Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Antofagasta, catorce de julio de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de doña nombre reservado y del menor de edad nombre reservado, todos de nacionalidad venezolana, domiciliados en domicilio reservado, quienes interponen acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la excesiva dilación y falta de pronunciamiento respecto de sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, estimando vulnerada la garantía de igualdad ante la ley establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. Informaron las autoridades recurridas instando por el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción constitucional denunciando la vulneración de sus derechos producto de una omisión ilegal y arbitraria, consistente en el excesivo tiempo de tramitación y la falta de dictación del acto administrativo que resuelva sus respectivas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Expone como antecedentes de hecho que el recurrente don nombre reservado ingresó su solicitud con fecha 01 de febrero de 2022, mientras que doña nombre reservado y el menor nombre reservado lo hicieron con fecha 24 de agosto de 2022. Añade que, no obstante haber sido citado y haber asistido el señor nombre reservado a una entrevista de elegibilidad con fecha 26 de marzo de 2024, a la época de interposición del recurso han transcurrido más de cuatro años y cuatro meses en el primer caso, y más de tres años y nueve meses en el segundo, sin que la Administración emita una respuesta definitiva que apruebe o rechace sus pretensiones. En cuanto al derecho, alega que el actuar omisivo de las autoridades recurridas deviene en ineficaz por ilegalidad, vulnerando los principios impuestos en el artículo 37 de la Ley N.º 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N.º 296, relativos a la tramitación en el más breve plazo. Suma a lo anterior la inobservancia de los plazos y principios de celeridad, conclusión y economía procedimental previstos en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N.º 19.880.

Afirma que esta inactividad transgrede la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En virtud de lo expuesto, solicita tener por interpuesto el recurso, acogerlo a tramitación y ordenar a la autoridad que se pronuncie sobre las solicitudes de refugio en un plazo máximo de sesenta días, con expresa condena en costas. SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el abogado don Guillermo Alfredo Quezada Bruzzone, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo total de la acción de protección deducida respecto de su representada, por estimar que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías constitucionales. Funda su defensa confirmando, en cuanto a los antecedentes fácticos, el ingreso de las solicitudes de refugio y su actual estado de tramitación. No obstante, hace presente que, durante el desarrollo del procedimiento y con el objeto de resguardar su situación migratoria, la autoridad ha extendido a favor de los recurrentes sucesivas visaciones de residente domicilio reservado, acompañando al efecto las correspondientes resoluciones de prórroga, siendo la última de ellas la Resolución Exenta N.º NUM000 de fecha 24 de junio de 2026 respecto del recurrente principal. En los fundamentos de derecho, sostiene que los amparados se encuentran de manera regular en el país, autorizados para desarrollar actividades lícitas y protegidos por el principio de no devolución, por lo que descarta la existencia de una amenaza actual e inminente a sus garantías fundamentales. Añade que la institución ha actuado dentro del estricto marco de sus facultades, limitándose a su labor técnica asignada por ley, no existiendo un obrar caprichoso imputable a su respecto. TERCERO: Que, a su turno, informó el abogado don Diego Esteban Valenzuela Esparza, en representación de la Subsecretaría del Interior, instando igualmente por el rechazo de la acción con expresa condena en costas por no existir motivos plausibles para litigar. En cuanto al fondo, argumenta que, si bien corresponde privativamente a la Subsecretaría del Interior dictar el acto administrativo que resuelve el otorgamiento o rechazo de la condición de refugiado conforme a la Ley N.º 20.430, las solicitudes de los recurrentes aún se encuentran en fase de tramitación y análisis técnico asignado ante el Servicio Nacional de Migraciones. Por ende, señala que la Subsecretaría del Interior no ha recibido los informes técnicos correspondientes ni la recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo cual le impide material y jurídicamente emitir resolución alguna en esta etapa, descartando la existencia de una omisión ilegal imputable a dicha cartera de Estado. Agrega que el análisis exhaustivo de estas peticiones se justifica por la necesidad de recopilar antecedentes, estudiar el contexto particular del país de origen, las condiciones de salida y el trayecto hacia Chile, existiendo un alto volumen de requerimientos en el país, lo que descarta la existencia de un acto u omisión manifiestamente arbitraria. CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. SEXTO: Que, en la especie, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte radica en determinar si la inactividad de la Administración, reflejada en la paralización y falta de dictación del acto administrativo terminal respecto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ingresadas en los meses de febrero y agosto de 2022, constituye una omisión revestida de ilegalidad o arbitrariedad; y, por otro lado, verificar contra qué institución deben radicarse las medidas de resguardo correspondientes, considerando la distribución de competencias legales. Asimismo, corresponde dilucidar si la referida dilación en el procedimiento vulnera la garantía fundamental de igualdad ante la ley de los recurrentes, tutelada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. SÉPTIMO: Que, siendo un hecho pacífico en la causa que el actor don nombre reservado ingresó formalmente su solicitud el 01 de febrero de 2022 y que cumplió con la etapa de entrevista de elegibilidad el 26 de marzo de 2024, y que doña nombre reservado y el menor nombre reservado lo hicieron el 24 de agosto de 2022, manteniéndose el procedimiento paralizado en la etapa de revisión técnica, el marco normativo que gobierna la presente materia está dado por la Ley N.º 20.430 y su respectivo reglamento contenido en el Decreto Supremo N.º 837. En efecto, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 24 y 26 de la citada Ley N.º 20.430, en estrecha concordancia con el artículo 178 de la Ley N.º 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones recibir este tipo de solicitudes y ejercer materialmente el rol de Secretaría Técnica. A dicha Secretaría se le encomienda la evaluación de los antecedentes, la realización de las entrevistas respectivas y, conforme a lo mandatado en el artículo 31 de la Ley N.º 20.430 y en el artículo 41 de su reglamento, la exhaustiva recopilación de información pertinente del país de origen para la elaboración de un informe técnico. Toda esta labor tiene por objeto asistir a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, órgano asesor que, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N.º 20.430, debe revisar los antecedentes y emitir una recomendación para que, finalmente y en virtud de lo prescrito en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, sea el Subsecretario del Interior quien emita el pronunciamiento definitivo mediante la dictación del acto administrativo que otorga o rechaza la condición de refugiado. OCTAVO: Que, aplicando la normativa expuesta al caso concreto, resulta ineludible concluir que el retraso en la resolución del procedimiento se encuentra radicado de forma exclusiva en la fase de instrucción a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, entidad que a la fecha no ha concluido la elaboración de los informes técnicos necesarios ni ha remitido los antecedentes a la Comisión de Reconocimiento respectiva. Por consiguiente, atendido que la Subsecretaría del Interior se encuentra material y jurídicamente impedida de emitir el acto terminal mientras no recepcione la recomendación formal de la referida Comisión, procede desestimar la acción constitucional interpuesta en contra de dicha Cartera de Estado, toda vez que no existe a su respecto una omisión antijurídica imputable en este estadio procesal. NOVENO: Que, por el contrario, en lo concerniente al actuar del Servicio Nacional de Migraciones, la demora constatada resulta del todo injustificada. En efecto, han transcurrido más de cuatro años y cuatro meses en el caso del padre de familia, y más de tres años y nueve meses respecto de la madre y su hijo, paralización que contraviene abiertamente los principios de celeridad, economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en los artículos 7, 9 y 14 de la Ley N.º 19.880, excediendo con creces el límite temporal contemplado en su artículo 27. Si bien la autoridad recurrida alega que los actores cuentan con un permiso de residencia temporal provisorio al amparo de la Ley N.º 20.430 que los mantiene en situación migratoria regular, aquello no la exime de su obligación legal y fundamental de dar curso progresivo a la tramitación y concluir su labor como Secretaría Técnica en un plazo razonable. El mantenimiento indefinido de este estado de pendencia y tramitación inconclusa somete a los recurrentes a una situación de incerteza perjudicial frente a otros administrados, lo que configura una omisión arbitraria e ilegal que transgrede la garantía de igualdad ante la ley protegida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente el acogimiento de la acción únicamente a su respecto, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y disponer el avance a la siguiente etapa procedimental. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se desestima la acción de protección deducida en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR; y SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, doña nombre reservado y del menor nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, sólo en cuanto se ordena a dicha autoridad que, dentro del plazo máximo de noventa días corridos contados desde la notificación de la presente sentencia, proceda a concluir su labor como Secretaría Técnica y remitir, si corresponde conforme a derecho, los informes y antecedentes de los recurrentes a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado para la continuación del procedimiento. Regístrese y comuníquese. Rol 1371-2026 (Protección)