nombre reservado con UNIVERSIDAD DE NTOFAGASTA

Antofagasta, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Camilo González Miranda, abogado, en representación de nombre reservado, cirujano dentista, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Universidad de Antofagasta, representada legalmente por su rector don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto TRA N°351/12/2026, de fecha 15 de abril de 2026, tomando de razón con fecha 05 de mayo de 2026 y notificado mediante Ordinario DARH N°451/2026 de fecha 08 de mayo de 2026, comunicación recepcionada el día 12 de marzo de 2026, por medio del cual se declaró vacante el cargo que servía la recurrente por salud incompatible, lo que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se funda el arbitrio en que la recurrente es cirujano dentista, especialista en odontopediatría, académica de la Universidad de Antofagasta y docente fundadora de la Carrera de Odontología, institución en la que ha prestado servicios por aproximadamente veintiséis años, circunstancia que consta además en la carta de apoyo suscrita por numerosos académicos del Departamento de Odontología, quienes destacan su trayectoria académica, funciones de coordinación, actividades de vinculación con el medio y labores docentes desarrolladas durante décadas.

Indica que con fecha 05 de mayo de 2020 sufrió una grave fractura conminuta proximal de húmero izquierdo producto de una caída accidental, lesión que derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas, procesos de osteosíntesis, instalación de prótesis reversa, posteriores complicaciones infecciosas, retiro del implante, tratamientos antibióticos prolongados y una nueva cirugía reconstructiva efectuada en octubre de 2023. Todo el proceso médico se extendió durante varios años y requirió sucesivos períodos de licencia médica, situación que se encuentra plenamente documentada mediante antecedentes clínicos, exámenes, hospitalizaciones e informes médicos.

Refiere que, sin embargo, el proceso terapéutico concluyó favorablemente, ya que el médico tratante, Dr. nombre reservado, certificó que la paciente evolucionó satisfactoriamente, sin signos de complicación y con adecuada funcionalidad del hombro izquierdo, encontrándose en condiciones de desempeñarse laboralmente sin limitaciones desde mayo de 2024, a lo que se suma que la propia Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta emitió la Resolución Folio N°19358434 de fecha 01 de septiembre de 2025, declarando expresamente que la salud era recuperable, antecedente que la propia Universidad reconoce y reproduce en el decreto impugnado.

Agrega ser de relevancia que la Universidad de Antofagasta, con pleno conocimiento de todos estos antecedentes médicos, dictó el Decreto Exento R.A. N°351-446-2026, de fecha 28 de enero de 2026, mediante el cual prorrogó la designación de la actora para el año académico 2026, manteniéndola en funciones, pero pese a ello, apenas semanas después, la misma institución resolvió declarar vacante su cargo por supuesta salud incompatible, siendo la decisión formalizada mediante el Decreto TRA N°351/12/2026, fundándose exclusivamente en que la funcionaria habría mantenido más de 180 días de licencias médicas y en una referencia genérica a la facultad contemplada en el artículo 151 letra a) del Estatuto Administrativo.

Señala que no existe en el decreto análisis alguno acerca de la condición médica actual de la funcionaria, ni evaluación de medicina ocupacional, estudio de compatibilidad funcional o ponderación real de su efectivo reintegro laboral. Tampoco se hace referencia al tiempo transcurrido desde su recuperación ni se explica de qué manera una funcionaria declarada recuperable, que se encontraba ejerciendo funciones y cuya contrata había sido recientemente renovada, podría pasar súbitamente a ser incompatible con el cargo. Por el contrario, la decisión se limita a invocar de forma mecánica el número de días de licencia médica acumulados en un período pretérito, prescindiendo por completo de la situación actual de la actora.

Menciona que no desconoce que la recurrente mantuvo licencias médicas por un período superior a seis meses dentro de los últimos dos años. Sin embargo, dicho antecedente no puede ser analizado de manera aislada ni reducido a una mera operación aritmética. La Universidad de Antofagasta se encontraba obligada a ponderar el contexto completo en que aquellas licencias se produjeron, la naturaleza de la patología que las originó, la trayectoria funcionaria de la académica afectada y la situación existente al momento de adoptar la decisión impugnada, considerando que las licencias médicas que motivan la presente controversia no tuvieron su origen en una enfermedad degenerativa, permanente o incompatible con el ejercicio de la función pública, sino en un complejo proceso traumatológico derivado de una grave fractura, siendo un proceso excepcional, acotado en el tiempo y orientado a lograr la recuperación funcional de la paciente, lo que fue alcanzado.

Expone que tampoco puede perderse de vista que la situación que afectó a la recurrente no generó un perjuicio patrimonial efectivo para la institución recurrida ya que, durante el período de licencias médicas, las prestaciones económicas derivadas de su incapacidad fueron soportadas por el sistema previsional correspondiente, permitiendo a la Universidad adoptar las medidas de reemplazo que estimara necesarias para asegurar la continuidad del servicio. Del mismo modo, hacia el futuro no existe antecedente alguno que permita sostener que la permanencia de la recurrente pueda ocasionar una afectación al funcionamiento institucional, desde que ésta ha recuperado su capacidad laboral, ha sido declarada recuperable por la autoridad sanitaria competente y ha demostrado, mediante su efectivo desempeño posterior, encontrarse plenamente habilitada para continuar desarrollando las funciones académicas que ha ejercido durante décadas. En tales circunstancias, la decisión de privarla de su cargo aparece desprovista de toda necesidad objetiva, transformando una facultad excepcional en una medida desproporcionada e injustificada.

Sostiene que el acto recurrido infringe los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, ya que la Administración se encuentra obligada a expresar los fundamentos de hecho y de derecho que justifican una decisión que afecta derechos de los administrados, sin embargo, el decreto impugnado no explica cuáles licencias fueron consideradas para el cómputo legal al no indicarse las fechas precisas de las licencias consideradas, no identifica los períodos específicos que habrían sido computados, no desarrolla el mecanismo de cálculo utilizado ni explica de qué manera arriba a la conclusión de que se configura la causal legal invocada. Del mismo modo, omite todo análisis de los antecedentes médicos vigentes, prescinde de la declaración de salud recuperable emitida por la COMPIN y deja de examinar la situación funcionaria existente al momento de adoptar la medida, lo que evidencia una ausencia manifiesta de fundamentación suficiente.

Asimismo, afirma que la arbitrariedad del acto impugnado aparece de manifiesto desde el momento en que la propia Universidad de Antofagasta incurre en una contradicción objetiva e inexplicada en el tratamiento de la situación funcionaria de la recurrente, ya que con pleno conocimiento de los antecedentes médicos que habían marcado el período anterior, la institución resolvió prorrogar su contrata para el año 2026, decisión que sólo puede comprenderse sobre la base de haber estimado que la académica se encontraba en condiciones de continuar desempeñando sus funciones. Sin embargo, pocas semanas después, y sin invocar hechos nuevos, deterioro superviniente, evaluación médica actual ni antecedente funcional distinto de aquellos que ya obraban en su poder, la misma autoridad decidió declarar vacante el cargo por supuesta salud incompatible. Tal cambio de criterio, carente de explicación racional, revela una actuación inconsistente, desprovista de lógica administrativa y contraria a las exigencias mínimas de razonabilidad que deben regir el ejercicio de potestades públicas.

Agrega que la irracionalidad de la decisión también se evidencia en que la recurrida prescindió por completo de la realidad efectiva existente al momento de dictar el decreto, por cuanto la actora ya se encontraba reincorporada a sus labores, había retomado sus actividades docentes de manera continua y no existían antecedentes contemporáneos que permitieran sostener una imposibilidad actual de desempeño. Pese a ello, la Universidad optó por construir su decisión exclusivamente sobre la base de un conteo retrospectivo de licencias médicas, transformando una facultad excepcional en una consecuencia automática, desligada de toda ponderación concreta de la situación médica, funcionaria y humana de la afectada, a lo que se suma el carácter desproporcionado de la medida adoptada al no acreditar la Universidad que la permanencia de la recurrente comprometiera el adecuado funcionamiento del servicio, ocasionara un perjuicio o impidiera el normal desarrollo de las labores académicas.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alude a la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho a su protección y derecho de propiedad. En cuanto a la igualdad ante la ley, sostiene que la Universidad de Antofagasta ha dispensado a la recurrente un trato diferenciado ya que pese a que su salud era recuperable y retornó al ejercicio de sus labores, decidió privarla de su cargo utilizando un criterio matemático basado en la acumulación de licencias médicas, desconociendo su situación actual y su efectiva capacidad laboral, agregando que la desigualdad también se manifiesta respecto de la conducta institucional de la Universidad al prorrogar su designación y posteriormente declarar su salud incompatible; respecto a la libertad de trabajo, afirma que la afectación no se produce únicamente por la pérdida de una fuente de ingresos, sino al privarla de continuar ejerciendo una función para la cual se encuentra plenamente habilitada profesional y medicamente; y con relación al derecho de propiedad, indica que la propia Administración generó una expectativa razonable de estabilidad y continuidad funcionaria, lo que posteriormente se frustró mediante la dictación del acto recurrido, lo que la priva de una situación jurídica consolidada.

Solicita se deje sin efecto el Decreto TRA N°351/12/2026 que declaró vacante el cargo servido por la actora y ordenar a la Universidad de Antofagasta mantener la plena vigencia de la relación funcionaria de la recurrente, reincorporándola a sus funciones en las mismas condiciones existentes con anterioridad al acto impugnado, disponiendo todas las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulnerada, con expresa condena en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informó Arturo Alejandro Mamani Contreras, abogado, en representación de la Universidad de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción constitucional, por cuanto no es efectivo que haya incurrido en un actuar ilegal y arbitrario, calificado como una medida desproporcionada e injustificada la declaración de vacancia del cargo, puesto que su actuar se ajusta a derecho y fue suficientemente fundado.

Dice que la relación con la recurrente se enmarca en distinta normativa de derecho administrativo, entre las cuales se encuentra principalmente el Estatuto Administrativo, DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda y el Estatuto de la Universidad de Antofagasta y DFL.21 de 2023 del Ministerio de Educación, y que la Universidad de Antofagasta, en su calidad de universidad estatal, goza de autonomía académica, administrativa y económica, facultad que comprende la potestad de contratación y continuidad de personal conforme a las necesidades propias de la corporación, siendo supervigilada por la Contraloría General de la República, específicamente verifica la juridicidad referida a la contratación de funcionarios.

Indica que el cese de funciones en el cargo de la contratación de doña nombre reservado, producto de la declaración de vacancia del cargo en Decreto TRA N°351/12/2026, se sometió a Toma de Razón, cuyo tramite consiste en un control preventivo de constitucionalidad y legalidad de decretos y resoluciones, sin el cual, el acto si bien existe, no adquiere eficacia, y la causal del cese fue conforme al artículo 146 letra c) del Estatuto Administrativo, relativa a la declaración de vacancia, por lo que no existe ilegalidad en que se configure el cese de las funciones por dicha causal.

Refiere que la justificación de la declaración de vacancia en el cargo por salud incompatible se desprende de los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, normativa que faculta al rector de la Universidad de Antofagasta para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible en razón a haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que ocurre en la especie, ya que doña nombre reservado hizo uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, según ella misma lo reconoce, por tanto, conforme a las atribuciones para su declaración y requisitos para su procedencia, todos se cumplen y no existe desproporcionalidad o falta de justificación en cuanto a lo normativo, lo que se corrobora con el trámite toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Respecto de los citados artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, que establecen la motivación y fundamentación de los actos administrativos, señala que en los considerandos y posterior resolución constan los antecedentes que motivaron la resolución impugnada, y si bien la contraria señala que no se precisan las licencias consideradas o que no se identifican los períodos específicos que habrían sido computados, de la revisión de los antecedentes, los periodos de las licencias que ella misma reconoce si ocurrieron y sí hizo uso de licencias por más de seis meses durante los últimos dos años, lo que no amerita mayor discusión, pero que para todo efecto se tuvieron a la vista para que el rector tomara la decisión y luego la Contraloría General de la República tomara de razón.

Agrega que la normativa vigente no señala como requisito el análisis de antecedentes médicos vigentes o de la declaración de salud recuperable emitida por la COMPIN, por el contrario, como lo sostiene el artículo 150 del Estatuto Administrativo, la incompatibilidad puede ser declarada sin mediar declaración de irrecuperabilidad, no obstante en razón a la probidad y transparencia de la función pública, adjunta el dosier de antecedentes que fundan el Decreto TRA351/12/2026, que fue la misma documentación que tuvo a la vista la Contraloría General de la República.

Respecto a la arbitrariedad, afirma que el decreto en cuestión señala el fundamento legal que la habilita para resolver la vacancia por incompatibilidad del cargo por salud incompatible, no obstante en el fundamento indicado con el número 5° del mencionado acto administrativo, el cual se titula “Informe de Criticidad Departamento de Odontología – Universidad de Antofagasta 9 de octubre de 2025”, el que fue emitido por la directora del Departamento de Odontología, doña nombre reservado, jefatura directa de doña nombre reservado, se informa en dos páginas sobre la compatibilidad entre las condiciones de salud y las funciones propias del cargo de doña nombre reservado, concluyendo que la Dra. nombre reservado presenta limitaciones físicas permanentes en la zona del hombro que impiden la ejecución de tareas clínicas manuales, lo que es incompatible con las funciones docentes propias de una carrera eminentemente práctica como Odontología, además de constatarse una brecha de actualización profesional y que su condición de salud crea dificultades para asignarse carga docente en asignaturas propias del ejercicio pleno de la docencia médica, recomendando que se consideren estos antecedentes como fundamento para evaluar la incompatibilidad entre la condición de la salud de la funcionaria y las funciones inherentes a su cargo.

Luego, en cuanto a la renovación por el año 2026 de la actora, manifiesta que la Universidad debía renovar la contratación de doña nombre reservado mientras no se verificara totalmente tramitado el acto administrativo que decretara el cese de funciones.

Menciona que con fecha 19 de mayo de 2026, se recibió a través de la oficina de partes de la Universidad de Antofagasta, una presentación de invalidación administrativa del Decreto TRA N°351/12/2026, recurso de reposición administrativa y recurso jerárquico, para luego, el 15 de junio de 2025, hacer ingreso de la presente acción de protección, aludiendo a los mismos hechos y fundamentos que señala en la presente acción de protección, por lo que la Universidad decidió inhibirse de conocer la reclamación interpuesta por tratarse sobre la misma pretensión, esto conforme a lo señalado en artículo N°54 de Ley 19.880, preguntándose por qué no se hizo referencia de ello en el arbitrio.

Añade que conforme al artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, la recurrente puede solicitar a la Universidad toda la información que fundó el cese de funciones, esto es, los oficios e informes que se indican en numerales anteriores, los que son individualizados en el detalle del acto administrativo impugnado, la Universidad no ocultó algún documento que funda el cese de funciones, por el contrario, son todos disponibles para la verificación de la recurrente, incluso, requerir a la Universidad de la información, pudo ser de fundamento para la pretensión del recurrente.

De otro lado, señala que la Contraloría General de la República ha sostenido por medio de diversa jurisprudencia administrativa el alcance y efectos del pronunciamiento sobre la posterior declaración de vacancia del cargo emanada de la autoridad del servicio, lo que es obligatorio y vinculante para los servicios que se encuentran sometidos a su fiscalización.

Finalmente, luego de citar jurisprudencia, sostiene que no se cumplen los requisitos de procedencia del recurso de protección y no se encuentran vulneradas las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, ya que ninguna de las actuaciones realizadas por el jefe de Servicio ha afectado de manera alguna la garantía de igualdad ante la ley, tampoco la recurrente señala en este caso, las personas o situaciones que se ha actuado de un modo diverso al trato que se les otorga a todos los funcionarios que desempeñan sus funciones en la Universidad, y las normas y procedimientos fueron y serán aplicados a todos los funcionarios que cesen sus funciones por declaración de vacancia del cargo fundado en salud incompatible, agregando que respecto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad, no se proporcionan antecedentes ni se explica cómo aquello habría ocurrido, no pudiendo sostenerse que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre estas, puesto que las labores que se desarrollan son propias del Estado.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, atendidas las alegaciones vertidas en el libelo recursivo, se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida Universidad de Antofagasta, consistente en la dictación del Decreto TRA 351/12/2026 de fecha 15 de abril de 2026, tomada de razón con fecha 05 de mayo de 2026, mediante la cual se declaró vacante el cargo que desempeñaba la actora por salud incompatible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

SEXTO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que: 1) La actora presentó diversas licencias médicas en el periodo comprendido desde el 03 de mayo de 2023 al 21 de junio de 2024, registrando más de 180 días consecutivos de ausentismo del ejercicio de sus funciones; 2) Con fecha 01 de septiembre de 2025 se emitió por la COMPIN Resolución Folio N°19358434, que resuelve que la actora presenta un estado de salud recuperable; y 3) mediante Decreto TRA 351/12/2026, tomada de razón con fecha 05 de mayo de 2026, se declara vacante el cargo de la actora por salud incompatible.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

El artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

OCTAVO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone al jefe superior del servicio el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y naturaleza del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo en su momento y la necesidad de contar con personal idóneo que permita atender las necesidades de la carrera de Odontología.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, de los antecedentes allegados al proceso, en especial de lo informado por la recurrida, consta que la actora dedujo con fecha 19 de mayo de 2026 los respectivos recursos por la vía administrativa en contra del decreto que se impugna en autos, cuyo conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880, quedó inhibido por parte de la autoridad administrativa, por lo que no existe actualmente un pronunciamiento firme en sede administrativa respecto de la decisión de declaración de vacancia por salud incompatible de la recurrente.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Camilo González Miranda, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la Universidad de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1416–2026 (Protección)

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