Protección contra Ministerio de Minería

Antofagasta, a dos de marzo de dos mil veintidós VISTOS:

La comparecencia de Gabriel Muñoz Muñoz, abogado, quien en representación de la Comunidad Atacameña de Coyo, representada a su vez por nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra del Ministerio de Minería, representado por nombre reservado y del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, solicitando que se ordene la realización de un proceso de consulta indígena, de conformidad al artículo 6 a) del Convenio 69 de la OIT, ordenando paralizar de inmediato y sin más trámite el proceso de adjudicación de los contratos de exploración, explotación y comercialización de litio metálico comercializable, realizada por el Ministerio de Minería, con costas.

Informaron los recurridos, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de una acción ilegal y arbitraria, consistente en la adjudicación de contratos de exploración, explotación y comercialización de dos cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico comerciable cada una, a las Empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., omitiendo el trámite de consulta indígena respecto de las comunidades que pueden verse afectadas con la ejecución de la explotación minera. Lo anterior, vulnerando las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°2, 8 y 24 y el principio de juridicidad consagrado de la Constitución Política de la República, además del Convenio 169 de la OIT, la Ley N°19.253 que establece normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y el Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena.

En primer lugar hizo presente que la recurrente es una Comunidad indígena constituida de conformidad a la Ley N°19.253, conformada por aproximadamente 150 habitantes del ayluu de Coyo, pertenecientes a la etnia atacameña. La principal actividad económica de los habitantes de la zona es la agricultura y ganadería a menor escala, además del turismo y actividades comerciales asociadas.

Dentro del territorio de la Comunidad se encuentra la vega de Tebenquiche, uno de los mayores cuerpos de agua salobre perteneciente al “sistema hidrológico soncor”, que pertenece a la Comunidad recurrente y a la Comunidad de Solor. Las características de la laguna de Tebenquiche son determinantes para la mantención y reproducción del ecosistema y es un punto de interés científico debido a la reproducción de extremófilos. Estos ecosistemas microbianos se encuentran expuestos a amenazas naturales y antropocéntricas, asociadas al desarrollo minero en el salar, dada la extracción de cloruro de potasio y acido bórico, así como la extracción de carbonato de litio. Lo anterior, se traduce en la extracción de agua subterránea y salmuera, y la reinyección de salmuera que modifica las condiciones naturales del salar.

Además, indicó que la laguna representa uno de los centros turísticos más atractivos de la zona, y son las comunidades quienes regulan el acceso.

Lo anterior, derivó en la declaración del área como Santuario de la Naturaleza en mayo de 2018, mediante D.S. N°95. Así, en el mismo decreto se destacó la existencia de especies de un alto valor ecológico, lo que justifica su protección.

En cuanto a la adjudicación que se impugna por esta vía, señaló que el 13 de octubre de 2021 el Ministerio de Minería publicó la convocatoria nacional e internacional de litio, cuyo objeto era la exploración y explotación de una cuota de 80.000 o dos cuotas por un total de 160.000 toneladas de litio metálico comerciable, en cualquier área del territorio nacional. Se estableció que el contrato tendrá una duración de veintinueve años, salvo previo cumplimiento de la cuota. La adjudicación a las dos empresas fue publicada el 12 de enero del presente.

Además, refirió que la decisión fue adoptada por el Gobierno con una celeridad anormal para la importancia de la decisión, y considerando únicamente aspectos económicos. Sin embargo, pese a que el mineral es explotado en el sector donde habita la Comunidad Atacameña de Coyo, en ninguna instancia de la licitación fue requerida su participación a través de la consulta indígena, derecho de carácter obligatorio reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

Estimó que el Convenio resulta aplicable por la consagración que realiza el articulo 5 de la Constitución y porque los contratos celebrados nacieron en virtud de una licitación pública catalogada como procedimiento administrativo, lo que lo califica como medida administrativa que requería del llamado a consulta indígena, de conformidad al artículo 7 de la Convención. Ello, porque la aprobación de las bases de licitación, la adjudicación y el proceso previo, constituyen medidas administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, especialmente la Comunidad recurrente, quien habita y tiene derechos sobre el territorio en el que se realizará la actividad minera. Sin embargo, todo el proceso se realizó de forma discrecional y unilateral por la autoridad recurrida, sin permitirle a la recurrente manifestar sus intereses, derivando entonces en que todo el procedimiento administrativo sea ilegal.

Por lo tanto, solicitó que se ordene la realización de un proceso de consulta indígena, de conformidad al artículo 6 a) del Convenio 169 de la OIT, con costas.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, Subsecretario de Minería, en representación del Ministerio, indicando que el actuar del recurrido se ajustó a derecho, sin que exista actuar ilegal o arbitrario que afecte las garantías de la recurrente.

En primer lugar, se refirió al marco normativo minero, al régimen de concesiones mineras y la ejecución exclusiva por parte del Estado de ciertas sustancias minerales -como el caso del litio- a través de concesiones administrativas o contratos especiales de operación con particulares. Así, en el caso de estas figuras, se debe dictar un decreto supremo que fije los requisitos para explorar, explotar y beneficiarse de las sustancias.

Hizo presente que el Ministerio tiene atribuciones para fijar las políticas de aprovechamiento del litio, de conformidad al D.F.L. N°02 de 1960 del Ministerio de Hacienda, y por ello, se desarrollan políticas para fomentar la actividad minera y proteger las sustancias nacionales. Asimismo, se encuentra facultado para suscribir -en representación del Estado- contratos especiales de operación respecto de las sustancias en comento.

En este contexto, y considerando la actual demanda internacional de litio y las oportunidades que se presentaban para el país, se adoptó la decisión de llevar a cabo un proceso de licitación que culminó en la adjudicación de dos cuotas que representan el 1,8% de las reservas conocidas de litio en Chile, mediante la dictación del D.S. N°23 del 27 de julio de 2021, tomado de razón el 29 de septiembre y publicado el 13 de octubre del mismo año. No obstante, la sola dictación del decreto no trae aparejada la suscripción de los contratos, sino que estos son resultado de un procedimiento licitatorio que concluye con la adjudicación y la suscripción de los contratos especiales de operación de litio. Asimismo, las bases fueron aprobadas mediante resolución N°1 del 27 de julio de 2021 del Ministerio de Minería, también tomada de razón en octubre del mismo año y comprendían cinco cuotas de 80 mil toneladas de litio comerciable, cuyo objeto era explorar, explotar y beneficiarse, en cualquier área del territorio nacional.

Hizo presente que la adjudicación -acto recurrido por esta vía- no es la etapa terminal del proceso licitatorio, sino que-según las bases- el acto terminal serán los decretos supremos que suscriba el Ministerio de Minería aprobando los contratos, los que están sujetos a la condición de pago del precio de la oferta y a que se obtenga la autorización previa de la Comisión Chilena del Cobre. Además, posteriormente serán enviados a control previo de legalidad y deberán ser tomados de razón y notificados. Así, lo que fue dictado fueron las resoluciones exentas que adjudicaron las cuotas.

Asimismo, refirió que el D.S. N°23 no especifica el lugar en que se realizará la exploración, explotación y beneficio del litio ni establece áreas geográficas determinadas, ya que lo debe determinar el contratista una vez que desarrolle el proyecto particular y obtenga los permisos sectoriales. Por lo tanto, será el adjudicatario quien debe asumir los riesgos y someter sus proyectos a las instancias reguladoras respectivas, según se estableció en el D.S. en comento. En consecuencia, el contrato no implica la autorización para llevar a cabo un proyecto minero específico, sino que este deberá ser sometido a las consultas y trámites que sean exigibles dependiendo del lugar donde finalmente se emplace.

Entonces, una vez que se tome razón del decreto supremo que contenga el acto terminal, el contratista estará en condiciones de ingresar una propuesta de proyecto minero al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), donde deberá tramitar permisos ambientales y sectoriales y posteriormente, obtener la resolución de calificación ambiental, dependiendo del lugar.

En consecuencia, es en el proceso de evaluación de impacto ambiental donde se deberán llevar a cabo los procesos de participación ciudadana y de consulta indígena, en caso de que el proyecto se emplace en un área geográfica que pueda generar impactos significativos para dichas comunidades. Ello, porque el artículo 6 del Convenio N°169 hace alusión a aquellas medidas que puedan afectar directamente a las comunidades indígenas, pero en los actos administrativos dictados por la recurrida no se hace alusión a que las futuras actividades de explotación están circunscritas a un territorio determinado. Ello además está contemplado en el D.S. N°66 del Ministerio de Desarrollo Social, en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el D.S. N°40 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, indicó que actualmente existen diversos proyectos mineros aprobados que ingresaron al SEIA, y que se sometieron -antes de obtener la calificación ambiental- a procedimientos de consulta indígena.

Finalmente, argumentó que de los fundamentos de la acción no puede apreciarse cómo la adjudicación del proceso licitatorio o la ausencia del procedimiento de consulta indígena en el mismo, ha vulnerado las garantías que invoca, atendida la falta de exigibilidad de la misma en dicha etapa, como explicó.

TERCERO: Que informó el Ministro Secretario General de la Presidencia (S), nombre reservado, por orden del Presidente de la República, solicitando el rechazo de la acción deducida, por no existir un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado las garantías invocadas por la recurrente.

En primer lugar, tras referirse a la naturaleza del recurso de protección, refirió que lo solicitado por los recurrentes no dice relación con la cautela del ejercicio de garantías protegidas, sino que se vincula con el mérito de una decisión de la administración, adoptada en el marco del ordenamiento jurídico vigente y en virtud de un procedimiento administrativo, lo que no puede prosperar, por escapar del ámbito de la acción constitucional.

Asimismo, estimó que acceder a lo pedido en la acción, supondría una intervención judicial respecto del desarrollo de un proceso administrativo que cumplió con el ordenamiento jurídico y pasó los controles de legalidad y constitucionalidad de la Contraloría, en sus distintas etapas.

En segundo lugar, alegó que la acción no es de carácter popular, por lo que no procede que se alegue la supuesta afectación de un grupo indeterminado de personas. Ello, ya que el recurso tiene por finalidad proteger intereses concretos de personas identificadas.

Adicionalmente, señaló que no se verifican los presupuestos de procedencia del recurso de protección, ya que no existe acto u omisión arbitraria e ilegal. Lo anterior, ya que el proceso de licitación se ajustó al ordenamiento jurídico y sus distintas etapas – como la resoluciones que autorizó el llamado a licitación y el decreto supremo que estableció los requisitos y condiciones del contrato de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio- fueron tomadas de razón por la Contraloría General de la República y publicadas en el diario oficial. Así, el D.S. N°23 fue dictado de conformidad a la facultad que entrega al Ejecutivo la Constitución, la Ley N°18.097 y el Código de Minería. Además, hizo presente que se contó con la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para comercializar el litio, mediante acuerdo adoptado en agosto de 2021.

Además, ambos actos administrativos fueron dictados en base a consideraciones técnicas, lo que descarta la presencia de arbitrariedad.

Particularmente, en cuanto a la imputación de omitir la consulta indígena, estimó que para que la omisión pueda ser objeto de medida judicial, debe tratarse de una conducta omisiva ilegal o arbitraria, asociada a una norma que la ordene y genere derechos a favor de terceros. En este caso ello no ocurre, ya que no hay infracción al artículo 5 de la Constitución, al artículo 6 del D.S. N°36 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el Convenio N°169 ni al artículo 7 del D.S. N°66 del Ministerio de Desarrollo Social que aprobó el reglamento de consulta indígena, pues no se configuran los elementos para que proceda la consulta indígena.

Lo anterior, atendido a que no se ha establecido una zona territorial determinada para la exploración, explotación y beneficio de los yacimientos de litio, ni cuales yacimientos mineros serán objeto de talas acciones. Por lo tanto, no se advierte como los recurrentes quedan en situación de desigualdad frente a otros miembros de la población. Así, la determinación del área geográfica recién se podrá establecer cuando el contratista desarrolle el proyecto y obtenga los permisos sectoriales y solo entonces, se podrían considerar los elementos del D.S. N°66. Ello, porque de conformidad al artículo 2 del D.S. N°23, el contratista es quien asumirá todos los costos y riesgos de la exploración, explotación y beneficio, debiendo obtener todos las autorizaciones y/o permisos sectoriales o ambientales necesarios.

Por lo tanto, la amenaza a las garantías invocadas en el recurso no es real ni inminente, ya que el D.S N°23 solo señala requisitos y condiciones que deberán tener los eventuales contratos. Además, los recurrentes se limitaron a enunciar las garantías que invocan como vulneradas, sin explicar el modo en que se afectarían o cómo estarían vinculadas causalmente con la omisión denunciada como ilegal o arbitraria.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, esto respecto de quien alegue la afectación, pues la jurisprudencia ha asentado que el recurso de protección, por lo que quien la presente debe ser titular del derecho eventualmente afectado.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados eventualmente afectados por un acto u omisión ilegal o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la adjudicación de contratos de exploración, explotación y comercialización de dos cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico comerciable cada una, a las Empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., omitiendo el trámite de consulta indígena, respecto de las comunidades que pueden verse afectadas con la ejecución de la eventual explotación minera.

SÉPTIMO: Que para resolver, se debe tener presente la normativa vigente aplicable en la especie. Así, en primer lugar, el artículo 6 del Decreto 236, que Promulga el Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, establece que “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.(…)”.

Que posteriormente el artículo 15 de dicho convenio señala que “ 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo social establece el deber de consulta, disponiendo que “La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento.”

Y en particular, en relación a cuáles son las medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, el artículo 7 señala que “Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.

(…) Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

(…)Las medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de los pueblos indígenas no estarán sujetas a consulta, como sucede con aquellos actos que no producen un efecto material o jurídico directo respecto de terceros, como ocurre con los dictámenes, actos de juicio, constancia o conocimiento, así como los actos que dicen relación con la actividad interna de la Administración, como los nombramientos de las autoridades y del personal, el ejercicio de la potestad jerárquica o las medidas de gestión presupuestaria.”

OCTAVO: Que en consecuencia, de la normativa previamente citada debe concluirse que para que el trámite de consulta sea una obligación para la Administración del Estado, debe tratarse de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas, causando impacto en los pueblos, sus tradiciones, costumbres, prácticas, cultura o territorio, siendo necesario determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados con la medida en específico.

NOVENO: Que como se ha venido razonando, resulta entonces relevante determinar si el acto que se impugna por esta vía tiene el mérito de ser una medida administrativa susceptible de afectar directamente a la comunidad recurrente, y que por tanto, la consulta indígena era un trámite necesario y obligatorio previo, cuya inobservancia deriva en ilegal y/o arbitraria.

En este contexto, del tenor de la acción se desprende que lo que se impugna es la adjudicación de dos cuotas para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, en virtud de un procedimiento de licitación pública que inició mediante el llamado a licitación y aprobación de las bases, por resolución N°1 del 27 de julio de 2021 y que culmina en la suscripción de un contrato especial, cuyos requisitos y condiciones fueron establecidos por el Decreto N°23 del 13 de octubre del mismo año.

Analizado el contenido de ambos actos administrativos, se puede observar que si bien en las bases de licitación -al hacer alusión al objetivo general de la licitación- se señalan las operaciones que actualmente se realizan en el Salar de Maricunga y en el Salar de Atacama, no se delimita la adjudicación a un territorio geográfico determinado para el desarrollo de los proyectos mineros, pues no se hace alusión a un lugar específico donde desarrollar la exploración o explotación del mineral, siendo claro, en consecuencia, que la adjudicación no dice relación con una faena que pueda desde ya instalarse sin un proceso completo de autorizaciones de todo tipo, entre ellas las medioambientales reguladas en los artículos 8° y siguiente de la Ley 19.300. Por lo mismos los adjudicatarios de cuota de exploración no adquieren el derecho a una explotación en lugar determinado, y frente a aquello a que se sostiene que asumen ellos el riesgo dela inversión.

Es así que en la regulación de requisitos y condiciones de los contratos especiales de operación, en el artículo 2 del decreto se dispone que el objeto del contrato será facultar al contratista para explorar, explotar y beneficiarse de una cuota de litio metálico comerciable en “cualquier área del territorio nacional”. Asimismo, se dispone que “El Contratista asumirá todos los costos y riesgos inherentes a la exploración, explotación y beneficio del litio metálico comercializable que fueren necesarias. También, serán de exclusivo cargo y riesgo del Contratista, la obtención de todas las autorizaciones y/o permisos sectoriales o ambientales que sean necesarios para los efectos de llevar adelante las labores objeto del o de los Contratos.”

Entonces, se puede verificar que previo al inicio de algún proyecto concreto, deberán obtenerse los permisos ambientales correspondientes, los que se encuentra regulados en los artículos 8° y siguientes de la ley 19.300, y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°40, publicado el 12 de agosto de 2013, siendo claro que cualquier explotación de minerales requerirá un estudio de impacto ambiental, que necesariamente debe incluir un proceso de consulta indígena, incluyendo sin lugar a la dudas las comunidades de el o los sectores afectados con el proyecto.

DÉCIMO: Que en consecuencia, puede concluirse que atendido el tenor de los actos administrativos dictados por el Ministerio recurrido -los cuales además ya fueron sometidos a un control de legalidad previo por la Contraloría General de la República- estos no contienen un pronunciamiento o decisiones que puedan afectar directamente los derechos, costumbres o propiedad de alguna comunidad indígena determinada o los recursos minerales que existan en territorio indígena -incluida la recurrente- pues los efectos de los contratos que fueron adjudicados aún no están delimitados a un terreno o espacio geográfico especifico.

Por lo tanto, no puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra la adjudicación de los contratos, exista una obligación que haya sido incumplida por los entes de la administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún, y sin lugar a dudas tendrá lugar en la etapa pertinente según ya se dijo.

No cabe entonces hablar de la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de las recurridas, atendido a que no se estaba en la obligación legal de actuar en la forma en que se imputa por la Comunidad recurrente.

UNDÉCIMO: Que una situación distinta se configurará una vez que se suscriban los contratos especiales de operación, pues en el caso en que las empresas contratistas elaboren proyectos a ejecutarse en algún terreno habitado o aprovechado por comunidades indígenas, al momento de requerir los permisos sectoriales o ambientales correspondientes, sí tendrá que realizarse el trámite previo de consulta indígena, como lo regula el artículo 85 del Decreto N°40 que Aprueba el Reglamento del Sistema de Impacto ambiental. No obstante, dicha obligación no es exigible ahora, cuando la posibilidad de que se afecten los terrenos indicados en el recurso aun es incierta y no tiene antecedentes concretos que la sustenten.

DUODÉCIMO: Que esta Corte en forma sistemática ha venido sosteniendo en sus sentencias destacando la obligatoriedad, importancia y trascendencia de la consulta indígena sin restringir su aplicación, en cada una de las situaciones en que ha existido riesgo de afectar los derechos, costumbres o propiedad, y en especial cuando dice relación con la explotación de minerales, actividad que siempre genera un cambio en el entorno, y que es especialmente regulada en el convenio 169 referido, más aquello debe desarrollarse en la oportunidad que, en cumplimiento de dicho convenio, ha determinado nuestro legislador.

DÉCIMO TERCERO: Que si bien la recurrente hace alusión a perjuicios sufridos por la comunidad por actuales explotación de minerales, es claro que aquello no tiene relación con el acto impugnado, y sin lugar a dudas puede denunciase a través de los procedimientos que al respecto contempla nuestra legislación, en especial la ambiental, siempre aplicable a los proyectos mineros.

DÉCIMO CUARTO: Que, además, y no acreditándose que la comunidad recurrente sea titular de un derecho directamente afectado por el acto recurrido, y considerando que este proceso cautelar no es de acción popular, procede también su rechazo por no estar legitimado activamente aquella para accionar por esta vía.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, y como se ha venido razonando, y circunscribiéndose la ilegalidad y arbitrariedad alegada a la ausencia de consulta indígena previo a la adjudicación de las cuotas en cuestión, no es posible determinar la existencia del acto ilegal o arbitrario de parte de los recurridos alegado por la actora y que afecte las garantías invocadas por la recurrente, motivo suficiente para rechazar la acción deducida.

DÉCIMO SEXTO: Que no se condenará en costas a la actora, por estimarse inconveniente.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Gabriel Muñoz Muñoz, en representación de la Comunidad Atacameña de Coyo, en contra del Ministerio de Minería y del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique.

Regístrese y comuníquese.

Rol 142-2022 (PROT)