nombre reservado con nombre reservado

PAGE Antofagasta, a veinte de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Jorge Fidel Castro Allendes, abogado, actuando en representación convencional de nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, abogado, Fiscal Jefe de la nombre reservado, domiciliado domicilio reservado, por estimar que mediante su decisión de separar investigaciones incurrió en acciones arbitrarias e ilegales, que afectan sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo de la acción de protección.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar constitucional se sustenta en síntesis, en que se investigó al recurrente y otras personas mediante causa RUC 1700480634-4, iniciada con fecha 23 de mayo de 2017, a cargo del fiscal recurrido, la que se formalizó con el RIT 5847-2018 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, con fecha 15 de junio de 2018, imputando el siguientes hecho: “Que en el mes de agosto del año 2015, la alcaldesa doña Karen Rojo junto a otras personas, se reunieron en la ciudad de Santiago con el gerente de asuntos públicos de la empresa Cadem nombre reservado, con la finalidad que la citada empresa realizara una encuesta que midiera el grado de adhesión que tenía la señora alcaldesa para una posible reelección en las elecciones municipales que se efectuarían en el mes de octubre del año 2016 en la ciudad de Antofagasta, siendo contratado el servicio por la señora alcaldesa, por el cual se canceló una suma superior a las 40 UTM.

En el mes de septiembre de igual año, se recibió el resultado de la encuesta que arrojó un resultado desfavorable a sus intereses puesto que la ubicaba en el tercer lugar de aprobación. Ante esta información la alcaldesa Karen Rojo en compañía de otras personas se reunió nuevamente con nombre reservado en Santiago para poder evaluar como revertir esa situación ante el futuro proceso eleccionario. En aquella reunión Izikson sugirió que se debía contar con una asesoría externa política para revertir el resultado de la encuesta, proponiéndose para esos efectos a nombre reservado.

Con posterioridad la última semana de septiembre del 2015, doña Karen Rojo en compañía de otros funcionarios de confianza de la Municipalidad viajó a Santiago y se reunió con nombre reservado exponiéndole los resultados de la encuesta y la situación que se mantenía en el Municipio de Antofagasta, manifestando nombre reservado su disponibilidad para trabajar con la señora Alcaldesa para lo cual le enviaría un correo con su propuesta de trabajo y con sus condiciones, lo que a los días cumplió por correo electrónico.

El señor nombre reservado en su propuesta de contrato consideraba como objetivo General prestar asesoría comunicacional a la Alcaldesa Karen Rojo con el objetivo de mejorar sus condiciones para la competencia electoral 2016, adecuando fases y acciones al calendario municipal para lo cual se contemplaban como objetivos específicos los siguientes: 1) Crear una plataforma política para obtener respaldo de stakeholders relevantes; 2) Construir el relato de identidad de la Alcaldesa que debía guiar toda gestión; 3) Establecer una imagen de marca asociada a un estilo y una gestión valorada por la población; y 4) Formar un equipo y un sistema de gestión política comunicacional coherente, permanente y eficaz. Además fijaba la duración del contrato en seis meses con un valor mensual de 90 UF, costo que no incluía gastos de viaje ni mantención en Antofagasta, haciendo presente que el servicio incluía reuniones semanales en Antofagasta y una interacción oportuna, consistente en estar presente en el día a día para aprovechar oportunidades y enfrentar crisis y recomendar acciones siempre que sea necesario por teléfono desde la ciudad de Santiago e in situ a través de un representante en la región si es aceptado y por medio del análisis diario del ambiente mediático y político disponiendo entre otras capacidades de reacción oportuna.

Esta propuesta de nombre reservado de asesoría política comunicacional fue acogida por Karen Rojo y dada la imposibilidad de contratarlo directamente por la Municipalidad, opto de forma deliberada por hacerlo por medio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta que es una persona jurídica de Derecho privado sin fines de lucro conforme al Decreto Nº1173, siendo su función la asistencia social que realiza por medio de la administración y operación de los servicios traspasados por la Municipalidad de Antofagasta cuyo origen corresponde a recursos fiscales que recibe del Ministerio de Educación y Salud conforme a las disposiciones del DFL Nº2 del Ministerio de Educación y a la Ley Nº19.378 sobre aporte Fiscal del Ministerio de Salud, siendo encabezada por Karen Rojo como Presidenta del Directorio concertándose para estos fines con nombre reservado que en su calidad de Secretario General Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (en adelante Cormudeso o CMDS), con quien con fecha 1º de octubre de 2015 y cumpliendo con lo ordenado por la señora Alcaldesa, contrató sin que existiera necesidad a nombre reservado en su calidad de Representante de nombre reservado y Novoa Limitada MAIN Comunicación Estratégica, como asesor comunicacional estableciéndose en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios como obligación de nombre reservado las siguientes: 1) Crear un sistema de comunicación que apunte a mejorar el conocimiento de los ciudadanos de Antofagasta de los beneficios, oportunidades y contingencias que debiera enfrentar la CMDS; 2) Construir el relato de identidad de la CMDS que debe guiar toda la gestión; 3) Establecer una imagen de marca asociado a un estilo y a una gestión valorada por la población y 4) Formar un equipo y un sistema de gestión comunicacional coherente, permanente y eficaz. Además en la cláusula quinta, acerca de la forma de pago, indica que p Antofagasta y el contrato tendrá una vigencia de 6 meses desde el 1º de octubre del año 2015.

A esta convención, a continuación en el tiempo, con fecha 1º de abril de 2016 se le agregó un addendum en el que se modifica el anterior contrato en lo relativo al precio, disponiéndose por los servicios antes descritos el pago de la suma única y total de 800 UF con IVA incluido, más los gastos de traslado de la ciudad de Santiago y de alimentación con un tope de 4 pasajes por mes calendario. Además que el precio por los servicios de nombre reservado se pagarían en 10 cuotas de 80 UF cada una por mes, dentro de los cinco días corridos siguientes a contar de la fecha de la recepción conforme por parte de la CMDS de la correspondiente factura e informe de avance presentados por el prestador. Finalmente que el contrato tendrá una vigencia de 10 meses desde el 1º de octubre de 2015.

Con motivo de dicha convención nombre reservado para cumplir en realidad con el trabajo convenido con la señora Alcaldesa de asesor político y comunicacional se presentó en el mes de octubre del año 2015 en la oficina de Karen Rojo en la Municipalidad de Antofagasta para lo cual se reunieron con su equipo de confianza estableciéndose como dinámica de trabajo, -que por lo demás ya estaba con antelación convenida desde que anteriormente Rojo aceptó su propuesta de asesor político y comunicacional-, que todos los días a las 07:30 horas se sostendría una comunicación telefónica con nombre reservado en donde se le comunicarían las noticias de relevancia de los Diarios de la comuna, la agenda de la señora Alcaldesa para ese día y cualquier otra cosa de importancia que estuviera sucediendo ante lo cual nombre reservado daría pautas e indicaciones que debían cumplirse por instrucciones de Karen Rojo, sin perjuicio de lo cual nombre reservado también tomaría contacto telefónico en el curso del día para efectos de visar cualquier declaración del Municipio respecto de algún tema relevante o bien de Karen Rojo y que se presentaría en la Municipalidad todos los días martes para reunirse con la Alcaldesa y con quienes formaban su círculo de confianza, sin perjuicio de incorporarse otros funcionarios dependiendo de las materias que debían tratarse todo lo cual fue concluido en el transcurso del tiempo entre los meses de octubre del 2015 y abril del 2016 por nombre reservado en los términos que se habían acordado, concurriendo el asesor todas las semanas a la municipalidad tomando contacto telefónico diario, salvo los días martes que viajaba a la ciudad de Antofagasta y recibiendo por correo electrónico la agenda de la alcaldesa para colaborar como asesor político y comunicacional, dando directrices y consejos con el fin de potenciar la imagen de Karen Rojo para su reelección en las elecciones de alcalde para el mes de octubre de 2016 lo que finalmente ella obtuvo, por todo cual se le canceló la suma de $23.152.528.- pesos que fueron facturados a favor de nombre reservado y Novoa Limitada MAIN Comunicaciones Estratégicas, correspondiendo la suma de $20.896.404.- a 20 facturas de servicios por asesorías extendidas entre el 2 de diciembre de 2015 y el 27 de junio de 2016, 10 para el sector Salud y 10 para el sector Educación, y la suma de $2.255.124.- con motivo de 4 facturas por gastos de traslados de fecha 21 de marzo de 2016 y 31 de mayo de igual año, 2 para el sector salud y 2 para el sector educación, de modo que se defraudó y se perjudicó a la CMDS con el monto total del dinero cancelado por una asesoría que realmente en favor de dicha corporación no se prestó, pese a que nombre reservado desde el mes de diciembre de 2015 para distorsionar la realidad en coordinación con nombre reservado y con ocasión de una denuncia de un concejal empezó a concurrir semanalmente a la CMDS cuando viajaba a Antofagasta a reunirse con ciertos funcionarios a efectuar reuniones y charlas, elaborando ciertos documentos para justificar una asesoría que en el fondo no se cumplió, sino a favor de la señora alcaldesa en la forma que antes de ha descrito.

De otra parte, entre los meses de octubre y noviembre de 2015, la señora Alcaldesa Karen Rojo aprovechando su cargo de Presidenta del Directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta le instruyó a su Secretario General Ejecutivo nombre reservado que adquiriera en distintas fechas pasajes de avión para nombre reservado en LATAM con fondos propios de dicha institución, lo que efectuó pese a que no mantenía con aquel vinculo contractual alguno con la referida Corporación Cultural lo que en su momento Robles representó a la señora Alcaldesa, siendo luego la compra facturada por LATAM AIRLINES S.A. con fecha 15 y 27 de octubre de 2015 por la suma de $564.416.- pesos.

Con posterioridad en el año 2016, el señor nombre reservado, abogado de secoplan y actual administrador municipal, por instrucción de Karen Rojo le indicó a nombre reservado que en la calidad antes descrita que debía pagársele un mes de asesoría a nombre reservado por un monto de $2.500.000.- pesos, para lo cual debía redactarse un contrato de prestación de servicios para justificar el pago por un trabajo inexistente justificándose en la revisión y evaluación estratégica de un servicio que se había contratado con antelación empresa Walic que había asesorado a la Corporación y entregado un informe lo que le permitiría justificar el contrato de nombre reservado.

A continuación, el 1º de febrero de 2016, se firmó contrato de prestación de servicios entre nombre reservado y Novoa Limitada MAIN Comunicaciones Estratégicas, representada por nombre reservado y la Corporación Cultural de Antofagasta, Representada por la Presidenta del Directorio Karen Rojo Venegas y por su secretario ejecutivo nombre reservado, estableciéndose que la Corporación Cultural contrata a MAIN Comunicaciones Estratégicas para que preste asesoría técnica y metodológica al Director Ejecutivo de la Corporación, cumpliendo el rol de contraparte técnica que evaluará la construcción del mapa estratégico realizado por la empresa Walic para la institución todo lo cual fue financiado por la Corporación por un precio único y total de 100 UF con IVA incluido, que se pagarán una vez finalizados los servicios dentro de los 15 días posteriores a la entrega del informe final por el prestador. Además, se dejó constancia que el prestador no tendrá derecho a ningún otro pago o beneficio adicional a lo indicado, dejándose mención expresa que los gastos de traslado del prestador correspondiente a los días 13 y 27 de octubre y 24 de noviembre todos del año 2015 fueron solventados por la Corporación Cultural de Antofagasta. Finalmente se dispone que el contrato tendrá una duración de 3 meses a partir del 1º de febrero de 2016, no obstante lo cual si el prestador hace entrega del informe final antes del vencimiento del plazo original del convenio este se entenderá terminado de forma inmediata y que la prestación de estos servicios no impedirán desempeñar otras funciones en instituciones públicas o privadas.

Posteriormente nombre reservado entregó una copia del informe de Walic a nombre reservado quien a su vez elaboró y entregó un informe para justificar el pago de los servicios pactados que nombre reservado en su momento recibió y no utilizó, puesto que dicho documento era sólo el medio que daba la apariencia del cumplimiento de una prestación de servicios en el fondo inexistente, por el cual se emitió con fecha 21 de marzo de 2016 por nombre reservado y Novoa Limitada la factura Nº249 a la Corporación Cultural por asesoría la suma de $2.580.707.- pesos que fueron cancelados con fondos propios de esta última mediante depósito bancario del día 19 de abril de 2016. Finalmente el contrato de prestación de servicios fue redactado por el jefe de jurídica de la Municipalidad y revisado en algún momento por el señor nombre reservado en los términos que previamente se había concertado con Karen Rojo e instruido al secretario general ejecutivo para cancelar a nombre reservado la asesoría política comunicacional que mantenía con la señora Alcaldesa defraudando a la Corporación Cultural de Antofagasta y causándole perjuicio en la suma total de $3.145.123.- pesos que corresponde al monto cancelado a nombre reservado por concepto de pasajes y por los honorarios cobrados por un servicio inexistente.”

Explicó que a todos se les formalizó como autores, del delito consumado de Fraude al Fisco.

Apuntó que con fecha 26 de marzo de 2019, el fiscal recurrido comunicó al Juzgado de Garantía de Antofagasta que decidió separar la investigación, creando el RUC 1900323365-3 disponiendo que respecto de él, sólo queda nombre reservado, y que los demás imputados mantienen el RUC original de la investigación, lo que fue comunicado a los demás intervinientes en resolución del citado Juzgado de fecha 27 de marzo de 2019.

Agregó que el 23 de abril de 2019, la defensa de Karen Rojo Venegas discutió una cautela de garantías, que fue desestimada por el Juez, fundada en que era una decisión administrativa que la ley le reconoce el Ministerio Público.

Refirió que por la separación de investigaciones se produce que a nombre reservado, por los mismos hechos que se investigan al recurrente, se le ha separado en razón de la persona y no en razón de un delito o de nuevos hechos que deban ser objeto de una investigación.

En cuanto al derecho, previo análisis somero de los requisitos de la acción constitucional de protección, explicó en lo medular, que la decisión de separación de funciones comunicada por el fiscal recurrido, resulta ilegal y arbitraria por contravenir: a) los artículos 3 y 185 del Código Procesal Penal, al decidir la separación sin que existan nuevos hechos o delitos que daban ser investigados; b) los artículos 7 y 8 del mismo código, debido a que al generase esta nueva investigación “paralela” no se le permitirá intervenir ni ejercer en aquella los derechos que la ley le reconoce; c) al artículo 93 del mismo texto, ya que no se permitirá en la nueva investigación conocer su contenido, solicitar diligencias o controvertir la evidencia que se agregue; y d) por último, al artículo 3 de la Ley 19.640, al no respetarse la correcta aplicación de la ley, en especial el artículo 185 del Código Procesal Penal.

Anotó además la falta de justificación de la decisión de separa investigaciones, lo que torna arbitraria la misma.

Sobre la afectación de garantías fundamentales del recurrente, denunció que la comunicación de separación de investigaciones, no sólo se ha despojado de derechos que le asiste como sujeto interviniente en una investigación penal; sino que además, existe la amenaza seria, concreta y real que la investigación paralela –a la que no tendrá acceso- y que se mantiene abierta, recopile evidencia que le afecte, en la medida que se investigarán los “mismos hechos”, y por tanto, todo lo que ahí se agregue, tendrá efectos en la investigación primaria. De esta forma, incluso evidencia que pudiera beneficiarlo tampoco podrá ser conocida, en la medida que tendría vedado el conocimiento de dichos antecedentes. Agregando, que se obstaculiza a las defensas y a los propios imputados el ejercicio de sus derechos, ya que por una vía administrativa, finalmente se pueden transformar diligencias que les afecten en secretas.

Puntualizó como conculcada la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 CPR), al producirse la separación de investigaciones, se permite que algunos intervinientes en la causa, como son el fiscal y los querellantes puedan tener acceso, intervenir y participar en las dos causas en que se investigan idénticos hechos, y en cambio, a la defensa de don nombre reservado, así como a las demás defensas, se les prohíbe la intervención en la causa RUC nueva (1900323365-3), lo que constituye un tratamiento desigual, que no tiene fundamento alguno en la medida que no hay otros hechos que investigar. Y la garantía de prohibición de comisiones especiales (artículo 19 N°3 inciso 5 CPR), desde que con su decisión de carácter administrativo, ha calificado de forma diferente el estatuto jurídico de un interviniente en esta investigación, ya que con su obrar, nombre reservado, de ser imputado en la causa primitiva ha pasado a ser “testigo”, transformándose el persecutor en un órgano jurisdiccional. Explicó, previa citas de fallos judiciales, que el recurrido de facto, se ha transformado en una comisión especial, desde que su decisión administrativa cambia el estatuto jurídico de uno de los imputados, privando de derechos procesales y permite que los acusadores queden en una ventaja jurídica procesal al acceder a ambas investigaciones que se encuentran vigentes por los mismos hechos.

Concluyó solicitando que se ordene que se restablezca el imperio del Derecho y se asegure la debida protección de las garantías del recurrente, decretando: 1.- Que se deje sin efecto, la separación de la investigación comunicada al Juzgado de Garantía de Antofagasta con fecha 26 de marzo de 2019; 2.- Que se debe agregar a la investigación inicial, todos los antecedentes que se hayan recopilado en la investigación nueva que se apertura el día 26 de marzo de 2019; 3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, se disponga que los hechos formalizados en el RUC primario, sean investigados bajo una misma causa, con todos los imputados asociados a esta causa, salvo que se decida separar la misma en razón de hechos y no de personas; 4.- Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas que adopte, que considere pertinentes, necesarias y conducentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que informó el Fiscal Adjunto Jefe de la nombre reservado, nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Señaló que la causa penal que motiva este recurso se sigue en el RUC 1700480634-4, correspondiéndole su dirección, encontrándose formalizada con fecha 15 de junio de 2018, por el delito de Fraude al Fisco contemplado en el artículo 239 del Código Penal, respecto de Karen Rojo Venegas y de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, como autores, y como víctimas la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y la Corporación Cultural de Antofagasta.

Luego de indicar los hechos de la formalización, refirió que el pasado 26 de marzo, encontrándose la investigación vigente (no cerrada), decidió por estimarlo conveniente para los fines del procedimiento, desde el punto de vista de la Fiscalía, y en uso de las facultades que me concede el artículo 185 del Código Procesal Penal, la separación de investigaciones, dándose origen al RUC 1900323365-3 para la continuación de la indagación respecto del imputado nombre reservado y manteniéndose el RUC base, esto es, el RUC 1700480634-4 para los restantes imputados. Indicó que dicha decisión administrativa el mismo día fue comunicada al Juzgado de Garantía de Antofagasta, que a su turno notificó a los intervinientes al día siguiente de la resolución que tuvo presente la referida decisión fiscal.

Dijo que posteriormente, el 23 de abril se debatió en sede judicial la solicitud de la Fiscalía de ampliación del plazo para el cierre de la investigación, una petición de cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal planteada por la defensa de Karen Rojo, por estimarse vulnerado el debido proceso al separarse la investigación respecto del imputado nombre reservado, y una solicitud de sobreseimiento definitivo conforme al artículo 250 letra a) y b) del Código Procesal Penal, promovida por la defensa nombre reservado, y en lo pertinente, el tribunal accedió a la ampliación de plazo, rechazó el sobreseimiento y rechazó la cautela de garantías por estimar que ninguna garantía judicial del imputado solicitante ha sido vulnerada y por la otra por tratarse de una decisión de carácter administrativo que la ley reconoce a la Fiscalía. Agregó que a esta solicitud de cautela de garantías igualmente adhirió el abogado recurrente, quien actuaba además como abogado defensor de Karen Rojo, resolución que no fue impugnada y actualmente esta ejecutoriada.

Explicó que ni la defensa de Karen Rojo o la del recurrente han formulado reclamación en los términos del artículo 32 letra b y 33 de la Ley 19.640, contra a decisión administrativa.

Puntualizó que su decisión de separa las investigaciones no es ilegal, ya que se encuentra ampara da por el artículo 185 del Código Procesal Penal que permite expresamente investigar separadamente cada delito que conociere con motivo del ejercicio de su cargo, en este caso puntual, el delito de Fraude al Fisco respecto de nombre reservado, sin que exista la limitación que explicó el recurrente, que por lo demás afectaría las atribuciones consagradas por los artículos 83 de la Carta Fundamental, 1° de la Ley 19.640 y 3° y 180 del Código Procesal Penal a favor del ente persecutor con miras al ejercicio de la acción penal pública. Postura respaldada por el juez de garantía en audiencia de 23 de abril de 2019, la que no fue recurrida.

Indicó que tampoco es una decisión arbitraria, esto es injusta y caprichosa pues se motiva en una facultad concedida por el ordenamiento jurídico a la Fiscalía al estimarse conveniente para el logro de los fines del procedimiento en el ejercicio de la acción penal pública, y en todo caso sujeta al control del Juzgado de Garantía en los términos que establece la ley en el Código Procesal Penal y en el Código Orgánico de Tribunales.

Finalmente, refirió que no priva, perturba ni amenaza garantías constitucionales puesto que en forma alguna se vulnera la igualdad ante la ley, al comunicar que la investigación por el delito de Fraude al Fisco respecto de nombre reservado proseguirá en causa diversa con sujeción al principio legalidad, probidad administrativa, objetividad e imparcialidad. Lo mismo debe predicarse acerca de la garantía del debido proceso ni menos constituye la creación de una comisión especial desde que no se ha restringido ni amenazado garantía judicial del recurrente o de otro interviniente en la causa RUC 1700480634-4, cuyo ejercicio en sede judicial –al igual que la causa separada- cautela el Juzgado de Garantía de Antofagasta, siendo rechazada esta misma línea argumental como ya antes se ha dicho por el referido tribunal el pasado 23 de abril. No se reclamó administrativamente de la decisión. Agregando además como argumento la facultad del Juez de Garantía de agrupar acusaciones en los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el quid del asunto controvertido está constituido por los requisitos necesarios para que el fiscal ejerza la facultad de separar investigaciones, y por la posibilidad de control de esta decisión administrativa por la vía del recurso de protección.

QUINTO: Que conforme al artículo 83 de la Constitución Política de la República, el Ministerio Público, órgano autónomo y jerarquizado, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Atribución que se ve plasmada en su ley orgánica –Ley 19.640- de idéntico tenor, y además refrendada en el artículo 180 inciso 1° del Código Procesal Penal, que indica que “Investigación de los fiscales. Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideraren conducentes al esclarecimiento de los hechos”.

En este contexto normativo debe colacionarse el artículo en cuestión, a saber, el artículo 185 en su inciso 1° del Código Procesal Penal, que dispone “Agrupación y separación de investigaciones. El fiscal podrá investigar separadamente cada delito de que conociere. No obstante, podrá desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, cuando ello resultare conveniente. Asimismo, en cualquier momento podrá separar las investigaciones que se llevaren en forma conjunta.”

SEXTO: Que no fue controvertido, tal como se trascribió en la formalización de la investigación RUC 1700480634-4, que se imputó la comisión del ilícito de fraude al fisco a Karen Rojo Venegas, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en diversas circunstancias -conjuntas en algunos y separadas en otros-. No obstante, cada hecho atribuido constituye un delito específico –fraude al fisco-, por lo que en este tópico es errada la argumentación del recurrente al desconocer la existencia de tantos posibles delitos como imputados existen en la investigación, lo que permitió al fiscal utilizar su facultad de separación de la investigación de delito del Sr. nombre reservado, ergo, dentro del marco de aplicación de la norma que confiere la misma.

SÉPTIMO: Que la facultad contenida en el citado artículo 185 del Código Procesal Penal, regulada en su origen legal, es discrecional en cuanto a su fundamentación, lo que se desprende de su propia redacción, a saber, “cuando ello resultare conveniente”, por lo que la exigencia de motivación en un proceso desformalizado como la investigación penal, escapa a la lógica de ser una atribución exclusiva y discrecional para el mejor éxito de la persecución pernal.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, no ha pasado inadvertido que a través de esta acción de protección se pretende revivir un plazo de impugnación ya fenecido, como es el de apelación contra la resolución que rechazó la solicitud de cautela de garantías de la imputada Karen Rojo, a la que el recurrente adhirió, basada en las mismas alegaciones de este recurso.

NOVENO: Que habiéndose adoptado la decisión de separar investigaciones, por el órgano competente, en el marco de sus atribuciones y conforme a la ley, no puede predicarse la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en ésta, por lo que se rechazará la acción constitucional de protección.

DÉCIMO: Que no se condenará en costas al recurrente por no estimarlo procedente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por el abogado Jorge Fidel Castro Allendes, en representación convencional de nombre reservado, en contra de nombre reservado, Fiscal Jefe de la nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1384-2019 (PROT)

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