TECNOCYS CORPORATION SPA con DIRECCIÓN REGIONAL DEL SII DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Gerardo Cristian Coppelli Ortiz, Abogado, en representación de la sociedad Tecnocys Corporation SpA, del giro de montaje y prestación de servicios para el sector minero, R.U.T. RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Antofagasta, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el actuar arbitrario del Servicio recurrido el que mediante Oficio Ordinario N°03-2025 no se pronuncia respecto de la solicitud de emitir un certificado para ser presentado a los clientes, acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos consagrados en el artículo 19 N°20, 21 y 22 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene al Servicio de Impuestos Internos cesar en su actuar.

Informa la recurrida instando por el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala que su representada es una Sociedad que desarrolla distintas actividades económicas en la comuna de Calama con inicio de actividades ante el Servicio de octubre de 2018.

Que con fecha 03 de enero del año 2023, recibe Notificación N°08, de la Subdirección Jurídica del Departamento de Delitos Tributarios, por la que le solicitan antecedentes contables y financieros respecto de dos proveedores en el marco de un proceso de auditoría tributaria. En dicho contexto, con fecha 10 de enero de 2023, el Servicio activó en el portal web de la empresa la Anotación 4103, para luego ser eliminada en una fecha indeterminada. Asimismo, el 06 de noviembre de 2024, se ingresa una nueva Anotación 4001, esta vez producto de haber presentado una acción penal en contra del Contribuyente. Hace presente que en ambas anotaciones se informó que tendrían como efecto que el contribuyente no podrá acceder a condonaciones en el pago de multas e intereses, ni realizar convenios de pago.

Luego, con fecha 22 de noviembre de 2024, se ingresan dos Anotaciones 4111, por presentar incumplimientos o inconsistencias tributarias, modificando su efecto en que podrá verse afectado tanto las condonaciones en el pago de multas e intereses, como la emisión de documentos tributarios electrónicos, sobre esto último expone, que con anterioridad el servicio ya obstaculizaba sin justificación la emisión de documentos tributarios debiendo realizar múltiples peticiones para obtener autorización.

Hace presente que en todas las anotaciones no se indican otros efectos respecto a los demás órganos administrativos como terceros.

Expone que mediante petición administrativa N°77324357489, el 19 de diciembre de 2024, solicitó de forma expresa al servicio que emitiera un certificado para presentar a sus proveedores para liberar los pagos retenidos producto de la alerta emitida por el servicio. Al respecto indica que se emitió Oficio Ordinario N°03-2025 de fecha 14 de enero de 2025 donde se limita a señalar que el registro de anotaciones a los contribuyentes, se efectúan a fin de dar cumplimiento a lo instruido por el director nacional del Servicio Impuestos Internos, conforme a sus facultades, sin pronunciarse acerca de la solicitud de emisión del certificado.

Refiere que entregó toda la información que el servicio le solicitó dando cumplimiento a lo ordenado, sin embargo indica que con fecha 17 de diciembre de 2024, el servicio emitió un anuncio en el portal web de sus clientes en el que los informa que presenta un comportamiento irregular de emisión de documentos y además emite la frase “no corresponde incluir” al momento en que intentan declarar facturas electrónicas, lo que ha provocado que sus clientes no paguen las facturas obligadas por instrucción expresa del servicio recurrido.

En cuanto a los derechos vulnerados, en primer lugar, señala que el actuar del recurrido constituye una vulneración del articulo 19 N°22 de la Constitución Política de la República, respecto a no ser objeto de discriminación arbitraria en cuanto a la inclusión y eliminación de las anotaciones en su portal web y las advertencias y restricciones a terceros catalogándolo como un proveedor no confiable. Agrega en segundo lugar, que se encuentra vulnerado el derecho establecido en el numeral 21 del referido articulo 19, por cuanto se le ha obstaculizado el normal desarrollo de su actividad; y finalmente el articulo 8 bis del Código Tributario atendido que el actuar del Servicio le ha significado una denostación frente a sus clientes y altos costos económicos.

Concluye que el actuar del Servicio recurrido es ilegal por cuanto las anotaciones y alerta que emite respecto a su representado significan una sanción ex ante de que exista una sentencia condenatoria, razon por la que solicita se acoja el recurso y declarar que los actos arbitrarios e ilegales del servicio representan una amenaza y perturbación de las garantías legales y constitucionales ordenando: 1. La eliminación de los mensajes a clientes que instruyen “No corresponde incluir” en las facturas del recurrido y ordenar evitar cualquier mensaje con ese objetivo; 2. Levantar los efectos de las anotaciones 4001 y 4111 que impiden celebrar convenios de pago y condonaciones ante la TGR, o que se ordene la autorización para el pago con convenios y condonación de intereses y multas por los giros emitidos a la sociedad.

SEGUNDO: Que informó don nombre reservado, Director Regional de la II Dirección Regional Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que respecto al recurrente consta en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario las siguientes Anotaciones:

1. Anotación N°4001, de fecha 06.11.2024, cuya glosa es “Querellado por delitos tributarios”, la que es aplicable conforme a la decisión del Director, se presente querella criminal por delitos tributarios y sea declarada admisible ante el respectivo Juzgado de Garantía. Precisa que el recurrido tiene la calidad de querellado por dicho Servicio en causa RIT 7220-2022 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, como autor de delito tributario según lo dispuesto en el articulo 97 N°4 inciso final del Código Tributario.

2. Anotación N°4111, de fecha 24.11.2024, cuya glosa es “Emisor con antecedentes y documentos tributarios emitidos por justificar”, aplicable respecto a los contribuyentes que han emitido documentos tributarios afectos a IVA, y que de los antecedentes se concluye que sus operaciones comerciales no se han realizado.

Indica que el recurrido fue notificado con fecha 11 de junio de 2024 de las Liquidaciones N°104 a 106 por la suma de $6.482.345.646.-, en las que se determinó que el recurrente durante los periodos de enero de 2021 a mayo de 2023 utilizó, registró y declaró IVA crédito fiscal proveniente de facturas falsas, y que, presentó declaraciones de impuestos en sus Formularios 29, maliciosamente falsas, tendientes a disminuir el monto del impuesto que le correspondía pagar.

Menciona que la petición administrativa Folio N°7324357489 de fecha 19 de diciembre de 2024, realizada por el recurrente solicita que “El motivo de esta comunicación es solicitar su colaboración para emitir un certificado, ya sea de oficio o por el medio que estime conveniente, con el propósito de presentarlo a nuestros clientes actuales y, de esta manera, preservar nuestras relaciones comerciales. (…) Entiendo plenamente la responsabilidad que conlleva el cumplimiento de mis obligaciones y aun mas la responsabilidad que tenemos de subsanar las anotaciones vigentes, que sin más corresponden a periodos antes fiscalizados y/o fiscalizaciones a otros contribuyentes con los que en el pasado sostuvimos un vínculo comercial. En este sentido, solicito respetuosamente el documento que se estime conveniente o necesario para presentar ante nuestros clientes, y así garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones”.

Indica que en virtud de dicha petición se dio origen al Expediente Electrónico N°9144290, dando respuesta el 14.01.2025, mediante Ord. 03-2015 explicando en qué consisten sus anotaciones, y no dando lugar al certificado solicitado, ya que mantiene las anotaciones vigentes.

Argumenta que el recurso es extemporáneo, atendido que según se advierte en su petitorio, se extiende a materias que no fueron motivo de la petición administrativa que sirve de fundamento al mismo, siendo en consecuencia el acto supuestamente ilegal o arbitrario, las anotaciones N°s. 4001 y 4111, de fechas 06 y 22 de noviembre del año 2024 respectivamente, y no el oficio que recae sobre la petición del recurrente, habiendo transcurrido en consecuencia el plazo legal.

Alega que el recurso de protección previsto en la carta Fundamental no es la vía idónea para la resolución de la situación a que se refiere su acción de protección, toda vez que, resulta incuestionable que la controversia planteada por el recurrente es un asunto de carácter declarativo, la que, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser conocida y resuelta a través de los medios de impugnación pertinentes. Ello, considerando que al respecto el legislador ha previsto el denominado procedimiento ante Tribunal Tributario y Aduanero, del cual el recurrente acciono ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, bajo el RIT: VD-16-00117-2024, RUC: 24-9-RUT reservado, Caratulado “TECNOCYS CORPORATION SPA CON nombre reservado”, y en procedimiento RIT VD-16-00052-2024, 2° TTA de Santiago, iniciado con fecha 27 de julio de 2024.

Sostiene que conforme las facultades de aplicación y fiscalización de los impuestos y disposiciones tributarias no existe ilegalidad ni arbitrariedad en los procedimientos que establece la ley, asi como las anotaciones que se practican en sus sistemas informáticos y concluye que no existe afectación alguna de las garantías establecidas en los numerales 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica por cuanto no se ha visto privado del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y además de no existir perjuicio alguno para el recurrente, toda vez que se le han autorizado tanto los folios como la emisión de documentos tributarios con posterioridad al acto administrativo reclamado, manteniéndose el mensaje de alerta, por lo que la acción carece de fundamento atendido que en las mismas circunstancias mantiene el desarrollo de sus actividades económicas de manera continua.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, como cuestión previa, y en lo que dice relación a la solicitud incompetencia promovida por la recurrida, ésta será rechazada.

Ello por cuanto la declaración de incompetencia en consideración al elemento materia, es inconcebible e improcedente en esta sede cautelar. En efecto, la sola circunstancia, de existir en la especie, una acción promovida por el recurrente ante Segundo Tribunal Tributario Aduanero de Santiago, que puede resultar competente para conocer de las pretensiones del actor, en caso alguno inhibe a esta Corte de conocer estos antecedentes. Así, y conforme lo anotado en consideraciones previas, el objeto de la presente acción de urgencia es determinar si, el acto u omisión que se alega resulta arbitraria o ilegal, y de él, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se pretenden.

SEXTO: Que, ahora bien, en lo que respecta a la extemporaneidad alegada, la recurrida señala que las anotaciones causales que dan cuenta de la eventual infracción son de fecha 06 y 22 de noviembre de 2024, no obstante que el recurso se funda en Oficio de fecha 14 de enero de 2025, siendo del todo extemporáneo.

Que en este sentido, y tal como se ha expresado reiteradamente, que respecto de ciertos actos que impiden ejercer derechos, ellos no pueden ser ponderados sólo desde el acto en sí, como sería una negativa o bloqueo, toda vez que los efectos que dañan o vulneran los derechos fundamentales pueden ser permanentes, como es el caso que se alega en este recurso, por lo que no puede acogerse la extemporaneidad alegada, sin entrar al análisis del fondo del recurso, toda vez que, en lo expuesto, de existir vulneración de derechos, ello ha tenido efectos permanentes.

SÉPTIMO: Que respecto del fondo, es preciso señalar que efectivamente de lo expuesto en el recurso, se advierte que no obstante este se funda en el Oficio respuesta del servicio recurrido que omite pronunciarse sobre la emisión del certificado requerido, del petitorio de la presentación, no cabe duda que lo pretendido por el recurrente es la eliminación de los mensajes a clientes y levantar los efectos de las anotaciones 4001 y 4111 que le impiden celebrar convenios de pago y condonaciones ante la TGR, por cuanto indica que estos son arbitrarios e ilegales, pues no se ajustan a una norma específica y vulnera su derecho a desarrollar su actividad económica con normalidad.

OCTAVO: Que del análisis de los antecedentes, no se advierte la ilegalidad reclamada por cuanto las anotaciones fueron realizadas en pleno ejercicio de las facultades legales del Servicio, conforme al artículo 6 del Código Tributario y el artículo 4° bis de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto dicha medida tiene su justificación en la vinculación de la empresa con hechos delictivos investigados, lo cual motiva un control preventivo por parte del servicio en aras de proteger el interés fiscal.

En este sentido cabe hacer presente que las medidas de fiscalización tributaria que se adoptan en virtud de antecedentes objetivos y conforme a la normativa vigente no pueden ser calificadas de arbitrarias, sino que corresponden a un ejercicio legítimo del poder de fiscalización conferido al Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, conforme al principio de legalidad administrativa.

En la misma línea cabe indicar que el control preventivo sobre contribuyentes que presentan un riesgo potencial para la recaudación tributaria se enmarca dentro del deber del Estado de velar por el correcto funcionamiento del sistema impositivo, destacando la importancia de la prudencia y la precaución en la adopción de medidas para prevenir fraudes fiscales, las que en el presente caso cabe apreciar por parte de la recurrida.

NOVENO: Que el recurrente sostiene que la anotación N°4001 afecta de manera desproporcionada su derecho a la actividad económica, al limitar su capacidad para emitir documentos tributarios. No obstante, la parte recurrida ha demostrado que la empresa ha podido continuar emitiendo documentos tributarios sin restricción alguna, lo cual evidencia que no existe una afectación concreta y efectiva al ejercicio de sus derechos fundamentales.

Además, la adopción de medidas de fiscalización que no impidan absolutamente el desarrollo de la actividad económica del contribuyente no constituye una vulneración desproporcionada de sus derechos fundamentales. En este sentido, cabe destacar que el principio de proporcionalidad debe analizarse en función de la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida, y en el presente caso, la anotación tiene como finalidad garantizar un adecuado control tributario sin impedir el ejercicio de la actividad económica de la recurrente.

Asimismo, es preciso señalar que la proporcionalidad de una medida administrativa debe ponderarse teniendo en cuenta tanto el interés público que se protege como la necesidad de evitar una carga excesiva sobre los contribuyentes. En el presente caso, el Servicio ha adoptado medidas que buscan proteger los recursos fiscales sin impedir a la recurrente desarrollar su giro económico.

DÉCIMO: Que respecto a la falta de justificación normativa del actuar del servicio que lo cual tornaría arbitraria e ilegal. De la lectura del artículo 6° del Código Tributario se desprende la facultad que tiene el Servicio de realizar anotaciones preventivas cuando existen indicios de posibles irregularidades tributarias. En el presente caso, la anotación N°4001 se sustenta en la necesidad de controlar conductas que representan un riesgo potencial para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En este sentido cabe destacar que el principio de precaución habilita a la administración a adoptar medidas preventivas ante la existencia de antecedentes objetivos que justifiquen un mayor nivel de supervisión, con el fin de resguardar el interés público y evitar posibles perjuicios fiscales. En este contexto, la actuación del Servicio, se encuentra plenamente amparada por la normativa tributaria vigente y responde a la obligación del Estado de garantizar la recaudación efectiva de los tributos, protegiendo así los recursos públicos.

Asimismo, es dable afirmar que el principio de legalidad en materia tributaria permite a la administración ejercer acciones preventivas cuando existan antecedentes que puedan comprometer la correcta determinación de las obligaciones fiscales, subrayando que estas medidas son esenciales para evitar el deterioro de la confianza pública en el sistema de recaudación.

UNDÉCIMO: Que además el recurrente alega que la medida adoptada por el Servicio implica un trato discriminatorio en comparación con otros contribuyentes. Sin embargo, se estima que la anotación N°4001 se aplica con el fin de salvaguardar la igualdad ante la ley, evitando situaciones en que ciertos contribuyentes, debido a comportamientos irregulares, puedan eludir sus obligaciones tributarias. De esta manera, la actuación del Servicio busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus deberes tributarios en igualdad de condiciones, sin generar privilegios injustificados.

Así las cosas, el ejercicio de facultades de fiscalización con base en antecedentes objetivos y específicos no puede considerarse discriminatorio, sino que responde a la necesidad de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes. La medida es, por tanto, un ejercicio legítimo del poder fiscalizador del Estado, que tiene como objetivo mantener la equidad en el sistema tributario, evitando la creación de ventajas indebidas para ciertos contribuyentes.

DUODÉCIMO: Que, de tal manera, no advirtiéndose afectación alguna a las garantías invocadas por el recurrente como consecuencia del actuar del servicio recurrido a través de un actuar ilegal o arbitrario, la presente acción será desestimada tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. SE RECHAZA la alegación de incompetencia formulada por el Servicio de Impuestos Internos.

II. SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Gerardo Cristian Coppelli Ortiz, Abogado, en representación de la sociedad Tecnocys Corporation SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y comuníquese.

Rol 139-2025 (PROT)