nombre reservado con GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien en uno de sus recursos comparece por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Jerilee nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Santiago, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Rosaline nombre reservado segundo Llanquileo Millapi, y en el otro recurso comparece en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Clemente nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado (los nombres destacados corresponden a usuarios que se repiten ya sea en ambos recursos interpuestos por la abogada nombre reservado, o en el recurso incoado por el abogado Cuadra), todos quienes deducen recurso de protección en contra de las resoluciones exentas número 470, 576, 577, 578 y 1112, todas emitidas por la Gobernación Regional de Antofagasta, desprendiéndose del arbitrio que lo solicitado consiste en dejar sin efecto el desalojo decretado por la recurrida respecto de las manzanas y sitios que se indican.

La comparecencia del abogado ELADIO CUADRA VACCA, Cédula de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Clemente nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Bernardo nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, (los nombres destacados corresponden a usuarios que se repiten en los recursos interpuestos por la abogada nombre reservado) todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la actuación o ejecución material pero sólo de las resoluciones exentas número 576, 577 y 578, todas emitidas por la Gobernación Regional de Antofagasta, solicitando se deje sin efecto el desalojo decretado por la recurrida respecto de las manzanas y sitios que se indican.

La recurrida Gobernación Provincial de Antofagasta, informó instando por el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la abogada Jacqueline Santander Miranda funda su arbitrio en que representa un grupo de vecinos del balneario Juan López, notificados por escrito el 26 de mayo de 2016, de las resoluciones impugnadas, los que en algunos casos –sin precisar cuáles- están hace más de 25 años tratando de regularizar sus terrenos en el aludido balneario, agregando que en el año 2017 nuevamente presentaron en Bienes Nacionales de Santiago y de Antofagasta la documentación de los sitios en los cuales viven junto a sus familias, incluso agrega que habría una funcionaria de esta Intendencia Regional solicitando a sus mandantes dinero para regularizar sus documentos.

Señala, que en abril de 2017, hubo una audiencia en el Ministerio de Bienes Nacionales de Santiago, donde se reunieron con la respectiva Ministro, audiencia a la cual también habría concurrido la Alcaldesa de esta ciudad, a partir de lo cual la SEREMI habría indicado a los vecinos que debían estar tranquilos, ya que estaba consciente del trabajo que ellos han realizado, aludiendo a un trabajo denominado “levantamiento fotogramétrico geo referenciado”, además contarían con documentos en que se considera balneario Juan López hasta el límite de la Península de Mejillones con la Empresa Polis Ltda., empresa que desarrollaría el nuevo plan regulador comunal, así como un trabajo realizado con la Dirección de Vinculación y Comunicaciones Unidad de Conservación y Exhibición Museográfica y Patrimonial de la Universidad de Antofagasta, que indica claramente que no están en ningún caso sobre algún yacimiento arqueológico.

Expone, que según informe realizado por la Contraloría General de la República, la SEREMI de Bienes Nacionales no realizó un catastro de inmuebles fiscales, agregando la recurrente que no existe ningún plan seccional del balneario, que sea legal, y que además el último plano legal o vigente es el N°11-3-001-C-R del año 1972, el cual fue aprobado por sesión ordinaria N°81 de 1972 en el acuerdo N°570 de esa misma anualidad del Concejo Municipal, protocolizado bajo el número 1029 en el Registro de Instrumentos Públicos de 1976, del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta.

En cuanto a los fundamentos de derecho, primeramente alude al artículo 7° de la Constitución como marco normativo, para acto seguido, señalar que el Decreto Ley N°1939, de 1976, que fija normas sobre adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en su artículo 19 inciso segundo, previene que “Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.

…Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el título IV del libro II del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el numero I del artículo 551 del citado Código”.

Sostiene que al dictarse la Ley N°19.715, el D.F.L. N°22 de 1959, quedó derogado. El artículo 26 del derogado Decreto establecía que: “El gobernador deberá residir ordinariamente en la capital del departamento, asistir a su despacho y dar audiencia al público los días y horas que se fijen. El gobernador es Subdelegado de la subdelegación en que está la capital del departamento. Tendrá las siguientes atribuciones… f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley”.

Indica que las resoluciones exentas impugnadas señalan esta norma como sustento normativo, la cual –desde su perspectiva- se encuentra derogada por el artículo 4° de la Ley 19.175 que dispone que: “El gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al Intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas. El Gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además las siguientes que esta ley le confiere directamente… d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley… h) ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el Gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entraba su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

Por lo anterior, la actora concluye que la autoridad provincial carece de facultades para practicar el desalojo, en primer lugar, en atención a la naturaleza jurídica del bien del Estado sobre el que reside la resolución impugnada, ya que se debe distinguir si se trata de un bien nacional de uso público o de un bien fiscal, inclinándose por esto último a la luz del artículo 589 del Código Civil, y del tenor literal del citado artículo 4°, interpretación que se encontraría abonada lógica y sistemáticamente, de acuerdo a lo consignado en la letra c) del mismo artículo, referido a lugares de uso público, y de otras normas referidas al mismo tópico.

Señala que el propio ordenamiento jurídico contempla un procedimiento especial para obtener la restitución de los otros bienes raíces fiscales, el cual se encuentra previsto en el artículo 19 del D.L. N°1939 de 1976, más arriba referido, atingente al ejercicio de acciones civiles que a la fecha del recurso no han sido interpuestas, por consiguiente, al disponer el desalojo administrativo, la Gobernación ejerce esta facultad relativa a la restitución de bienes fiscales, de una forma distinta a como lo establece expresamente el legislador, basada en el artículo 26 del D.F.L. N°22, ya derogado, complementando su argumento en el artículo 669 del Código Civil, y en el protocolo de Procedimiento y Colaboración Mutua entre ambas entidades, Ministerio de Bienes Nacionales y Consejo de Defensa del Estado, ya que de aceptarse que la autoridad administrativa pueda disponer por sí misma de la restitución de los bienes fiscales ocupados ilegalmente, se impide a los ocupantes de dichos bienes exigir el pago de lo construido, construcciones que se verificaron a ciencia y paciencia del dueño, y si el Fisco exige su restitución, previo a ello debe pagar el valor de lo edificado.

Otro aspecto que vincula a este análisis, es la actitud de la autoridad administrativa al permitir la ocupación por largo tiempo de los referidos terrenos fiscales, constituyendo una situación de hecho denominada precario, lo que impone al dueño del inmueble la interposición de la acción ante los tribunales de justicia. Más aun, indica que habiendo dictado la autoridad la resolución de desalojo el año 2016, habría realizado actuaciones entendidas como autorización de permanencia en dichos terrenos, o al menos como tolerancia a su ocupación, generando la confianza en los pobladores de que no iban a ser desalojados sino hasta que se implementaran medidas definitivas.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales amenazadas, perturbadas y/o vulneradas por la autoridad administrativa, señala, en primer lugar, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, contemplada en el artículo 19 N°3 inciso quinto, de la Constitución Política, atribuido a la Gobernadora Provincial, al arrogarse una facultad de juzgar y hacer ejecutar lo resuelto, de la que carece.

En segundo lugar, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, establecido en el artículo 19 N°2, en cuanto en toda decisión estatal se debe observar el más estricto deber de justificación, razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada, básicamente que la autoridad en el ejercicio de sus funciones no adopte medidas que generen perjuicios indebidos a una persona o grupo de personas en circunstancias que respecto de otro u otros se abstiene de realizar la misma actuación, no obstante, encontrarse en la misma situación, siendo necesario otorgar un explicación satisfactoria en relación al trato disímil.

En tercer lugar, el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida familiar y privada y derecho a la inviolabilidad del hogar, establecidos en el artículo 19 N°s 4 y 5 de la Constitución, en la medida que la resolución cuestionada al autorizar el auxilio de la fuerza pública pone a los pobladores en peligro de verse afectados en sus derechos a la vida familiar y privada, toda vez que si no prestan su acuerdo a la ejecución de la medida sus casas serán objeto de la intrusión forzosa de carabineros y otros agentes del Estado. Agregando, que no existe ninguna norma legal que habilite a la autoridad provincial para decretar el ingreso a los hogares cuyos moradores estén incluidos en la nómina de la Gobernación. Adiciona a su pretensión que con fecha 7 de marzo de 2017, el subsecretario del Interior (de la época) Mahmud Aleuy, dictó la circular N°19, en la cual se establecen las instrucciones para un procedimiento adecuado de desalojo tanto a ocupantes de terrenos fiscales o ubicados en áreas de peligro en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, estimando que ello no se ha cumplido.

Solicita se acoja la acción constitucional declarando la ilegalidad y/o arbitrariedad de los actos denunciados, ordenando dejar sin efecto las resoluciones exentas antes mencionadas.

Acompañó a los recursos los siguientes documentos: 1) copia de las resoluciones exentas N°s 470, 576, 577, 578 y 1112; y, 2) circular N°19 dictada por el subsecretario Mahmud Aleuy.

SEGUNDO: Que el recurso interpuesto por el abogado Eladio Cuadra Vacca se basa en que desde el año 2015, aproximadamente, se comenzó a poblar paulatinamente el deslinde Sur Poniente colindantes a planos individualizados NºII-2-5-125 C-R, N°II-2-5052-CR, entre otros, Sector Balneario Juan López, Comuna de Antofagasta, con fines habitacionales, por un grupo de personas que superan los cien ocupantes, y entre ellas su representados, y sus familias. Señala que sin perjuicio de esta ocupación, ya había tenencia con anterioridad a esa fecha estando algunos de sus representados dentro de esos grupos pioneros, emplazados al menos desde comienzos y mediados de los años dos mil.

Refiere que por ello, comenzaron a construir sus viviendas en sitios fiscales, creando un ambiente familiar, y social de ayuda mutua. La mayoría de ellas, son mujeres, con hijos pequeños, de ingresos mínimos, incluso algunos jubilados, trabajadores independientes, muy cercanos con el sector, y que no pueden adquirir vivienda en la ciudad de Antofagasta.

Señala que lo anterior, fue totalmente tolerado por los organismos públicos hasta la fecha, incluso en el transcurso de los años se han mantenido mesas de trabajo ante la Secretaria Ministerial de Bienes Nacionales de la comuna de Antofagasta, con la misma Gobernación Provincial, con el objeto de arraigar el estado irregular de sus representados.

Señala que con fecha 16 de Abril de 2016, un grupo de personas de alrededor 205 afiliados -entre ellas sus representados- inició el proceso de constitución de la Junta de Vecinos “CALETA ABTAO ALTO”, Rol Único Tributario Nº65.124.181-2, mediante solicitud ingresada a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, adquiriendo su debida personalidad jurídica de derecho privado bajo el número 21/2016, cuyo domicilio se encuentra ubicado en Balneario Juan López, Comuna de Antofagasta.

Que desde el año 2016, se han realizado mesas de trabajo, en la Secretaria Ministerial de Bienes Nacionales de esta comuna y ante la Gobernación Provincial de Antofagasta, como se acreditará oportunamente con los antecedentes de la plataforma Ley del Lobby.

Al mismo tiempo sus representados han realizado postulaciones en forma masiva, del inmueble fiscal que ocupan, con el objeto de consolidar su dominio o mera tenencia, es de caso señalar que particularmente, se detalla que respecto de cada uno de los recurrentes se reconoce ocupación desde los años 2016 en adelante respecto de cada uno de los sitios singularizados en su recurso.

Señala que hasta ahora las notificaciones de desalojo, esto es, el cumplimiento material de la orden de desalojo señalada en el punto anterior, sólo han sido notificados algunas personas, y no a todo el sector.

Respecto de aquellos representados, que no han sido notificados, se encuentran amenazados respecto de una eventual orden de desalojo, y no tienen conocimiento de porqué a ellos directamente no se les ordenó la restitución material.

En cuanto a fundamentos de derecho, expresa que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 20° de la Constitución Política de la República, que cita: “…El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada…”

Señala que habiendo ya planteado la situación de hecho que amerita el ejercicio del recurso, en base a los requisitos exigidos para que se pueda impetrar esta acción, respecto de la existencia de una acción u omisión reprochada, distingue y aclara dos situaciones distintas: a) RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMANADAS DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA.

i. Expresa que por un lado, existe la Resolución Exenta N°576 de fecha 21 de abril de 2016 emitida por la Gobernación Provincial Antofagasta que dispone en su parte resolutiva la orden de “requerir administrativamente a un grupo de personas de difícil individualización y de quienes se ignoran mayores antecedentes de identificación que serían ocupantes ilegales de la propiedad fiscal que habitan y /o usufructúan ubicada en esta ciudad al SUR–PONIENTE, COLINDANTES AL PLANO INDIVIDUALIZADO N°II-2-5. 125-C-R, BORDE CERRO, SECTOR BALNEARIO JUAN LÓPEZ, COMUNA DE ANTOFAGASTA” conjuntamente con todos sus habitantes y cualquiera tercera persona extraña que pudiese estar ocupando indebidamente el bien inmueble en referencia a fin que efectúen su restitución, en forma inmediata de realizada la notificación de la presente resolución, por carecer de derecho alguno para tal beneficio”.

En el mismo sentido, se dictó la Resolución Exenta N°577 de fecha 21 de abril de 2016 emitida por la Gobernación Provincial Antofagasta pero respecto de “AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, SIN NÚMERO ATRÁS DE LA MANZANA 42, PLANO INDIVIDUALIZADO N°II-2-5052-CR SECTOR BALNEARIO JUAN LÓPEZ, COMUNA DE ANTOFAGASTA.

La Resolución N°578 de fecha 21 de abril de 2016 emitida por la Gobernación Provincial Antofagasta que decretó el desalojo administrativo de propiedades fiscales ubicadas en “LOTES 10, 11, 12, 13 Y 14 DE LA MANZANA 36-C, PLANO INDIVIDUALIZADO N° II- 2-5-125-C-R SECTOR BALNEARIO JUAN LÓPEZ, COMUNA DE ANTOFAGASTA”.

La Resolución N°470 de fecha 11 de abril de 2016 emitida por la Gobernación Provincial Antofagasta que decretó el desalojo administrativo de propiedades fiscales ubicadas en “20 LOTES DE LA MANZANA 36-A, SECTOR BALNEARIO JUAN LÓPEZ, COMUNA DE ANTOFAGASTA”.

La Resolución N°1112 de fecha 22 de junio de 2016 emitida por la Gobernación Provincial Antofagasta que decretó el desalojo administrativo de propiedades fiscales ubicadas en “sector de atrás de las manzanas 38 y 39, SECTOR BALNEARIO JUAN LÓPEZ, COMUNA DE ANTOFAGASTA”.

Todas las anteriores, tienen un mismo fin decretar el desalojo administrativo de propiedades fiscales en el Sector Balneario Juan López Comuna de Antofagasta.

Reprochan los recurrentes la ejecución o actuación material de las resoluciones señaladas, y que fueron concretadas mediante notificaciones directas por parte del personal de Gobernación Provincial de esta comuna, entre otras fechas, el día 25 de mayo del corriente, y además, del pegado público de carteles o adhesivos institucionales con la leyenda “Propiedad fiscal proceso de desalojo”. Al estar esta actuación respaldada en la mencionada resolución de marras, todos sus cuestionamientos que se indicarán en el recurso se extienden también al acto administrativo fundante, esto es, las resoluciones exentas Nº470, 576, 577, 578 y 1112 del año 2016.

Al respecto, señala que la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos en su artículo 50, permite hacer la distinción de la actuación material de la Administración, del Acto Administrativo propiamente tal, de la siguiente forma:

“…. La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa…”

Sostiene, por ende, que la actuación material de desalojo que la Autoridad ha efectuado el día 25 de mayo del corriente, tiene su fundamento jurídico en las resoluciones en cuestión. Una es una actuación fáctica o una operación de concreción y ejecución de la otra: el acto administrativo. En este caso, la orden fundante que se ejecuta comparte los mismos motivos de hecho y de derecho con su cumplimiento material por lo que los alegatos que se harán se extienden también al acto del año 2016, cuya finalización se aprecia en el desalojo que afecta directamente a sus representados.

Respecto de la ilegalidad o arbitrariedad de la acción, distingue por un lado la ilegalidad, y por otro, la arbitrariedad de la acción, y como ello se ha materializado.

En primer lugar, analiza la ilegalidad en base a los fundamentos de derecho que se aplicaron para fundamentar las resoluciones precedentemente individualizadas.

Aplicación de Facultad amparada en normativa tácitamente derogada.

Eliminación del artículo 26 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N°22 de 1959.

Las resoluciones ya señaladas, que sirven de fundamento a la acción de desalojo que hoy cuestiona, basan su actuar y tienen como antecedente jurídico principalmente el artículo 26 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N°22 de 1959 del Ministerio de Hacienda, cuerpo conocido como Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República y que establece textual como atribución del Gobernador Provincial, que expresa:

“…Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley…”

Antes de continuar el relato, señala que el concepto de “Gobernador Provincial” será modificado una vez se proceda a la instauración del “Delegado Presidencial Regional y Provincial” creado por la Ley N°21.073 de 22 de febrero de 2018 que reemplaza la figura de los Intendentes y Gobernadores Provinciales respectivamente modificando la Ley N°19.175 Orgánica de Gobierno Regional, modificación que para los efectos de esta denominación sólo entrará en plena vigencia una vez promulgada y en operación la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de las competencias a los Gobiernos Regionales a las que se refiere el artículo 114 de la Constitución Política de la República, cuestión que fácticamente aún no ocurre por lo que aún podemos hablar de “Gobernador Provincial”.

Continúa señalando que el tema radica en que la norma reproducida ha sido derogada al menos implícitamente por las facultades conferidas por el artículo 4° de la Ley N°19.175 Orgánica de los Gobiernos Regionales al Gobernador Provincial cuyo texto reza como atribución lo siguiente:

“…h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial (aún Gobernador Provincial para los efectos) velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda…”

Para hablar de derogación se remite a la última parte del artículo único del Decreto Ley N°1439 de 1976 sobre “aplicación a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales a las normas vigentes sobre deberes de los Intendentes Provinciales y Gobernadores departamentales” antigua y olvidada norma que señala expresamente cual será la real vigencia de la normativa existente en un cierto momento para las autoridades señaladas:

“…Declárase que las atribuciones y deberes que la legislación vigente señala para los Intendentes Provinciales y para los Gobernadores Departamentales, deben ser ejercidas por los Intendentes Regionales y los Gobernadores Provinciales, respectivamente, mientras no se dicten las normas definitivas sobre estas materias…”

La norma definitiva en este punto es la Ley N°19.175 y ya no el DFL N°22 de 1959.

Así, en este sentido la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia (fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en causa rol 118-2017 (protección) de 10 de marzo de 2017 y confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa rol 10.203-2017 de 26 de octubre de 2017 que señaló a propósito de este punto en su considerando OCTAVO (lo destacado es de esta parte):

“…Que, la atribución vigilancia de los bienes del Estado consignada precedentemente derogó tácitamente aquella relativa a exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado, contenida en el artículo 26 letra f) del D.F.L. N°22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, referente al Gobernador Departamental y que fuese radicada en el Gobernador Provincial, conforme lo previene el artículo único del D.L. N°1439, de 1976, pues en mérito de lo previsto en la parte final de esta última disposición, la atribución indicada será ejercida por el Gobernador mientras no se dicten las normas definitivas sobre estas materias, lo cual aconteció el 21 de marzo de 1993, mediante la vigencia de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional …”

De esta forma, una ley de fecha posterior y además de superior jerarquía como es una Ley Orgánica Constitucional reguló de forma distinta la atribución que señalamos. Por ello, conforme a esa norma vigente a la época, la fuerza obligatoria del artículo 22 y otras atribuciones de las Gobernación quedan supeditadas desde el año 1993 únicamente a lo que diga la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, recientemente modificada además por la Ley N°21.073.

Al respecto, en esta última norma, se refuerza la idea de derogación del DFL N°22 de 1959, en cuanto si se revisa el texto íntegro y las demás leyes que expresamente modifica en sus 20 artículos se ve variadas normas todas con injerencia en los Gobiernos Regionales, tales como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, Ley sobre Probidad en la Función Pública y otras que sólo tocan tangencialmente la materia como el Código Orgánico de Tribunales o Código de Procedimiento Civil, pero ni siquiera se menciona el criticado DFL N°22 de 1959.

En el mismo sentido, se debe aplicar también la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución (vigente a época de la dictación de la Ley N°19.175) que establecía que la aplicación de las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales en lo que no sean contrarias a la Constitución, subsistían eso sí, sujetas a la condición que no se dicten aun los correspondientes cuerpos legales, hipótesis que se da en nuestro caso en comento con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica.

Así, habiendo operado en base a normas derogadas se vulneran los principios de legalidad y juricidad contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

ii. Sobre el artículo 4° letra h) de la Ley N°19.175, la Gobernación Provincial no tiene facultades para el desalojo de Bienes “Fiscales”. Prevalencia del Artículo 19 del Decreto Ley N°1939 de 1977.

Ahora bien, remitiéndose a esta norma, que también fundamenta la decisión cuya ejecución material ahora se reclama, decía que se estableció como atribución:

“…Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el Delegado Presidencial Provincial (aún Gobernador Provincial para los efectos) velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda...”

Para atacar este punto, sostiene que es importante entender el concepto de bien fiscal y de bien nacional de uso público para determinar hasta donde llega uno y otro en su protección. Para ello, debemos volver al derecho común.

Lo anterior, se encuentra prescrito en el artículo 589 del Código Civil al establecer que:

“… Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos.

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales…”

Conforme a estas claras definiciones y según los antecedentes que se acreditarán en el proceso los terrenos ocupados por los recurrentes son BIENES FISCALES, que pertenecen a todo el Estado, pero que su uso no está reservado en principio de forma libre a los particulares sino que son administrados por el Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales, situación armónica también con el artículo 590 del Código Civil.

Siguiendo este razonamiento, de una interpretación literal de la norma contenida en la letra h) del artículo 4 de la Ley N°19.175, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de decretar el desalojo dice relación solamente con los bienes que poseen el carácter de nacional de uso público.

Manifiesta que si bien aparece de una lectura simple que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público.

Que, en estricta relación con lo anterior, la segunda razón que apoya este criterio es que el segundo párrafo de la norma, contiene una oración compuesta de carácter consecutivo, que inicia con el verbo “impedir” seguida de las formulas verbales “ocupación ilegal” o “empleo ilegitimo”, y finalizada con el calificativo de carácter especificativo “uso común” respecto del bien del Estado, lo que nos da a entender que en este párrafo el legislador se ha referido solamente a los bienes nacionales de uso público.

El criterio para definir el objeto sobre el que debe recaer la potestad otorgada es el que el bien sea de uso común. Así la norma debe entenderse que señala que la Autoridad tiene facultades para impedir la ocupación ilegal o el empleo ilegítimo de bienes del Estado respecto de los que es posible el uso común, y estos son por definición legal los bienes nacionales de uso público, pues los bienes fiscales no admiten ese uso común.

Expresa que el fallo mencionado de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en causa Rol 118-2017 (protección) dictado con fecha 10 de marzo de 2017 y confirmado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 10.203-2017 de fecha 26 de octubre de 2017 ha sentado este criterio. Es más, ha agregado opiniones de carácter lógico, sistemático e histórico de la ley, y que expresamente se señala en su considerando duodécimo (lo destacado es de esta parte):

“..Que, por su parte, refuerza la interpretación gramatical señalada precedentemente, una interpretación lógica, sistemática e histórica de la ley. La primera, lógica, toda vez que del propio tenor del artículo 4 de la Ley N°19.175, aparece que las atribuciones del Gobernador Provincial dicen relación con bienes naciones de uso público, verbi gracia, la letra c) referente a la autorización de reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público.

La segunda, sistémica, pues las atribuciones de conservación de los bienes nacionales de uso público, radicadas en el Gobernador Provincial, igualmente aparecen reflejadas en tal sentido en otros cuerpos normativos, a saber: artículo 6 del D.F.L. N°458, Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 11 del D.F.L. N°340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas, otorgándoles facultades para ordenar su restitución administrativa. Lo anterior, sumado al hecho que el propio ordenamiento jurídico, contempla un procedimiento especial para obtener la restitución de los otros bienes raíces fiscales, previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N°1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en el sentido que sus ocupantes que no acrediten autorización, concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegales, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las ordinarias respectivas.

Y, por último, histórica, relacionada con el procedimiento de restitución ya aludido, ya que ha sido la propia administración quien ha reconocido en el Mensaje N°190-361, por el cual S.E. el Presidente de la República envió a la H. Cámara de Diputados, la modificación del procedimiento de restitución de bienes fiscales contendido en el artículo 19 del Decreto Ley N°1939, de 1976, El art. 6 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que “A los Intendentes y Gobernadores corresponderá supervigilar que los bienes nacionales de uso público se conserven como tales, impedir su ocupación con otros fines y exigir su restitución, en su caso, conforme a sus facultades.“ A su vez, el art.11 del DFL 340 de 1960 indica: En el caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes a que se refiere el artículo 2°, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la concesión, o por cualquiera otra causa, la autoridad marítima requerirá del respectivo Intendente o Gobernador el auxilio de la fuerza pública, a fin de que se proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones que correspondan, por todo el tiempo de esa ocupación ilegal.

Entonces, acreditado que se está frente a bienes fiscales, y entendiendo que la facultad que criticamos es sólo aplicable respecto de los bienes nacionales de uso público yerra la contraparte al intentar este sistema para lograr la restitución, pues la ley como una norma especial que regula este tipo de bienes contempla un procedimiento especial para obtener la restitución de los Bienes Raíces Fiscales, previsto en el Artículo 19 del Decreto Ley N°1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en el sentido que sus ocupantes que no acrediten autorización, concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegales, contra los cuales se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las ordinarias respectivas. Por consiguiente, este es el procedimiento que debería aplicarse, y en ese sentido expresamente el Articulo 19 del Decreto Ley N°1939, nos señala que: “…La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso.

Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.

Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las acciones penales que correspondieren y perseguir el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal…”

El art. 19 del DL 1939 es una norma vigente que establece la regulación para la recuperación de bienes fiscales, de forma tal que es la única norma aplicable al caso que origina esta acción constitucional.

Por ello, afirma que el mecanismo que se debe aplicar es por vía jurisdiccional, y no la vía administrativa, atendido que la ley NO le ha concedido privilegio alguno a la Gobernación Provincial para oponerse a la ocupación de particulares de bienes fiscales.

No existe facultad para operar por la vía administrativa en esta materia.

En este punto analizando el Mensaje presidencial N°190-361 (Boletín N°9261-2012), relacionado con proyecto de ley que pretendía modificar el procedimiento de restitución de bienes fiscales contenido en el artículo 19 del Decreto Ley N°1939, de 1977. Este proyecto concretamente propone, que: “…Se podrá exigir la restitución del inmueble a todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento del Ministerio, poseer una autorización de uso, concesión o contrato otorgado en conformidad a la ley, o cuya autorización, concesión o contrato se encuentre vencido por haber transcurrido el plazo por el que se otorgó.

Con objeto de obtener la restitución de los inmuebles que se encuentren en las circunstancias indicadas en el inciso anterior, el Ministerio dictará y notificará administrativamente a los ocupantes una resolución de restitución del inmueble, en la cual deberá señalar los motivos por los cuales el Ministerio los considera ocupantes ilegales, así como la solicitud de que hagan abandono del inmueble dentro de un plazo de 30 días contados desde la notificación de la referida resolución…”.

Establece en sus siguientes incisos, un procedimiento administrativo de reclamo, reconsideración y un recurso jurisdiccional.

La propuesta legislativa (aún no aceptada en ley) se funda en dos razones expresadas en el mensaje. La primera relacionada con las dificultades de interpretación y aplicación práctica de las normas existentes en el actual DL 1939. El Ejecutivo sobre el particular señaló que:

“…Si bien el espíritu de la norma anterior es otorgar al fisco (SIC) un procedimiento expedito para la recuperación del patrimonio fiscal ocupado ilegalmente, en los hechos se han detectado diversas dificultades de interpretación y aplicación práctica de la misma, lo que ha redundado en abusos graves, y en ocasiones reiterados, por parte de particulares que ocupan inmuebles fiscales sin la debida autorización, muchas veces con ánimo de lucro y sin respeto a normas urbanísticas y medioambientales, causando así un grave perjuicio a un patrimonio nacional tan preciado como lo es el territorio fiscal…”.

El segundo motivo de la propuesta del Presidente de la Republica, radica en su punto de defensa, respecto de la necesidad legal de interposición de las acciones civiles para lograr la recuperación de bienes fiscales, que señala:

“…Lo anterior, sumado a la circunstancia de tener que impetrar las acciones civiles ordinarias para obtener su restitución, impide al Fisco en estos casos hacer uso de ellos por extensos periodos de tiempo lo cual hace que la administración de los inmuebles fiscales, como el resguardo de los intereses público y fiscal se vean seriamente afectados…”

Así, ven un reconocimiento por parte del propio Ejecutivo, cabeza de la Administración Pública, de quien dependen directamente Intendentes y Gobernadores, por una parte, de lo insatisfactorio que es el régimen procedimental actual en relación con la recuperación de bienes fiscales, y por otra, de la obligación que tienen las autoridades administrativas de impetrar las acciones civiles correspondientes para lograr la restitución de bienes fiscales.

Asimismo, el ya citado fallo de la Corte de Arica reflexionó al respecto en su considerando Decimocuarto, lo siguiente:

“…Que, atendido el marco jurídico reseñado -en síntesis- en los considerandos séptimo a duodécimo, aparece que la decisión del Gobernador Provincial de Arica, en orden a decretar el desalojo de los inmuebles fiscales resulta ilegal, pues aparece un hecho pacífico que los inmuebles, cuya restitución se ha solicitado, poseen la naturaleza jurídica de bien fiscal, debiendo proceder, en cuanto a su restitución conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N°1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y, en consecuencia, el Gobernador se encontraba impedido de ejercer la atribución contenida en la letra h), del inciso segundo del artículo 4 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, más aun cuando, implícitamente se funda en la atribución derogada del articulo 26 letra f) del D.F.L. N°22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, conforme a lo razonado en el motivo octavo.

En efecto, aceptar la tesis de la recurrida significaría que lo dispuesto en el artículo 19 del citado Decreto Ley carezca de sentido, siendo letra muerta, puesto que el Gobernador tendría facultades para resolver, por si y ante sí, el desalojo de un bien fiscal, tanto si se trata de la toma ilegal de una calle, carretera, como de una casa u otra situación cualquiera….”

Así, actuando fuera de las facultades legales, se vulneran los principios de legalidad y juricidad contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, así como con el artículo 4 letra h) de la Ley N°19.175 y el art. 19 del Decreto Ley N°1939 de 1977.

En el hipotético caso que este Tribunal considere que el artículo 26 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N°22 de 1959 está vigente, y además que la Gobernación pueda ordenar desalojos de Bienes Fiscales, hay de todas formas ilegalidad, pues procede la aplicación del inciso segundo del artículo 26, en estudio.

Ahora bien, en el improbable caso que no se acepte los primeros dos capítulos de ilegalidad planteados en el recurso y estimare que el artículo 26 letra f) del DFL 1959 está vigente, y que la Gobernación está facultada para desalojar Bienes Nacionales de Uso Público, vemos que el mismo artículo 26 letra f) contiene un inciso segundo que es una excepción a la posibilidad de requerimiento por la vía administrativa:

“…f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley.

Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Tierras y Colonización. En el intertanto, se abstendrá de actuar.

Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a comunicar al Gobernador las inscripciones de propiedades de particulares que no tengan título anterior inscrito…”

En este caso, sus representados como ocupantes tienen al menos la calidad de meros tenedores, pues reconocen dominio ajeno Fiscal el cual han intentado regularizar desde hace bastante tiempo. En este orden de ideas, conforme al derecho civil el título es el antecedente jurídico, o el hecho que sirve para constituir o transferir el dominio, el antecedente en el que se funda el dominio o la posesión. No necesariamente un contrato o acto, sino que un hecho en el cual no justifica dominio sino que mera tenencia, la tenencia material, física de ocupación. En este caso, lo avalarían los variados años que sus mandantes llevan haciendo ocupación como se indicó para cada uno (algunos desde el 2002, 2008, 2013 y 2016). No se trata de una toma rápida y esporádica sino que una permanente, con objetivos de vivienda que ha sido tolerada por las autoridades y cuyos ocupantes han intentado en variados casos obtener regularizaciones ante la Seremi de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, que de hecho mantienen sus peticiones ante esta cartera pendientes, es decir que se les debe un pronunciamiento sobre una posibilidad de arrendamiento definitivo y por lo mismo han estado en constante diálogo con la Autoridad en orden a obtener una solución a un problema que es de grave ocurrencia.

Entonces por las particularidades de esta ocupación, creemos que se configura al menos la apariencia de mera tenencia en este caso. Por ello, creemos que debe cumplirse el paso señalado, y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y suspender en el intertanto la ejecución del desalojo. Esto tiene lógica, en razón del referido Artículo 19 del DFL 1939, pues en caso de dar opinión favorable será dicha entidad quien inicie la acción posesoria del Código de Enjuiciamiento o bien accione con otra figura a fin como el precario.

De este modo estima que no se ha dado cumplimiento al artículo 26 letra f)del DFL N°22 de 1959, pues no se han remitido los antecedentes a vista u opinión del Consejo de Defensa del Estado.

Continuando con el hipotético e improbable caso de considerar que el artículo 26 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N°22 de 1959 está vigente y además que la Gobernación pueda ordenar desalojos de bienes fiscales, de todas formas no se ha dado cumplimiento al protocolo de desalojo instruido por la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública en Oficio Circular N°19 de 7 de marzo de 2017.

Respecto de este punto, la Subsecretaría del Interior, con fecha 07 de marzo de 2017 dispuso la Circular N°19, con el propósito de adecuar a nuestra legislación caracteres internacionales en materia de Desalojos. Respecto de las ocupaciones irregulares e ilegales en la Región de Antofagasta, dispuso como instructivo a la Gobernación Provincial un manual de procedimientos para operar los desalojos de terrenos tomados con reglas, garantías y etapas claras.

La definición de instructivo o circular como Acto administrativo tiene regulación en nuestro ordenamiento jurídico conforme el Dictamen N°45.522 de 1998 de Contraloría General de la República “…los servicios públicos dictan instrucciones en cumplimiento del art/5 de Ley 18.575, conforme al cual autoridades y funcionarios velaran por la simplificación y rapidez de los trámites y aprovechamiento de los recursos. Una instrucción es una norma de administración interna impartida por el superior jerárquico o el órgano fiscalizador a quienes están bajo su dependencia o fiscalización, señalándoles conductas para aplicar las leyes y reglamentos...”

Está definido en el artículo 12 de la Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades (pero perfectamente aplicable a nuestro caso analógicamente), expresa que “Las instrucciones serán directivas impartidas a los subalternos”. En este caso, de la Subsecretaría de Interior a la Gobernación Provincial.

Como se apreciará esta normativa se dicta en el contexto que, conforme al cumplimiento irrestricto por las garantías constitucionales y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los requerimientos deben darse con pleno respeto por las personas, especialmente por aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Así, en el apartado II “Consideraciones previas” en su letra “a” determina que:

“…No obstante lo anterior, las autoridades tendrán en especial consideración a los ocupantes de terrenos próximos a desalojar, especialmente a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, personas en situación de discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres, entre otros. En estos casos podrán generarse iniciativas intersectoriales resoluciones de emergencia que satisfagan las necesidades de las familias desalojadas.” Agrega la letra “b”: “Durante este proceso resulta importante hacer partícipes a los habitantes del terreno que se desalojará, estableciendo contacto con los representantes y/o dirigentes de la comunidad, a fin de coordinar de manera conjunta las diligencias que deberán realizarse durante el proceso de desalojo, siendo por tanto la contraparte válida para futuras informaciones y comunicaciones en representación de la comunidad…”.

En cuanto al procedimiento, señala como cuestión previa la letra “c” del mismo apartado que se deberá: “Informar con la debida anticipación, que no podrá ser inferior a tres meses de la fecha estimativa de desalojo, a las familias ocupantes respecto a la necesidad de efectuar el desalojo, los planes, alternativas de presupuesto para optar a una solución habitacional, fechas y acciones que se realizarán dentro de la ejecución del proceso de desalojo, generando con ello una simetría de información entre la Autoridad y los habitantes del terreno. Se hace presente, que la información antes señalada se entregará a toda la comunidad por medio del envío de una carta dirigida a cada uno de los habitantes del terreno objeto de desalojo.”

Sostiene que ese plazo de tres meses aproximado no se ha respetado ni ninguna de las otras solemnidades de coordinación aludidas en el texto. Es más incluso el punto “e” consigna que “Luego de entregada la información antes descrita, se deben gestionar a lo menos 2 audiencias públicas en las cuales se dé cabida a un diálogo en el que se resolverán consultas, inquietudes y propuestas de los habitantes de la comunidad que será desalojada.

Audiencias que deberán conformarse con una cantidad representativa de los habitantes del terreno, los representantes de la comunidad y de la autoridad (de estas audiencias se levantará acta, la cual deberá ser aprobada por la comunidad dirigentes y autoridad)”.

“Se hace presente, que a lo largo de la ejecución del procedimiento de desalojo, es necesario que se otorguen plazos razonables a las familias, los cuales deberán ser fijados en forma previa por la respectiva Gobernación Provincial”.

El número III del instructivo donde se regula el proceso propiamente tal, contempla una serie de etapas que la Gobernación tampoco ha respetado. El punto III a) indica que deberá pedir a la Subsecretaría el presupuesto necesario para la diligencia y -más importante aún- deberá plantear cuál será el uso futuro al terreno objeto de desalojo.

El punto III b), menciona la existencia de una Comisión de Autoridades que intervendrá en el proceso, entidad que tampoco se ha conformado para este caso a día de hoy.

El punto III d) insiste en la necesidad de las comunicaciones previas, en el siguiente sentido:

“…Con todo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c del punto II de esta circular, la información sobre el desalojo debe ser publicada por diversos medios de comunicación, desde a lo menos 30 días hábiles antes de la ejecución del desalojo con la fuerza pública, con el objeto de que los habitantes sean informados, al menos, del desalojo que se planea realizar, de sus fundamentos así como de las alternativas ofrecidas en términos de habitabilidad, este último es no obstante, a que se haya iniciado previamente un trabajo en terreno con los habitantes respecto de las soluciones habitacionales transitorias que tendrán y de las soluciones habitacionales permanentes, que de acuerdo a los programas del Servicio de Vivienda y Urbanismo, podrán postular…”

Además, señala que es pertinente celebrar una audiencia en la que se informe a la comunidad del desalojo inminente.

En relación a las soluciones de habitabilidad, el punto III e) denominado “Soluciones transitorias” indica que: “…De manera previa al desalojo y con el objeto de entregar una situación transitoria habitacional a los habitantes del inmueble a desalojar, se deberá contar con un catastro de familias ocupantes que contenga todos los datos oportunos a fin de determinar qué solución transitoria, en caso que fuere procedente, les corresponderá…”.

Estima, que existe la obligación de, al menos, efectuar los estudios pertinentes para entregar una alternativa habitacional transitoria a estas personas, obligación que tampoco se ha cumplido. No se ha efectuado un catastro actualizado ni mucho menos se ha trabajado en alguna alternativa de vivienda provisional.

Hace presente que este instructivo no ha sido derogado por alguno posterior, por lo que está plenamente vigente.

Así, no respetando las órdenes impartidas por el superior jerárquico, la Gobernación se encuentra en infracción de los principios de juricidad y legalidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y el mismo artículo 4 letra h) de la Ley N°19.175, pues estaría ejerciendo una atribución contra las órdenes expresas que le señalaron la forma para ello.

Incumplimiento de solemnidades de publicación de los actos administrativos fundantes.

La Acción Constitucional de Protección interpuesta, impugna principalmente la concreción de las Resolución Exentas Nº576, 577 y 578 de fecha 21 de abril de 2016, dictada por la Gobernación Provincial de Antofagasta, que decreta desalojo administrativo de propiedad fiscal que señala, previo requerimiento contra varias personas que indican, de difícil individualización en los predios, lotes y manzanas señaladas.

Por consiguiente, y de conformidad a lo prescrito en el artículo 48 letra b) de la Ley Nº19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, es dable señalar que el acto administrativo descrito, por su naturaleza, es decir, por ser dirigido a un indeterminado número de personas, obligatoriamente debe ser publicado mediante el Diario Oficial. Es así, que desde ese momento se encuentran válidamente notificados.

Sin perjuicio de lo anterior, las resoluciones en cuestión fueron puestas en conocimiento de las personas afectadas recién el día 25 de Mayo de 2018 y otros incluso el 5 de junio del presente, entregando copia de la misma sólo a algunas de ellas, y pegando un cartel al inmueble señalando desalojo.

Por lo tanto, ve que existe una nueva solemnidad de notificación incumplida en este punto, una nueva ilegalidad.

No se ha respetado el principio de la “previa audiencia” en un acto desfavorable al interesado.

Al respecto el Artículo Nº53 de la ya señalada Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, exige en aquellos actos invalidatorios, de forma previa a su dictación, se respete la “previa audiencia” del afectado, esto es, que se le notifique de la intención que busca la Administración antes de dictar el correspondiente Acto Administrativo, de forma tal que pueda alegar por sus derechos de forma previa. Acá no estamos frente a un acto que invalide a otro, propio de situaciones de nulidad. En este caso, lo que tenemos es el cumplimiento de una orden de desalojo, pero de igual modo entendemos aplicable este principio siguiendo al artículo 17 letra f) de la Ley de Bases de Procedimientos, que consagra como un derecho de las personas frente a la Administración, que podrá: “…Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución…”

En el mismo sentido, señala la norma “que deberán ser tenidos en cuenta antes al redactar la propuesta de resolución”. Es decir, es una garantía la posibilidad cierta de efectuar alegaciones antes que esta propuesta esté preparada. Se le ha privado a sus representados de este derecho también, al comunicarle abiertamente una decisión ya tomada. Se han infringido así estos artículos.

Por otro lado, analiza la acción u omisión, desde el punto de vista de la arbitrariedad:

Sostiene que, aún en el hipotético caso que en base a los argumentos expuestos, considere que la Autoridad obró formalmente en base a la ley, estima que el acto de todas formas debe ser considerado arbitrario, en razón de lo que analiza a continuación:

Señala que el acto, además de ilegal es arbitrario, esto es, caprichoso, que corresponde a un actuar no justificado en la razón sino en el mero arbitrio de la voluntad del recurrido, abusivo en cuanto a su contenido por los vicios denunciados anteriormente.

Señala, como expresiones de esta arbitrariedad las siguientes situaciones:

a) No se ha respetado la confianza legítima de los ocupantes. Las facultades de la Gobernación Provincial de esta Comuna, en cuanto a las recuperaciones de bienes fiscales deben respetar la confianza legítima de los pobladores a no ser desalojados administrativamente, citando un artículo del actual Contralor General de la República don nombre reservado.

La actitud de las autoridades administrativas, tanto al permitir la ocupación por largo tiempo de los referidos terrenos fiscales sin realizar ninguna acción legal tendiente a su recuperación y, por el contrario, realizar una serie de actuaciones que han conducido a la prolongación de dichas ocupaciones por un tiempo significativo, equivale a una tolerancia que implica la existencia de una situación de hecho que en el Derecho Civil se denomina precario. Esta institución ampliamente reconocida por la jurisprudencia impone al dueño del inmueble la interposición de la acción ante los tribunales de justicia.

Por el contrario, la autoridad administrativa hasta la fecha, incluso habiendo dictado el año 2016, resoluciones de desalojo, ha realizado actuaciones que no pueden si no entenderse como una autorización de permanencia en dichos terrenos.

No se desconoce el deber de proteger los bienes fiscales. No obstante, este deber no puede entenderse que autoriza, sin más, a los órganos del Estado a desconocer el principio de confianza legítima, sustentado en la buena fe de las personas que ocupan esos inmuebles por la falta de un lugar apropiado para vivir de manera digna.

Incluso muchos de los ocupantes de los terrenos fiscales han efectuado costosas inversiones que les han permitido sobrellevar de la mejor forma su permanencia en dicho lugar. Han incurrido en gastos propios de su tenencia por agua potable, luz eléctrica, etc.

Frente a esa expectativa generada, la sola exigencia de restitución administrativa equivale a un acto arbitrario que desconoce, sin ninguna posibilidad de controvertir el acto administrativo, todas las situaciones de hecho toleradas por el mismo Estado.

Este fundamento ataca la oportunidad de la ejecución de la medida transcurridos 2 años desde su emisión y, por el contrario, sustenta la generación de una confianza en los pobladores de que no iban a ser desalojados sino hasta que se implementaran medidas definitivas. Esto llevaría al siguiente punto.

Transcurso del tiempo. La Administración ha suspendido en dos años el efecto de las resoluciones de desalojo.

Hay arbitrariedad, pues la Ley le confiere a la Administración potestades de acción ejecutiva en el entendido que es necesario una acción rápida, urgente, de primera mano por existir una importancia o interés público, y es por eso que es visto como un privilegio, ya que un particular no tendría en este caso la posibilidad de expulsar por sí solo y con auxilio de la fuerza pública a un ocupante irregular de un predio privado. Pero si deja la contraparte pasar el tiempo, congelando la ejecutoriedad de su decisión y tolerando la ocupación e incluso actuando en mesas de trabajo con los recurrentes o recepcionada solicitudes de regularización, entonces no se justifica ya el privilegio y deberá someterse a la normativa común y recurrir a un Tribunal para solicitar la restitución o en su defecto, iniciar un procedimiento administrativo nuevo con todas las garantías correspondientes para proceder al desalojo.

Sobre el punto, un fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia en causa rol N°83.388 de fecha 6 de marzo de 2017 señala en su considerando tercero (lo destacado es de la recurrente) “…Que de lo expuesto aparece que la recurrida ha incurrido en una actuación que, si bien se encuentra formalmente amparada en la ley desde que las normas en que apoya su actuar la Gobernación, efectivamente, permiten exigir la restitución de bienes fiscales que se encuentran ilegalmente ocupados; lo cierto es que resulta, a lo menos, arbitraria, toda vez que la recurrida ha ejercido un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, constituyéndose en comisión especial. En efecto, la legislación contempla los procedimientos correspondientes para que el Serviu Regional obtenga judicialmente el reconocimiento del derecho que invoca como presunto propietario del inmueble ocupado y mientras ellos no sean ejercidos no resulta lícito a la recurrida, amparada en la normativa antes referida, recurrir a vías de hecho para exigir la salida del recurrente de una propiedad en la que reside hace más de siete años, con la aquiescencia del Serviu y las demás entidades públicas y privadas que han reconocido la calidad en que ocupa actualmente el inmueble...”

Cambio en la circunstancias.

Unido al punto anterior de forma íntima, atendido al transcurso del tiempo, estima que es imperativo que la Gobernación Provincial tenga en cuenta todos los nuevos antecedentes y circunstancias que han ocurrido y cambiado entre abril de 2016 y mayo de 2018. Como ya se mencionó se obtuvo Personalidad Jurídica de Junta de Vecinos “CALETA ABTAO ALTO”, Rol Único Tributario Nº65.124.181-2, (personalidad jurídica N°21 del año 2016) el 18 de abril de 2018 (casi de forma coetánea a la emisión de las órdenes por lo que no se tuvo a la vista la personería de Junta de Vecinos), es decir, ya no se trata de una agrupación de personas desorganizadas sino que están unidos formalmente en pos de un objetivo común reconocidos por un organismo público, esto es, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de la Secretaría Municipal y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Se han presentado por los demandantes solicitudes de regularización en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Segunda Región desde septiembre de 2017, varias de ellas incluso pendientes de respuesta o con recursos administrativos en marcha sin resolución. Incluso se han sostenido reuniones para buscar solución con el Ministerio de Bienes Nacionales en la ciudad de Santiago, también, se ha formado una mesa de trabajo intersectorial para buscar soluciones al problema.

Estas peticiones se basan en varias reuniones efectuadas entre el año 2016 y 2018 con sus representados directamente o a través de su Junta de Vecinos con la misma Gobernación Provincial o la Secretaría Regional Ministerial u otras autoridades. Se acreditará por ejemplo, reuniones solicitadas y realizadas por Plataforma de la Ley del Lobby con Gobernación el día 16 de noviembre de 2017 para la presentación de la mesa de trabajo efectuada en Ministerio de Bienes Nacionales entre otros tópicos. De este mismo tema se dio cuenta en reunión sostenida el 13 de octubre de 2017 ante la SEREMI de Bienes Nacionales. Con esta misma Autoridad se mantuvo audiencia el 12 de enero de este año para conocer avances y continuidad de la mesa de trabajo. Incluso los lotes ocupados aparecen en diversos planos de catastro de la misma SEREMI con indicación de los nombres de los ocupantes.

Entonces, advierte que hay una postura de la Autoridad de intentar al menos solucionar el problema, buscar una salida al tema que se trata, con respuestas pendientes en muchos casos. Por esta actitud que ha mantenido para con sus representados y con los habitantes de los terrenos en cuestión, sería arbitrario deshacer de la peor manera todo el avance realizado y los intentos planteados y reconocidos de ambas partes a través de una maniobra ejecutiva. Las condiciones en el transcurso de estos dos años han cambiado, ya no son las mismas por lo que la Autoridad para una debida fundamentación debería considerarlos al momento de tomar una decisión al menos.

Antecedente nuevo posterior a las resoluciones del 2016: la Circular N°19 de 7 de marzo de 2017 de la Subsecretaría de Interior ya mencionada. Ese instrumento da cuenta de un nuevo trato entre la Autoridad y los ocupantes, concediendo una serie de garantías, plazos y obligaciones de tramitación directamente a cumplir por la Gobernación Provincial Antofagasta y que fue dictado precisamente a raíz de la problemática de las tomas y los procedimientos de desalojo. Hay una nueva postura de intenciones manifestada en ese documento que la recurrida no está respetando en este momento.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales amenazadas, perturbadas y/o vulneradas por la autoridad administrativa, serían los siguientes:

Igualdad ante la ley, se encuentra establecido en el Art 19 N°2 de la Carta Fundamental, y asegura a todas las personas:

“…La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”

La igualdad es una de las nociones más importantes del constitucionalismo occidental. Ella no solo sirve de fundamento al régimen democrático de gobierno, sino que también se constituye en una de las bases esenciales del ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución Política de la República, establece una serie de principios que rigen la institucionalidad; dentro de estos principios se encuentra el principio de la igualdad. En ese sentido, y a partir de la frase inicial de la Carta Fundamental en su artículo 1° (“las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”), la doctrina constitucional coincide en que uno de los pilares conceptuales y bases del orden constitucional chileno es el principio de igualdad, que luego se desarrolla en la forma de diversas garantías dentro del texto de nuestra norma máxima.

A juicio de los recurrentes, y para un amplio sector de la doctrina, el principio constitucional de igualdad se corresponde más con criterios valorativos y con la existencia de una razón común y justificación de regular de un mismo modo situaciones jurídicamente equivalentes: los juicios de igualdad parten siempre de una igualdad fáctica parcial.

La realidad de la vida nos dice que las personas son siempre iguales en ciertos aspectos y desiguales en otros.

Pese a su trascendencia constitucional, sin embargo, en la práctica muchas veces el principio de igualdad puede tensionarse ante la pretensión del legislador de establecer criterios de diferenciación respecto de ciertas personas o situaciones. Se ha planteado que el modo de abordar este aparente conflicto por el constitucionalismo contemporáneo se reduce al requerimiento de “razonabilidad”, esto es, la circunstancia de que la desigualdad debe basarse en una justificación objetiva y razonable; debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima y tal justificación debe apreciarse mediante un examen de la razonabilidad y objetividad, conforme a criterios y juicios de valor generalmente aceptados por la sociedad, de la relación de proporcionalidad, que se exige lógica, entre los medios empleados y los fines y efectos perseguidos por la diferenciación normativa de trato.

Expresa que se pueden establecer diferenciaciones favorables a colectivos vulnerables (minorías, entidades protegidas, entre otras) o a otras situaciones, en la medida que efectivamente contribuyan a superar las barreras de entrada que su situación les impone, pero no que se traduzcan en un injustificado desmedro para los no favorecidos con la medida.

El principio de igualdad exige conferir un estatuto jurídico que se traduzca en una igualdad de trato de las personas en el derecho y ante el derecho. El principio de igualdad exige tratar a las personas como iguales, esto es, con igual consideración y respeto. La igualdad implica el reconocimiento de la misma dignidad y derechos a todos los seres humanos, la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, todo lo cual exige que exista una coherencia interna del ordenamiento jurídico, que respete así este principio.

En consecuencia, se infiere que el principio de la igualdad contiene la dimensión y cualidad de eliminar todo tipo de discriminación arbitraria. Es decir, borrar todo tipo de distinciones que se hagan y sean carentes de razón o sean caprichosas.

En este caso, estima que existe una discriminación puesto que la Autoridad ha notificado a sus representados de su orden material de desalojo, pero no ha notificado a todos los otros ocupantes de hecho. Es decir, está haciendo cumplir la orden de desalojo respecto de algunas personas, pero no de todos, realizando diferencias arbitrarias entre situaciones que se encuentran en una misma posición.

Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (derecho al juez natural).

La garantía contemplada en el art. 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la Republica señala que:

“…Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho…”.

Este derecho se infringe por parte de la Gobernadora Provincial al arrogarse una facultad que no tiene, cual es la de juzgar y hacer ejecutar lo resuelto.

En el caso sublite la autoridad administrativa pretende constituirse en juez y parte, vulnerando no sólo lo establecido en el art. 19 N°3, sino también lo contemplado en el art. 76 de la Constitución.

Así, la decisión de resolver la disputa planteada sin interponer las acciones legales (posesorias, precario u otras que estime conveniente) que el propio DL N°1939 señala (sin escuchar siquiera la opinión o intervención del Consejo de Defensa del Estado), implica una adjudicación para sí de facultades jurisdiccionales de las que carece, pretendiendo hacer justicia por propia mano, reiterando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Arica en marzo de 2017 (Rol 118-2017), confirmado por la Corte Suprema en octubre del mismo año (Rol 10.230-2017).

Por su parte, el también ya citado fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia en causa rol 83.388 de fecha 6 de marzo de 2017, en su considerando cuarto, indicó:

“…Que de lo señalado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida en estos autos incurrió en un acto ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, pues nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, desde que asumió, en la práctica, la función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los tribunales de justicia; lo que se reafirma especialmente en este caso, atendida la complejidad de los hechos denunciados, que no dan cuenta de una simple ocupación de un terreno, sino de la existencia de antecedentes claros de reconocimiento de un status quo propiciado incluso por el Serviu Regional y que ha vinculado a las partes contractualmente…”

Derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida familiar y privada y derecho a la inviolabilidad del hogar. Los derechos establecidos en el art. 19 N°4 y 5 de la Constitución, aseguran, en primer lugar: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”; y el segundo, a su vez garantiza: “La inviolabilidad del hogar y de toda forma comunicación privada. El hogar solo puede allanarse, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.

Estos derechos constituyen la base de una garantía fundamental como lo es la intimidad, en sus diversas manifestaciones.

La resolución cuestionada al autorizar el auxilio de la fuerza pública pone a los pobladores en peligro de verse afectados en sus derechos a la vida familiar y privada, toda vez que si no prestan su acuerdo a la ejecución de la medida sus casas, serán objeto de la intrusión forzosa de Carabineros de Chile y otros agentes del Estado. Lo anterior supondrá una amenaza, perturbación o vulneración de toda la vida familiar y privada, pues se afectarán las condiciones de vida de las personas que integran cada grupo familiar, especialmente niños y ancianos, en relación con los cuales el Estado tiene un especial deber de garantizar sus derechos.

Por otra parte, el desalojo forzoso supondrá el ingreso de agentes del Estado a los hogares de los pobladores afectados por la resolución de desalojo. A su juicio, no existe ninguna norma legal que habilite a la autoridad provincial para decretar el ingreso a los hogares cuyos moradores estén incluidos en la nómina de la Gobernación.

La norma que habilitaría para exigir la restitución administrativa, no puede interpretarse extensivamente, por tratarse de una norma de garantía de derechos fundamentales, hasta el punto de hacerla decir que permite el allanamiento de una morada. Por el contrario, la exigencia de restitución debe interpretarse restrictivamente, sin que pueda leerse más de lo que expresamente establece. En consecuencia, la norma legal (art. 4 de la Ley N°19.175 o artículo 26 letra f de la Ley de Servicio de Gobierno Interior) no señala la forma ni los casos requeridos por la norma constitucional.

Por lo expuesto solicita que acogiendo la acción de protección, declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de las resoluciones 576, 577 y 578 de 21 de abril de 2016 de la Gobernación Provincial Antofagasta; que la ejecución material de dichas resoluciones acaecida el 25 de mayo de 2016, es también ilegal y arbitraria; que las resoluciones y actuaciones materiales atacadas afectan y vulneran o amenazan todas o algunas a lo menos de las garantías constitucionales alegadas en el presente recurso, sin perjuicio, de cualquier otra medida que se pueda disponer para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a las garantías constitucionales afectadas, con expresa condenación en costas.

Allegó a la causa los siguientes documentos: 1) copia de resoluciones exentas N°s 576, 577 y 578 de 21 de abril de 2016, emitidas por la Gobernación Provincial de Antofagasta; 2) copia de 24 formularios de solicitudes presentadas por los recurrentes ante la SEREMI de Bienes nacionales; 3) copia de noticia extraída de la página web de la Gobernación Provincial de Antofagasta el 26 de mayo de 2018, que hace referencia al desalojo de marras; 4) copia de noticia extraída de la página web www.soychile.cl, de 29 de mayo de 2018, que se refiere al desalojo de autos.

TERCERO: Que informando la Gobernación Provincial de Antofagasta expuso que de acuerdo a lo solicitado por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, se le requirió la restitución administrativa de diversos lotes fiscales ubicado en el Balneario de Juan López por estar ocupados de manera irregular.

Fue así como en primer lugar se pidió el desalojo del sitio fiscal de veinte lotes de la manzana 36-A, en que existen ocupaciones irregulares, loteos de diversas dimensiones y construcciones de material ligero que constituyen más bien viviendas de veraneo que de necesidad habitacional y que en total ocupan 4.291,50 metros cuadrados.

Por otro lado, existe una serie de grupos ubicados al sur poniente de la localidad, en los que se accede pasando una barrera de alambre de acero cerrada con candado, verificándose que se ha realizado un loteo de diversos tamaños, con poca regularidad de ordenamiento, de difícil acceso y ubicadas fuera del plano. De igual manera, se trata de construcciones que son más bien viviendas de veraneo y que ocupan un total de 13.090 metros cuadrados.

Por último, están los lotes 10, 11, 12, 13 y 14, de la manzana 36-C, respecto a las que se arribó a las mismas conclusiones.

Conforme a lo anterior dicha parte procedió a dictar las resoluciones exentas número 470, de fecha 11 de abril, y 576 y 578, ambas de fecha 21 de abril, y 1112 de 21 de junio de 2016, resolviendo requerir el desalojo administrativo a todos los ocupantes de sitios fiscales en conjunto con todos aquellos que indebidamente detenten o usufructúen los inmuebles en referencia.

En las respectivas resoluciones se indica que las restituciones debían ser efectuadas de manera inmediata, una vez efectuadas las notificaciones respectivas de parte de Carabineros de Chile.

A continuación se expone que los actos desplegados carecen de ilegalidad o arbitrariedad, desde que emanan de las facultades que le han sido otorgadas en el Decreto con Fuerza de Ley número 22 del año 1959 en sus artículo 26, letras e) y f), 33 y 34.

Asimismo debe tenerse presente lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en su artículo 4°, letra h), el que le confiere como atribución la vigilancia de los bienes del Estado, en particular de los nacionales de uso público, siendo su deber velar, entre otros, por su ocupación ilegal o empleo ilegítimo, pudiendo exigir administrativamente su restitución cuando proceda. Por su parte, la letra d) de la misma disposición faculta al Gobernador para requerir el auxilio de la fuerza pública de conformidad a la ley.

Añade que la recurrente ha participado anteriormente en otros recursos de protección seguidos -en conjunto con otros recurrentes- ante esta Iltma. Corte de Apelaciones bajo los roles 1437-2016 y 1165-2016, ya fallados en primera instancia, en el que se informó que los datos personales entregados eran inexactos y distintos a los que entregaron otras instituciones públicas, pues más de alguno de los ocupantes irregulares ya son propietarios o titulares de un subsidio habitacional, beneficiarios de ayuda para la vivienda e incluso tienen domicilios distintos al que invocan en su presentación, en algunos casos fuera de la provincia o región de Antofagasta.

Destaca que entre aquellos recursos y los de marras nuevamente accionan nombre reservado, Clemente nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, haciendo además presente la situación de nombre reservado, y reportando aquellos recurrentes que tienen un domicilio electoral fuera de la comuna de Antofagasta.

La recurrida acompaña a su informe, los siguientes documentos: 1) fotocopia simple de oficio Ord. SE02-001247/2016, de fecha 6 de abril del año 2016, mediante el cual se solicita desalojo administrativo de las propiedades fiscales en referencia, veinte lotes de la manzana 36-A, sector balneario Juan López, comuna de Antofagasta; 2) certificado sin número, de fecha 06 de abril de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de esta región, por el cual se certifica que el inmueble a desalojar es de propiedad fiscal; 3) minuta interna N°163, de fecha 6 de abril de 2016, encargada Unidad de Bienes Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, que entrega antecedentes para la gestión de desalojo de inmueble fiscal; 4) Fotocopia simple de resolución exenta N°470, de fecha 11 de abril de 2016, de la Gobernación Provincial de Antofagasta, mediante el cual se dispone el desalojo administrativo de la propiedad fiscal ocupada irregularmente por personas de difícil individualización, y de quienes se ignoraban mayores antecedentes de identificación; 5) fotocopia simple de oficio ORD SE02-001313/2016 de fecha 14 de abril de 2016, de Secretario Regional Ministerial de Bienes nacionales, región de Antofagasta, mediante el cual se solicita el desalojo administrativo de las propiedades fiscales en referencia, ubicadas al sur poniente, colindantes al plano individualizado N°II-2-5.125-CR, sector Balneario Juan López; 6) certificado sin número, ni fecha, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de esta región, por el cual se certifica que el inmueble a desalojar es de propiedad fiscal; 7) minuta interna N°186, sin fecha, Encargada Unidad de Bienes Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, que entrega antecedentes para la gestión de desalojo de inmueble fiscal; 8) Fotocopia simple de resolución exenta N°576, de fecha 21 de abril de 2016, de la Gobernación Provincial de Antofagasta, mediante el cual se dispone el desalojo administrativo de la propiedad fiscal ocupada irregularmente por don nombre reservado y otras personas naturales; 9) fotocopia simple de oficio ORD SE02-001315/2016 de fecha 14 de abril de 2016, de Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, mediante el cual se solicita el desalojo administrativo de las propiedades fiscales en referencia, lotes 10, 11, 12, 13 y 14 de la manzana 36-C, sector Balneario Juan López; 10) certificado sin número, ni fecha, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de esta región, por el cual se certifica que el inmueble a desalojar es de propiedad fiscal; 11) minuta interna N°185, sin fecha, Encargada Unidad de Bienes Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, que entrega antecedentes para la gestión de desalojo de inmueble fiscal; 12) Fotocopia simple de resolución exenta N°578, de fecha 21 de abril de 2016, de la Gobernación Provincial de Antofagasta, mediante el cual se dispone el desalojo administrativo de la propiedad fiscal ocupada irregularmente por personas de difícil individualización y de quienes se ignoraban mayores antecedentes de identificación; 13) fotocopia simple de oficio ORD SE02-001314/2016 de fecha 14 de abril de 2016, de Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, mediante el cual se solicita el desalojo administrativo de las propiedades fiscales ubicadas en el plano N°II-2-5052-CR, sector Balneario Juan López, comuna de Antofagasta; 14) certificado sin número, ni fecha, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de esta región, por el cual se certifica que el inmueble a desalojar es de propiedad fiscal; 15) minuta interna N°187, sin fecha, fiscalizador, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, que entrega antecedentes para la gestión de desalojo de inmueble fiscal; 16) Fotocopia simple de resolución exenta N°577, de fecha 21 de abril de 2016, de la Gobernación Provincial de Antofagasta, mediante el cual se dispone el desalojo administrativo de la propiedad fiscal ocupada irregularmente por personas de difícil individualización y de quienes se ignoraban mayores antecedentes de identificación; 17) fotocopia simple de oficio ORD SE02-002406/2016 de fecha 30 de junio de 2016, de Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, mediante el cual se solicita el desalojo administrativo de las propiedades fiscales ubicadas atrás de las manzanas 38 y 39, sector Balneario Juan López, comuna de Antofagasta; 18) certificado N°0030, de fecha 01 de julio de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de esta región, por el cual se certifica que el inmueble a desalojar es de propiedad fiscal; 19) minuta interna N°314, sin fecha, fiscalizador, área fiscalización unidad de bienes de Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, que entrega antecedentes para la gestión de desalojo de inmueble fiscal; 20) Fotocopia simple de resolución exenta N°1112, de fecha 22 de julio de 2016, de la Gobernación Provincial de Antofagasta, mediante el cual se dispone el desalojo administrativo de la propiedad fiscal ocupada irregularmente por personas de difícil individualización y de quienes se ignoraban mayores antecedentes de identificación; 21) fotocopia simple de caratula de recurso protección causa ROL:1165-2016, relacionado con resoluciones exentas N°s 470, 576 y 578; 22) fotocopia simple de caratula de recurso protección causa ROL:1437-2016, relacionado con resolución exenta N°576.

CUARTO: Que informando el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, expuso que recibió una carta de parte de la Junta de Vecinos del Balneario Juan López, en la que se manifestaba la preocupación de la comunidad por la toma de terrenos en el sector, de parte de personas que no viven permanentemente en el lugar, lo que generaba molestias a los residentes por cuanto se ocupaba maquinaria pesada y se cerraban los accesos vehiculares.

Señala que en uso de las facultades que otorga el D.F.L. 1939 de 1977 sobre bienes del Estado o fiscales, concurrió al Balneario constatando una serie de irregularidades consistentes en la ocupación ilegal ya descrita en el motivo precedente.

Por lo anterior, verificándose que ninguna de las ocupaciones cuenta con autorización por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, se proceden a remitir cuatro oficios a la Gobernación Provincial a efectos de hacer efectivo el desalojo de los inmuebles.

En virtud de lo anterior, entiende que su actuación se ha ajustado plenamente a derecho, descartando la vulneración de derecho alguno, toda vez que los inmuebles en cuestión han sido ocupados de manera ilegal y son de propiedad del Fisco de Chile, empleándose el procedimiento correspondiente para obtener la restitución administrativa de los inmuebles fiscales.

Adjunta a su informe los siguientes documentos: 1) minuta interna área de fiscalización N°305, de fecha 20 de junio de 2017; 2) copias de oficios ordinarios SE02-001313; 00131400, 001247, 001417, 001315; 3) copias denuncias junta de vecinos el Huáscar, de fecha 14 de marzo y 31 de mayo de 2016; 4) informe de investigación especial N°956/2018; 5) copia de resolución exenta N°2522 de fecha 21 de octubre de 2015, que aprueba el manual de procedimiento relativo a la forma de proceder frente a ocupaciones ilegales en inmuebles fiscales, en general y en el borde costero en particular.

EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

QUINTO: Que la recurrida al evacuar el informe y en la vista del recurso, sostuvo que las razones alegadas por los recurrentes para alzarse, algunos de los cuales vuelven a accionar en la presente litis, ya fueron falladas por esta Corte en causa sobre protección, Rol 1437-2016, de fecha 13 de junio de 2016, resolviéndose que la resolución impugnada no era arbitraria ni ilegal.

El aserto planteado por la recurrida es efectivo, sin embargo, dicho recurso de protección, que fue rechazado, dice relación únicamente con la resolución exenta N°576 de fecha 21 de abril de 2016, y sin perjuicio, que nuevamente sea impugnada, además de las restantes dictadas por la autoridad a propósito de estos sucesos, y al margen de la duplicidad de ciertos recurrentes, no sólo con aquel arbitrio, sino incluso con los que se ventilan en esta Litis, las garantías supuestamente vulneradas según los arbitrios de marras son diversas, y se refieren no sólo a la resolución exenta antes mencionada sino que también a las restantes que igualmente han sido impugnadas además de su eventual ejecución.

SEXTO: Que corolario de lo anterior, el fundamento del recurso en lo que atinge a la misma resolución exenta impugnada (N°576), vincula además a otros recurrentes y se basa en la eventual vulneración de otras garantías constitucionales, por consiguiente, aunque haya habido pronunciamiento del tribunal de alzada respecto de uno de los acápites discutidos, es menester proceder al análisis de fondo.

EN CUANTO AL FONDO:

SÉPTIMO: Que como ha sostenido la Excma. Corte Suprema de Justicia, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar establecida para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales –contrario al ordenamiento jurídico vigente- o arbitrarias –producto del mero capricho, sin razón ni justificación de quien incurre en él- alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, lo que constituye un requisito esencial de la acción en análisis para que prospere el acogimiento de la misma.

Asimismo, este procedimiento cautelar fue afincado para que a través de las medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida o amague o moleste el ejercicio de un legítimo o indubitado derecho se restablezca la juridicidad quebrantada, asegurando el oportuno amparo del o los afectados.

OCTAVO: Que precisado el ámbito de aplicación de esta acción constitucional, debe el tribunal que conoce del mismo verificar i) si la acción u omisión en contra de la cual se acciona, es de aquellas que la doctrina y jurisprudencia estima como recurrible; ii) identificar si un derecho constitucional amparado por el recurso de protección está afectado en su legítimo ejercicio, estableciendo en su caso si la afectación es en grado de privación, perturbación o amenaza; iii) establecer si la afectación se origina en un acto u omisión ilegal o arbitraria, en términos tales de señalar las medidas que se deberían adoptar a favor del afectado.

Desde ya, en lo que atinge al punto i), antes aludido, y siguiendo la tesis restrictiva sustentada por la Excma. Corte Suprema, en general este arbitrio no procede en contra de actos políticos, por estimarse no justiciables por esta vía, tampoco en contra de resoluciones judiciales, salvo que haya afectado a terceros que no han sido parte en el proceso, lo que no ha acontecido en la especie, perspectiva desde la cual no ha sido un tópico controvertido.

NOVENO: Que despejado lo anterior, y en relación a los restantes tópicos, en síntesis tal como se indicó y fluye de la parte expositiva, concretamente se reprocha a la recurrida que, al haber dictado las resoluciones exentas impugnadas se arrogó la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo resuelto, de las que carece, convirtiéndose en juez y parte (19 N°3 inciso quinto); la dictación de tales resoluciones por la autoridad afectaría el derecho de sus representados a no ser discriminados (19 N°2), ya que incidirían sólo en un grupo de pobladores del sector del Balneario Juan López y no de otros, diferencia arbitraria que estima no se encuentra justificada; además las aludidas resoluciones afectarían el derecho a la intimidad de los recurrentes en sus diversas manifestaciones (19 N°4 y N°5), ya que al autorizar el auxilio de la fuerza pública pone a los pobladores en peligro de verse afectados en sus derechos a la vida familiar y privada, agregando que el desalojo forzoso supondrá el ingreso de agentes del Estado a sus hogares, sin existir norma legal que habilite a la autoridad provincial para decretar el ingreso a los hogares de los moradores incluidos en la nómina de la Gobernación. Cabe hacer la salvedad, que además uno de los arbitrios (interpuesto por el abogado Eladio Cuadra) se alza no sólo en contra de las citadas resoluciones exentas –en su caso sólo las número 576, 577 y 578- sino además en contra de su ejecución material.

DÉCIMO: Que en primer lugar, corresponde analizar la legitimidad del derecho de los recurrentes para ocupar determinados terrenos fiscales en el sector del Balneario Juan López, respecto de los cuales inciden las resoluciones exentas reclamadas, a fin de obtener su restitución.

En estricto rigor no ha sido controvertido en esta litis: 1) que dichos terrenos, se trata de bienes fiscales, de conformidad a lo prescrito en el artículo 589 del Código Civil, por lo que no cabe explayarse mayormente sobre dicho tópico, y su distinción con los bienes nacionales de uso público, por ende, lo discutido es si respecto de los primeros procede la restitución administrativa, no cuestionada en relación a estos últimos, aduciendo los actores, que se deberían haber remitido los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, y que en todo caso su restitución sólo sería procedente por la vía judicial; 2) que es un factum admitido por los actores al relatar los hechos que sirven de fundamento a la acción constitucional, que ellos se encuentran ocupando los terrenos en los que inciden las respectivas resoluciones impugnadas; 3) que ninguno de ellos es propietario de tales terrenos; 4) que ninguno de ellos se encuentra autorizado de modo alguno por la autoridad para detentar tal ocupación fiscal; y, 5) que de acuerdo a lo reconocido en los mismo libelos, que la ocupación masiva de tales terrenos se verificó el año 2016.

Si bien, en tales presentaciones se aduce a personas que estarían detentando terrenos desde hacía muchos años, se trata de meras afirmaciones, no acreditadas, y en todo caso aunque fuere así lo que no consta de modo alguno, tampoco cuentan con autorización que justifique su detentación, lo que es bastante extraño a propósito del argumento de la discriminación, ya que si llevan tanto tiempo allí, al menos resultaba esperable formaran parte de la junta de vecinos legalmente constituida en el lugar, y que formuló la denuncia de estas ocupaciones, lo que no hace sino abonar la conclusión de que se trata de meras afirmaciones.

Pues las ocupaciones tuvieron lugar notoriamente durante el año 2016, y así se reconoce en uno de los arbitrios, lo cual tiene asidero al ser vinculado al informe del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, ya que su intervención fue consecuencia de denuncias de ocupación ilegal efectuadas por miembros de la junta de vecinos legalmente constituida del Balneario Juan López de fecha 14 de marzo y 31 de mayo de 2016, lo que motivó una fiscalización en terreno, que les permitió comprobar la efectividad de los sucesos denunciados, allegándose a la causa un informe en terreno, por lo que amparado en su obligación legal de resguardar los terrenos fiscales y nacionales de uso público, y pudiendo ser objeto de acciones administrativas –como ocurrió en este caso- o judiciales para su recuperación en caso de encontrarse ilegalmente ocupados, lo que trasunta un factum no controvertido en esta litis, como ya se dijo, la autoridad en comento procedió a evacuar los oficios ordinarios SE02 001247, 001313, 001314, 001315 y 001417, todos del año 2016, al Gobierno Provincial, también incorporados, materializando el ejercicio de sus facultades en la dictación de las resoluciones que han sido impugnadas.

UNDÉCIMO: Que como se ha visto, los recurrentes pese a lo extenso de sus respectivos libelos, no han desarrollado argumentación, ni tampoco han incorporado antecedente alguno en el sentido de sustentar la existencia de un derecho que legitime su ocupación, es decir, se trata de una mera toma, por algo y, tal como indicó el Consejo de Defensa del Estado en la vista de la causa, no se alegó como afectado el derecho de propiedad, por lo que desde ya cabe tener presente que falta un presupuesto esencial para que prospere el recurso.

Luego, se ha pretendido justificar tal legitimidad prácticamente ex post en el tiempo transcurrido en que la autoridad no ha concretado lo resuelto, lo que habría generado en tales ocupantes ciertas expectativas de tolerancia y, por ende, de permanencia en su obrar, mutando desde su perspectiva las circunstancias existentes a la fecha de dictarse tales resoluciones, a lo que colacionan mesas de trabajo, la presentación de solicitudes de regularización de tales terrenos, que se encontrarían pendientes, incluso la intervención en reuniones con altas autoridades a nivel nacional, regional y comunal, afirmándose incluso en uno de los libelos que, con posterioridad a la notificación de restitución, alguno de los recurrentes habrían continuado realizando mejoras en sus viviendas en los terrenos ilegalmente ocupados.

En todos los casos, se trata de instancias generadas por los mismos recurrentes, y sin perjuicio, de ser escuchados, no ha cambiado en ningún aspecto la resolución adoptada por la autoridad regional, y tampoco el presupuesto de su ocupación, es más, también ha contribuido a la demora en la ejecución de tales resoluciones, al igual que la vía jurisdiccional al suspender a través de una orden de no innovar el cumplimiento de la resolución mientras no se resuelva el presente arbitrio, por consiguiente, al reportar los antecedentes de hecho que sirven de fundamento a la acción, es necesario ser exhaustivos al tiempo de pretender justificar el presupuesto de la ocupación ilegal del terreno, y por cierto, a partir de ello la afectación de una determinada garantía Constitucional, si el mismo presunto afectado ha realizado gestiones que han contribuido a dilatar su materialización, como ha ocurrido en la especie, por lo tanto, el factor tiempo como fundamento de la arbitrariedad del acto, de acuerdo a los hechos expuestos, además de contradictorio es feble, resultando impresentable que se invoque además como argumento, que pese a la dictación de tales resoluciones, depositarias de la voluntad categórica de la autoridad, en orden a recuperar administrativamente los terrenos fiscales, las que fueron debidamente notificadas, algunos de los ocupantes en conocimiento de ello, en una actitud contumaz alejada de la más básica concordia cívica, hayan continuado realizando labores de construcción, desatendiendo el tenor de tal decisión, al margen que no la compartan, lo que se condice con el típico proceder en estas ocupaciones ilegales, lo que aconteció en el sector del Balneario Juan López, tanto así que fue denunciado por algunos miembros de la junta de vecinos.

DUODÉCIMO: Que en relación a este aspecto, no huelga tener presente a propósito de lo alegado por los recurrentes, según adujo también el Consejo de Defensa del Estado, la existencia de un informe de investigación especial que dice relación con eventuales irregularidades administrativas asociadas a la presunta demora en el proceso de desalojo de ocupaciones irregulares de terrenos fiscales en el Balneario Juan López. Si bien, la entidad investigadora advierte bastantes ripios, dispone su corrección, ya sea en lo atingente a la actualización del catastro de predios fiscales, exige al municipio la elaboración de un procedimiento de fiscalización de construcción en los casos en que no se cuenta con permiso de edificación, se le cuestiona además la constitución irregular de la Junta de Vecinos Caleta Abtao Alto, a la Seremi respectiva la actualización del catastro de ocupaciones irregulares de terreno, la falta de gestión de la Gobernación para la materialización de los desalojos, lo que guarda relación con el tiempo transcurrido, a lo que ya se ha referido este tribunal, así como el reproche a la falta de fiscalización a las construcciones levantadas en el referido Balneario.

Así, la referida investigación, en estricto rigor, cuestiona diversos aspectos que también han demorado la actividad de la autoridad en resguardo del patrimonio fiscal, a lo que debe colacionarse las instancias de conversación ya señaladas, lo que en caso alguno legítima el factum en el que se encuentran los recurrentes, tampoco la Junta de Vecinos Caleta Abtao, carente de toda legitimidad por su irregular forma de constitución, por consiguiente, no torna ilegal ni arbitraria la decisión adoptada por la autoridad.

DECIMOTERCERO: Que de acuerdo a lo indicado, las argumentaciones dadas por los recurrentes tienen por objeto no ser desalojados, sin embargo, no dan razones de por qué sería ilegal o arbitrario el desalojo, lo que necesariamente se debe vincular a la irregularidad de su ocupación, y por lo tanto, carecen de un legítimo derecho que les permita sustentar su arbitrio, lo que desde ya es suficiente para desestimarlo. Abona esta conclusión, la dificultad para determinar entonces el grado en que supuestamente se han conculcado los derechos fundamentales incoados, tópico respecto del cual las acciones en análisis resultan ambiguas, lo que es lógico, porque no hay amenaza, perturbación ni menos privación del ejercicio legítimo de derecho alguno.

La debilidad de su pretensión, evidentemente también dificulta estructurar el contenido de los derechos supuestamente conculcados (19 N°3 inciso quinto, N°2 y N°s 4 y 5), los que desde la perspectiva tríadica, sujetan a la autoridad fundamentalmente al cumplimiento de una obligación de no hacer, es decir, no ser juzgado por comisiones especiales, no efectuar diferencias arbitrarias, no perturbar la privacidad y la honra de la persona y su familia, respetando las normas legales que regulen cada uno de estos aspectos, y, por ende, sostiene la recurrente que precisamente la autoridad por un acto arbitrario e ilegal le está impidiendo la posibilidad de seguir detentando los terrenos fiscales cuya restitución se ha solicitado.

En primer lugar, respecto de la legalidad, las resoluciones exentas impugnadas, se fundan en las facultades contenidas en el D.F.L., N°22 de 1959, artículo 26 letra e) y f) y artículos 33 y 34; Decreto Ley N°3.457 de 1980; Ley N°19.175 de 1992 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 4° letra h.

De acuerdo a la normativa de la referencia, el artículo 26 D.F.L. N°22, se refiere a las atribuciones del Gobernador: letra e) Ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones, o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común; letra f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o pertenecientes a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional e uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley. Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Tierras y Colonización. En el intertanto se abstendrá de actuar.

Norma que faculta plenamente a la autoridad en comento para obtener administrativamente la restitución de los bienes fiscales irregularmente ocupados, y no habiéndose alegado por los ocupantes (recurrentes) título alguno vinculado a su ocupación, no resulta procedente remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, máxime que hasta la fecha de interposición y tramitación de los presentes arbitrios, tampoco se ha allegado a la causa alguna justificación en tal sentido.

En fundamento de tal resolución también se invoca el artículo 4° de la Ley N°19.175, que establece “El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo, informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y además las siguientes que esta ley le confiere directamente:

h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respecto al uso que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

La aludida norma en armonía con la anteriormente mencionada e invocada por la autoridad en las resoluciones exentas impugnadas, también se refiere a las atribuciones del gobernador, dentro de los cuales está la vigilancia de los bienes del Estado, tanto fiscales como nacionales de uso público, sin distinción, por lo tanto, la afirmación de los actores en orden a que se refiere sólo a los bienes nacionales de uso público fluye únicamente de su propia apreciación, que se aleja sobre manera de la regla básica de hermenéutica cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, lo que se condice con el telos de las normas en análisis, ya que procuran el resguardo de tales bienes y su rápida restitución administrativa, no sólo relativo a los bienes nacionales de uso público -respecto de los cuales los recurrentes no plantearon controversia- en caso de irregulares ocupaciones como acontece en esta litis, y no mediante el ejercicio de acciones judiciales, lo que podría tener lugar frente a supuestos diversos, como podría ser un título aparente de ocupación, lo que tampoco acontece en la especie, siendo una constante dentro de las atribuciones de esta autoridad letra d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley, lo que es comprensivo de las acciones desplegadas para obtener la restitución de los bienes en caso de ocupación ilegal. El artículo 19 del D.L.N°1939 de 1977, invocado por los recurrentes, no constituye una excepción a la normativa indicada, en la medida que se refiere a la dirección (Dirección de Tierras y Bienes Nacionales), sin perjuicio, de las facultades que le competen a los intendentes regionales y gobernadores provinciales, de otra parte, frente a quien se ha reputado ocupante ilegal, se señala que se podrán ejercer las acciones posesorias…, por ende, es una facultad de la autoridad y en armonía con la normativa que rige en la materia, frente a algún título aparente resulta razonable proceder de dicha forma, en la medida que a menos aparezca que existe una cuestión de fondo que discutir, por el contrario, procede la vía administrativa, y como ya se dijo, en la especie los recurrentes carecen de título, no hay tolerancia respecto de su ocupación, tampoco mera tenencia, incluso, sostener esto último nuevamente debilita la pretensión de los recurrentes ya que no cuentan con título alguno que les permita enervar la acción de la autoridad.

En cuanto a la eventual arbitrariedad del acto, cabe recordar que precede a la dictación de las resoluciones exentas impugnadas, como ya se dijo, unas denuncias, y una exhaustiva investigación en terreno que permitió su corroboración, todo lo cual consta en los documentos allegados a la causa, que además contienen imágenes de las tomas, y de los respectivos lotes y manzanas, lo que derivó en los oficios remitidos por el Seremi de Bienes Nacionales a la Gobernadora Provincial, es decir, hay un procedimiento fundado y racional, como se desprende del texto de las resoluciones impugnadas que motivaron su dictación, además cobra relevancia que la ocupación se ha desplegado en terreno en lotes de diversas dimensiones, es decir, sin orden alguno, en sectores no urbanizados, carentes de instrumento de planificación territorial, incluso afectando la normativa medio ambiental, dado que se trata de un sector costero.

DECIMOCUARTO: Que en relación a la estructuración del contenido de los restantes derechos invocados como conculcados por la resolución de la autoridad provincial, en los mismos actos impugnados se reporta que tales terrenos se encuentran ocupados por personas de difícil individualización, y de quienes se ignoran mayores antecedentes de identificación, y en los mismos arbitrios se ha indicado cómo estas personas fueron notificadas por escrito, tomando conocimiento de la resolución, lo que les permitió accionar. La recurrida señala al informar y según se aprecia en las imágenes allegadas a la causa, que las construcciones son de material ligero, e impresionan a viviendas de veraneo, por lo demás según adujo, muchos de los ocupantes registran domicilio electoral en otra ciudad, lo que es contradictorio con el ánimo de permanecer y residir en ese lugar, y aunque aquello pudiera ser excepcional, algunos también registran actividades económicas que no se condicen con las argumentaciones vertidas en los libelos, de que se trata de gente que vive en el lugar, que desarrolla allí su actividad, que es primera vivienda, incluso carentes de ésta, esto es, una mise en scene, que de ser desalojados, prácticamente quedarán en la calle, lo que no es así, y en todo caso debe ser acreditado, y ello no ocurrió, no superándose la exigencia de la legitimidad para accionar.

La circunstancia de que con anterioridad o en el intertanto, el Seremi de Bienes Nacionales haya autorizado a determinados particulares a ocupar terrenos en dicha localidad, no deviene la medida en arbitraria, ya que respecto de todos los recurrentes el fundamento es el mismo, diferente es si el procedimiento para otorgar las aludidas autorizaciones se ajusta a la normativa vigente, y en ese contexto, fueron objetados por la Contraloría General de la República, ya que una de las grandes finalidades de obtener la restitución de estos terrenos ilegalmente ocupados, dice relación con la planificación urbana, con estándares medio ambientales, a lo menos esperables en un Balneario como Juan López.

DECIMOQUINTO: Que así las cosas, de acuerdo a lo analizado y, tal como ya lo ha resuelto esta Corte, en los recursos tenidos a la vista, a los que aludió la recurrida al evacuar el informe, tópico al que además se refirió este Tribunal en el acápite de admisibilidad, aparece que la recurrida se encuentra legalmente facultada para dictar las resoluciones reclamadas, lo que lleva igualmente a concluir que la Gobernación no se ha excedido en sus atribuciones, dada la situación en la que los recurrentes se encuentran ocupando los terrenos fiscales, a lo que se refirió latamente este tribunal, motivando a solicitud del Seremi de Bienes Nacionales la intervención de la autoridad administrativa cuyas resoluciones han sido recurridas.

Corolario de ello, está dentro de las facultades de la recurrida la dictación de tales resoluciones exentas y la ejecución material de lo resuelto, para lo cual puede hacer uso del auxilio de la fuerza pública, siendo evidente que en los hechos alguna garantía puede verse afectada, pero en virtud, de un acto legal, es decir, amparado por el derecho, por algo siempre se da a los ocupantes la posibilidad de desalojar en un determinado lapso, en contexto voluntario y resguardado, pero destinado a cumplir con el acto.

DECIMOSEXTO: Que en consecuencia, no resultando afincada la existencia de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiera amenazar, amagar o perturbar alguno de los derechos susceptibles de ser amparados constitucionalmente mediante este arbitrio, y particularmente aquellos incoados por los recurrentes, deben desestimarse los recursos deducidos.

Por estas consideraciones y, en virtud, de lo que disponen los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de la Acción Cautelar de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- En cuanto a la admisibilidad del recurso:

Se desestima la alegación de inadmisibilidad del recurso, planteada por la recurrida en la vista de la causa.

II.- En cuanto al fondo:

Se rechazan sin costas, los recursos de protección deducido por los abogados Jacqueline Santander Miranda y Eladio Cuadra Vaca, en contra de La Gobernación Provincial de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente archívense los autos.

ROL: 1391-2018 (PROT)

Redacción de la Ministro Suplente Ingrid Castillo Fuenzalida.

Se deja constancia que debió recurrirse a la facultad que otorga el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por las Ministros Titulares Sra. Virginia Soublette nombre reservado, Sra. nombre reservado y la Ministro Suplente Sra. Ingrid Castillo Fuenzalida. Se deja constancia que la Sra. nombre reservado no firma el presente recurso pese haber concurrido a la vista, estudio y acuerdo, por haber cesado su suplencia. Autoriza el secretario subrogante don Cristian Pérez Ibacache.

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