nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

Antofagasta, a veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ejército de Chile, por haber dictado resolución de 18 de junio de 2025, mediante la cual dispone su baja de las filas institucionales por supuesta inaptitud de salud. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, por cuanto se adopta sin un procedimiento claro, transparente ni posibilidad de defensa previa, sin acreditación debida de las razones médicas invocadas y en contradicción con su desempeño satisfactorio demostrado, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1°, 2°, 4°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene su inmediata reincorporación.

Informa el recurrido, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente expone que se desempeñaba como funcionaria del Ejército de Chile desde el año 2020, cumpliendo funciones militares con conducta intachable y desempeño satisfactorio. Agrega que, en enero de 2024, producto de un asalto y robo con violencia en la ciudad de Arica, quedó con secuelas psicológicas derivadas de estrés postraumático y situaciones de ansiedad. Posteriormente, luego de solicitar ayuda institucional para recuperar su estado inicial, comenzaron las denominadas juntas médicas, en las cuales no podía asistir presencialmente al estar destinada en Calama, asistiendo un representante que no contaba con su consentimiento.

Refiere que retomó sus labores de servicio en marzo del presente año, recibiendo incluso una felicitación directa de su mando por el cumplimiento del ejercicio multinacional "Estrella Austral". Refiere que cumplió a cabalidad todos los operativos encomendados sin presentar complicación alguna de salud ni evidencia de afectación mental. Adicionalmente, buscó opiniones médicas particulares que no arrojaron condición alguna que afectara su quehacer militar.

Sostiene que la decisión constituye una acción arbitraria por ser caprichosa y carente de razonabilidad, toda vez que no respeta estándares mínimos de transparencia y motivación. Asimismo, argumenta que resulta contradictoria con el propio comportamiento institucional, considerando que se le encomendaron funciones de alta presión y estrés, siendo felicitada por ello, lo que demuestra que cuenta con las condiciones para desempeñar funciones militares. Agrega que la resolución desconoce el deber estatal de respetar y promover los derechos fundamentales conforme al artículo 5, inciso segundo de la Constitución, y al principio de juridicidad del artículo 6.

Indica que se afecta su derecho a la vida e integridad física y psíquica, al generar cuestionamiento constante sobre su desempeño; la igualdad ante la ley, por discriminación injustificada respecto de otros funcionarios en situación médica similar; el respeto y protección a la vida privada y honra, al atribuírsele condición de salud no adecuadamente diagnosticada; la libertad de trabajo, sin fundamento legítimo; y el derecho de propiedad, al afectarse su remuneración y beneficios derivados del servicio prestado.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución definitiva de baja temporal y se ordene su inmediata reincorporación a la institución o, subsidiariamente, se ordene la realización de un nuevo procedimiento con pleno respeto a sus garantías constitucionales.

SEGUNDO: Que evacúa informe el director de Sanidad del Ejército, señalando que el recurso encuentra su origen en el informe CSE N°1127/2025, de 27 de mayo de 2025, que ratifica el informe CSE N°3036/2024 de 10 de diciembre de 2024, el cual determina que la recurrente no se encuentra apta para continuar al servicio de la institución, proponiendo su retiro temporal.

Expone que el acto recurrido constituye un acto de mero trámite que carece de la aptitud necesaria para producir efectos que vulneren derechos fundamentales de la recurrente. Fundamenta esta posición argumentando que la recurrente fue evaluada por la Comisión de Sanidad del Ejército conforme a las disposiciones del artículo 229 del DFL N° 1 de 1997, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", acumulando licencias médicas por reposo prolongado, siendo posteriormente solicitada su evaluación.

Explica que el documento CSE N°1127/2025, de 27 de mayo de 2025, constituye exclusivamente un acto de mero trámite y no una resolución terminal definitiva sobre la capacidad física y psíquica del personal del Ejército. En consecuencia, argumenta que este informe recurrido carece de trascendencia por sí solo, requiriendo necesariamente la dictación de otro acto administrativo por parte de la División de Personal del Ejército, autoridad competente para dictar el retiro temporal. Destaca que dicha resolución aún no ha sido dictada, manteniendo la recurrente las vías de impugnación ante dicha repartición intactas.

Invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece la naturaleza técnica y especializada de las resoluciones de la Comisión de Sanidad, y que el acto de la Comisión de Sanidad constituye un elemento integrante del complejo entramado administrativo y procedimental sustentado en diversas disposiciones legales y estatutarias que regulan la permanencia de quienes se desempeñan en instituciones armadas.

En relación con la especialidad técnica de la Comisión de Sanidad del Ejército, sostiene que esta entidad detenta facultades exclusivas y excluyentes para pronunciarse sobre la capacidad del personal para continuar en el servicio o determinar la clase de inutilidad correspondiente. Fundamenta esta afirmación citando las disposiciones del artículo 234 del DFL N° 1 de 1997 "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", que confiere atribuciones exclusivas para la determinación de capacidad para continuar en servicio activo, así como la Contraloría General de la República mediante dictamen N° 6.582, de 20 de marzo de 2020.

Refiere que la recurrente fue evaluada en múltiples oportunidades por diversas autoridades competentes. Detalla que mediante oficio BRITMOT N°1 SECC 1RA (R) N°11300/511000/5478/CSE DSE, de 14 de junio de 2024, el comandante de la Brigada Motorizada N°1 "Calama" solicita a la CSE evaluar médicamente a la recurrente por mantener reposo médico prolongado. Posteriormente, mediante oficio BRITMOT N°1 FISCOM (R) N°11345/4027/DSE, de 10 de diciembre de 2024, el fiscal en Comisión solicita agendar evaluación para determinar la relación directa de su enfermedad con el servicio.

Especifica que la recurrente fue evaluada por la CSE en sesión de 10 de diciembre de 2024, emitiéndose el Informe CSE N°3063/2024, diagnosticando trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, trastorno depresivo recurrente y síndrome de déficit atencional. Posteriormente, fue reevaluada en sesión de 27 de mayo de 2025, ratificándose el Informe CSE N°1127/2025, confirmando que la recurrente se encuentra no apta para continuar al servicio de la Institución, acumulando 752 días de reposo entre total y parcial hasta la fecha de evaluación.

Respecto del derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19, N°1 de la Constitución Política de la República, argumenta que la recurrente no identifica acto u omisión arbitraria o ilegal que conculque esta garantía, limitándose a señalar desvinculación arbitraria por supuesta condición médica sin evaluación adecuada. Sostiene que no se ha vulnerado derecho alguno, considerando que el acto recurrido constituye un pronunciamiento médico por ente técnico, no constituyendo acto terminal por mantener la recurrente vías recursivas intactas ante la autoridad competente.

Respecto del derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19, N°2 de la Constitución, sostiene que la recurrente no señala en su escrito ni en el petitorio del mismo vulneración específica a esta garantía, sosteniendo únicamente que toda persona debe recibir el mismo tratamiento de la autoridad en situaciones de igualdad. Fundamenta que, al encontrarse el acto administrativo de la CSE debidamente motivado y fundamentado, no ha sufrido vulneración alguna a la garantía constitucional contenida en el artículo 19, N°2 de la Carta Fundamental.

En relación con el derecho de protección a la vida privada consagrado en el artículo 19, N°4 de la Constitución, manifiesta que la recurrente únicamente señala que la resolución afecta su honra profesional y personal al atribuirle condición de salud no adecuadamente diagnosticada ni notificada. Argumenta que el informe de aptitud médica no es público ni afecta la vida privada, emitiéndose con fines internos exclusivamente para determinar capacidad de desempeño de funciones militares, protegido bajo deber de confidencialidad médica.

Respecto de la libertad del trabajo y derecho de propiedad establecidos en el artículo 19, N°16 y N°24 de la Constitución, indica que el derecho a la función pública no puede ser objeto de propiedad, toda vez que no constituye cosa corporal o incorporal según los términos del Código Civil. Argumenta que no existe vulneración de derechos y garantías constitucionales, atendido que el acto recurrido emana de autoridad competente, legalmente facultada para emitirlo, fundado en antecedentes múltiples que incluyeron la oportunidad de ejercer recurso de reposición.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, la especie, y sin perjuicio de la imprecisión -formal y sustantiva- en que incurrió la parte recurrente en la singularización del acto que se tilda de ilegal y arbitrario, lo cierto es que el acto recurrido consiste en la dictación del Informe CSE N°1127/2025, de 27 de mayo de 2025, que ratifica el Informe CSE N°3063/2024, de 10 de diciembre de 2024, el que fue notificado el 18 de junio de 2025.

En lo pertinente para la resolución de este arbitrio, cabe indicar que dicho acto dispuso lo siguiente: “Esta Comisión de Sanidad propone el Retiro Temporal del funcionario por enfermedad curable que lo imposibilita temporalmente para el servicio, según lo establecido el Artículo 56, letra a), de la Ley N°18.948 “Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas” (sic).

SEXTO: Que, con el objeto de analizar la legalidad del acto recurrido, singularizado precedentemente, corresponde indicar que el artículo 234 del DFL N°1 de 1997 dispone que: “El examen físico y psíquico del personal, la determinación de su capacidad para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiera corresponderle será efectuado, exclusivamente, por la Comisión de Sanidad de cada Institución”, siendo efectivamente aquel el órgano que determina la no aptitud para continuar al servicio de la institución.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la Comisión de Sanidad del Ejército es un ente especializado y técnico, por lo que detenta una facultad exclusiva y excluyente para pronunciarse sobre la capacidad del personal para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiera corresponderle.

OCTAVO: Que, por lo razonado, el actuar de la recurrida se ha ajustado a la normativa en materia de salud de esa institución, por cuanto la recurrente fue evaluada médicamente y se ha determinado, luego de los exámenes de rigor, que su salud no es apta para la función militar, siendo la constatación de una enfermedad y su carácter, atribución exclusiva de la Comisión de Sanidad del Ejército.

NOVENO: Que, además, se debe tener en especial consideración que el acto recurrido es uno de trámite y no terminal, que haya concluido con la desvinculación del recurrente y, en consecuencia, con el cese de sus funciones. A mayor abundamiento, cabe señalar que, conforme con los antecedentes incorporados a este procedimiento, no existe acto administrativo que haya dado de baja al recurrente de las filas del Ejército de Chile.

En este sentido, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso que aquellos que recurren cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección, teniendo en especial consideración la carencia de una etapa probatoria destinada a que cada parte logre acreditar sus aseveraciones, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento de lato conocimiento, máxime cuando no estamos en presencia de un acto terminal, sino que de un acto trámite dictado por autoridad competente.

Lo señalado precedentemente debe concordarse con la circunstancia consistente en que el retiro temporal es una medida administrativa, de carácter discrecional, que ejerce el comandante del Comando de Personal (actual DIVPER), en uso de facultades expresamente otorgadas por ley, que opera a través de la dictación de una resolución fundada, que tiene por objeto separar al funcionario, con la posibilidad de admitir una futura reincorporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del DFL N°1 de 1997, “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”. En este sentido, debe reiterarse que no existe un acto administrativo dimanado de la Dirección de Personal del Ejército de Chile que haya dispuesto el retiro temporal de la actora.

DÉCIMO: Que, adicionalmente, se hace necesario recordar que para que prospere la acción cautelar de protección, que es una acción de emergencia que faculta a esta Corte a adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, se requiere la existencia de un derecho indubitado de parte del recurrente, lo que en la especie no ocurre, toda vez que se encuentra controvertida la existencia de salud compatible con el ejercicio de la función militar y, consecuentemente, la posibilidad de continuar en servicio activo dentro de la institución recurrida.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, al no avizorar ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, tampoco es posible calificar su conducta como atentatoria de las garantías constitucionales esgrimidas, razón que redundará en el rechazo de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Ejército de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1362-2025 (Protección)

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