Protección contra Carabineros de Chile

Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS:

En estos autos Rol de Corte Nº 1424-2014, a fojas 1 comparece don nombre reservado, chileno, ex Cabo 2º de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, estimando vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 números 3, 4, 16 y 17 por la dictación de la Resolución Exenta Nº 446 de fecha 18 de septiembre del año en curso emitida por la Prefectura de Antofagasta que dispone su baja de las filas de la institución por conducta mala.

A fojas 25, se hace parte la Prefectura de Carabineros Antofagasta, representada por el abogado don Leopoldo Sotomayor Zuleta, institución que emite informe a fojas 67 pidiendo el rechazo de la acción constitucional.

A fojas 112 la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, emite informe solicitando el rechazo del recurso por no haberse vulnerado garantía constitucional alguna.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente expone que con fecha 18 de septiembre del año en cuso le fue notificada la Resolución Exenta Nº 446 de la misma fecha, emitida por la Prefectura de Carabineros Antofagasta, que dispone su baja de las filas del institución por conducta mala con efectos inmediatos, de la cual cita la parte resolutiva, decisión que se funda en que el día 17 de septiembre a las 17:55 horas, el recurrente estaba de servicio de primera guardia vigilante de calabozos, custodiando al detenido por robo con violencia nombre reservado, quien estaba al interior del calabozo número 2, no adoptando el funcionario los protocolos de actuación existentes emitido por la institución para la seguridad de los detenidos, acudiendo al sector de la oficina de telefonista distante a 2 metros aproximadamente, por breves minutos, instancia que el imputado aprovechó para evadirse del recinto policial haciendo abandono del mismo. Lo anterior, dice la resolución, constituye una falta grave que contraviene el régimen disciplinario institucional haciendo inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile pues ha incurrido en una transgresión que perjudica la subordinación, el compañerismo, por haber participado en una conducta reprochable, infringiendo las faltas tipificadas en el artículo 22 número 2 letra a) y c), número 3 letras a) y b) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile número 11, concurriendo las agravantes del artículo 33 letras a) y j), sin que le favorezca ninguna atenuante.

En cuanto a los hechos, sostiene el recurrente que ese día se encontraba de vigilante de calabozos, instante en que concurren el sargento 2º nombre reservado en compañía del cabo 2º nombre reservado, ambos de la S.I.P., quienes llegaron con un sujeto que fue ingresado al calabozo número 2, no informándole al vigilante qué procedimiento se adoptaba con ese individuo. Momentos después estos funcionarios ingresaron al calabozo para obtener, al parecer, una firma del sujeto, agregando el recurrente que no se le informó si el sujeto estaba detenido por haber cometido delito, por infracción a la ley de alcoholes, por control de identidad u otro motivo. Sostiene que el funcionario policial nombre reservado, cuando terminó la diligencia con el sujeto, no dejó bien activado el dispositivo de seguridad de la reja de la celda, dejándola abierta, para luego retirarse del lugar sin informar al vigilante, quedando el sujeto solo. En este contexto, mientras el vigilante, es decir, el recurrente, estaba a un costado de la telefonista por unos minutos, solicitando información, suponiendo que el sujeto estaba en el calabozo número 2 con el personal de la S.I.P., el individuo aprovechó para escaparse del recinto policial, sorteando la puerta del calabozo, una segunda puerta de ingreso al sector y una puerta auxiliar para retirarse en dirección desconocida. A los pocos minutos y al percatarse el personal de la S.I.P. de la huida del sujeto, el sargento nombre reservado menoscabó como persona al recurrente y le llamó la atención, de forma injusta, atribuyéndole responsabilidad como vigilante del sujeto quien estaba detenido por robo con violencia, de lo que recién tomó conocimiento.

Hace presente que el sujeto estaba detenido por control de identidad, pues el día anterior, esto es el 16 de septiembre, los sujetos habían cometido delito de robo con violencia en donde se realizó una denuncia a la fiscalía local. Agrega que por información extraoficial sabe que el sujeto ya no estaba detenido cuando ingresó al calabozo, considerando que el delito era del día anterior y su detención no se ajustaba a derecho porque habían transcurrido más de 12 horas desde la flagrancia. Añade que el procedimiento fue irregular porque el sujeto a control de identidad no podía ser ingresado a celdas o calabozos, como sí ocurrió, lo que constituye abuso de autoridad contra particulares conforme el artículo 255 del Código Penal, agregando que el sujeto sufrió apremios ilegítimos, físicos y mentales pues presentaba lesiones visibles en su rostro. Por último, indica que el personal de la S.I.P. solicitó al fiscal gestionara una orden de detención en contra de este sujeto, haciendo hincapié en la pertinencia de determinar la hora en que dicha orden se emitió, si fue antes o después de que el sujeto se dio a la fuga.

Insistiendo en que no sabía del procedimiento adoptado con el sujeto, reclama haber sido víctima del delito de maltrato de obra a un inferior tipificado en el Código de Justicia Militar, agregando que posteriormente el Mayor nombre reservado lo menoscabó como persona atribuyéndole la total responsabilidad de los hechos sin considerar la responsabilidad de sargento nombre reservado, finalmente resolviendo el Prefecto de Carabineros de la Prefectura Antofagasta, Coronel nombre reservado, su baja por conducta mala con efectos inmediatos, informándose asimismo a la Fiscalía Militar de Antofagasta por el delito de “otras infracciones al Código de Justicia Militar”, particularmente, el delito de evasión de detenidos, a cuyo respecto alega que no se configura por haber culpabilidad de otro funcionario, lo que no fue considerado por la jefatura.

Expone el recurrente, como contestación de cargos, que no ha incurrido en las imputaciones referidas en la Resolución Exenta a cuyo respecto reclama, por los argumentos antes vertidos, particularmente, no haber sido informado del procedimiento y la responsabilidad que le atañe al cabo 2º nombre reservado por haber dejado la puerta de la celda abierta.

Posteriormente, estima que las agravantes referidas en la resolución no corresponden al no contemplar la responsabilidad del otro funcionario. Por su parte, estima que no se ha considerado como atenuante la buena conducta anterior del inculpado, haber incurrido los superiores en el delito de abuso de autoridad y maltrato de obra a un inferior y haberse originado la falta en un exceso de celo en bien del servicio. En este sentido, alega infracción al artículo 19 número 4 de la Constitución Política en cuanto al respeto y protección de la vida privada y pública, aludiendo que lo consignado en el parte policial remitido a la fiscalía militar es falso, atribuyéndole responsabilidad por un hecho en el que no le cabe ninguna, aludiendo su vez a la honra de la persona y de su familia por cuanto la resolución le crea problemas familiares atendida la dependencia económica de su grupo familiar y por no dar estricto cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que regulan el proceso.

A su turno, agrega que se han infringido las garantías constitucionales del artículo 19 número 3 inciso 5º, número 16 y número 17, las cuales cita, aludiendo a que la labor de Carabineros, conforme dicta su ley orgánica, es dar eficacia al derecho, lo que no se cumple en este caso pues con el malicioso proceder de sus superiores no se ha garantizado un derecho al debido proceso, lo que vulnera por su parte lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. Hace hincapié en que en el mes de octubre no recibirá su remuneración total lo que afecta la manutención de su familia y su derecho a presumirse su inocencia.

Solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución que dispone su baja de las filas de carabineros.

SEGUNDO: Que, la prefectura Antofagasta, representada por el nombre reservado Sr. nombre reservado, informa el recurso de protección, solicitando su rechazo. Respecto a los antecedentes de hecho, expone aquellos signados en la Resolución Exenta, sustentando el incumplimiento de las obligaciones profesionales y funcionarias del recurrente, determinándose en forma clara y objetiva la responsabilidad administrativa que le asiste, pues se acreditó con medios de prueba fidedignos, un hecho contrario a los principios legales y reglamentarios que son la base de todo integrante de Carabineros de Chile, lesionando gravemente el régimen disciplinario institucional al incurrir en una transgresión que lesiona el decoro y dignidad policial, por lo que su permanencia en la institución afecta su prestigio y significa un menoscabo a la función policial.

En cuanto los antecedentes reglamentarios que fundamentan la decisión adoptada, indica que el recurrente incurrió en faltas tipificadas en el artículo 22 Nº 2, letras a) y c) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, afectándole las agravantes del artículo 33 letras a) y j), no favoreciéndole atenuantes del mismo artículo y texto. Así, conforme dispone el artículo 9 del Reglamento de Disciplina, el conocimiento y la resolución de las faltas que cometan los subalternos, es un deber funcionario y propio de los oficiales de la institución, por lo que al conocerse de una falta, el respectivo jefe tiene el deber de sancionar, y si no lo hiciere incurriría en una violación a principios de ética y mando. Agrega que el artículo 13 del mismo Reglamento señala que la sanción administrativa es totalmente independiente de la responsabilidad penal y civil, la que no tiene incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa. Así, conforme al artículo 43 letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, se dispone el retiro absoluto del personal por eliminación o sanción disciplinaria en proceso administrativo. Además, el Reglamento tantas veces aludido dispone, en su artículo 23, la sanción disciplinaria de baja por conducta mala; por su parte, los prefectos de Carabineros tienen competencia para imponer la baja por conducta mala, conforme al artículo 35 Nº 4 de la misma disposición. A su turno, el Reglamento de Selección y Ascensos en su artículo 127 Nº 4 letra e), dispone la posibilidad de eliminación por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio de la investigación o sumario respectivo, siendo esta la medida administrativa que se adoptó por su parte.

Expone que el recurrente fue dado de baja, sin perjuicio del derecho que le asiste a interponer los recursos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos Nº 15, en las instancias procesales pertinentes.

Indica que el ex funcionario fue oído por el oficial respectivo, a quien la reglamentación le impone la carga de adoptar una decisión como la referida, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo designándose al Teniente Coronel de Carabineros Sr. nombre reservado al efecto y que será quien debe establecer los hechos en que está implicado el recurrente, pieza sumarial que aún está en tramitación y no ha concluido, por lo que el recurrente cuenta con los recursos administrativos, incluido el de solicitar la revisión del Director General de Carabineros o el examen de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la legalidad del acto administrativo impugnado, indica que el mismo se asienta en el artículo 127 Nº 4 inciso 5º del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile Nº 8, el cual cita, aludiendo también a otras disposiciones que confieren al prefecto facultades disciplinarias, razón por la cual se adoptó la resolución que se impugna por esta vía. Así, al ordenar la baja de las filas de la institución, se ejerció la potestad disciplinaria que le corresponde, siendo esta una atribución discrecional, para cuya adopción se requiere que la falta sea de gravedad y que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y que el inculpado confiese su responsabilidad. Hace presente además, que en la ley Nº 18.834 se contempla una facultad similar respecto de los funcionarios públicos de la administración del Estado.

Concluye que en el caso de autos, de la pieza sumarial instruida se evidencia que la falta en que incurrió el recurrente afecta su integridad moral, el prestigio de la institución y el buen servicio policial, por lo que tiene mérito suficiente para ser calificada de grave, existiendo antecedentes probatorios suficientes en la investigación para estimar, en principio, que el funcionario tiene responsabilidad en los hechos que constituyen la falta. Agrega que los reparos que efectúa el ex funcionario al sumario, como asimismo la contestación de cargos que realiza, carecen de relevancia, pues todo procedimiento administrativo es una consecución de actos y trámites que tienen por finalidad concluir en uno terminal, el que no debe confundirse con el acto administrativo que aplicó la sanción disciplinaria de baja, pues la investigación aún no está finalizada y la decisión puede ser enmendada por la vía de los recursos administrativos.

Por las razones expuestas, solicita el rechazo del recurso de protección, indicando que el recurrente no tiene un derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba y que además la resolución administrativa adoptada no es caprichosa sino que ajustada a la reglamentación referida y se resguardó siempre el debido proceso administrativo.

Acompañó con su informe los siguientes antecedentes, todos en copia certificada: Parte Nº 382 y Nº 12, ambos de fecha 17 de septiembre del año en curso; Resolución Exenta recurrida y su notificación; hoja de ruta del cuadrante Nº 9 del día 17 de septiembre; constancia estampada en Libro de Población de la S.I.P.; libro e índice de Registro de Detenidos; libro control de identidad del sistema biométrico de la 2º Comisaria.

TERCERO: Que, informando el recurso, el Director General de Carabineros Sr. nombre reservado, alega en primer lugar la falta de legitimación pasiva, pues de la sola lectura del recurso se aprecia que el acto administrativo que sustenta la acción se emitió por la Prefectura Antofagasta.

Respecto a las garantías estimadas como vulneradas, sostiene que aquella establecida en el número 17 del artículo 19 de la Constitución no se encuentra dentro de la enumeración que efectúa el artículo 20 a propósito de la acción de protección. Mientras que las restantes no son precisas al no mencionarse la forma en que expresamente el general director las infringió, indicando después que el recurso se limita a enumerarlas sin señalar en forma expresa de qué manera Carabineros las infringió, por lo que no se refiere a ellas en particular.

En cuanto a las alegaciones vertidas en el recurso, luego de indicar que no es atingente a la materia las agravantes y/o atenuantes que alega el recurrente, hace presente que se encuentra en tramitación un sumario administrativo, por lo que las defensas expuestas deben hacerse valer en sede administrativa, haciendo presente que, atendido que el recurrente interpuso la presente acción de forma previa al resultado definitivo de la pieza sumarial, todos los recursos en sede administrativa están pendientes.

En cuanto a los hechos, señala que una vez ocurridos estos, se citó al recurrente ante el Prefecto de Antofagasta para el día 18 de septiembre, cumpliendo con la obligación de oír al afectado, estimándose por la jefatura aludida que el implicado no dio argumentos suficientes que pudieran aminorar su responsabilidad en los hechos, por lo que se dispuso la medida expulsiva en cuestión.

Luego de citar las normas que facultan a la autoridad disponer la baja de la institución con efectos inmediatos, indica que la situación administrativa del recurrente no está ejecutoriada pues conforme al artículo 127 Nº 4 del reglamento Nº 11 dispone que si al termino del sumario correspondiente, el que está en plena tramitación, se le aplica una medida que no importa necesariamente su baja, es reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar Carabineros.

Añade que el prefecto de Antofagasta ejerció su competencia disciplinaria de cuarto grado conforme lo establece el artículo 35 Nº 4 letra c) del reglamento, siendo potestad de la autoridad dotada de esta potestad ponderar si los hechos ameritan aplicar una medida disciplinaria.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso de protección, en atención a no existir vulneración algu8na de derechos fundamentales obrando la institución y su director General siempre en conformidad a la ley.

Acompañó con su informe idénticos documentos que aquellos acompañados por la Prefectura Antofagasta y que fueran citados en el considerando precedente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se indican, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

SEPTIMO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio, establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

OCTAVO: Que según queda de manifiesto en el texto del libelo ya referido en el considerando primero de esta sentencia, lo que provoca la interposición de este arbitrio constitucional, lo constituye el hecho que la Prefectura de Carabineros de Chile Antofagasta, dio la baja por conducta mala con efectos inmediatos al recurrente por los hechos ya reseñados, lo que permite descartar desde ya la responsabilidad del Director General de Carabineros recurrido Sr. nombre reservado. Lo anterior constituye, a juicio del actor, un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, es decir, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y en particular el inciso quinto que señala que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho; además, la garantía constitucional del artículo 19 Nº 4 que consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, ya que se ha provocado el descrédito del recurrente y se ha afectado su vida personal y familiar, al apartarlo de la institución, afectándose su honra; además del numeral 16 relativo a la libertad de trabajo y numero 17 respecto al desempeño de funciones públicas sin otras restricciones que aquellas que establezcan la Constitución y las leyes, no estando esta última en el catálogo del artículo 20 para hacer procedente el recurso de protección a su respecto.

NOVENO: Que para conocer el grado de legalidad o ilegalidad de la decisión adoptada por la Prefectura de Carabineros de Chile Antofagasta, es dable analizar la normativa atingente a la materia.

En efecto, el artículo 9° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, establece que “Conocer y resolver las faltas que cometan los subalternos es un deber funcional y propio de la misión o puesto que desempeñan los Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros.

Esta atribución es inherente al cargo que se haya conferido…”.

Luego, el artículo 13 del Reglamento citado establece que “una misma falta deberá ser castigada por un solo superior y con una sola sanción disciplinaria.

No obstante, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos…”.

Por su parte, el artículo 23 del texto referido señala como sanción disciplinaria que se podrán aplicar a los funcionarios de Carabineros, entre otras, letra e) “baja por conducta mala”.

En este mismo sentido el artículo 127 N°4 inciso 5°, del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros de Chile N° 8, estatuye que “…cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o Investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la institución”.

DECIMO: Que, del examen de las disposiciones analizadas precedentemente queda en evidencia el alcance de las normas reglamentarias que integran la potestad disciplinaria de la institución recurrida, de forma que no puede desconocerse las atribuciones que el marco legal le ha conferido, por lo que no surgen elementos de juicio válidos y suficientes que lleven a la conclusión de que hubo un actuar susceptible de ser calificado de ilegal, descartándose el arbitrio que se ha alegado, desde que la Institución actuó en uso de sus facultades y con fundamentos proporcionales a la gravedad de los hechos.

Debe tenerse presente que el Reglamento de Disciplina Nº 11 establece la obligación de los mandos de sancionar las faltas que cometan sus subalternos, ya que la omisión en el cumplimiento de este deber implicaría una violación a principios de ética y mando y que la aplicación de sanciones de tipo administrativo es independiente de la responsabilidad penal o civil derivada de los hechos en que incurriera el personal, por lo que la condena, el sobreseimiento y la absolución judicial no tienen incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa.

UNDECIMO: Que, debe considerarse además que el acto administrativo que por esta vía se impugna reviste el carácter de condicional, sujeto al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud le asistirá al recurrente el derecho a ejercer las instancias de impugnación, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15. Así, se aprecia que el procedimiento seguido por la Institución en lo que respecta al ex Cabo 2º nombre reservado se ajusta a los procedimientos establecidos por la reglamentación institucional en lo relativo a las investigaciones que se llevan a cabo cuando se trata de determinar irregularidades en la conducta profesional del personal y que la medida adoptada a su respecto se enmarca dentro de los cánones institucionales, ya que la reglamentación permite dar de baja a un funcionario sometido a investigación a la espera de lo que se resuelva al fin del procedimiento, según el artículo 127 antes citado, de manera que la baja del servicio aplicada es una medida transitoria que se transformará en definitiva sólo si a la postre resulta que los cargos formulados en contra del funcionario eran fundados y fueron legalmente establecidas tanto la participación de éste como su responsabilidad, por lo que no cabe en esta sede entrar a analizar las alegaciones respecto a la existencia o no de circunstancias atenuantes y/o agravantes.

DUODECIMO: Que, las consecuencias que el recurrente denuncia se han producido tanto a su persona como a su familia como consecuencia de la investigación de que está siendo objeto, solo pueden entenderse como una reacción frente a la situación que vive, la que es consecuencia de existir antecedentes en su contra y no de una actitud malintencionada o destinada a perjudicarlo como se aduce en el recurso.

DECIMO TERCERO: Que, de los antecedentes expuestos precedentemente, sólo cabe concluir que la decisión recurrida se ajustó a los procedimientos legales y reglamentarios, habiéndose fundado y siendo proporcional a la gravedad de los hechos, sin que surja evidencia alguna que permita determinar que el actuar de la institución recurrida carezca de sustentación jurídica ni que el mismo sea producto de la arbitrariedad, por lo tanto no ha podido violarse ninguno de los derechos o garantías que se denuncian en el presente recurso debiendo desestimarse.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido a fojas 1 y siguientes, por don nombre reservado en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1424-2014.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. Dinko Franulic Cetinic y el Fiscal Judicial Interino Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.