Protección contra Ministerio de Bienes Nacionales

PAGE Antofagasta, a siete de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

nombre reservado, dependiente, C.I N° RUT reservado, nombre reservado, dueña de casa, C.I. N° RUT reservado, nombre reservado, dueña de casa, C.I. N° RUT reservado y nombre reservado, dependiente, C.I N° RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, presentan recurso de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, Gobernación Provincial Antofagasta y Municipalidad de Mejillones, solicitando se ordene a los recurridos detener el proceso de desalojo de sus viviendas y permitir la regularización de los terrenos ocupados, con costas.

Informan por la recurrida Municipalidad de Mejillones el abogado Mauricio Peldoza Peldoza; por la SEREMI de Bienes Nacionales el SEREMI Arnaldo Gómez Ruiz, y por la Gobernación Provincial, la Gobernadora Fabiola Rivero Rojas, todos solicitando el rechazo del recurso, por las razones que exponen.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señalan los recurrentes representar a un grupo de cuatro familias asentadas en terrenos fiscales ubicados en playa Chacaya, comuna de Mejillones, desde el año 1993 en un caso y desde hace 6 y 3 años en los otros, habiendo intentado en múltiples oportunidades regularizar su ocupación, lo que no ha sido posible por el hecho de no existir un estudio de ordenamiento territorial en dicho sector.

Indican que en los terrenos ocupados han construido sus viviendas y convivido en forma tranquila y pacífica hasta hace un par de meses, cuando en sólo dos días se produjo una toma masiva de terrenos por parte de terceros que demarcaron con palets, estacas y cal alrededor de 200 lotes, grupo del cual ellos no formaron parte.

A raíz de lo anterior, agregan, en un proceso de fiscalización efectuado por Bienes Nacionales en abril de este año, se les notificó con el objeto de que justificaran la ocupación de los terrenos fiscales, y pese a explicar la forma en que ellos llegaron a habitar el lugar, fueron notificados el 13 del mes de abril del desalojo de todas las tomas y ocupaciones ilegales de playa Chacaya.

Reconocen su condición de ocupantes informales pero dadas las circunstancias antes señaladas, y principalmente el hecho de que la ocupación es de carácter habitacional y no de veraneo, habiendo construido viviendas de material sólido en el lugar, solicitan se detenga respecto a ellos el proceso de desalojo o bien se otorgue un plazo prudente para abandonar sus hogares.

Señalan finalmente que con los hechos denunciados, las recurridas han incurrido en un actuar ilegal y arbitrario que amenaza sus garantías constitucionales del articulo 19 N° 8, 14 y 23 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitan se ordene a los recurridos detener el proceso de desalojo y permitir la regularización de la propiedad de los terrenos señalados, y adoptar las medidas que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida Municipalidad de Mejillones, expresa que la actuación del municipio en el proceso de desalojo se limitó a cooperar con la Gobernación Provincial con una retroexcavadora, camión y cuadrilla municipal para el retiro de las estructuras que allí se encontraban.

En cualquier caso, indica que los órganos de la administración recurridos actuaron al amparo de la ley toda vez que se trata de ocupaciones ilegales, no pudiendo entenderse que la misma vulnera las garantías constitucionales citadas en el recurso. Indica además que de acuerdo al plan seccional, en la zona aludida en el recurso no se encuentra permitida la construcción de viviendas.

Por lo anterior, solicita se rechace el recurso.

TERCERO: Que en el informe de la Gobernación, en tanto, se indica que mediante Oficio ORD Nº SE02-001527/2017 del 13 de abril de 2017, se le requirió por el SEREMI de Bienes Nacionales de la Región, que procediera a la restitución administrativa de los lotes fiscales ubicados en Playa Chacaya y Punta Itata, de la comuna de Mejillones, de ocupantes irregulares de difícil individualización, dictándose la Resolución Exenta Nº 473 de fecha 13 de abril de 2017, que resolvió requerir el desalojo administrativo inmediato de todos los ocupantes ilegales de inmuebles de propiedad del Fisco.

Indica que las atribuciones para hacerlo emanan de lo establecido en el DFL Nº 22 del año 1959, artículo 26, letras e) y f), y artículos 33 y 34, modificado por la Ley Nº 3.457 del año 1980. Asimismo, del artículo 4 letra h) de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

En consecuencia, concluye no existir ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución de desalojo. Por último, refiere que contrario a lo señalado en el recurso, los recurrentes figuran con domicilios electorales en ciudades distintas de la de Mejillones.

Por todo ello, solicita el rechazo del recurso presentado, con costas.

CUARTO: Que finalmente, el informe evacuado por la Intendencia Regional, da cuenta de la fiscalización practicada en abril de este año en la que se verificó la existencia de una gran extensión de terreno fiscal ocupado de manera irregular, razón por la cual se solicitó a la Gobernación Provincial el desalojo y restitución de la propiedad al Fisco.

Destaca el hecho de que los inmuebles irregulares no cuentan con algún tipo de planificación urbana, en términos que no sólo existe un plano de loteo aprobado por la Municipalidad de Mejillones sino que, además, ni si quiera se encuentran enrolados por el Servicio de Impuestos Internos, lo que se debe en parte a que estos se encuentran destinados al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina-Armada de Chile.

Agrega que el acto denunciado en ningún caso pudo haber vulnerado la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, por el contrario, tiene por objeto coadyuvar en dicha protección, teniendo en consideración que en el sector no existe ningún tipo de urbanización, y tampoco agua y alcantarillado.

En cuanto al derecho a presentar peticiones a la autoridad, sin perjuicio de no explicarse cómo se vería vulnerada, si se tratara del hecho de no haberse regularizado la ocupación, indica que ello no es posible por lo antes señalado en orden a que no existe planificación territorial.

Finalmente, no existe una afectación del derecho a adquirir el dominio de toda clase de bienes ya que dicha adquisición debe ajustarse a ciertas normas que no se han cumplido en el presente caso, principalmente el hecho de no existir planificación urbana.

En razón de lo dicho, solicita el rechazo del recurso, con costas.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que en el presente caso, habiéndose declarado en estrados que los ocupantes irregulares del predio fiscal fueron todos desalojados en el mes de abril de este año, deberá rechazarse el recurso por falta de oportunidad, toda vez que la circunstancia antedicha impide a esta Corte adoptar medida alguna con el objeto de restablecer el imperio del derecho, perdiendo objeto la acción de tutela deducida.

OCTAVO: Que sin perjuicio de ello, deberá también desestimarse el recurso por no existir alguna actuación u omisión arbitraria o ilegal.

En efecto, la facultad para decretar el desalojo por parte de la Gobernación Provincial de Antofagasta se encuentra establecida en forma expresa en el artículo 4 letra h) de la Ley 19.175, Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional y en el DFL 2 N° 122 de 1959, artículos 26 letra e) y f) y 33 y 34, por lo que malamente puede alegarse que el ejercicio de dicha facultad es contrario a la ley.

De otra parte, reconociendo los mismos recurrentes su calidad de ocupantes irregulares de los terrenos fiscales, no existe circunstancia o antecedente alguno que permita estimar el actuar de los recurridos como arbitrario y, por el contrario, sí constituiría una arbitrariedad el actuar en la forma solicitada en el recurso en orden a distinguir a unos ocupantes ilegales de otros, ya que la antigüedad con que se haya concretado la irregularidad en la ocupación carece de relevancia para determinar la situación que debe resolverse por las autoridades recurridas en el ejercicio de sus atribuciones legales.

Además, no puede desconocerse el hecho de que el artículo 58 de la Ley 19.175, señalada en el párrafo segundo de este considerando y que contempla la facultad de desalojo administrativo en los casos que señala, establece también un procedimiento de reclamo en contra de los actos, resoluciones u omisiones de estos funcionarios, debiendo descartarse en consecuencia como vía idónea la interposición de un recurso de protección con el objeto de satisfacer la pretensión de los recurrentes de paralizar o modificar los términos del decreto de expulsión que les afecta.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA el recurso deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, ya individualizados, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, Gobernación Provincial Antofagasta y Municipalidad de Mejillones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1420-2017 (PROT)

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