nombre reservado con A.F.P. HABITAT S.A.

Antofagasta, a treinta de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

Lorena Romero Santander, abogado, con domicilio en domicilio reservado en representación de nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones HABITAT, representado legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por estimar vulnerada la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en el hecho que la recurrida se niega a pagar la pensión desde el 1 de Septiembre de 2019, hasta el 5 de enero de 2020 por un monto de $ 3.706.788, al establecer como fecha de devengo de su pensión a contar de la fecha de presentación de la solicitud de la misma, esto es, el 06 de enero de 2020, estimando infraccionando lo dispuesto en el numeral 2, del Libro Tercero, Título I, del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, privándolo de su derecho de propiedad.

Expone que durante 43 años su representada ejerció la profesión de periodista, teniendo cotizaciones en el viejo y el nuevo sistema previsional y que en los últimos 18 años se desempeñó como Asesora Comunicacional de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

Indica que en junio del año 2019, al cumplir 68 años, concurre a AFP Habitat para consultar sobre el modo de iniciar formalmente su proceso de jubilación, informando la ejecutiva Sra. nombre reservado, que era necesario que renunciara a su trabajo y obtuviera el certificado de finiquito de trabajo ya que sin este documento “Finiquito de Trabajo”, era imposible iniciar el proceso de jubilación.

Plantea que presentó su renuncia al cargo de Asesora Comunicacional, de la Fiscalía Regional de Antofagasta, a partir del 1 de septiembre de 2019, es decir, trabajó hasta el 31 de agosto de 2019, quedando a la espera de la firma del finiquito, hecho que ocurrió el día 15 de octubre de 2019.

Refiere que el 16 de octubre, concurrió a la AFP Habitat, donde la ejecutiva le sugirió que pospusiera su jubilación para los primeros meses de 2020. Aceptando el consejo decidió esperar, regresando el 6 de enero de 2020, oportunidad en fue atendida por la ejecutiva nombre reservado.

Indica que la ejecutiva completo la solicitud sin hacer preguntas a su representada, y sin darle explicaciones de cómo seguiría el proceso.

Aduce que siguió adelante con el proceso, llegando su primera jubilación el día 16 de marzo de 2020 la que empieza a devengar a partir del 6 de enero de 2020 y no del 1 de septiembre de 2019.

Alega que al haber sido funcionario público le es aplicable la norma que regula el proceso de pensiones en cuanto a la fecha de devengamiento de la pensión, (Compendio de Normas de Sistema de Pensiones), en su libro III, Título I, Letra B, Pensión de Vejez, Capítulo IV. Fecha de devengamiento de la pensión. 2. Trabajadores afectos a normas estatutarias especiales consigna que: “si el afiliado presenta la correspondiente resolución o Finiquito de Trabajo, la Administradora definirá como fecha de devengamiento de la pensión, el día siguiente al cese de funciones”.

Arguye que AFP HABITAT ha realizado un acto arbitrario e ilegal al no reconocer que su representada tiene derecho a que su pensión se devengue a partir del 1 de septiembre de 2019, lo cual fue comunicado vía mail de fecha 3 de marzo de 2020. Dicha interpretación y ejecución de dicha interpretación ha generado que sea privada de percibir la pensión de jubilación que debe devengarse del día siguiente al cese de sus funciones, vale decir, a partir del 1 de septiembre de 2019 e incluir en su pago hasta el 5 de enero de 2020, que es el período que no se le pagó en su pensión de jubilación y cuyo monto asciende a un total de total de $3.706.788.

Estima que la AFP actúa de forma ilegal y arbitraria, pues contraviene el ordenamiento jurídico al privar del derecho de goce de la propiedad, (pensión), que tiene nombre reservado sobre el dinero, reunido en una esforzada vida de trabajo, lo que vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Solicita se ordene a la recurrida la entrega de los montos en dinero por concepto de pago de pensión cuyo monto asciende a la suma de $ 3.706.788, más intereses y reajustes, con costas.

SEGUNDO: Que Maria Soledad Donoso Arteaga, abogado, por la recurrida Administradora De Fondos de Pensiones Habitat S.A., informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone que efectivamente la recurrente está afiliada al sistema de pensiones regulado por el D.L. 3500 desde 1981 y con fecha 15 de junio de 2011 cumplió la edad legal para pensionarse por vejez.

Indica que el 31 de agosto de 2019, cesó en sus funciones como Asesora Comunicacional, Grado VIII del Escalafón Profesional del poder Judicial, por renuncia voluntaria, conforme a lo expresado en el finiquito suscrito el 23 de septiembre de 2019 con el Ministerio Público, Fiscalía Regional de la Región de Antofagasta.

Indica que el 16 de octubre de 2019, esto es, después de haber dejado de ser funcionaria pública, presentó por primera vez su solicitud de pensión de vejez edad, en la Sucursal Antofagasta. Conjuntamente con ello, presentó el finiquito acordado con el Ministerio Público, Fiscalía Regional de la Antofagasta, en el cual consta que con anterioridad a su Solicitud de Pensión, esto es con fecha 31 de agosto de 2019, ya había cesado en sus funciones dejando de ser funcionaria pública a la fecha que pidió acogerse a pensión.

Refiere que el 6 de enero de 2020, la afiliada presentó una segunda Solicitud de Pensión de Vejez por edad en la Sucursal de Antofagasta, en la cual nuevamente declaró NO estar afecta al estatuto administrativo o leyes Nº 18.883, 19.070, o 19.378 o articulo 332 Nº6 del código orgánico de tribunales. Esta declaración coincide con lo señalado en el finiquito acompañado por la propia afiliada en su primera Solicitud emitido por el Ministerio Público, Fiscalía Regional de la Antofagasta.

Señala que el 16 de marzo de 2020, se inicia el pago de pensión, con fecha de devengo el 6 de enero de 2020, fecha que coincide con la de su Solicitud de Pensión presentada en esa fecha.

Plantea que cuando presentó su Solicitud de Pensión de Vejez, la recurrente ya no era funcionaria afecta a normas especiales, por lo que se determinó que la fecha a contar de la cual devengaba su pensión correspondía a la de su Solicitud, conforme a las reglas generales que establece la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Aduce que en cuanto a los funcionarios públicos, para determinar a contar de cuándo se debe iniciar el pago de una pensión, se consideran las disposiciones establecidas en el Estatuto Administrativo (Ley 18.834), que dispone el cese de funciones del funcionario que obtiene pensión en un régimen previsional, así como las contenidas en la Ley 19.378 que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Artículo 48), en la Ley19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación (Artículo 72) y en otras de trabajadores afectos a normas estatutarias especiales. Ley 18.834. Luego, en consideración a las disposiciones legales y estatutarias señaladas, la normativa aplicable al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500, dictada por la Superintendencia de Pensiones, ha regulado fechas especiales de devengo de la pensión de dichos funcionarios, de manera de no permitir que el funcionario público reciba doble ingreso cuando obtiene su pensión.

Destaca que la normativa se refiere a “trabajadores afectos a normas estatutarias especiales y a sus empleadores”. No aplica a personas que cuando presentan una Solicitud de Pensión son ex trabajadores, que ya dejaron de estar afectos dichos estatutos y que, por lo tanto, no requieren de la aplicación de una norma especial para la fecha de devengo de sus pensiones, sino que se rigen por las reglas generales.

Precisa en cuanto a que el procedimiento, que las AFP deben cumplir, indica que si se recibe una Solicitud de Pensión que en ese momento es funcionario público, la AFP debe notificar al empleador y éste puede continuar o cesar la relación laboral. Si la cesa, la pensión se devenga a contar del cese de funciones, y es aplicable sólo si a la fecha de la Solicitud de Pensión, el afiliado era funcionario público o afecto a normas estatutarias especiales.

Concluye que la Sra. nombre reservado no era funcionaria pública al momento de solicitar su pensión, por lo cual reciben aplicación las reglas generales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que sobre la declaración de inaplicabilidad de la acción y según se lee en el propio recurso, son alegaciones que dicen relación con el fondo de lo debatido, por lo que dicha pretensión será desestimada.

SEXTO: Que no son hechos controvertidos que la actora efectivamente al momento de iniciar su proceso de jubilación tenía la edad de 68 años y que presentó su renuncia como Asesora Comunicacional de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Grado VIII del Escalafón Profesional del poder Judicial, a partir del 01 de septiembre de 2019, cesando en sus funciones el 31 de agosto de ese año, siendo aplicable supletoriamente las normas del Estatuto Administrativo.

Tampoco es discutido que presento una primera solicitud de pensión con fecha 16 de octubre de 2019, la cual fue dejada sin efecto, e ingresa la segunda solicitud con fecha 06 de enero de 2020, iniciando el pago de pensiones desde el 16 de marzo de 2020.

SÉPTIMO: Que para resolver el asunto controvertido se tiene presente lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el Libro Tercero, Título I, Letra B, Capitulo IV, que dispone:

“1. Casos generales Los afiliados no afectos a normas estatutarias especiales, tendrán como fecha de devengamiento de su pensión de vejez, el día del cumplimiento de la edad legal o la fecha de la solicitud de pensión, según cual sea posterior.

No obstante lo anterior, el afiliado podrá optar porque sus pensiones se devenguen a contar de la fecha de la suscripción del formulario Selección de Modalidad de Pensión si la opción es Retiro Programado o del mes del traspaso de la prima, si la opción es Renta Vitalicia Inmediata, Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida o Renta Vitalicia con Retiro Programado.

2. Trabajadores afectos a normas estatutarias especiales La fecha de devengamiento corresponderá al primer día del mes subsiguiente a aquel de presentación de la solicitud de pensión o de cumplimiento de la edad legal, según cuál sea posterior.

No obstante lo especificado, si el afiliado presenta la correspondiente resolución o finiquito de trabajo, la Administradora definirá como fecha de devengamiento de la pensión el día siguiente al de cese de funciones, siempre que esta fecha no sea anterior al cumplimiento de la edad legal para pensionarse por vejez.”

OCTAVO: Que de la norma transcrita es posible colegir que la actora se encuentra en el número 2 señalado, al tratarse de una trabajadora afecta a norma estatutaria especial, y en el caso particular, se encuentra circunscrita en la hipótesis del párrafo segundo, en cuanto la fecha de devengamiento de la pensión se considera el día siguiente al de cese de funciones.

Ahora bien, la norma no establece que al momento de la solicitud de la pensión se encuentre todavía en servicio.

De esta manera, el exigir por parte de la recurrida como fecha de devengamiento de la pensión de vejez el día de la presentación de la solicitud de pensión, deviene en ilegal, por cuanto se aparta del texto expreso de la ley.

Hecho que ha privado a la recurrente del derecho de propiedad que tiene sobre los estipendios que le corresponde percibir por concepto de jubilación.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas el recurso de Protección interpuesto por Lorena Romero Santander en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones HABITAT, y se ordena a la recurrida proceder al pago de la pensión de vejez devengada entre el 01 de septiembre de 2019 hasta el 05 de enero de 2020.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1414-2020 (PROTECCIÓN)