título profesional, un certificado de afiliación emitido por Colfondos S.A. de Colombia, un contrato de trabajo celebrado con Comercial Farmacéutica Dayan Barrera Cortés EIRL y únicamente anexos de contrato correspondientes a su relación laboral con Farmacias Quiroz SpA.

Explica que, conforme a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, efectuó el análisis de la documentación presentada y concluyó que el solicitante no acreditó el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la normativa para acceder a la devolución de fondos previsionales, razón por la cual rechazó la solicitud.

Expone que el rechazo obedeció, en primer lugar, a que el certificado de afiliación emitido en Colombia no se encontraba debidamente apostillado ni legalizado, requisito indispensable para otorgarle validez jurídica en Chile. Añade que, aun cuando dicho documento hubiese sido apostillado, igualmente resultaba insuficiente, pues sólo describe de manera general el funcionamiento del sistema previsional colombiano y no acredita que el trabajador haya contado, durante toda la relación laboral desarrollada en Chile, con cobertura efectiva y permanente frente a todas las contingencias exigidas por la ley. En segundo lugar, sostiene que respecto del vínculo laboral mantenido con Farmacias Quiroz SpA acompañó únicamente anexos de contrato y no el contrato de trabajo propiamente tal, de manera que no fue posible verificar la existencia de la cláusula mediante la cual el trabajador manifestara expresamente su voluntad de mantener su afiliación previsional extranjera durante la vigencia de dicha relación laboral, requisito expresamente contemplado en la Ley N°18.156. Afirma que, por estas razones, no podía acceder a la devolución solicitada, toda vez que se encontraba jurídicamente obligada a exigir el cumplimiento íntegro de todos los presupuestos legales.

En cuanto al derecho aplicable, la recurrida desarrolla que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional que libera de la obligación de cotizar en Chile a determinados trabajadores técnicos extranjeros únicamente cuando concurren copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°. Señala que el artículo 7° del mismo cuerpo legal sólo autoriza la devolución de fondos previsionales cuando previamente se acredita el cumplimiento de esas exigencias, de modo que no basta con haber efectuado cotizaciones en una AFP chilena para obtener su restitución.

Luego explica que las Administradoras de Fondos de Pensiones son entidades sujetas a la supervigilancia, fiscalización e interpretación normativa obligatoria de la Superintendencia de Pensiones, conforme al D.L. N°3.500 y a la Ley N°19.882, organismo que posee facultades para interpretar administrativamente la legislación previsional y dictar instrucciones obligatorias para todas las AFP. Sobre esa base, sostiene que ha instruido reiteradamente, mediante diversos oficios ordinarios, que el trabajador extranjero debe acreditar mediante un certificado debidamente legalizado o apostillado que contó efectivamente con cobertura antes como durante toda su permanencia laboral en Chile y para todas las contingencias previstas por la ley, además de expresar en su contrato de trabajo la voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero. Explica que la Superintendencia de Pensiones ha sostenido reiteradamente que dicho requisito no puede suplirse mediante anexos celebrados con posterioridad ni mediante cláusulas contradictorias con aquellas en que el trabajador acepta cotizar conforme al régimen previsional chileno. En el caso concreto, afirma que el recurrente no acompañó el contrato de trabajo celebrado con Farmacias Quiroz SpA, sino únicamente anexos contractuales, lo que impedía verificar la existencia de la cláusula exigida por la Ley N°18.156.

Sosteniendo que toda su actuación se ajustó estrictamente a la normativa vigente, y afirma que a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia uniforme de los tribunales superiores de justicia.

TERCERO: Que, habiéndose solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo, en primer lugar, sostiene que la materia planteada excede el ámbito propio del recurso de protección, recordando que esta acción constitucional tiene por objeto restablecer de manera rápida e inmediata el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos indubitados, preexistentes y no controvertidos. Señala que el recurrente pretende que la Corte declare la existencia de un derecho cuya procedencia depende de la acreditación del cumplimiento de requisitos legales que actualmente se encuentran discutidos, cuestión que necesariamente debe ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante una acción cautelar.

Luego, informa que el recurrente nunca presentó un reclamo administrativo ante la Superintendencia respecto de los hechos que motivan esta acción constitucional, ni tampoco identifica un acto concreto emanado de dicho Servicio que pueda calificarse como ilegal o arbitrario. Por ello sostiene que no existe un acto propio de la Superintendencia susceptible de ser impugnado mediante esta acción constitucional.

En lo relativo al derecho aplicable, desarrolla extensamente el marco normativo contenido en la Ley N°18.156, destacando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de carácter excepcional, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°, esto es, encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, indica que el artículo 7° de la misma ley permite la devolución de fondos previsionales sólo si se acreditan dichos requisitos, enfatizando que, por tratarse de una norma de excepción, debe interpretarse de manera restrictiva.

Sobre esa base, sostiene que el acto impugnado es plenamente legal y que no existe arbitrariedad alguna. Explica que el recurrente no acompañó documentación idónea que acreditara estar efectivamente cubierto por un sistema previsional extranjero respecto de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, pues únicamente incorporó antecedentes provenientes del organismo previsional colombiano sin el correspondiente apostillamiento o legalización exigidos por el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Agrega además que el contrato de trabajo originalmente suscrito el 14 de septiembre de 2019 no contenía una manifestación expresa e inequívoca de voluntad destinada a mantener la afiliación previsional en Colombia, requisito esencial exigido por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Agrega que sólo cinco años después del inicio de la relación laboral, específicamente el 8 de octubre de 2024, el recurrente celebró un anexo de contrato incorporando una cláusula previsional mediante la cual manifestó mantener afiliación al sistema previsional de su país de origen. Sin embargo, la Superintendencia estima que dicha declaración resulta extemporánea y además contradictoria, ya que, pese a expresar la voluntad de continuar cotizando en Colombia, los antecedentes proporcionados por AFP Modelo demuestran que el señor nombre reservado continuó registrando cotizaciones previsionales en Chile hasta abril de 2026. Sobre este punto invoca la jurisprudencia administrativa contenida en los Dictámenes N°27.587 de 2015 y N°23.170 de 2016, conforme a la cual, cuando existen manifestaciones contradictorias respecto del sistema previsional al cual desea permanecer afiliado el trabajador, debe prevalecer la voluntad originalmente expresada al momento de celebrar el contrato de trabajo y la regla general consistente en cotizar en el país donde se prestan los servicios.

Asimismo, cita diversos fallos recientes de la Excma. Corte Suprema, especialmente los Roles N°2.500-2025 y N°2.501-2025, en los cuales se confirmó el rechazo de recursos de protección deducidos por trabajadores extranjeros que incorporaron cláusulas previsionales varios años después de iniciada la relación laboral, estableciéndose que tal circunstancia impide tener por cumplido el requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Finalmente, enfatiza que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos no implica la pérdida de los ahorros previsionales del recurrente, sino únicamente la improcedencia de acceder al beneficio excepcional previsto en la Ley N°18.156. Explica que dichos fondos permanecen íntegramente en la cuenta de capitalización individual del afiliado y podrán destinarse, conforme a las reglas generales del Decreto Ley N°3.500, al financiamiento de una pensión o a los demás beneficios previsionales contemplados por el sistema chileno.

Concluye afirmando que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, que el recurrente no identifica un acto propio de la Superintendencia que vulnere sus garantías constitucionales y que, además, la controversia planteada exige determinar si concurren o no los requisitos legales establecidos en la Ley N°18.156, cuestión que excede el ámbito cautelar del recurso de protección. Por ello solicita que la acción constitucional sea declarada improcedente por versar sobre materias propias de un procedimiento declarativo y, en subsidio, que sea rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, el acto impugnado consiste en el rechazo efectuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. respecto de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el actor al amparo de la Ley N°18.156, por estimar que éste no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al beneficio excepcional previsto en dicho cuerpo normativo.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de la recurrida relativa a que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse, a su juicio, de una materia de lato conocimiento que requiere debate probatorio y contradictorio, atendido el carácter cautelar de esta acción, cabe señalar que, si bien el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el ejercicio de garantías fundamentales, su procedencia no se ve excluida por la sola circunstancia de que los hechos puedan resultar controvertidos o de que existan otras vías jurisdiccionales para discutirlos.

Que, en este sentido, la determinación de si el acto impugnado reviste o no el carácter de ilegal o arbitrario, así como la suficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar los requisitos legales que habilitan el ejercicio del derecho que se reclama, constituye una cuestión que dice relación con el fondo del asunto y no con la procedencia formal de la acción intentada, motivo por el cual la alegación de improcedencia de la vía será desestimada en esta etapa, sin perjuicio de lo que se resolverá al analizar el mérito de los antecedentes.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

NOVENO: Que el recurrente sostiene haber acreditado íntegramente los presupuestos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156 mediante la presentación de sus contratos de trabajo, título profesional y certificado emitido por la entidad previsional colombiana Colfondos S.A., afirmando además que dicho certificado se encontraba debidamente notariado y apostillado, de modo que la recurrida habría incorporado exigencias inexistentes en la legislación. Sin embargo, del mérito de los antecedentes aparece que la Administradora fundó su decisión en circunstancias objetivas relacionadas con la insuficiencia de la documentación acompañada para acreditar el cumplimiento íntegro de los requisitos legales, particularmente respecto de la acreditación de la cobertura previsional exigida por la ley y de la manifestación contractual de voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera durante la totalidad de las relaciones laborales invocadas, cuestión que también fue desarrollada por la Superintendencia de Pensiones al evacuar su informe.

DÉCIMO: Que, en efecto, consta que respecto de la relación laboral mantenida con Farmacias Quiroz SpA el recurrente acompañó únicamente modificaciones y anexos contractuales, mas no el contrato originalmente celebrado entre las partes, circunstancia que impedía verificar si desde el inicio de dicha relación laboral existía la declaración expresa exigida por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Lo anterior reviste especial relevancia si se considera que la cláusula relativa a la mantención de la afiliación previsional extranjera fue incorporada mediante un instrumento suscrito varios años después del inicio de la relación laboral, cuestión respecto de la cual tanto la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones como la Excma. Corte Suprema han sostenido que no satisface el presupuesto legal cuando la voluntad inicialmente expresada resulta diversa o simplemente inexistente.

UNDÉCIMO: Que tampoco puede prosperar la alegación consistente en que AFP Modelo habría impuesto requisitos adicionales no contemplados por el legislador. En efecto, las exigencias relativas a la acreditación suficiente de la afiliación al sistema previsional extranjero, la autenticidad de la documentación extranjera y la verificación de la concurrencia de los presupuestos establecidos por la Ley N°18.156 derivan del deber que pesa sobre la administradora de comprobar el cumplimiento efectivo de los requisitos legales antes de autorizar la devolución de fondos previsionales, actuación que encuentra sustento tanto en la normativa especial como en las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones. En tales condiciones, la controversia planteada dice relación precisamente con la suficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar el cumplimiento de dichos presupuestos, cuestión que excede el ámbito de esta acción cautelar.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación relativa a la falta de fundamentación del acto impugnado, si bien la comunicación electrónica mediante la cual se informó el rechazo de la solicitud contiene una motivación sucinta, de los informes evacuados en estos autos por la recurrida y por la Superintendencia de Pensiones aparecen claramente explicitadas las razones de hecho y de derecho que condujeron a dicha decisión, las cuales descansan en la falta de acreditación de requisitos que el ordenamiento jurídico contempla para acceder al beneficio excepcional previsto en la Ley N°18.156, descartándose de este modo la existencia de una actuación meramente caprichosa o desprovista de fundamento.

DÉCIMO TERCERO: Que, por las mismas razones, tampoco se configura la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que el recurrente no ha acreditado que se le haya dispensado un trato diverso respecto de otros solicitantes que se encontraran en idéntica situación fáctica y jurídica, limitándose a efectuar afirmaciones genéricas sobre otros casos cuya identidad y circunstancias particulares no constan en autos. Del mismo modo, no se advierte afectación del derecho de propiedad protegido por el numeral 24 del citado artículo 19, por cuanto la decisión impugnada no importa privación de los fondos previsionales del actor, los cuales permanecen íntegramente incorporados a su cuenta de capitalización individual, sino únicamente la improcedencia de acceder, en las condiciones actualmente acreditadas, al mecanismo excepcional de devolución previsto por la Ley N°18.156. Finalmente, tampoco se verifica infracción al artículo 19 N°26 de la Carta Fundamental, toda vez que no se aprecia que la recurrida haya alterado la esencia de los derechos invocados, sino que se limitó a aplicar el procedimiento y los requisitos establecidos por el legislador para acceder al beneficio solicitado.

En consecuencia, no advirtiéndose en la actuación de AFP Modelo un proceder ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar, y atendido además que la controversia exige determinar el efectivo cumplimiento de los requisitos copulativos previstos en la Ley N°18.156, materia que excede el ámbito propio del recurso de protección, la presente acción será rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, abogado, a favor de Edicson nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A Regístrese y comuníquese.

Rol N°1427-2026 (Protección)