nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, a doce de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Informó la recurrida. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su acción cautelar indicando que el 07 de diciembre del año 2011 adquirió un crédito social o contrato de mutuo por la suma total de $1.740.724. pagadero en 18 cuotas mensuales con vencimiento la primera de ellas, el día 31 de enero del 2012. Sin embargo, lamentablemente el 12 de diciembre del 2011 se terminó la relación laboral mantenía en esa fecha, quedando cesante y no pudiendo pagar ninguna cuota del crédito social adeudado.

Por lo tanto, en este caso la obligación, se hizo exigible para su cobro cuando venció la primera cuota del crédito correspondiente al día 31 de enero del 2012. Desde ese tiempo (enero 2012) el acreedor debió iniciar el cobro de aquella obligación, situación que no ocurrió durante mucho tiempo hasta el 30 de marzo de este año, siendo injusto que pueda cobrar su crédito sin iniciar un litigio, sobre todo considerando el tiempo transcurrido, no obstante no se haya declarado la prescripción, institución que operaría en la especie considerando que a la fecha han transcurrido 8 años y 2 meses.

Agrega que en aquella contratación crediticia con la recurrida, se exigió como requisito para el otorgamiento del crédito la suscripción de un documento, que tiene por objeto constatar y autorizar a su empleador actual a realizar los descuentos informados por esta correspondientes a créditos personales en la respectiva liquidación de sueldo. Es decir, la forma de pago del referido préstamo debe ser realizado a través de descuento interno por parte del actual empleador.

En la actualidad, se encuentra trabajando en la empresa Scrap Management, Rut RUT reservadocon domicilio en domicilio reservado, Antofagasta y con fecha 30 de marzo del año en curso se practicó descuento en su liquidación de sueldo por la suma de $125.079 por concepto de crédito con la recurrida.

Previas citas legales, solicita acoger su arbitrio declarando que la recurrida ha vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 24 y 3 inciso 5 de nuestra Carta Fundamental y en consecuencia ordenar a la recurrida anular o dejar sin efecto la conducta de cobro del crédito social, informárselo a su empleador actual para que este deje de efectuar los descuentos por planilla en su remuneración y finalmente proceder a la devolución de todos dineros realizados por los descuentos efectuados hasta la actualidad, con costas.

SEGUNDO:

Que, informó por la recurrida, Yasna Vukic, solicitando desestimar el recurso en base a las siguientes consideraciones.

Principia ilustrando acerca del carácter social del crédito otorgado al recurrente y su marco normativo.

Respecto al fondo del asunto, expuso que los descuentos practicados en la remuneración del recurrente, tienen su origen en el crédito social otorgado por La Araucana C.C.A.F., el que cesó no por un hecho imputable a la recurrida sino debido a que al Sr. nombre reservado se le puso término a su vínculo laboral, lo que no fue comunicado a su representada, por ende el crédito pasó a figurar en mora, lo anterior hasta que en el año 2015 y posteriormente en el 2018, es posible ubicarlo procediendo al descuento vía remuneración y pago de 6 cuotas, descuentos que fueron de conocimiento del afiliado al haberse practicado los mismos en sus remuneraciones por lo que no puede referirse el recurrente al transcurso del tiempo atendido que se le han practicado no uno sino incluso 6 descuentos en distintos períodos año 2015 y 2018 Por otra parte, es del caso reiterar, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ley N°17.322, transcritos en la parte referente a los antecedentes generales, constituyen no créditos bancarios sino prestaciones de seguridad social por ende, el legislador estableció normas legales referentes específicamente a este tipo de descuentos, en cuanto a la forma en que deben ser deducidas y retenidas por el empleador, para posteriormente ser enteradas a la Caja de Compensación acreedora sin requerir la autorización previa del deudor, esto, por cuanto las Cajas para resguardo del fondo social que es a través del que se gestionan los recursos para proceder al otorgamiento de estos créditos sociales, hacen que los afiliados al firmar la respectiva solicitud de crédito otorguen un mandato para efecto que las cuotas de los mismos puedan ser descontadas no sólo por parte de su actual empleador sino incluso de sus futuros empleadores.

Cabe agregar, que al regirse los descuentos por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, esto les da la respectiva preferencia contemplada en el artículo 2472 N°6 del Código Civil, para su descuento, los que están debidamente autorizados y acordados por el solicitante, en este caso el recurrente, habida consideración que si lo que se vulnera es la igualdad de la ley no corresponde a esta parte probarla sino al que invoca la vulneración de la garantía constitucional.

Por otra parte en la Circular 2052 emanada de la SUSESO, se han impartido instrucciones a las Cajas de Compensación relativas al modo de hacer efectivo los descuentos y el monto máximo de la cuota mensual de descuento por crédito social que para el caso de marras y habida consideración a la liquidación acompañada no excede del 25% de la remuneración liquida mensual del trabajador y no el 7% que indica el recurrente, lo que fue de conocimiento del mismo al solicitar el crédito, y que el mismo indica en su presentación por cuanto reconoce que solicitó un crédito, las cuotas y monto a pagar. Es más para efecto de poder adquirir un crédito social y aplicar el tope a descontar se hace el cálculo conforme las liquidaciones que acompaña el trabajador junto con la autorización del empleador para proceder al respectivo descuento.

A mayor abundamiento y haciendo uso de las palabras transcritas por el recurrente: “nadie se encuentra obligado a la adquisición de un crédito social, este es un acto voluntario, un acto jurídico como cualquier otro, que se rige por la autonomía de la voluntad, y en lo demás, por las normas del Código Civil”; es del caso que fue un acto voluntario del contrayente, al que se le aplica por una parte las normas del Código Civil, a saber, en especial el artículo 1.546 que señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, por ende, es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones como el caso de marras, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia y que tiene que ser iniciada por el deudor ya sea cómo acción o excepción. Pues, como bien sabe S.S. Ilustrísima la prescripción de las acciones, está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer la recurrente y que dentro de los requisitos para probarla es el transcurso del tiempo el que en este caso no hubo por cuanto desde el 2012 al 2015 no transcurrieron más de 3 o 5 años; posteriormente del 2015 al 2018 tampoco y menos aún del 2018 al 2020. Y, por otra parte, las normas que le son propias a estos créditos social, referentes a la forma en que se efectúa el descuento, la obligación por parte del empleador de retener y remesas, habida consideración que si no remesa lo descontado y esto es puesto en conocimiento de la Caja de Compensación por parte del trabajador, se extingue la o las cuotas al trabajador y se inician acciones legales pero contra el empleador conforme lo dispuesto en la Ley N°17.322 y finalmente el mandato que otorga el afiliado para que el descuento se efectué por su actual y futuros empleadores.

En consecuencia, si se cumple con el requisito sine qua non, consistente en que el trabajador autoriza a su empleador a descontar desde su liquidación, el monto informado por la Caja de Compensación, por lo que no corresponde mediante esta vía solicitar la interpretación de un contrato y de la suscripción del respectivo mandato, por cuanto si fuere el caso, dicha interpretación se impetra a través de un juicio ordinario de lato conocimiento, y que permite no sólo la bilateralidad de la audiencia e igualdad ante la ley en el sentido de que ambas partes pueden hacer sus descargos sino que además la prueba a aportar sea considerada conforme las normas establecidas en el artículo 318 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para efecto de proceder a resolver el litigio mediante la dictación de la respectiva sentencia.

Cabe agregar que la Superintendencia de Seguridad Social en su Ordinario N°26204 numeral 5° de fecha 22 de mayo de 2018, dispone: “……que en cuanto a la prescripción reclamada, por los años transcurridos, cabe señalar que corresponde únicamente a los Tribunales de Justicia declarar la prescripción de la acción de cobro del crédito social”.

Por ende, La Araucana C.C.A.F., no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho, por cuanto no ha aplicado un descuento sin respetar las normas del contrato, ni tampoco excediendo los topes legales a descontar ni menos aún ha efectuado un traspaso ilegal a la esfera de dominio del acreedor, o expropiación alguna de parte de la remuneración del recurrente, pues es la propia ley la que permite a la Caja de Compensación solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor.

En consecuencia, conforme los argumentos expuestos por el recurrente el recurso de protección no es la vía idónea, ni menos aun cuando el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de un crédito que tiene evidente carácter social; además que todo conflicto que derive de la interpretación o cumplimiento de una obligación, debe invocarse y acreditarse en un proceso diverso, lo que impide que el recurrente se encuentre ante un derecho de carácter indubitado al que deba brindarse protección, más aún al tratarse de una obligación libremente contraída y que debe ser cumplida de buena fe, que no ha sido negada por el recurrente y cuyo beneficio fue recibir la suma de $1.740.724 pesos, de los que sólo ha pagado 7 cuotas y cuyos pagos fueron de su conocimiento en diciembre de 2011, en el año 2015, 2018 y actualmente.

No obstante lo expuesto precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda, esta Caja de Compensación viene en informar que se ha dispuesto el cese y hacer la devolución de lo descontado en el mes de marzo 2020, teniendo en consideración que a la fecha no aparece en el sistema remesado por su empleador dicho descuento.

Finalmente, en atención a lo expuesto precedentemente, se solicita a SS. Ilustrísima nos exima del pago de costas, toda vez que es manifiesta la buena fe y la plausibilidad para litigar de esta entidad, al tenor de lo informado y de las disposiciones legales ya señaladas.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, como se desprende de los antecedentes allegados por las partes, el recurrente reconoce mantener una deuda con la caja de compensación recurrida, quien procedió al cobro de su crédito conforme a lo señalado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 informando al empleador actual del recurrente la deducción en su remuneración de marzo del presente año de una cuota morosa.

Sin perjuicio de lo anterior, y la discusión sobre los requisitos de la prescripción extintiva, la presente acción ha perdido oportunidad, puesto que la recurrida informó que cesará en el cobro del crédito y además devolverá al recurrente lo descontado por concepto de cuota mensual morosa, razón por la cual, esta Corte no puede adoptar ninguna medida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1372-2020 (PROT)

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