Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Antofagasta, a catorce de julio de dos mil veintiséis. VISTOS: Compareció James Cristián Mery Bell, abogado, en representación de nombre reservado, pasaporte colombiano NºNUM000, cédula de identidad NºNUM001, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio del Interior y demás organismos que pudieran intervenir en la actuación denunciada, a partir del anuncio público de una política administrativa mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones recibiría información de la Superintendencia de Pensiones respecto de trabajadores extranjeros cotizantes, cruzaría esos datos con antecedentes migratorios y posteriormente identificaría a sus empleadores para remitirles oficios destinados a “remediar” situaciones de contratación de personas extranjeras sin autorización para trabajar, lo que vulneraría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la vida privada, honra y protección de datos personales y la libertad de trabajo.

Solicitó se declare ilegal y arbitraria la amenaza denunciada, y se dispongan las medidas necesarias para impedir la ejecución de la política administrativa impugnada mientras no se ajuste estrictamente a la Constitución, la ley, los tratados internacionales vigentes, el debido procedimiento administrativo y los estándares de protección de datos personales, igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derechos laborales del afectado y de quienes se encuentren en situación análoga. Informaron las entidades recurridas como obra del proceso. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que señaló el recurrente mantiene una relación laboral vigente, pues suscribió contrato de trabajo con nombre reservado, el 1 de agosto de 2024, para desempeñarse como maestro de obras civiles, electricista de líneas subterráneas MT-BT y liniero MT-BT, pactándose jornada, remuneración y una duración de carácter indefinido. También se encuentra afiliado a AFP UNO a contar del 19 de julio de 2021. Estos antecedentes son esenciales, porque demuestran que no se trata de una amenaza vaga, sino de una afectación posible, seria y concreta sobre datos personales, laborales, previsionales y migratorios actualmente existentes o susceptibles de ser tratados en el marco de la política administrativa anunciada. Asimismo, existen antecedentes migratorios o administrativos que pueden ser objeto de revisión por la autoridad competente, cuestión que deberá ser conocida y resuelta en la sede y procedimiento legal correspondiente. Sin embargo, esa circunstancia no transforma al afectado en una persona desprovista de derechos fundamentales, ni autoriza a la Administración a actuar por vías de hecho, ni permite que datos laborales o previsionales recolectados para fines de seguridad social sean utilizados sin resguardo como mecanismo masivo de identificación, comunicación y presión sobre empleadores. Agregó que la amenaza denunciada surge a partir del anuncio público de una política administrativa mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones recibiría información de la Superintendencia de Pensiones respecto de trabajadores extranjeros cotizantes, cruzaría esos datos con antecedentes migratorios y posteriormente identificaría a sus empleadores para remitirles oficios destinados a “remediar” situaciones de contratación de personas extranjeras sin autorización para trabajar. Así pues, esta amenaza emana, según los antecedentes públicos disponibles, del Servicio Nacional de Migraciones, de la Superintendencia de Pensiones, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y de los órganos o entidades públicas o privadas que intervengan, por convenio, instrucción, requerimiento, coordinación o derivación, en el flujo de información anunciado. Sostuvo que dicho mecanismo implica el tratamiento, cruce, transmisión y comunicación de datos personales, laborales, previsionales y migratorios sin que exista un procedimiento administrativo individual previo, sin conocimiento del titular de los datos y sin que éste pueda ejercer su derecho de defensa antes de que la información sea comunicada al empleador. En tal sentido, precisó que se impugna el modo anunciado de ejercicio de la potestad administrativa, no la existencia abstracta de dicha potestad. El Estado puede verificar la situación migratoria de una persona extranjera, puede fiscalizar empleadores y puede aplicar las sanciones que correspondan cuando la ley lo autorice y mediante los procedimientos respectivos. Pero lo que no puede hacer es utilizar datos previsionales generados en el marco de una relación laboral formal y de seguridad social como insumo de una política masiva de identificación, perfilamiento y comunicación a empleadores, sin informar previamente al titular, sin permitirle corregir o explicar antecedentes, sin acreditar base legal específica y sin ponderar el impacto laboral de esa comunicación. Puntualizó que la amenaza se vuelve especialmente grave porque el acto proyectado no se agota en una revisión interna de datos públicos. Se trata de datos previsionales, laborales y eventualmente migratorios, asociados a una persona identificada o identificable. Su tratamiento puede revelar empleador, relación laboral, continuidad del trabajo, historial de cotizaciones, remuneración imponible, situación administrativa y eventual condición de ingreso irregular. La comunicación de esos antecedentes a un empleador no es inocua: puede producir despido preventivo, presión para renunciar, suspensión de funciones, continuidad sin contrato, no pago de cotizaciones o exposición reputacional o incluso el tránsito hacia relaciones laborales informales, antes de que exista una resolución administrativa que determine la situación migratoria del trabajador. Enseguida expuso que esta amenaza así expuesta, vulnera la igualdad ante la ley, toda vez que la política administrativa efectuaría un tratamiento masivo de trabajadores extranjeros sin distinguir las distintas situaciones migratorias particulares, exponiéndolos a medidas que requieren un análisis individualizado. Ello produciría una diferencia de trato arbitraria respecto de trabajadores nacionales o extranjeros que se encuentren en distintas condiciones administrativas. Del mismo modo, arguyó se transgrediría el derecho fundamental contenido en el numeral 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues el intercambio de información previsional y migratoria constituye tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento sólo puede efectuarse conforme a la ley, con ello, la autoridad debe acreditar la finalidad específica, necesidad, proporcionalidad, exactitud y seguridad del tratamiento, por lo que la comunicación de estos antecedentes al empleador afecta la privacidad, la honra y la autodeterminación informativa del trabajador. En tal sentido, aseveró que esta amenaza envuelve un tratamiento interorgánico no transparentado, uso secundario o desviación de finalidad, por la utilización de información previsional generada para seguridad social en una fiscalización migratoria con eventuales efectos laborales, y una comunicación lesiva a terceros, por la eventual remisión de oficios al empleador del afectado, con aptitud para producir despido, informalización, pérdida de cotizaciones, afectación de honra laboral y debilitamiento de su posición contractual. En ese orden de ideas, invocó especialmente la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Afirmó que no se ha acreditado una base legal específica para la transmisión de los datos ni el cumplimiento de las exigencias que dicha ley impone respecto de la transmisión automatizada de información entre organismos públicos. A su turno, mencionó que el mecanismo anunciado amenaza directamente la estabilidad laboral del afectado, ya que la comunicación al empleador puede incentivar el despido o la informalización del vínculo laboral, utilizando precisamente las cotizaciones previsionales —destinadas a la protección social— como instrumento de fiscalización migratoria; lo que redunda en una transgresión a la garantía constitucional regulada en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República. Por otro lado, expuso que la actuación administrativa descrita sería ilegal porque vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución, al no existir un acto administrativo fundado que autorice el tratamiento y comunicación de los datos personales. Tal aspecto relacionado con infracción a una serie de normas que citó contenidas esencialmente en la Ley N°19.628, Ley N°19.880; sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, Ley N°18.575; sobre Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, señalando que las potestades de fiscalización migratoria deben ejercerse respetando las garantías constitucionales y el debido procedimiento administrativo. Por otra parte, afirmó que la medida es arbitraria porque existen mecanismos menos lesivos para verificar la situación migratoria de un trabajador, tales como la notificación directa al interesado, la apertura de un procedimiento administrativo individual o la fiscalización ordinaria del empleador, sin necesidad de utilizar un sistema masivo de cruce de datos ni de comunicar anticipadamente información al empleador. La realidad migratoria y laboral es compleja, y precisamente por eso exige revisión caso a caso.

Una actuación que agrupa a personas extranjeras cotizantes como un universo homogéneo de fiscalización genera una clasificación administrativa excesivamente gruesa, incapaz de captar diferencias relevantes y, por ello, arbitraria. En el caso de nombre reservado, esa falta de individualización resulta particularmente evidente. El afectado presenta antecedentes migratorios de situación migratoria irregular o sujeta a revisión, pero mantiene contrato de trabajo y antecedentes laborales formales. Esa combinación de antecedentes exige una ponderación cuidadosa, no una respuesta automatizada. La irregularidad de ingreso puede ser relevante en sede migratoria, pero la existencia de contrato y antecedentes laborales demuestra que hay derechos laborales y previsionales actualmente en juego. La autoridad no puede limitarse a tratarla como un dato dentro de una base cruzada; debe reconocer que detrás de la información laboral o previsional existe una persona identificable, una relación laboral concreta, una fuente de ingresos y una situación jurídica que exige procedimiento individual. Con todo, previas reseñas a normativa internacional aplicable a la materia, solicitó se declare ilegal y arbitraria la amenaza denunciada, y se dispongan las medidas necesarias para impedir la ejecución de la política administrativa impugnada mientras no se ajuste estrictamente a la Constitución, la ley, los tratados internacionales vigentes, el debido procedimiento administrativo y los estándares de protección de datos personales, igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derechos laborales del afectado y de quienes se encuentren en situación análoga. SEGUNDO: Que informó Manuel Bustos Castillo, abogado, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien instó por el rechazo de la acción incoada por improcedente, pues la situación reclamada excede el ámbito de ésta, debido a su naturaleza cautelar. De acuerdo con lo narrado en el libelo pretensor, no se vislumbra una acción u omisión real, efectiva y concreta que vulnere las garantías constitucionales descritas, por el contrario, sustenta esta acción cautelar en supuestos, es decir, situaciones que no han acaecido, razón por la que utiliza la expresión “recurso de protección preventivo”. Es más, no detalla la acción u omisión que eventualmente habría vulnerado sus derechos y por la presente acción, pretende obtener un control abstracto de legalidad, el que, además, apuntaría a un interés generalizado, al buscar suspender un “mecanismo” de la administración, el cual no aclara, respecto de trabajadores extranjeros, sin especificar mayores antecedentes, lo que excede la naturaleza individual del recurso de protección e intenta resignificarlo como una acción popular. Agregó que su actuación se limitó únicamente a dar respuesta a un requerimiento formulado por el Servicio Nacional de Migraciones, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 157 de la Ley N°21.325, entregando información previsional dentro de sus competencias legales, especialmente en el marco de los principios de colaboración, coordinación e interoperabilidad entre organismos estatales, consignándose en tal comunicación, información del ámbito previsional del actor. Es más, la formalidad laboral no impide que la autoridad competente pueda efectuar una fiscalización migratoria, siendo, además, el propio recurrente, quien expone en su recurso la existencia de antecedentes migratorios o administrativos, susceptibles de ser revisables por la autoridad. Puntualizó que sin perjuicio de la información que posee en virtud de sus atribuciones legales, es el propio extranjero quien en su recurso individualiza la razón social para la cual presta servicios, la fecha desde cuando lo hace y la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentra afiliado, por lo que no resultan relevantes los datos que remitió al Servicio Nacional de Migraciones, en circunstancias que el propio recurrente lo informó en su recurso. Por otro lado, señaló que la Ley N°19.628 permite a los órganos públicos tratar y comunicar datos personales cuando ello se realiza dentro de sus competencias legales, sin requerir el consentimiento del titular. Asimismo, invoca los principios de coordinación, colaboración e interoperabilidad entre organismos públicos. Con ello, estimó que los datos previsionales no son datos sensibles, es más, la información previsional constituye un dato personal, pero no un dato sensible, por lo que su tratamiento se encuentra permitido bajo el régimen general de la ley antes citada. Precisó que no tiene facultades para determinar la permanencia o autorización laboral de los extranjeros; esa competencia corresponde exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones. Con todo, negó se hayan vulnerado las garantías constitucionales aludidas por el recurrente, porque la fiscalización migratoria responde a criterios legales objetivos, además porque el tratamiento de la información está autorizado por ley, y el actor continúa trabajando y no acredita despido, suspensión ni otra afectación efectiva. TERCERO: Que informó Renata Javiera Muñoz González, abogada en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien abogó por el rechazo íntegro de la presente acción pues el recurrente no identifica ningún acto concreto e ilegal atribuible al servicio, sino que basa su acción en una supuesta política de intercambio de información entre organismos públicos para fines de fiscalización migratoria. Agregó que el recurrente presentó una solicitud de residencia temporal, pero durante el examen de admisibilidad se verificó que no existían antecedentes que acreditaran su ingreso al territorio nacional. Por ello, se le instruyó concurrir a Policía Internacional de la PDI para verificar y regularizar esa situación antes de continuar con la tramitación de su solicitud, circunstancia indispensable para la correcta tramitación de su solicitud migratoria conforme al procedimiento establecido por la Ley N°21.325. Con ello, actuó conforme a sus atribuciones legales, pues no rechazó arbitrariamente su solicitud ni adoptó medida alguna que restringiera derechos, sino que aplicó el procedimiento administrativo previsto por la legislación migratoria vigente. Señaló que las actuaciones realizadas corresponden al ejercicio de sus facultades legales de control migratorio y que los mecanismos de intercambio de información con otros órganos públicos responden al deber de coordinación administrativa, sin que ello implique una vulneración de derechos fundamentales. También destacó que la corte rechazó inicialmente la orden de no innovar, al no advertir una amenaza actual que justificara una medida cautelar. Enseguida expuso argumentaciones jurídicas por las que sostuvo que recurso de protección es improcedente porque no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte al recurrente. La acción se basa únicamente en una amenaza hipotética respecto de un eventual intercambio de información entre organismos públicos y no en una actuación concreta del Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, actuó dentro de las atribuciones conferidas por la Ley N°21.325, mientras que el intercambio de antecedentes entre organismos públicos constituye una obligación legal destinada a asegurar el adecuado funcionamiento de la Administración del Estado, conforme mandatan los principios de legalidad, coordinación y eficiencia administrativa, establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en la Ley N°18.575. Finalmente, concluyó que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, pues no se acredita una afectación real, actual o inminente de sus derechos, sino únicamente consecuencias hipotéticas derivadas de una eventual actuación futura de la Administración. CUARTO: Que informó Sebastián González Rubio, abogado, en representación, del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, quien previas citas legales aplicables al ejercicio de competencias públicas, tales como los artículos 144, 157 y 165 de la Ley N°21.325, Ley N°19.620, indicó que su ejercicio debe desarrollarse conforme a los principios que informan la actuación de la Administración del Estado. En particular, los artículos 3° y 5° de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, imponen a los órganos públicos el deber de actuar coordinadamente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principio que encuentra una manifestación específica en el artículo 37 bis de la Ley N°19.880, disposición que establece mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre órganos administrativos cuando el ejercicio de sus respectivas competencias así lo requiera. Señaló que la presente acción constitucional es manifiestamente improcedente, por cuanto no se verifican en la especie los supuestos necesaria para su procedencia, esto es: (1) La existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; (2) Que dicho acto u omisión produzca una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagradas; (3)

Que exista una afectación concreta, directa y determinada respecto del recurrente, atendido el carácter cautelar de esta; y (4) Que exista una imputación concreta y determinada respecto de una autoridad o persona recurrida, de manera que pueda se le pueda atribuir el acto u omisión cuya ilegalidad o arbitrariedad se denuncia. Sostuvo que no existe ningún acto administrativo concreto del Ministerio que afecte al recurrente, sino únicamente alegaciones fundadas en anuncios o declaraciones sobre una eventual política pública, sin que se haya acreditado una actuación específica respecto de su situación personal. Incluso el propio actor reconoce que no fue posible encontrar un convenio, resolución, protocolo u oficio que establezca oficialmente el mecanismo de intercambio de información denunciado, como tampoco acredita que sus datos hayan sido tratados, comunicados a su empleador o utilizados por el Ministerio, ni que exista una medida administrativa que haya afectado efectivamente su situación laboral o migratoria. A su turno, hizo presente que el recurso tiene un carácter general o popular, pues busca suspender un supuesto mecanismo aplicable a un conjunto indeterminado de trabajadores extranjeros y no la protección de un derecho individual concreto, lo que deviene en impertinente pretender someter a control judicial decisiones de política pública, cuyo diseño e implementación constituye una función propia de los órganos de la Administración del Estado. En ese orden de ideas, citó la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, que autoriza y, en algunos casos, obliga al Servicio Nacional de Migraciones a coordinarse e intercambiar información con otros órganos de la Administración para ejecutar la política migratoria, respetando la confidencialidad y la protección de datos personales. Asimismo, el artículo 20 de la Ley N°19.628 permite a los organismos públicos tratar datos personales sin consentimiento del titular cuando ello sea necesario para ejercer competencias conferidas por la ley. Por ello, el intercambio de información entre organismos públicos, por sí solo, no constituye una actuación ilegal. De igual modo, invocó los principios de legalidad, coordinación y colaboración administrativa, previstos en la Ley N°18.575 y en la Ley N°19.880, sosteniendo que la cooperación entre organismos públicos constituye un deber legal y no una actuación arbitraria. Finalmente, alegó que el Ministerio del Interior carece de legitimación pasiva, porque el recurso no identifica ninguna resolución, instrucción, convenio o actuación emanada de esa cartera que pueda considerarse lesiva de los derechos del recurrente, por lo que solicitó el rechazo del recurso, con expresa condena en costas. QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. SEXTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. SÉPTIMO: Que, en mérito de los planteamientos formulados en la presente acción cautelar, el recurrente de protección pretende se ordene a los entes públicos recurridos se abstengan de proporcionarse información relativa a su persona, tales como datos de afiliación previsional, puesto que existiría una política administrativa mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones recibiría información de la Superintendencia de Pensiones respecto de trabajadores extranjeros cotizantes, cruzaría esos datos con antecedentes migratorios y posteriormente identificaría a sus empleadores para remitirles oficios destinados a “remediar” situaciones de contratación de personas extranjeras sin autorización para trabajar. Esto, constituiría una amenaza que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la honra y protección de la vida privada, datos personales como la libertad de trabajo y la protección al trabajo formal. Asimismo, procura se tutelen derechos de un colectivo indeterminado debido al impacto que acarrea esta política pública. OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes allegados, y lo expuesto por el actor, desde ya se puede desprender que no se configuran los presupuestos necesarios para ser amparado por esta vía constitucional, toda vez que, del tenor de las peticiones concretas, se advierte que pretende que se deje sin efecto un acto administrativo de carácter general dictado por la autoridad sectorial, con contenidos técnicos, económicos y metodológicos, que forman parte de la ejecución de políticas públicas, cuya regulación, supervisión y control técnico corresponde a las instituciones que, en el ejercicio de sus potestades fueron expresamente conferidas por la ley. Lo anterior, implica revisión y ejercicio de potestades regulatorias y técnicas que la ley ha conferido expresamente a la autoridad administrativa técnica competente, imponiendo criterios de cálculo, proporcionalidad y fundamentación que dicen relación con la definición y ejecución de las mentadas políticas públicas, máxime el actor introduce el debate en relación con el alcance de dicha política pública, pues aseveró que habría un colectivo indeterminado de personas bajo amenaza de garantías constitucionales. NOVENO: Que, sin perjuicio de lo razonado, y en mérito de lo expuesto en los informes evacuados por los recurridos, no se advierte ilegalidad y arbitrariedad en los términos planteados por recurrente, desde que la situación descrita por este guarda relación con el funcionamiento de los órganos de la administración del Estado, regulado por normativa vigente, y que se estructura sobre la base de criterios objetivos de coordinación, comunicación y cooperación eficaz, sin que se haya acreditado en autos la mentada amenaza que conlleva la ejecución de la aludida política pública. En efecto, la Superintendencia de Pensiones reconoció haber proporcionado información personal del actor relativa a los datos previsionales que mantiene bajo su poder al Servicio Nacional de Migraciones. Lo anterior, en ejercicio de las potestades que le confiere la ley, especialmente la Ley N°20.255, de 2008, por lo que al contar con información que le es plenamente competente mantener, no existe impedimento alguno para facilitarla cuando otro organismo del aparataje estatal la requiera, para dar cumplimiento a sus funciones, y así no entorpecer el ejercicio de sus labores, lo que se condice con una de las funciones del Servicio Nacional de Migraciones, contemplada en el artículo 157 de la Ley N°21.325, esto es la de recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país, por lo que es de toda lógica que requiera información previsional de personas extranjeras, pues el fenómeno de la migración en el país incide justamente en dicho aspecto. Lo anterior, en plena coherencia con la materialización de los principios que informan la actuación de la Administración del Estado, especialmente los de coordinación y eficiencia, consagrados en los artículos 3°, 5° y 11 de la Ley N°18.575, que imponen a los órganos públicos el deber de colaborar recíprocamente para el adecuado cumplimiento de las funciones que el legislador les ha encomendado, evitando duplicidad de actuaciones y favoreciendo una gestión administrativa eficiente. DÉCIMO: Que aunado lo anterior, y en mérito de lo prescrito en el artículo 20 de la Ley N°19.628, se advierte que el tratamiento de datos personales por parte de los organismos públicos involucrados se realizó de conformidad a las materias de su competencia y con sujeción a las reglas que contempla la misma ley, toda vez que se realizó en la hipótesis legal aludidas, y en esas condiciones, no necesita el consentimiento del titular. Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por James Cristián Mery Bell, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio del Interior. Regístrese y comuníquese. Rol 1355-2026 (Protección)