CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO EL LOA

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a cinco de marzo de dos mil trece.

VISTOS:

La presentación del abogado Gonzalo Carrizo Ríos, en representación de la Corporación Universidad de Aconcagua, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes recurren de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa, representada legalmente por la Inspector Comunal doña nombre reservado, y en contra del fiscalizador don nombre reservado, ambos con domicilios para estos efectos en domicilio reservado, pidiendo que se repongan sus derechos, con costas del recurso.

El informe respectivo se acompañó a fojas 23 y siguientes, pidiéndose el rechazo del recurso.

Se acompañó junto al recurso, copia de Resolución de Multa N° 8252-12-035 N° 1, 2, 3, 4 y 5 y copia de comprobante de envío y recepción extendido por Correos de Chile.

A fojas 125 quedó la causa en estado de acuerdo.

CON nombre reservado Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado Carlos Carrizo Ríos, en representación de la Universidad Aconcagua, persona jurídica del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien en ejercicio del derecho establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección de garantías constitucionales, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa, persona jurídica de derecho público, representada por su Inspectora Comunal señora nombre reservado, y en contra del fiscalizador don nombre reservado, de la misma repartición, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, toda vez que –a su juicio- han incurrido en una actuación ilegal y arbitraria que priva y perturba a su representada el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 3 inciso 4°, 19 N° 21 y N°24, respectivamente, solicitando se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos que han sido conculcados a su representada y, en particular, disponer que se deje sin efecto la resolución administrativa de multa N°8252/12/35-1, 2, 3, 4 y 5, expedida por los recurridos, con costas.

En cuanto a la procedencia del recurso, luego de transcribir el artículo 20 de la Constitución y hacer alusión a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, refiere que considera que el acto administrativo emanado de los recurridos que impugna por esta vía, contiene todos los requisitos mencionados en la referida disposición, por cuanto en la misma se expresa que se habría constatado una supuesta infracción a los incisos 1° y 2° del artículo 9, artículo 33 y 54 del Código del Trabajo en relación con el artículo 506 del mismo cuerpo normativo, artículo 19 inciso 1°, 5°, 6° y 7° del Decreto Ley N° 3500 y artículo 10 inciso 1°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 19.728, respecto a la funcionaria que indica, agregando posteriormente que les impone unas multas ascendentes a 15 UTM, 60 UTM, 40 UTM, 3 UF y 1 UF respectivamente, por cada infracción supuestamente constatada.

Refiere que el acto administrativo que impugna es arbitrario e ilegal y afecta garantías constitucionales que le asisten a su representada ya que, la conclusión a que arriba el fiscalizador implica necesariamente una calificación e interpretación jurídica de la naturaleza de la relación contractual entre las partes conforme lo señala la multa en comento, cuestión que es privativa de los tribunales de justicia.

Precisa que las supuestas infracciones a la legislación laboral que se habrían constatado, son las siguientes:

a) Infracción al inciso 1° y 2° del artículo 9 del Código del Trabajo, en relación al inciso 5° del artículo 506 del mismo cuerpo legal, por no haberse escriturado en contrato de trabajo respecto de la trabajadora Sra. nombre reservado, contratada con fecha 31 de agosto de 2012 por la Corporación Universidad Aconcagua, aplicando una multa de 15 UTM.

b)Infracción al artículo 33 del Código del Trabajo, en relación al artículo 506 del mismo cuerpo legal, y al artículo 20 del Reglamento N° 969 de 1933, al no llevar para efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarios o extraordinarias, un registro de asistencia de doña nombre reservado, aplicando una multa de 60 UTM.

c) Infracción al artículo 54 del Código del Trabajo, en relación al artículo 506 del mismo cuerpo legal, por no entregar junto al pago de la remuneración un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas, en los periodos desde agosto hasta octubre de 2012, respecto de la trabajadora nombre reservado, aplicando una sanción de 40 UTM.

d) Infracción al artículo 19 inciso 1°, 5°, 6° y 7° del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales de la AFP, respecto de la trabajadora nombre reservado, en los periodos agosto hasta octubre de 2012, sancionándolo con una multa de 3 UF.

e) Infracción al artículo 10 incisos 1°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley N° 19.728, por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora de Seguro de Cesantía respecto de la trabajadora nombre reservado, en los periodos agosto hasta octubre de 2012, aplicando una multa de 1 UF.

Refieren que todas las multas asociadas a infracciones por supuestos incumplimientos laborales, se sustentan en un hecho previo, que al parecer el fiscalizador da por hecho, sin fundamentación alguna para ello, cual es que la señora nombre reservado tuviera una relación de carácter laboral con su representada, regidas por las normas del Código del Trabajo, cosa que no es efectiva, pues dicha persona tiene un vínculo contractual de carácter civil de prestaciones de servicios de docencia, como muchos otros colaboradores que prestan iguales o similares servicios de docencia, regidos por el Código Civil, por lo que son absolutamente improcedentes, injustificadas, arbitrarias e ilegales, los supuestos del fiscalizador para calificar que la relación contractual existente entre las partes son de naturaleza laboral, dando nacimiento así a una serie de consecuencias de la misma índole entre las partes y no de carácter civil, que es lo que en caso sub lite corresponde.

Citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en abono de sus dichos, refiere que el recurso de protección es la vía idónea para restablecer sus derechos, sin que sea obstáculo para ello la existencia de procedimientos administrativos cuyo ejercicio se puede hacer valer.

En cuanto a los antecedentes de hecho, a lo anteriormente expuesto, agrega que a su representada al momento de la fiscalización sólo se le solicitó por parte del fiscalizador, el contrato de prestación de servicios de la Sra. nombre reservado, el horario en que realizaba sus labores de docencia, y el libro de clases en el cual se registraba la asistencia de los alumnos, los contenidos de las materias que se impartían en clases, y el avance del temario, en donde consta que la relación existente entre las partes es de carácter civil y no laboral, luego el mismo funcionario manifestó que a la trabajadora le debían escriturar un contrato de trabajo, y al señalarle por escrito que aquello no correspondía por la naturaleza de la relación existente entre las partes, procedió a emitir la resolución recurrida, conteniendo en ella los supuestos hechos constatados.

Señala que de la documentación solicitada por el funcionario actuante, como de los argumentos entregados por su parte, brota palmariamente que la relación contractual que vincula a las partes es de carácter civil y no laboral, por lo que cualquier interpretación contraria implica necesariamente una infracción antojadiza, ilegal y parcial de lo acordado entre las partes, máxime si no se dio oportunidad alguna de argumentar lo contrario.

Por otra parte, agrega, que en cuanto a los supuestos incumplimientos de las normas laborales, se les ha pretendido sancionar sin antecedente alguno, pues no existe ningún antecedente que permita concluir que la docente efectivamente es dependiente de la empresa, cuestión que por lo demás es propio de las instituciones de educación superior las que se vinculan con sus docentes a través de contratos de prestación de servicios, pues respecto de ellos no concurren los fundamentos, características y condiciones propias de un contrato de trabajo, no menos aún los recurridos realizaron una fiscalización que les haya permitido recabar información objetiva sobre el tema, sin antecedentes reales y concretos.

Asegura que los recurridos al haber calificado e interpretado cláusulas contractuales civiles, han excedido ampliamente las facultades con las que cuenta la Dirección del Trabajo y sus funcionarios, dando una interpretación distinta de las otorgadas por las propias partes, atribuyéndose facultades que son privativas de los Tribunales de Justicia, lo que implica constituirse en una verdadera comisión especial que desconoce un mandato legal y constitucional al pretender arrogarse competencia que no tiene.

Refiere que estas arbitrariedades e ilegalidades quedaron plasmadas en el Acta de Resolución de Multa que aparece suscrita por el Fiscalizador recurrido, que pertenece a la Inspección del Trabajo en contra del cual se dirige también el recurso. Agrega que si ben es efectivo que la autoridad administrativa está facultada para sancionar e imponer multas a los infractores de la legislación laboral en pos de evitar que se frustren las finalidades tuitivas perseguidas por el derecho del trabajo, el ejercicio de tal potestad sancionatoria está reservada respecto de infracciones ostensibles, patentes, claras y manifiestas y ejercerse ante hechos debidamente acreditados, lo que no ocurrió en la especie. Admitir lo contrario llevaría a un deterioro de las garantías que se reconocen a los administrados en un Estado de Derecho, pues el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración se encuentra claramente circunscrita, limitada, regulada, en protección de los derechos de las personas.

Al haber obrado en la forma en que los recurridos lo hicieron, se ha vulnerado el principio de la legalidad de los actos de la administración a que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y con ello se infringe además el artículo 7° de la Constitución Política. Esta ilegalidad, ha conllevado la imposición de multas a su representada, afectándose de ese modo su patrimonio y con ello vulnerándose la garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

En refuerzo de sus alegaciones, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Supremas sobre la materia, así como Dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo.

Agrega además que el actuar de los recurridos, aparece como carente de motivación racional, ya que implica aplicar una facultad sancionadora administrativa sin contener los requisitos mínimos necesarios para que la recurrente pueda efectuar sus debidos descargos, toda vez que carece de toda fundamentación, justificación o antecedentes para cursar la multa, que incluso pudo haber sido mayor.

Por todo lo expuesto, solicita que se declare que el actuar de los recurridos constituye una acción arbitraria e ilegal que ha vulnerado su derecho de propiedad y a no ser juzgado por comisiones especiales, garantías constitucionales reconocidas en el numeral 3° inciso 4° y 24 del artículo 19 de la Constitución, disponiendo se deje sin efecto o invalide el acto administrativo consistente en la Resolución de Multa Administrativa N° 8252/12/35-1, 2, 3, 4 y 5 emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa y suscrita por el fiscalizador don nombre reservado, disponiéndo que en lo sucesivo los recurridos se abstengan de calificar e interpretar jurídicamente cláusulas de los contratos suscritos entre la recurrente y los docentes, con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 23 el abogado Eduardo Machuca Cereceda, en representación de la Inspección del Trabajo de El Loa – Calama, en cumplimiento de lo ordenado, informa el recurso de protección, solicitando que este sea rechazado, con costas, por cuanto no se dan en la especie ninguno de los elementos de hecho y de derecho que la Constitución Política exige como condición para su interposición, siendo evidente la falta de actos ilegales o arbitrarios de parte de la recurrida.

Señala que el 16 de octubre de 2012, el Jefe de la División de Inspección de la Dirección del Trabajo (División encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral), dicta la Circular Nº 103, mediante la cual se instruye la realización del Programa Nacional de Fiscalización para la Constatación de Informalidad Laboral, programa que está destinado a aquellas empresas que informan al Servicio de Impuestos Internos, mediante Formulario Nº 1879, las retenciones mensuales efectuadas a personas, conforme lo estipulado en el artículo 74 Nº 2 de la Ley de la Renta, equivalentes a un 10% de los Honorarios y que dicen relación con la prestación de servicios, estipuladas en el artículo 42 Nº 2 de la Ley antes citada, en forma sistemática durante las últimas anualidades. La hipótesis de este programa se funda en el hecho que los trabajadores que se desempeñan en estas empresas lo harían bajo subordinación y dependencia, en forma permanente y se encontrarían en informalidad laboral.

Precisa que los criterios para seleccionar las empresas a fiscalizar, en consideración a sus dependientes, de acuerdo a la misma Circular descrita en el número anterior, son los siguientes:

1.- Que hayan recibido honorarios sólo de un contribuyente. Es decir, que no haya otra entidad (empresa) que informe, a través del F-1879, haber pagado honorarios a ese mismo trabajador.

2.- Que no perciban remuneraciones de ninguna empresa, esto es, que el trabajador no figure en la Declaración Jurada 1887 entregada por ninguna empresa (privada o pública) en el año tributario 2012.

3.- Que el honorario anual sea igual o superior a $2.200.000, o la retención igual o superior a $220.000.- 4.- Que haya percibido honorarios del mismo contribuyente también en el año tributario 2011.- 5.- Que los honorarios percibidos no sean en una empresa de la cual es socio.

Agrega que de acuerdo a los criterios señalados anteriormente, se solicitó la información al Servicio de Impuestos Internos, que entregó la base de datos sobre la cual se determinó las empresas a fiscalizar, en relación a trabajadores que cumplían con los criterios señalados, procediendo a la fiscalización en la empresa de la actora respecto de la trabajadora nombre reservado.

Aclara que dicho proceso estuvo a cargo del fiscalizador, don nombre reservado, el que se materializó en visita a las instalaciones de la Universidad Aconcagua el día 13 de noviembre de 2012, constatando, en virtud del procedimiento relativo a “Informalidad Laboral”, que la trabajadora, doña nombre reservado, se desempeñaba bajo subordinación y dependencia de la recurrente desde el año 2008 en funciones de docente.

En efecto, en declaración prestada por la Directora de Administración y Finanzas de la Sede Calama de la Universidad, doña nombre reservado, se expresa que la trabajadora dicta “…sus clases en forma personal, en las cátedras, horas y periodos según programa de la cátedra, el que es efectuado por la Central y revisado en su correcta ejecución por el Director Académico (nombre reservado), quien es la Jefatura de los docentes, quien imparte instrucciones y controles acerca de la firma y oportunidad de la ejecución de sus labores. Además se controla su función y asistencia a través del libro de clases, el que es supervisado por los Jefes de Carrera de las distintas especialidades”.

Atendida la constatación de la existencia de la relación laboral y de su absoluta informalidad, el fiscalizador actuante informa a la representante de la actora la constatación de las infracciones a la normativa laboral, las que se refieren principalmente a la falta de escrituración del Contrato de Trabajo, No pago de Remuneraciones, No tener en uso Registro de Asistencia y No declarar Cotizaciones Previsionales.

Señala que de lo anterior queda registro en el “Acta de Constatación de Hechos – Segundo Programa Informalidad Laboral Año 2012” (Anexo Nº 3), el que es debidamente suscrito por doña nombre reservado y el fiscalizador actuante.

Refiere además que, al indicársele a la recurrente el hecho de estar en infracción laboral se le requiere corrija las situaciones antes descritas, ante lo cual se “…allana y se compromete a corregir las infracciones detalladas precedentemente…”, por lo que en virtud del compromiso asumido, se le fijó un plazo de 5 días hábiles para la corrección de las infracciones constatadas, y en consecuencia se cita a la empresa para el día 20.11.2012 a las 09.30 horas, a las dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa – Calama y así verificar las mencionadas correcciones.

Agrega que el día 20.11.2012 la empresa asiste a la Inspección Provincial representada nuevamente por doña nombre reservado, y no acredita la corrección de las infracciones constatadas, verificándose en consecuencia un incumplimiento total de la normativa aplicable, dejándose constancia de lo anterior en el “Acta de Constatación de Hechos – Segundo Programa Informalidad Laboral Año 2012” (Anexo Nº 3), por lo que el fiscalizador actuante, ante la constatación de las infracciones a la normativa laboral, y la no corrección comprometida, no pudo más que aplicar las multas correspondientes, acto que se materializó en la resolución de multas N° 8252/12/35 – 1 a 5. En efecto, las sanciones aplicadas son las siguientes:

1.- No escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora doña nombre reservado contratada con fecha: 31 de agosto de 2012 por la Corporación Universidad de Aconcagua.

2. No llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia de doña nombre reservado desde el 31 de agosto de 2012 hasta la fecha.

3. No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas, en los períodos desde agosto hasta octubre de 2012, respecto de la trabajadora doña nombre reservado.

4. No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la AFP, respecto de la trabajadora doña nombre reservado, en los períodos desde agosto hasta octubre de 2012.

5. No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora del Seguro de Cesantía, respecto de la trabajadora doña nombre reservado, en los períodos desde agosto hasta octubre de 2012 Refiere que la resolución sancionatoria N° 8252/2012/35-1 a 5, una vez notificada legalmente, fue objeto del presente recurso de protección.

Asegura que en la especie no se ha incurrido en ilegalidad y arbitrariedad alguna. En primer lugar por cuanto se ha efectuado conforme a las atribuciones legales de este servicio. Para ello señala que la Inspección del Trabajo mediante el procedimiento de fiscalización realizado, ha dictado conforme a derecho la Resolución N° 8252/12/35, resolviendo, de acuerdo a sus facultades, y conforme a lo dispuesto en las normas administrativas que, como órgano de la administración del Estado debe sujeción, así como las normas legales que rigen específicamente a este servicio.

Hace presente las atribuciones con que cuenta la Dirección del Trabajo y, en consecuencia, la Inspección dependiente contra la que se recurre:

a)

El artículo 505 del Código del Trabajo, establece que: "La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen".

b)

Por su parte, el artículo 5 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, otorga entre otras funciones: "Velar por la correcta aplicación de las Leyes del trabajo en todo el territorio de la República".

c)

A su vez, el artículo 20 de dicho cuerpo legal expresa que: "Los inspectores provinciales, departamentales o comunales tendrán en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas." ; agregando el artículo 23 que: "Los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministro de fe de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomas declaraciones bajo juramento.", mientras que en su inciso 2° prescribe que: "los hechos constatados por los inspectores del trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial".

En cumplimiento de tal objetivo, la Dirección del Trabajo desarrolla legalmente funciones como las de fiscalizar la aplicación de las normas laborales y de seguridad social, cuyo cumplimiento se le ha encomendado controlar; realizar las acciones necesarias para resolver y prevenir conflictos del trabajo; e informar y orientar a trabajadores y empleadores sobre la legislación y reglamentación laboral, en términos que han sido reconocidos expresamente por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Descarta de plano lo planteado por la contraria en cuanto esta Inspección Provincial se habría arrogado facultades jurisdiccionales y que habría interpretado ilegalmente los contratos de trabajo de los trabajadores señalados en la resolución de multas. La calificación jurídica de los hechos es una cuestión inherente a la labor de fiscalización en general, así como a la determinación si las distintas situaciones se conforman o no a la legislación laboral, lo que ha sido reconocido expresamente tanto por la Excelentísima Corte Suprema en fallo dictados en causa Rol 6475-2010 y 451-2011, y por sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de nombre reservado y Antofagasta, en similar sentido.

Agrega que no se puede entender cualquier función fiscalizadora, y particularmente las que se refieren a la verificación de cumplimiento de normativa, sin analizar y calificar jurídicamente sustratos fácticos de situaciones normadas. El contrastar la normativa con el caso concreto supone una calificación e interpretación que es imposible de soslayar, ya que, precisamente dicha calificación es la que se le exige al ente fiscalizador, y así se declare por éste la conformidad, o disconformidad de determinadas situaciones a la normativa objeto de su verificación. No resulta lógico entender la función fiscalizadora de la normativa laboral sin la operación intelectual de calificar jurídicamente las situaciones a verificar bajo la misma normativa. De esta manera, la Inspección del Trabajo, a través de su fiscalizador, precisamente verificó que en los hechos, la forma en que se prestaban las labores por parte de la trabajadora señalada en la resolución de multas daba cuenta de la relación laboral constatada, lo que fue ratificado por la declaración y compromiso de la representante de la actora.

En este sentido, señala, el fiscalizador al comprobar que se estaba incumpliendo la normativa laboral, particularmente lo establecido en los artículos 9, 33, 54 y 506, todos del Código del Trabajo, el artículo 20 del Reglamento Nº 969 de 1933, el artículo 19 del DL Nº 3500 y artículo 10 de la Ley Nº 19.728, en los aspectos que señala la resolución de multas, debió aplicar las infracciones correspondientes, sin que esto importe que el fiscalizador actúe como una comisión especial, ya que sólo se ha limitado a contrastar la normativa aplicable con el caso concreto. En este sentido, dicha operación intelectual de contrastar la normativa con las situaciones constatadas, no sólo no significa un exceso en las atribuciones de este servicio, sino que constituye una conducta exigible a todo órgano fiscalizador.

Asegura que la empresa incurrió en infracción de las normas de los artículos 9 inciso 1º y 2º del Código del Trabajo en cuanto a la no escrituración del contrato de trabajo, constatándose por el fiscalizador actuante el vínculo de subordinación y dependencia entre la trabajadora afectada y la empresa reclamante, asimismo se infraccionó a la empresa por no llevar el registro control de asistencia de la trabajadora individualizada en la multa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33 del Código del Trabajo y 20 del Reglamento 969 de 1933. Finalmente se constató la no entrega de un comprobante junto con el pago de remuneraciones de la trabajadora señalada en la resolución recurrida con sus correspondientes repercusiones en materia previsional, tal como se explica en la multa reclamada, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del código del Trabajo, y las normas contenidas en el D.L. Nº 3.500 y Ley Nº 19.728 descritas en la resolución de multas.

Por otro lado, señala que la resolución reclamada no adolece de arbitrariedad ya que se ajusta a la normativa laboral; responden a motivos razonables y son consecuencia de la constatación de determinados hechos. Como fundamento de esta afirmación, refiere que la Inspección del Trabajo ha obrado dentro de la competencia que el ordenamiento jurídico vigente le demarca y siguiendo un procedimiento administrativo reglado, circunstancias todas que determinan la legalidad de su accionar, cabe desvirtuar ahora toda suerte de imputación de arbitrariedad en los hechos de la especie, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

a)

El origen del procedimiento administrativo está en la verificación de datos concretos entregados por el Servicio de Impuestos Internos, y que dicen relación con la existencia de una relación exclusiva entre la trabajadora y la actora en materia de tributos, lo que posteriormente se constató en la fiscalización respectiva.

b)

Este servicio, mediante los procedimientos de fiscalización, realizados de conformidad a la normativa legal y administrativa, se limitó a constatar una determinada situación que tiene un carácter fehaciente y objetiva, esto es, que la trabajadora señalada en la resolución de multas prestaba labores bajo el vínculo de subordinación y dependencia, lo que fue reconocido por la actora y se comprometió a corregir, sin que ello ocurriera en la oportunidad respectiva.

c)

En este sentido, y de acuerdo a lo expresado anteriormente, no se puede calificar la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo como caprichoso, carente de razón, o simplemente arbitrario, toda vez que ha obedecido a un procedimiento reglado y a un análisis circunstanciado de los antecedentes que obraban en poder de la propia recurrente, los que a su vez, fueron contrastados conforme a derecho con la normativa aplicable.

El fundamento principal de la contraria para calificar como arbitrario e ilegal el actuar de la Inspección del Trabajo de El Loa – Calama, es que esta última se habría arrogado facultades jurisdiccionales al interpretar y calificar cláusulas contractuales expresas contenidas en un contrato de prestación de servicios. Refiere que lo anterior, queda claramente descartado con las circunstancias y normas citadas en los dos epígrafes anteriores, pero además significa una confusión injustificable entre las funciones de fiscalización (propia de la administración) y la función jurisdiccional. Es más, la primera es absolutamente revisable por la segunda de acuerdo a la normativa establecida en el propio Código del Trabajo, particularmente en los artículos 503 y 512 del mencionado cuerpo legal.

Agrega que el fundamentar la inexistencia de una relación laboral sobre la base del tenor de un contrato de carácter civil es precisamente lo que el legislador ha buscado evitar con normas como la establecida en el artículo 8º del Código del Trabajo. Hace presente que el Derecho del Trabajo, y particularmente los derechos establecidos por el Código que lo regula, se inspiran sobre la base del principio de la irrenunciabilidad reconocido legislativamente en el artículo 5º del mismo estatuto. Precisamente, el profesor Alfredo Sierra Herrero (en su artículo “La Teoría de los Actos Propios en el Ámbito Laboral”, en Cuadernos de Extensión Jurídica (U. DE LOS ANDES) Nº 18, 2010, pp. 141-151.-, indica que el principal derecho irrenunciable del “…Derecho del Trabajo consiste precisamente en que una relación se califique como “laboral” si se cumplen los presupuestos legales para ello.” Incluso el autor, para fundamentar su aseveración, cita un fallo de esta Ilustrísima Corte, en los siguientes términos: “…el hecho que las partes hayan acordado un contrato civil de prestación de servicios a honorarios, no puede significar un desconocimiento de a lo estatuido por el legislador en el artículo 5º del Código del Trabajo en cuanto dispone que los derechos consagrados por las leyes laborales son irrenunciables, (…) lo que significa que ningún acuerdo bilateral puede violar, privar o perturbar los derechos de los trabajadores, relativos al contrato de trabajo, en cuanto regula servicios personales prestados bajo dependencia y subordinación”.

En otro orden de ideas, asegura que no se han vulnerado garantías constitucionales, atendido a que se ha fundamentado la legítima, justa y correcta actuación de la Inspección del Trabajo, excluyéndose toda forma de ilegalidad o arbitrariedad, por lo que queda de manifiesto la inexistencia de la vulneración de las garantías, particularmente la que se refiere a la establecida en el 19 Nº 3 inciso 4º. Respecto las garantías establecidas en los Nºs 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el Derecho desarrollar libremente cualquier actividad económica, y el Derecho de Propiedad, respectivamente, su eventual afectación práctica, como lo ha reconocido esta Ilustrísima Corte, es una consecuencia lógica y prevista por el legislador, derivada exclusivamente por el incumplimiento de la normativa laboral del infractor, y que no deriva en ningún caso en una lesión de entidad constitucional como lo pretende la actora.

Por todo lo anterior, concluye que el recurso de protección interpuesto es improcedente, porque no existe alguna acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, que haya afectado, ni aún en grado de amenaza, los derechos y garantías constitucionales que indica la recurrente, por lo que solicita que el mismo sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que la Acción de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción procesal –y no un recurso procesal-, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturbe o amenace ese atributo.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrario a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de protección de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

SEXTO: Que de los documentos acompañados a estos autos por las partes en especial los que rolan a fojas 43 y siguientes de estos autos, consistente en los informes de fiscalización, exposición y de síntesis del procedimiento y de los medios de investigación utilizados para la constatación de hechos, todos emanados de la Inspección del Trabajo de El Loa; el Contrato de Prestación de Servicios a Honorario de doña nombre reservado, de fojas 62 a 67; los registros de asistencia de alumnos, de evaluaciones, de contenidos y aprendizajes esperados de clases de fojas 69 a 82, los cuales serán apreciados de conformidad a las reglas de la Sana Crítica, se puede concluir que la labor que realiza doña nombre reservado, de profesión ingeniero civil industrial, consiste en impartir clases en las carreras de Enfermería y Técnico nivel superior en prevención de riesgo y medio ambiente, cursos de Estadística y Matemática Instrumental, en horarios determinados según el propio informe de la Inspección de fojas 49 de estos autos, que en ningún caso es continuado en el tiempo, pues aquéllas se realizan solamente los días Lunes de 10:45 horas a 12:15 horas, Martes de 19:00 a 20:30 horas y Jueves de 22:10 23:40 horas, situación que se ve corroborada por los documentos de fojas 72 y siguientes que constituyen el Registro de Contenidos y Aprendizajes en Clases. Además no existe documento alguno que acredite que la señora nombre reservado presta servicios para la recurrente otros días de la semana o en un horario mayor al ya indicado.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento debe expresarse que es un hecho evidente que las Universidades cuentan con personas que ejercen cargos administrativos y académicos, consistente en Jefaturas y Direcciones, sin perjuicio de la existencia de la Autoridad máxima de una Facultad, como es el Decano, funciones que entre otras tienen por objeto controlar la labor que realizan los profesores que realizan clases en determinadas horas, como es el caso de autos; porque la manera de verificar que los profesores que realizan servicios a honorarios, y por lo tanto permita el pago de estos en la fecha pactada, han dictado sus clases en los cursos correspondientes, es exigiéndoles que dejen constancia en los libros respectivos de los contenidos de los programas de estudios que han enseñado en los días que imparten sus clases, no configurando estas situaciones subordinación o dependencia como lo exige el Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y habiéndose impuesto multas laborales por hechos a los cuales la recurrente no estaba obligada de conformidad a las normas del Código del Trabajo, cabe concluir que se ha vulnerado el derecho contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, por lo que deberá acogerse el recurso de protección intentando en estos autos, sin necesidad de pronunciarse por demás derechos constitucionales alegados.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se ACOGE, con costas, el recurso de protección, interpuesto por el abogado Gonzalo Carrizo Ríos, en representación de la Corporación Universidad de Aconcagua, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa, representada legalmente por la Inspector Comunal doña nombre reservado, y en contra del fiscalizador don nombre reservado, y se declara que se deja sin efecto el acto administrativo consistente en Resolución de Multa N° 8252/12/35-1,2,3,4 y 5 emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Notifíquese, regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 14-2013 Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres.

Pronunciada por la Sala de Verano, integrada por los Ministros Titulares Sr. Enrique nombre reservado Giralt y Sra. nombre reservado y por el Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.