nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Jorge Olivos Torres, abogado, quien en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, asistente social, domiciliada en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado en procedimiento disciplinario seguido en contra de su representada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo social, RUT N° RUT reservado, representada por nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos, domiciliados en domicilio reservado, por la privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, se deje sin efecto la formulación de cargos realizada en su contra en procedimiento administrativo, ordenando que se lleve a cabo la declaración de indagatoria o bien, a una nueva formulación de cargos conforme lo establece la normativa legal vigente.

Informaron las recurridas, instando por el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundó su acción constitucional, en que el 24 de marzo del año en curso, mediante carta certificada, se le notificó de un acto que supuestamente importaría una formulación de cargos en su contra, no cumpliendo el mismo, con el estándar mínimo jurídico que permita la acertada inteligencia e información en su contenido.

nombre reservado, se desempeña en la actualidad como dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social desde el 15 de octubre del año 1991. El segundo semestre del año 2022, comenzó a sufrir en su lugar de trabajo, acoso laboral viéndose afectada su integridad psíquica, presentando licencia para reposo médico a contar del mes de diciembre de dicho año, situación que se mantiene hasta la interposición de la presente acción cautelar.

Luego, el 24 de marzo del año en curso recibió en su domicilio un documento del siguiente tenor, “Que, debido a la investigación realizada, instruida según resolución N° 569/2022, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Se formulan los siguientes cargos a doña nombre reservado, Trabajadora Social del CESFAM Norte. De acuerdo con la Ley 19.378, artículo 48 letra b): 1.- Con fecha 03 de noviembre de 2022, doña nombre reservado, habría incurrido en una conducta inmoral, como gritos y maltrato verbal en contra de nombre reservado. Dichos episodios serían supuestamente reiterados, según declaraciones tomadas a 6 funcionarios del CESFAM norte, entre el 03 y el 04 de enero de 2023, según fojas de la 43 a la 53”. El documento, aparece suscrito por nombre reservado nombre reservado, Fiscal y nombre reservado, Actuaria.

Señaló, que supuestamente dicho acto importaría una formulación de cargos en contra de la señora nombre reservado, pero la supuesta formulación no cumple con un estándar mínimo jurídico que permita la acertada inteligencia e información por parte de la persona a la que se le están supuestamente formulando estos cargos, y más aún, no se le informa: Plazo para formular descargos y contabilización del mismo, domicilio del Fiscal Instructor o lugar donde poder acudir a imponerse de la supuesta investigación llevada en su contra, identificación completa, con Rut de la nombre reservado y de la Actuaria, posibilidad de recusar al investigador, explicación suficiente de los cargos que se le imputan. Al efecto, sostiene que la descripción de los hechos es vaga, no informándose ni siquiera, la sanción que se le pretende aplicar.

Enfatizó, que ha tomado sólo conocimiento a través de esta carta recibida en su domicilio de la supuesta investigación en su contra, además, dentro del supuesto proceso, no se le ha citado ni siquiera a declarar.

En consecuencia, esta notificación de fecha 24 de marzo de 2023, constituye un acto arbitrario, que causa privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la igualdad ante la ley, alegando como conculcado el art 19 N º 2, de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que informaron por las recurridas, los abogados Isabel Calisto Hernández y Pablo Cornejo Castillo, abogados, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en contra de sus representados.

Aclaró, que el 20 de diciembre de 2022, la Corporación Municipal a través de la Secretaria General Ejecutiva Suplente decide mediante resolución N° 569/2022 instruir investigación sumaria en contra de la Sra. nombre reservado. Lo anterior, luego de que la CMDS tomara conocimiento de la presunta existencia de hechos de acoso laboral y maltrato verbal por parte de la recurrente en contra de doña nombre reservado, doña nombre reservado y de otras funcionarias y usuarios del CESFAM Norte de esta ciudad durante el año 2022. A este efecto, la decisión de instruir investigación sumaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley N° 18.883 por parte de Corporación Municipal, fue con el propósito de investigar los hechos denunciados por diversas funcionarias del CESFAM Norte en contra de la recurrente.

Luego, nombre reservado nombre reservado fue designada conforme resolución N° 569/2022 por la Secretaria General Ejecutiva Suplente de CMDS para desempeñarse como investigadora en el proceso disciplinario iniciado en contra de la actora. De esta forma, la participación de ésta se enmarca en el cumplimiento de una instrucción dada por su empleador y que en su calidad de funcionaria, debe acatar y ejercer la labor encomendada por su jefatura directa, unido a que tal designación debe ser cumplida conforme lo dispone el inciso primero, parte final del artículo 124 y letra e) del artículo 58 de la Ley N° 18.883. De esta manera, en el cumplimiento de sus deberes con su empleador realizó la labor de investigadora en el proceso instruido por la Corporación Municipal en contra de la recurrente, con la debida diligencia e inteligencia que se le puede exigir a una persona de estándar medio que no tiene formación académica en materias legales, realizando su labor de buena fe y con las limitaciones propias de una persona lego en conocimientos del derecho.

Respecto a la formulación de cargos realizada, sostiene que se encuentra debidamente fundamentada siendo redactada de manera clara e inteligible para cualquier persona de estándar medio y que otorga plenamente a la recurrente ejercer su derecho a defensa. Sin embargo, transcurrido el plazo establecido por Ley, para evacuar sus descargos la Sra. nombre reservado no presentó descargos, ampliación de plazo, solicitud de copia del expediente, ni solicitud administrativa tendiente a ejercer de alguna manera su defensa o disconformidad en contra del contenido de la resolución de formulación de cargos que se le notificó por carta certificada, el 24 de marzo de 2023.

Sostiene, que si bien, la resolución no se pronuncia sobre el plazo para presentar descargos, en virtud de la ficción y presunción de derecho de conocimiento de la ley contenida en el artículo 8° del Código Civil, la recurrente no puede alegar tal omisión como un acto que vulnere sus derechos fundamentales. Máxime si la propia recurrente dejó constancia por escrito con fecha 27 de diciembre de 2022 que buscaría asesoría legal por la situación de estar sometida una investigación sumaria.

En cuanto a la alegación de no indicación de domicilio de fiscal y de su identificación, sostiene que al momento de ser notificada con fecha 27 de diciembre de 2022 de la investigación sumaria en su contra, la recurrente leyó ante la Sra. nombre reservado el contenido de la Resolución N° 569 de 20 de diciembre de 2022 y de la resolución N° 2 de fojas 26 del expediente en que precisamente se contienen tales antecedentes, como también de la posibilidad de efectuar recusación de la investigadora, y a su vez, de la citación para prestar declaración para el día 30 de diciembre de 2022. No obstante, la recurrente no quiso recibir ningún documento de parte de la Sra. nombre reservado al momento de ser notificada de la investigación sumaria en su contra, el 27 de diciembre de 2022.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, lo pretendido por el actor es la revocación, no sólo de la formulación de cargos en contra de su representada, sino, de la totalidad del procedimiento administrativo iniciado conforme resolución N° 569/2022, desechándose desde luego, sus alegaciones conforme los siguientes fundamentos.

Al efecto, el recurso de protección no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las competentes autoridades públicas o revisar la acreditación de los consecuentes presupuestos fácticos, a vía de configurar una nueva instancia que evalúe los fundamentos de la respectiva decisión que, precisamente, optó conforme consta en Resolución N°569/2022, el 20 de diciembre de 2022, instruir investigación sumaria en contra de la actora, por las consideraciones que allí se exponen, en consecuencia, instrumentalizar el recurso de protección para convertirlo en una instancia de apelación de una resolución administrativa, no resulta conducente, desde que el control que se ejerce por la presente vía, no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, sino, como ya se indicó en consideraciones previas, a derechos que resulten indubitados o preexistentes. Si bien, no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar –como se postula en la especie- que por vía proteccional se controlen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades del recurrido.

En segundo término, la actora no puede pretender alegar desconocimiento del proceso administrativo seguido en su contra, así el 11 de noviembre de 2022, ya manifestaba problemas de índole “laboral”, al Director o nombre reservado CESFAM Norte, los que fueron precedidos de una múltiples denuncias en su contra, lejos de ser comprobables por medio de esta acción de urgencia. Lo que resulta incontrovertido, es que el 27 de diciembre de 2022, no quiso firmar acta de entrega, del siguiente tenor, “En Antofagasta 27 de diciembre de 2022, siendo las 15.00 horas, se concurre al domicilio particular de doña nombre reservado, ubicado en domicilio reservado que instruye investigación sumaria en su contra y la resolución N° 2 de fecha 27.12.2022., en donde se indica, nombre, rut del fiscal y actuario a cargo de la investigación, plazos para formular causales de recusación en contra del fiscal, dirección de la fiscalía e ID de reunión con fecha y hora para su declaración. Sin embargo, no quiso recibir los documentos, manifestando disconformidad después de leerlos y dejar por escrito dicha disconformidad en el acta de entrega”. Así, se advierte que estampó la recurrente, de manera manuscrita “No firmo, porque son falsedades y me voy asesorar legalmente y concurrir además con las autoridades pertinentes por no respetarse el debido proceso por discriminación entre las partes”. Debidamente suscrito en la misma oportunidad por la actora, en concreto, el 27 de diciembre de 2022.

Finalmente, la formulación de cargos, que enseguida pretende dejar sin efecto el actor, forma parte de un procedimiento complejo que no contiene una decisión definitiva, de tal suerte que configura un acto intermedio o de trámite inmerso en el procedimiento administrativo que, en cuanto a su finalidad, apunta a que se pueda adoptar, a la postre, el acto final de cumplimiento o de término de dicho proceso sobre la base de la responsabilidad que eventualmente se determine y carece, por ende, de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional, puesto que, como acto intermedio, no puede generar efecto en tal sentido.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Jorge Olivos Torres, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado y en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo social.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1413-2023 (PROT)