nombre reservado con AFP MODELO

Antofagasta, a quince de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de Rixio nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Modelo, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Carta Política, consistente en el rechazó de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, solicitando, se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento a fin de efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o se adopten las providencias que esta Corte estime necesaria para restablecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda el recurrente la presente acción, señalando que el actor de nacionalidad venezolana solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. La administradora rechazó la petición el 30 de junio de 2025 por estimar no acreditada la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y al Oficio SP N°3141/2024, señalando que la constancia electrónica del IVSS no es certificado de afiliación, no detalla coberturas mínimas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte), carece de firma y de apostilla, y que la declaración jurada acompañada es insuficiente.

Alega que, cumple los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, que la constancia del IVSS es verificable mediante código en el sitio oficial y que otras AFP la han aceptado, por lo que califica el rechazo de formalista, arbitrario e ilegal por exigir requisitos no previstos en la ley y omitir su verificación en línea. Alega vulneración de igualdad ante la ley y derecho de propiedad (art. 19 N°2 y N°24 CPR) e invoca la sentencia CS Rol N°28881-2022 que propicia una interpretación teleológica de la citada ley.

SEGUNDO: Que, habiéndose solicitado a la Superintendencia de Pensiones informar al tenor de la presente acción, consta a folio N°6 del expediente digital el oficio respectivo.

Al efecto, indica que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, aplicable solo a trabajadores técnicos extranjeros que acrediten copulativamente afiliación a un sistema de seguridad social extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y voluntad expresa de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

En el caso de autos, el recurrente acompañó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, dicho documento no cumple con los requisitos legales y administrativos vigentes, por cuanto no está firmado, apostillado ni legalizado, y no acredita de manera específica las coberturas exigidas. La jurisprudencia administrativa de la Superintendencia y fallos recientes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema han confirmado que la constancia electrónica sin apostilla es insuficiente para acreditar la afiliación exigida.

En consecuencia, la Superintendencia concluye que no existen antecedentes que permitan sostener que el recurrente cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, por lo que el rechazo efectuado por la AFP se ajusta a la normativa aplicable.

TERCERO: Que, informó Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

En lo pertinente, señala que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, presentando título profesional, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS y contrato de trabajo. Tras el análisis, la recurrida rechazó la solicitud porque los documentos no cumplen con los requisitos legales: la constancia no constituye certificado de afiliación válido, carece de firma, apostilla o legalización y no acredita coberturas específicas; la declaración jurada tampoco es idónea por no provenir de la autoridad previsional competente ni de una representación consular.

Enfatiza que la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y exige acreditar copulativamente afiliación a un régimen extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación legalizada o apostillada. Agregó que la Superintendencia de Pensiones ha reiterado en diversos oficios (N°3141/2024, N°21.480/2017 y N°12954/2025) que las constancias electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla no son medios válidos, y que las declaraciones juradas carecen de valor probatorio para estos efectos, citando variada jurisprudencia en apoyo a sus fundamentos emanada de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que ha confirmado que la exigencia de legalización o apostilla es obligatoria, y que el rechazo en estos casos no constituye un acto arbitrario ni ilegal.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme se desprende del libelo recursivo, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia consiste en la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. a entregar o devolver los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente. La recurrida fundamenta su decisión en la improcedencia de la solicitud, argumentando que el actor, de nacionalidad venezolana, no acompañó la documentación necesaria para acreditar su afiliación a un régimen previsional vigente en su país de origen, específicamente un certificado expedido por la entidad previsional respectiva, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dé cuenta de la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

SÉPTIMO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

OCTAVO: Que, del examen del documento acompañado por el recurrente ante esta Corte, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, se constata que dicho instrumento no satisface las exigencias previstas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, careciendo, en consecuencia, de valor fehaciente. En este contexto, la exigencia de un certificado vigente y legalizado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar la devolución, conforme a la doctrina administrativa emanada de la Superintendencia de Pensiones.

De este modo, el actor no ha acompañado antecedentes idóneos para acreditar el requisito contemplado en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Siendo ambos requisitos de carácter copulativo, como resulta de la simple lectura del precepto citado, la ausencia de uno de ellos impide acoger la solicitud de devolución, razón por la cual la AFP Modelo, al denegar la petición, no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, limitándose a aplicar la normativa vigente y a expresar de manera fundada las razones de su decisión.

NOVENO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, desde que esta se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, exigiendo el cumplimiento de los requisitos legales. En consecuencia, al no configurarse el presupuesto de hecho esencial que habilita la acción constitucional contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la conclusión necesaria es el rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de Rixio nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1416-2025 (Protección)