nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Antofagasta, ocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta Código de trámite 75485640 de fecha 04 de mayo de 2026, mediante la cual su solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite, estimando vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y del debido proceso establecidas en el artículo 19 N.º 2 y N.º 3 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución impugnada.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción de protección señalando, en síntesis, la existencia de un acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta Código de trámite 75485640 de fecha 04 de mayo de 2026, mediante la cual no se acogió a trámite su solicitud de residencia definitiva.

Expone como antecedentes de hecho que ingresó a Chile de forma regular por paso habilitado el año 2017 y que, con el transcurso del tiempo, ha generado un sólido arraigo familiar y laboral en el país. En este sentido, detalla contar con una estabilidad laboral continua superior a sesenta meses, manteniendo un contrato de trabajo vigente y el pago íntegro de sus cotizaciones en la Administradora de Fondos de Pensiones y Fonasa. En el ámbito familiar, acredita haber contraído matrimonio con fecha 14 de octubre de 2023 con doña nombre reservado, quien se encuentra embarazada, siendo además padre de una niña de nacionalidad chilena de dos años de edad, y carecer por completo de antecedentes penales tanto en su país de origen como en el territorio nacional.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el recurrente reprocha que la autoridad migratoria fundamentó su decisión de rechazo en los preceptos del artículo 78 inciso 2 de la Ley N.º 21.325 y el artículo 62 del Reglamento N.º 296. Argumenta que la Administración vulneró la garantía de igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso consagradas en el artículo 19 N.º 2 y N.º 3 de la Carta Fundamental, al no otorgarle la oportunidad procedimental de formular descargos ni de presentar medios de prueba tendientes a acreditar el cumplimiento íntegro de los requisitos legales exigidos.

Concluye solicitando a esta Ilustrísima Corte que acoja la acción tutelar, dejando sin efecto el acto administrativo impugnado, para así tutelar su legítimo proyecto de vida familiar y económico en el país.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, don Guillermo Alfredo Quezada Bruzzone, abogado en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, argumentando la absoluta inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que el actor fue titular de un permiso de residencia temporal bajo la antigua categoría de visa sujeta a contrato. Sin embargo, precisa que la vigencia de dicho visado expiró el 13 de junio de 2022 y que el extranjero presentó solicitudes de residencia definitiva de forma extemporánea con fechas 07 de julio de 2022, 28 de octubre de 2024, 18 de noviembre de 2025 y, finalmente, el 14 de marzo de 2026. Al momento de efectuar todas estas postulaciones, el permiso de residencia temporal se encontraba vencido, incurriendo el administrado en una irregularidad migratoria por la cual fue sancionado mediante la Resolución Exenta N.º 24493710 el 28 de octubre de 2024, constando el pago de la respectiva multa pecuniaria en la misma data.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene que la resolución objetada fue dictada por la autoridad legalmente competente y con estricto apego a la normativa imperativa. Argumenta que, de conformidad con el artículo 78 inciso 2 de la Ley N.º 21.325 y el artículo 62 del Decreto N.º 296, constituye un requisito habilitante y esencial que las postulaciones a la residencia definitiva se lleven a cabo mientras el permiso de residencia temporal se encuentre vigente. Al concluirse objetivamente que a la fecha de presentación de las solicitudes el actor recaía en una situación de irregularidad, el requerimiento carecía de sustento normativo ineludible.

Finaliza señalando que el ente obró sin capricho alguno, comunicándole en su oportunidad la facultad de interponer los recursos administrativos de la Ley N.º 19.880, por lo que solicita el íntegro rechazo de la acción.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte radica en determinar si la decisión del Servicio Nacional de Migraciones, materializada en la Resolución Exenta Código de trámite 75485640 de 04 de mayo de 2026, que no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva del recurrente por postular con una visación temporal vencida, constituye un acto ilegal y arbitrario. Específicamente, se debe dilucidar si la decisión de fondo de la autoridad es materialmente correcta en virtud del incumplimiento de los plazos de vigencia legalmente exigidos, o si, por el contrario, su obrar resulta antojadizo al desconocer el sólido arraigo familiar y laboral invocado por el actor, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso.

SEXTO: Que, para resolver la litis, resulta ineludible atenerse al marco normativo aplicable. El artículo 78 inciso 2 de la Ley N.º 21.325 sobre Migración y Extranjería establece de forma perentoria que “La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70”. Por su parte, el artículo 62 del Decreto N.º 296, que aprueba el Reglamento de la citada ley, dispone que se podrá postular a dicho permiso “siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita”, precisando imperativamente en su inciso segundo que la solicitud de cambio de categoría “deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para solicitar la prórroga del permiso de residencia, es decir, con no más de noventa y no menos de diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente”.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes aportados al proceso, resultan hechos pacíficos y debidamente acreditados en la causa los siguientes: a) el actor fue titular de una visa sujeta a contrato cuya vigencia expiró ineludiblemente el 13 de junio de 2022; b) con posterioridad a dicha data, el extranjero presentó reiteradas solicitudes para optar a la residencia definitiva, constando ingresos los días 07 de julio de 2022, 28 de octubre de 2024, 18 de noviembre de 2025 y el 14 de marzo de 2026; c) en todas aquellas oportunidades, el permiso de residencia temporal del recurrente se encontraba vencido, incurriendo en una irregularidad migratoria sostenida por la cual le fue cursada una sanción pecuniaria el 28 de octubre de 2024, constando su debido pago.

OCTAVO: Que, al realizar un simple cómputo de fechas, fluye inequívocamente que al momento exacto de presentar las postulaciones, el extranjero no cumplía con el requisito normativo esencial exigido, esto es, detentar un permiso de residencia temporal vigente. Por consiguiente, la decisión de la autoridad de declarar inadmisible la solicitud resulta materialmente correcta y ajustada a la legalidad, al carecer el requerimiento de su sustento normativo habilitante. En efecto, la actuación de la Administración no reviste el carácter de arbitraria, puesto que se funda en una constatación objetiva y fáctica: el incumplimiento de las formalidades de admisibilidad dispuestas por el legislador y la mantención de una situación de irregularidad previa.

NOVENO: Que, en lo tocante a las alegaciones del actor orientadas a denunciar una transgresión al debido proceso e igualdad ante la ley, y la omisión de ponderar su arraigo laboral y familiar, cabe hacer presente que los vicios que derivan en el rechazo del beneficio no resultan en caso alguno atribuibles al Servicio Nacional de Migraciones. Por el contrario, la decisión impugnada corresponde a la legítima consecuencia de la propia inactividad y omisión procedimental del administrado, quien dejó vencer su permiso temporal antes de iniciar oportunamente su postulación. El hecho de que el extranjero haya permanecido de forma irregular en el país por un lapso prolongado, desvirtúa el supuesto ánimo de regularización invocado en estos autos y justifica jurídicamente que la autoridad aplique las restricciones normativas, toda vez que las solas alegaciones vinculadas al derecho a la familia y estabilidad laboral no operan como factores que eximan del cumplimiento imperativo de los plazos que rigen la ley.

DÉCIMO: Que, por lo expuesto, al haberse dictado la resolución con estricta sujeción a las exigencias temporales imperativas que regulan la admisibilidad de las solicitudes migratorias, no se advierte la existencia de un acto de carácter ilegal o arbitrario imputable a la autoridad que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente. La institución se limitó a aplicar la consecuencia legal frente al propio incumplimiento del actor, quien carece de un derecho indubitado al otorgamiento de la residencia en las actuales circunstancias, por lo que la presente acción de protección carece de asidero y deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1359-2026 (Protección)