nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES

Antofagasta, a veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

La comparecencia de doña Dafne Francis Abarcia García, abogado, actuando en representación de don nombre reservado, chileno, cédula de identidad N° RUT reservado, Director de Obras Municipales, ambos con domicilio en domicilio reservado deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Mejillones y en contra de su Alcalde que a su vez la representa don Sergio Vega Venegas, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Antofagasta, por realizar actos que amenazan, perturban y/o privan la garantía constitucional establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Policita de la República de Chile, solicitando que se adopten todas las medidas y providencias pertinentes, necesarias y conducentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de sus derechos, con costas.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se funda en que se inició en su contra por parte de la Ilustre Municipalidad de Mejillones un sumario administrativo sin motivo fundado y continuos hostigamientos y amedrentamientos.

Explico, que con fecha 1 de julio de 2015 Promet Servicios SpA interpuso en la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta reclamo de ilegalidad en contra del Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mejillones de ese periodo don nombre reservado y contra él como Director de Obras, por haberse denegado la aprobación de la modificación del proyecto Hotel Mejillones, haber comunicado su negativa a la recepción final de las mismas y, por haber denegado otorgamiento de una patente comercial, solicitando que se dejen sin efectos tales actos administrativos. Luego, La Iltma. Corte de Apelaciones en sentencia de fecha 12 de abril de 2016 desestimó la petición de la actora en causa Rol 669-2015, y luego, presentando recurso de casación en el fondo y en la forma con fecha 28 de abril de 2016, el que fue rechazado por la Excma. Corte Suprema con fecha 2 de febrero de 2017 en sentencia causa Rol 34.788-2016, ordenándose, sin embargo, en la sentencia pronunciamiento del Director de Obras Municipales de Mejillones sobre la solicitud de modificación de proyecto de edificación presentado por la empresa Promet con el objeto de emitir el acto terminal correspondiente, solicitud que no fue formulada por ninguna de las partes en el procedimiento.

Así las cosas, dicha resolución fue notificada por el asesor jurídico Mauricio Peldoza Peldoza al Señor Alcalde por oficio de fecha 08 de febrero de 2017, mediante oficio ORD.:N°04/2017, en el que además se le sugiere al Señor Alcalde “instruir al director que proceda a la brevedad a dar cumplimiento al fallo en cuestión por provenir del máximo tribunal del país”, señalando el recurrente que el Señor Alcalde nunca le instruyó ni notificó del fallo para que él se pronunciará en tal sentido. Ahora bien, formalmente la sentencia fue notificada a la Secretaría de la Municipalidad de Mejillones con fecha 16 de febrero de 2017, según consta en expediente de Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, sin embargo, señala el recurrente que nuevamente no se le remitió ninguna notificación u oficio.

Ahora bien, el recurrente agrega que el abogado Mauricio Peldoza le comunicó que ya había sido notificado de la resolución de la Excma. Corte Suprema y que se estaría haciendo él como abogado responsable de la situación de la empresa, lo que le pareció lógico al recurrente siendo don nombre reservado asesor jurídico del Alcalde.

Luego, señala, que con posterioridad y de forma intempestiva con fecha 16 de marzo de 2017 en oficio ORD: N° 103/2017 don Sergio Vega Venegas le solicita al recurrente que se pronuncie sobre el expediente SMPE 86/15 que contiene solicitud de modificación de permiso de edificación de forma favorable o desfavorable, indicándole que como Director se ha excedido en todos los plazos razonables para dar respuesta al fallo de la Excma. Corte Suprema e indicándole que con ello ha comprometido la integridad patrimonial del Municipio, por lo que el recurrente al día siguiente, esto es, el 17 de marzo de 2017, le solicitó por oficio ORD: N° 52/2017 la notificación de la sentencia, indicando que ella no ha sido puesta en su conocimiento y que no ha recibido instrucción para emitir pronunciamiento alguno, por lo que agregó que respecto a los plazos no se encuentra excedido ya que no se le ha notificado de nada.

Explicó, que consta en expediente que la empresa Promet solicitó cumplimiento incidental de la sentencia, obteniendo resolución en ese sentido recién el 21 de marzo de 2017, por lo que le llama la atención que el Alcalde le quiera endosar a él la responsabilidad, cuando le correspondía al Alcalde por sí o por medio de su representante legal notificarle la sentencia, y más tomando en cuenta que el propio asesor legal con fecha 24 de febrero de 2017 le comunicó por correo electrónico que sería él quien se iba hacer cargo de la situación de la empresa.

Por consiguiente, con fecha 22 de marzo de 2017 don Sergio Vega Venegas, inicia Sumario Administrativo por la supuesta dilación a la hora de proceder a ejecutar fallo de la Excma. Corte Suprema y por la respuesta dada en ORD.:N° 52/2017, por lo que señaló llamarle la atención que se haya iniciado sumario administrativo por esos motivos, si recién con fecha 29 de marzo de 2017 se le notificó a la abogada de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, doña María José Vidal del cumplimiento incidental del fallo, quien le informo al Alcalde y a los nuevos abogados de la Municipalidad, por vía de correo electrónico como telefónicamente, siendo notificada además al Señor Alcalde de forma personal el día 6 de abril de 2017.

Alega la recurrente que además de la resolución arbitraria e ilegal que inicia sumario administrativo, se suman además los continuos hostigamientos, amedrentamientos y despidos y luego reincorporación de todo su equipo de trabajo de profesionales que desempeñaban junto con él funciones, lo que consta en grabación de CD, y que es el propio Alcalde quien reconoce que los despidos se realizaron por hechos ajenos al trabajo realizado y únicamente por ser parte del equipo de trabajo de él por no haberse a juicio del Señor Alcalde “alineado” con él, así el Señor Alcalde después de conocer la grabación reincorpora a dos de los tres despedidos.

Agregó el recurrente que en reunión de trabajo de Consejo Municipal de fecha 21 de febrero de 2017, convocado extraordinariamente para análisis del fallo causa Promet, fue invitado también el asesor jurídico y representante Legal de la empresa Promet, don nombre reservado, desarrollándose la sesión, mientras aún se encontraba pendiente el cumplimiento incidental de la sentencia, se le solicita que explique el desarrollo del procedimiento de construcción del proyecto Hotel Mejillones de la empresa Promet, procediendo a realizar exposición de los antecedentes, asimismo, en la misma sesión el Señor Alcalde tal como indica el documento de transcripción aboga “una solución pronta, ya que la enmienda al Plan regulador puede durar hasta 1 año, más que nada para entregar una salida oportuna a la empresa por la millonaria inversión que hicieron”, a dichas palabras se sumó la presión que él mismo ejerció para que emitiera pronunciamiento durante la misma sesión del Consejo, por lo que dentro de las conclusiones el Señor Alcalde agregó “Alcalde y Concejales presentes apoyan al Director de Obras para que tome una determinación favorable para la empresa y obviamente también lo será para el municipio”. Asimismo, señaló que encontrándose haciendo uso de licencia médica por estrés laboral por los abusos y presiones indebidas ejercidas de parte de las recurridas, se le notifica el inicio del sumario administrativo obligándoles a declarar.

Todo lo anterior, señaló el recurrente constituye por parte del actuar de la recurrida amenaza y perturba el derecho constitucional de propiedad que dispuso el nombramiento y titularidad del cargo del Director de Obras Municipales, el cual se encuentra incorporado en su patrimonio, por cuanto, frente a determinados hechos, como de haber dado inicio a un sumario administrativo en su contra que le fue notificado con fecha 07 de abril de 2017 día en que presta declaración ante la Señora Fiscal, y negativas de las recurridas en orden a notificarle formalmente la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema y los abusos y hostigamientos que se han traducido en presiones indebidas y malos tratos, se han traducidos en actos arbitrarios e ilegales que lo perjudican.

Además de lo anterior, señaló el recurrente que se ha infringido el artículo 119 del Estatuto Administrativo, artículos 87 de la Ley 18.883 y los establecidos en los artículos 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República de Chile y artículos 582 y siguientes del Código Civil, y citó jurisprudencia.

SEGUNDO: Que informado la recurrida, solicita el rechazó del recurso de protección interpuesto, explicando que su actuar fue en el ejercicio de la potestad disciplinaria que está radicado en los Municipios, en los Alcaldes como Jefe Superior del Servicio, según lo establecido en el artículo 126 del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, de disponer el inicio de un sumario administrativo cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de los mismos así lo establezcan.

En concordancia con lo anterior, explicó la recurrida que en ningún caso se le atribuye responsabilidad al recurrente en los hechos que dan origen al sumario, ya que el procedimiento sumarial es “por la eventual responsabilidad”, pareciendo de la lectura del recurso de protección que el recurrente entiende que es culpable de los hechos que se le imputan y asume de antemano la sanción que propondrá el Fiscal por sus eventuales infracciones, aún cuando el procedimiento sumarial se encuentra recién en etapa probatoria.

De igual manera, señaló la recurrida que iniciar un sumario administrativo no es un acto ilegal, ya que se está cumpliendo con las formas y el procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y tampoco es un acto arbitrario, ya que el sumario administrativo fue instruido por la autoridad investida para tal efecto por la ley 19.883, esto es, por el Alcalde dentro de sus atribuciones.

La recurrida se hace cargo de lo señalado por la recurrente, respecto a su desconocimiento de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, indicando que resulta contradictorio con el propio accionar del recurrente, ya que la Sentencia de la Excma. Corte Suprema tiene fecha 02 de febrero de 2017 y con fecha 16 de febrero del presente año la Contraloría emitió el oficio 798 dirigido al recurrente con domicilio en domicilio reservado, en donde nombre reservado consulto “si procede que dé cumplimiento personalmente a la sentencia de la Excma. Corte Suprema que ordenó a esa Dirección de Obras pronunciarse sobre la modificación del permiso de edificación del mismo proyecto, o si, por el contrario, de atender esos requerimientos, incurriría en alguna causal de inhabilidad, prohibición o deber de abstención, por haber sido objeto-tanto él como las decisiones que ha adoptado en el marco de esa iniciativa-, de diversos recursos administrativos y judiciales”, por lo que frente a esa consulta la Contraloría con fecha 16 de febrero de 2017 le contesto que no existía un deber legal de abstención que lo afectare en virtud del cual debe inhibirse en los asuntos planteados. Adicionalmente, alegó la recurrente que con fecha 15 de febrero de 2017 la empresa Promet ingreso por oficina de partes de la Municipalidad de Mejillones documentos dirigido al recurrente, que aparece con recepción en su dirección, en donde se le comunica la parte resolutiva de la sentencia en aquella parte que señala que el Director de Obras Municipales de Mejillones emitirá pronunciamiento sobre la Solicitud de Modificación de Proyecto de Edificación presentado por la empresa Promet Servicios SpA, debiendo para ello tener presente lo indicado en el Certificado de Informaciones Previas N° 56 de 10 de junio del año 2013 y en el permiso de edificación N° 29 de 9 de mayo de 2014. Entonces, la recurrida señaló que a su juicio el recurrente conocía el contenido de la sentencia por sus propios actos, a pesar que se construye un recurso de protección sobre la base de desconocerlo, sin perjuicio, que es el expediente sumarial el que deberá despejar esas dudas.

Ahora bien, la recurrida señala que la recurrente expone malos tratos, presión indebida y hostigamientos, sin especificar cuáles, por lo que deben ser desechados esos argumentos.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece en su Título V bajo el subtítulo De La Responsabilidad Administrativa, en su artículo 118 que “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. Tratándose del alcalde su responsabilidad administrativa se hará efectiva en conformidad al artículo 60 de la ley 18.695.”, y en su artículo 126 de la misma norma establece que “Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, el alcalde dispondrá la instrucción de un sumario administrativo”

Es así que, haciendo uso de esa facultad, se dictó el Decreto Exento N° 1010/2017 de fecha 22 de marzo del presente año que instruyó sumario administrativo a objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas en contra del Director de Obras Municipales Don nombre reservado, por su dilación a la hora de proceder a ejecutar fallo de la Excma. Corte Suprema y por su respuesta a primera autoridad municipal en ordinario 52/2017 de fecha 17 de marzo de 2017.

Por consiguiente, el actuar de la Ilustre Municipalidad de Mejillones corresponde a un procedimiento administrativo regulado en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, siendo la destitución una de las tantas medidas disciplinarias que se pueden proponer por el Fiscal, y se establece en el artículo 139 y siguientes del Estatuto Administrativo en comento, existiendo recursos que puede interponer quien no este conforme con la dictación de un decreto que ordene la aplicación de una medida disciplinaria, lo que no ocurre aún en el caso de autos, por cuanto aún no ha finalizado el proceso de sumario administrativo. En tal circunstancia, no resulta vulneratorio de la garantía constitucional alegada el que se dé inicio a un sumario administrativo, toda vez que de los antecedentes y hechos relatados se puede observar que el actuar de las recurridas no ha sido arbitrario ni ilegal en su procedimiento, por cuanto sólo el objeto del mismo es determinar eventuales responsabilidades administrativas en contra del recurrente por funciones que se le atribuyen que las debía haber realizado. Y, por último, le corresponde a este último acreditar en aquel proceso su eventual diligencia en su actuar, ya que, a mayor abundamiento, en caso de no estar conforme en el caso de una eventual medida disciplinaria podrá recurrir en la forma y ante quien corresponda según el Estatuto Administrativo que los norma.

QUINTO: Que el recurrente no ha desconocido el hecho de haber tomado conocimiento de la sentencia de la Excma. Corte Suprema en la reunión de trabajo que tuvo lugar el día 21 de febrero de 2017.

Por lo demás la presentación ante la Contraloría Regional de la República, respondida con fecha 16 de febrero del presente año, da cuenta de un conocimiento anterior a la fecha señalada con precedencia.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, la Ilustre Municipalidad de Mejillones, actuó conforme a las atribuciones que detenta y que se encuentran reguladas, y asimismo al no especificarse ni acreditado los posibles hostigamientos, presiones indebidas o abusos que se estarían ejerciendo en contra del recurrente, no puede reprocharse conducta ilegal o arbitraria, en la medida que se ha ejercido una facultad legal y conforme al procedimiento reglamentario pertinente, reuniéndose los presupuestos para ello.

SEPTIMO: Que en suma, no existiendo acto arbitrario o ilegal, no cabe sino desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 número 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Mejillones y en contra de su Alcalde don Sergio Vega Venegas.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1399-2017 (PROT)

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por el Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic, el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada y el Abogado Integrante Sr. Cristian Aedo Barrena. Autoriza el Secretario (S) Sr. Cristian Pérez Ibacache.