Protección contra Sindicato de Trabajadores Independientes Taxistas Calama N° 2

Antofagasta, veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos:

La comparecencia de Rolando Frez Tapia, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Taxistas Calama N° 2, Línea 5, organización inscrita en el Registro Sindical Provincial del Trabajo El Loa, Calama, representada por su presidente don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, solicitando que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Informó el recurrido, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso interpuesto se funda en que doña nombre reservado siendo propietaria del vehículo marca Toyota, modelo Yaris XLI, año 2007, PPU WP.9447-8, celebró con fecha 14 de agosto de 2007 contrato de comodato con el Sindicato de Trabajadores Independientes Taxistas Calama N° 2, Línea 5, donde ésta último se obligó a organizar los servicios administrativos y operacionales para que la recurrente realizara la explotación de su vehículo en la actividad del transporte público de pasajeros.

Refiere que con fecha 13 de abril de 2017, la recurrida le comunicó su decisión de poner término al contrato de comodato, mediante la entrega de sobre que contenía carta de fecha 05 de abril de 2017, en la que se ponía termino al referido contrato, sin que se expusieran mayores argumentos sobre la justificación de tal decisión, conforme reza el párrafo 2° de tal comunicación que señaló que la decisión del Sindicato se funda en el hecho de “que, según conocimiento de las partes sobre la situación de su conductor, se ha decidido colocar término al contrato de comodato suscrito entre las partes con fecha 14 de agosto de 2007, por el vehículo placa patente WP 9447-8”, otorgándose un plazo de 30 días para que la recurrente deje de prestar servicios para la línea de taxis.

Luego, indica que la recurrida puso término unilateralmente al contrato de comodato, sin que concurrieran algunas de las causales de término del comodato prevista en el artículo 2180 del Código Civil, tampoco incumplimiento alguno por su parte respecto de las obligaciones que le imponía la clausula quinta del contrato de comodato, la que dispone únicamente que son obligaciones del propietario los costos de mantención, responsabilidad por daños a terceros, daños materiales y cuidados del o los vehículos serán de cargo del comodante. Así las cosas, refirió que ni ella ni su conductor han incumplido dicha obligaciones que faculte a la recurrida para poner término al contrato en la forma que se hizo.

Asimismo, señaló que la recurrida para justificar su decisión, busco amparo en lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato de comodato, la que dispone que tendrá una duración indefinida, sin embargo, se le podrá poner término cuando una o ambas partes lo estimen conveniente, bastando para ello una comunicación escrita al propietario, con treinta días de anticipación, pero la cláusula citada no guardaría relación con el contrato de comodato, pues es de la esencia de este contrato, que la cosa sea entregada a la otra parte para su uso, con cargo de restituir la misma especie después de terminado su uso, por lo que mientras se encuentren inscritos los servicios de la recurrida ante el Ministerio nombrado, subsistirá el contrato de comodato acordado entre las partes, y su vehículo podrá ser explotado al interior de esos servicios, pues con ese fin se celebró el referido contrato.

Por último refiere la recurrente que el contrato de comodato suscrito con la recurrida ha tenido una duración de nueve años y nueve meses, tiempo durante el cual la recurrida ha prestado servicios de transporte de pasajeros inscritos ante el Ministerio de Transporte de forma ininterrumpida, lo que constituye indicio grave que el contrato de comodato determinó sujeto su existencia a la vigencia ante el Ministerio de Transporte. Asimismo, señaló que carece de copia del contrato de comodato por habérsela negado la copia del mismo la recurrida, sólo le entregó copia de un contrato celebrado entre el Sindicato y tercera persona.

De este modo, refiere que el actuar de la recurrida reviste el carácter de ilegal, o a lo menos arbitrario, pues aún no ha concluido el tiempo para el cual se entregó a la recurrida el vehículo en comodato ni menos se han configurado las excepciones de término anticipado previstas en el artículo 2180 del Código Civil, cuestión que estima lesiva de la garantía constitucional del numeral 24 de la Constitución Política de la República de Chile, al afectarse el derecho de propiedad sobre el bien incorporal emanado del contrato de comodato, de acuerdo con lo que dispone el artículo 583 del Código Civil. Por otra parte, señaló que el derecho de propiedad fue afectado en su esencia, pues la decisión unilateral de la requerida importa una expropiación del derecho de propiedad de la recurrente sobre el contrato, por lo que solicita que se deje sin efecto su decisión y que quedando firme y ejecutoriada la sentencia que así lo resuelva que se le restituyan los derechos de que pudiese verse privado a partir del día 05 de mayo de 2017, fecha en que ha producir efectos la decisión.

Segundo: Que informado el recurrido solicita el rechazó del recurso de protección por no haber incurrido en ninguna acción u omisión que afecte la garantía constitucional alegada por la recurrente. Explico que su actuar se justificó en la cláusula sexta del contrato de comodato, la que señala que cualquiera de sus celebrantes, por escrito, puede dar por terminado el contrato de comodato cuando lo estime conveniente con la condición que lo realice con 30 días de anticipación a la fecha en que operará tal extinción, cláusula que es expresión de lo que se conoce como la autonomía de la voluntad, posibilidad que da el derecho privado de hacer todo cuanto la ley no prohíbe expresamente, por lo que su actuar se ajustó a lo pactado en el contrato, siendo extemporáneos los cuestionamientos que se hacen en el recurso a la forma como se puso término al contrato de comodato que las partes acordaron.

Luego, señaló que la supuesta inobservancia al artículo 2180 del Código Civil no es tal por el hecho de pactar un mecanismo de cese del vínculo no considerado expresamente en ella. Así las cosas, refirió que no tiene mayor importancia el desempeño de la comodataria durante la vigencia del comodato, ya que cualquiera de las partes podía dar por terminado el comodato, como tampoco importaría el tiempo de duración del contrato de comodato para alterar los alcances de la cláusula sexta.

Por último, señaló que el asunto ventilado por la recurrente corresponde a lo que se conoce como “conflictos contractuales”, los que por excepción los conoce las Cortes de Apelaciones a través del recurso de protección y, ello es así sólo y cuando el derecho que emana del contrato respectivo es indubitado, lo que no ocurre en éste caso, por lo que no se pudo en riesgo o vulneró la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Tercero: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, se solicita que se deje sin efecto la decisión unilateral del Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxi Colectivo N° 2 Línea 5, de poner término al contrato de comodato celebrado con doña nombre reservado, y se le restituya a ésta última lo derechos de que pudiese verse privada a partir del día 05 de mayo de 2017, fecha en que ha de producir efectos la decisión.

Quinto: Que, cualquier controversia de fondo que la recurrente acuse del acto impugnado derivados de un contrato, su celebración, forma de poner término al contrato o causales de término del mismo y sus requisitos, y que como consecuencia le ocasiono u ocasionara perjuicios, debe ser discutida dentro de un procedimiento en que, previo emplazamiento de todos los involucrados, se permita la posibilidad de efectuar las alegaciones y rendición de las probanzas que se estimen pertinentes.

Sexto: Que no podemos desconocer la finalidad de la acción de protección, esto es, una acción de naturaleza cautelar que implica tramitación expedita y sin forma de juicio, frente a vulneraciones flagrantes de determinadas garantías fundamentales.

Séptimo: Que en principio la acción de la recurrida se encuadra dentro de las atribuciones que le concedió el contrato. Luego cualquier cuestión que diga relación con la extensión, alcance y validez de las cláusulas contractuales debe discutirse dentro de un juicio que permita la posibilidad de efectuar no sólo las alegaciones sino la rendición de las probanzas que se estimen pertinentes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 números 20 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes Taxistas Calama N° 2, Línea 5.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1409-2017 (PROT)