nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia del abogado Óscar Olivares Jatib, domiciliado en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS), representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 27 de diciembre de 2024 que determinó no renovar su nombramiento a contrata a partir del 31 de diciembre de 2024, lo que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se fundamenta el recurso en que doña nombre reservado ingresó a la CMDS el año 2020 para prestar servicios a honorarios en el Cesfam Corvallis, y atendido su excelente desempeño, el 01 de enero de 2021 fue contratada a contrata, asimilada a la categoría E, grado 14, de la carrera funcionaria, percibiendo un ingreso mensual de $1.110.202.- aproximadamente. Agrega que durante toda la relación laboral la recurrente mantuvo un excelente desempeño, obteniendo el máximo puntaje en el período 2023 a 2024, siendo siempre calificada en lista 1. Asimismo, jamás incurrió en responsabilidad administrativa y tampoco fue objeto de anotación de demérito, sino que, al contrario, permanentemente fue felicitada por sus jefaturas por su óptimo desempeño. En vista de ello, su contrata fue objeto de sucesivas renovaciones, por lo que la relación laboral devino en indefinida, generándose la legítima confianza de que sus servicios serían requeridos para el 2025.

Indica que, a principios del año 2024, doña nombre reservado enfrentó una situación de extrema complejidad personal y familiar, lo que es de conocimiento de CMDS, ya que la recurrente interpuso una denuncia de violencia intrafamiliar ante el Juzgado de Familia de Antofagasta en contra del padre de su hijo, quien también es funcionario de salud de la CMDS, en la cual se decretó una prohibición de acercamiento a su favor. Añade que esta situación la obligó a hacer uso de licencias médicas en repetidas ocasiones, ya que tanto ella como su hijo sufrían un desgaste emocional considerable.

Dice que, en este contexto, y mientras trabajaba en el Cesfam María Cristina, la recurrente se vio obligada a solicitar un traslado debido al hostigamiento que experimentó por parte de la familia del denunciado, solicitud que fue acogida, disponiéndose su traslado nuevamente al Cesfam Corvallis, sin embargo, esta situación se tornó complicada cuando el padre de su hijo ingresó al Cesfam Corvallis, infringiendo la prohibición de acercamiento recaída en su persona. Menciona que aquello fue informado a su jefatura, no obstante, ninguna medida de adoptó a su favor, ni tampoco se instruyó procedimiento disciplinario en contra de la ex pareja de la recurrente.

Refiere que a lo anterior se suma que su hijo fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que, sumado a la separación de sus padres, la llevó a atravesar por una crisis emocional que involucró incluso la idea de suicidio.

Agrega que también la recurrente enfrentó un episodio de maltrato laboral por parte de un paciente, lo cual fue informado a la jefatura, y posteriormente, mientras doña nombre reservado se encontraba camino a su domicilio al término de la jornada, sufrió un atropello automovilístico, obteniendo licencia médica por un mes. Señala que no obstante todos estos imprevistos, la recurrente intentó siempre cumplir con sus labores en la medida de sus posibilidades, pero al regresar de su última licencia y luego de haber trabajado sólo unas semanas, fue notificada de su desvinculación el día 27 de diciembre de 2024, haciéndosele entrega de una carta que expone: “por medio de la presente y junto con saludarle, informo a Ud. que de acuerdo con el estatuto de atención primaria de la ley 19.378 letra c Artículo 48 se pone término a la relación laboral que la vincula con esta Corporación en el área de Salud, en virtud de la causal ya mencionada (Artículo 48 letra C) Vencimiento del Plazo del Contrato. La desvinculación del sistema se hará efectiva a contar del 01 de enero de 2025, se deja constancia que su remuneración será cancelada hasta el día 31 de diciembre de 2024, como así también sus cotizaciones previsionales se encuentran al día”.

Expresa que la recurrente tenía la legítima convicción de que sus servicios serían requeridos para el período siguiente, especialmente porque fue objeto de sucesivas renovaciones en el cargo, además que dicha causal resulta inaplicable porque los servicios prestados por el recurrente eran de naturaleza permanente, de modo que la relación laboral devino en indefinida, por lo que solamente podía cesar en virtud de calificación insuficiente o sumario administrativo, por lo tanto, la decisión de la CMDS constituye una acción ilegal y arbitraria, pues priva del empleo a una empleada a contrata vinculada al servicio desde hace años.

Seguidamente, sostiene que el recurso de protección fue interpuesto dentro de plazo ya que el acto arbitrario e ilegal comienza a producir sus efectos desde el día 31 de diciembre de 2024, además de argumentar la ausencia de motivación del acto administrativo en virtud del artículo 11 inciso 2° y 41 de la Ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, para finalmente citar jurisprudencia.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, menciona la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que se ha privado a la recurrente arbitrariamente de la continuidad en el puesto de trabajo y de estabilidad en el empleo, en circunstancias que no ha mediado acto administrativo motivado y la relación laboral es de carácter indefinida; y, asimismo, indica como vulnerado el derecho de propiedad, ya que la priva de aquellas remuneraciones que percibe regularmente, impactando su patrimonio personal y familiar.

Solicita se declare que la acción de la CMDS deviene en ilegal y arbitraria, y en razón de ello, se ordene dejar sin efecto la decisión contenida en la carta de término de contrato de fecha 27 de diciembre de 2024, en que le comunican el término de sus servicios por la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, esto es “vencimiento del plazo del contrato ”, a partir del 31 de diciembre de 2024; se disponga el reintegro de la recurrente en su puesto de trabajo, asimilándola a la misma categoría y grado que ostentaba a la fecha de su desvinculación; se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones, esto es, desde el 01 de enero de 2025 y la reincorporación en su puesto de trabajo; y se disponga cualquier otra medida pertinente destinada a restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, informó Isabel Macarena Calisto Hernández, abogada de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Expone que la recurrente fue contratada por la CMDS, en virtud de sucesivos contratos a plazo, desde el día 01 de enero de 2022, desempeñándose como administrativa del Servicio de Orientación Médica Estadística (SOME), en un comienzo en el CESFAM María Cristina Rojas Neuman y posteriormente en el CESFAM Corvallis, cambio que se produjo a petición de la ex funcionaria, por una orden de alejamiento ordenada por el Tribunal de Familia en causa F-1023-2024. Agrega que la remuneración de la ex funcionaria ascendía a la suma de $1.017.090.-, y que su desempeño durante el último año calificatorio desde el 01 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, si bien se enmarcó en el límite de la lista 1 con 90 puntos, en el factor competencia ítem capacidad de concentrar su trabajo, pese a dificultades, obtuvo nota 3 de un máximo de 7.

Hace presente que con una nota inferior a 4 en algún ítem del Informe de Desempeño para los contratados a plazo, la hace no recomendable para una renovación del contrato para el año siguiente, según se aprecia del informe desempeño de fecha 13 de diciembre de 2024, y además se le cursaron anotaciones de demérito por constantes atrasos y ausencias sin justificación, lo que alteraba el normal funcionamiento del Cesfam, pues no daba aviso de ninguna especie como para organizar y cubrir su puesto de trabajo, con lo cual el desempeño de la recurrente no fue excelente.

Indica que los funcionarios regidos por la Ley de Atención Primaria de Salud N°19.378, firman al comienzo del año calificatorio (01 de septiembre de cada año) un compromiso de desempeño, en el cual es valorado el aviso vía telefónica a su jefatura directa frente ausencias laborales o atrasos para cubrir el otorgamiento del servicio, referido a la atención primaria de la población de mayor riesgo social de la comuna, y este compromiso en el aspecto asistencia y puntualidad no era respetado por la ex trabajadora, pese a que se le dio apoyo constante frente a dificultades personales por las que atravesada.

En cuanto a la situación de malos tratos por parte de un paciente, refiere que realizó la denuncia correspondiente, sin que una situación similar se repitiera; y respecto a la orden de alejamiento que la pareja de la recurrente incumplió, se realizó la denuncia correspondiente al Tribunal de Familia.

Asimismo, aclara que el día 25 de noviembre de 2024 la actora sufrió un accidente en el centro de la ciudad, que menciona en el relato del recurso como un “atropello”, el cual ocurrió a las 18:30 hrs., lo cual fue denunciado como accidente de trayecto, sin embargo la Asociación Chilena de Seguridad determinó que se trató de un accidente denunciado como de trayecto, calificado de origen común, según se observa de la Resolución de Calificación de los Accidentes y Enfermedades Ley N°16.744, producto que el horario de salida de sus labores es a las 17:00 hrs. y el accidente ocurrió en el centro de la ciudad una hora y media después de su salida, por lo que no correspondía que la CMDS se hiciera cargo de este evento.

Con relación al marco legal, señala que la relación laboral habida entre las partes se rige por el Estatuto de Atención Primaria o Ley de APS N°19.378, y el Código del Trabajo no rige ni siquiera supletoriamente, además que la CMDS es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que se financia únicamente con recursos públicos, de tal modo que quienes ejercen funciones en ella no son funcionarios públicos.

Agrega que las razones de la no renovación del contrato de trabajo se sustentan en lo prescrito en el artículo 48 letra c) de la Ley N°18.378 o Ley de Atención Primaria de Saludos (APS), a saber, “vencimiento del plazo”, y luego cita los artículos 14 y 16 de la mencionada ley en relación a los funcionarios con contrato indefinido, que son los que ingresan previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas, y tendrán derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente terminará por alguna de las causales señaladas en la ley, y a este respecto la recurrente no ha participado ni menos ganado ningún concurso público para que la relación laboral sea indefinida.

Refiere que el artículo 4 de la Ley N°19.378 señala que la Ley N°18.883 sólo es aplicable supletoriamente, además que el recurso confunde lo que se denomina principio de confianza legítima con la existencia de un contrato indefinido, ya que la confianza legítima dice relación con la expectativa de renovación en la administración pública de un contrato a plazo, por otro periodo igual al existente durante 5 años anteriores. Por el contrario, si la administración pública decide no renovar por un nuevo periodo, entonces debe dictar un acto administrativo a más tardar el 30 de noviembre de cada año que justifique la razón de la NO renovación, vale decir, un funcionario con una antigüedad de sucesivas renovaciones de contratos incluso superiores a 5 años, si la administración lo justifica debidamente hasta el día 30 de noviembre de cada año, puede de igual manera no renovar el contrato, lo que implica una relativa estabilidad en el empleo, pues la única forma de obtenerla es que haya ganado un concurso público para un cargo indefinido o de planta, lo que no ocurre en este caso.

Del mismo modo, precisa que los contratos de trabajo, tanto el suscrito por la Sra. nombre reservado, como el de todos los trabajadores de la CMDS, se encuentran suscritos por el trabajador y la corporación, representada por su máxima autoridad: el o la Secretario/a General Ejecutivo/a y no el o la Alcalde/sa, por lo tanto, no es aplicable el dictamen N°85.700 de la Contraloría General de la República a los funcionarios de CMDS.

Asimismo, menciona que esta Corte en un recurso idéntico, Rol 58-2025, resolvió el día 09 de enero de 2025 declararlo inadmisible, fallo que fue confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 27 de enero de 2025 en causa Rol 1982-2025, motivo por el cual no se entiende la razón por la cual el recurso fue admitido a tramitación. Seguidamente, cita el Dictamen 12.247 de fecha 11 de abril de 2017 de la Contraloría General de la República.

En cuanto a las garantías supuestamente vulneradas, sostiene que no corresponde reincorporarla a sus funciones, pues la ley es clara en cuanto a la forma de salir de la dotación de salud, sumado a que el desempeño de la recurrente no fue el mejor, además que no se ha manifestado el motivo por el cual la CMDS la ha diferenciado de otros funcionarios, por lo que no se vislumbra discriminación de ninguna especie, y tampoco goza en propiedad el cargo, ya que se trata de un contrato a plazo que por la llegada del mismo se le puso término.

Por último, cita jurisprudencia en relación con la confianza legítima, para luego afirmar que no procede la reincorporación de la ex trabajadora, menos aun el pago de las remuneraciones que solicita, pues el término de relación laboral de fecha 31 de diciembre de 2023 no es arbitrario o ilegal, sino conforme a derecho.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las presentaciones efectuadas por las partes, se desprende que conforme el objeto de la acción deducida, corresponde determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, consistente en la no renovación de su nombramiento a contrata, el cual fue notificado con fecha 27 de diciembre de 2024 y se fundamenta en el artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378 que Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es, vencimiento del plazo del contrato.

SEXTO: Que, a efectos de resolver, corresponde tener presente que la Ley N°19.378 dispone en su artículo 1° que: “Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud.”

Por su parte, el artículo 3° de la misma ley, señala que: “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo anterior.”, norma que hace referencia a “a) Establecimientos municipales de atención primaria de salud: los consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra clase de establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las instituciones privadas sin fines de lucro que los administren en virtud de convenios celebrados con ellas.”

Respecto a lo planteado por la recurrente, el artículo 14 de la ley en comento establece que: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido.

Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal.

Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación.”

Finalmente, el artículo 48, dispone que: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato.”

SÉPTIMO: Que, de lo establecido precedentemente, aparece que la actora se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y su desvinculación se sujetó a las disposiciones de la Ley N°19.378, de manera que el actuar de la recurrida no puede ser calificada como un actuar arbitrario y/o ilegal, máxime considerando que las alegaciones del recurrente, sustentada básicamente en las características de la relación laboral, las que son controvertidas por la recurrida, no dan cuenta de derechos indubitados, lo que, conforme se asentó en el considerando cuarto precedente, no puede ser resuelto en esta sede cautelar, considerando que el ordenamiento jurídico dispone de las acciones correspondientes de lato conocimiento para dicho fin.

OCTAVO: Que, en este mismo sentido, tendrá que desestimarse la alegación de la recurrida en torno a que la decisión de no renovación de contrata carece de fundamentación, puesto que la causal invocada de carácter objetiva requiere únicamente que se verifique el vencimiento del plazo convenido.

NOVENO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado, el presente recurso no puede prosperar, debiendo ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por el abogado Óscar Olivares Jatib, en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS).

Regístrese y comuníquese.

Rol 140-2025 (PROT)

2