Protección contra SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Antofagasta, a cuatro de junio de dos mil quince.

VISTOS:

A comparecencia a fs. 11 del abogado Ignacio Barrientos Pardo, presentando recurso de protección en favor de don nombre reservado, cédula de identidad Nº NUM000, en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, representado por su Director Regional Rafael Carvajal palacios, por vulneración al derecho a la igualdad ante la ley y libertad de trabajo.

A fojas 18 informa del recurso, a requerimiento de la Corte, la Juez de Garantía de Antofagasta, doña Milena Ubilla Carvajal.

A fojas 51, informa la recurrida a través de su Director Regional solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que con fecha 15 de abril de 2014, en causa RIT 2790-2004, RUC 0400145248-2, del Juzgado de Garantía de la ciudad, seguida en contra del recurrente, se efectuó audiencia de revisión de la sentencia y de la pena, ordenándose la eliminación definitiva para todos los efectos legales y administrativos, de los antecedentes prontuariales de dicha causa y la eliminación de la anotación derivada de la misma, para los efectos del artículo 217 de la ley 18.290.

Agrega que ante el incumplimiento de lo ordenado por el Servicio del Registro Civil, con fecha 4 de julio de 2014 se llevó a cabo audiencia en la cual se ordenó oficiar nuevamente al Departamento de Filiación Penal del servicio, con el objeto de informar de los motivos por los cuales no había dado cumplimiento a lo resuelto por el tribunal, bajo apercibimiento de desacato de conformidad al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, en dicha audiencia el tribunal precisó que su pronunciamiento decía relación con el artículo 38 inciso 3º de la Ley 18.216 y artículo 217 de la Ley 18.290, referido a la eliminación y no a la omisión de antecedentes prontuariales. Finalmente, se apercibió que de no darse cumplimiento a lo resuelto dentro de quince días, se procedería a denunciar el hecho al Ministerio Público y dar cuenta a su superior jerárquico.

Expresa luego que el 7 de enero de este año, se solicitó por parte de la Defensoría Regional de Antofagasta se informase por el Ministro de Justicia y por las autoridades del Registro Civil, el criterio de resolución en el presente caso. El 24 de marzo del presente año, se tomó conocimiento del ORD. Nº 263, de 18 de marzo, mediante el cual se remite el criterio adoptado por el servicio recurrido, contenido en oficio Nº 150 de fecha 17 de febrero de 2015 el que, en síntesis, sostiene una interpretación distinta a la efectuada por el tribunal de Garantía Antofagasta, y en definitiva niega a cumplir lo ordenado por dicho tribunal.

Estima el recurrente que la decisión de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, al no haber acatado lo resuelto en forma clara y categórica por el tribunal de garantía de esta ciudad, lo que deja al recurrente en una desigual situación respecto de los connacionales de otras regiones jurisdiccionales; además de ello, se vulneraría el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, en cuanto el servicio recurrido con su decisión se arrogaría facultades jurisdiccionales, sustituyendo lo resuelto por un tribunal de la República; y finalmente, se vería afectada la garantía del artículo 19 Nº 16 referida a la libertad de trabajo y su protección, al impedirse a su representado desempeñar libremente el trabajo de conductor profesional que siempre ha realizado, puesto que la negativa a la eliminación de anotaciones prontuariales en la hoja de vida del conductor, le pone un obstáculo permanente para ser contratado por empresas de transporte, las que al advertir que mantiene anotaciones de condenas en cuasidelitos, desiste de la subcontratación.

Solicita en definitiva que se ordene el cumplimiento inmediato de lo ordenado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, eliminándose definitivamente para todos los efectos legales y administrativos los antecedentes prontuariales en la hoja de vida del conductor, esto es, para los efectos del artículo 217 de la Ley 18.190, disponiendo que el Servicio de Registro Civil e Identificación proceda conforme a derecho a efectuar la eliminación definitiva decretada, conforme al artículo 38 de la Ley 18.216.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso la Juez de Garantía de esta ciudad Milena Ubilla Carvajal, señala ser efectivo lo consignado por el recurrente en cuanto a que en audiencia de fecha 15 de abril de 2014, en la causa que indica, teniendo a la vista el extracto de filiación y antecedentes del condenado, encontrándose cumplida la pena sustitutiva, de conformidad a las modificaciones introducidas a la Ley 18.216 y estimando concurrente los presupuestos del artículo 38 inciso tercero de la citada ley, se ordenó la eliminación de los antecedentes penales del sentenciado y, consecuentemente, la supresión de la anotación en el Registro Nacional de Conductores de conformidad a lo prevenido en el artículo 217 inciso segundo de la Ley 18.290.

Agrega que ejecutoriada dicha resolución, mediante resoluciones en audiencia de fecha 4 de julio y 21 de noviembre de 2014, se ordenó por el tribunal la realización de dichas exclusiones.

TERCERO: Que informando del recurso, el Servicio recurrido da cuenta de las anotaciones prontuariales de don nombre reservado, quien en lo que refiere a la causa RIT 2790-2004, RUC 0400145248-2 fue condenado con fecha 4 de marzo del año 2005 como autor de cuasidelito de homicidio a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo y reclusión nocturna, registrando pena cumplida el 05 de abril de 2006.

Indica que tal anotación se encuentra ingresada tanto en el Registro General de Condenas conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, sobre prontuarios penales y certificado de antecedentes; como asimismo, en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 y 215 de la Ley 18.290. Para la eliminación de esta última anotación, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 217 de la ley recién citada, resulta necesario que previamente tenga lugar la supresión de la anotación del Registro de Condenados por aplicación de alguna de las causales de eliminación contempladas en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 64 de 1960, o bien en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 409 de 1932, sobre Regeneración y Reintegración del Penado a la Sociedad.

Por otra parte, refiere que en razón de haber sido el condenado en la causa RIT 2790-2004, RUC 0400145248-2, beneficiado con medidas alternativas al cumplimiento de la pena y no haber sido condenado con anterioridad por crimen o simple delito, se le otorgó el beneficio contemplado en el artículo 29 de la Ley 18.216, actual artículo 38 modificado por la Ley 20.603, el cual, conforme lo interpreta el Servicio recurrido, corresponde a la omisión de la anotación en los certificados de antecedentes penales para ingreso a la administración pública. Contrario a ello, el Tribunal de Garantía de Antofagasta ordenó oficiar a la Oficina de Registro Civil e Identificación, Subdepartamento de Filiación Penal, a objeto que se procediera a la eliminación de los antecedentes prontuariales y del Registro Nacional de Conductores respecto del imputado, frente a lo cual el Servicio informó de los fundamentos legales de la improcedencia de realizar aquello al amparo del artículo 38 de la Ley 18.216.

Tal negativa se señala en el recurso, se funda en la interpretación de la norma en cuestión -ya referida-, y el criterio concordante de múltiples dictámenes emitidos por Contraloría General de la República -que pese a haber sido elaborados en base al antiguo artículo 29 de la Ley 18.216, su redacción en su actual forma no ha variado el contenido-, por lo que tales dictámenes se encuentran en plena vigencia.

Hace presente que la eliminación de la causa seguida ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad en virtud de la interpretación legal de dicho tribunal, vulneraría el principio que inspira las normas legales sobre eliminación de anotaciones prontuariales, establecidas tanto en el Decreto Supremo Nº 64 de 1960 como en el Decreto Ley Nº 409 de 1932, ambos citados, en cuanto a que no basta el cumplimiento de la pena para que el titular pueda solicitar la eliminación de la anotación prontuarial, sino que se requiere, entre otros requisitos, del transcurso de un tiempo determinado por el legislador en las normas legales respectivas y, además, de la condición de que se trate de la única anotación que exista en el prontuario del interesado. Asimismo, estima que la eliminación de la anotación en las condiciones establecidas por el tribunal, sería vulneratorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley aplicable, y con ello, la manifestación de voluntad de la autoridad en el ejercicio de la actividad administrativa produciría efectos jurídicos diversos.

Finalmente, el servicio recurrido hace presente las respuestas otorgadas en relación a este asunto, tanto a don nombre reservado como a la Defensoría Regional de Antofagasta, y refiere que el principio de legalidad limita las actuaciones del servicio, en tanto organismo público que forma parte de la Administración del Estado, al ámbito de sus competencias, por lo que no tiene las facultades para eliminar anotaciones penales en situaciones no previstas expresamente por el legislador.

CUARTO: Que para que pueda acogerse la acción constitucional impetrada, deben reunirse los siguientes requisitos: a) una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) una conexión de dicha conducta con los derechos y/o garantías amparados por la acción constitucional que se hayan visto amenazados, menoscabados o dañados; c) que la medidas que deban adoptarse para restaurar el imperio del Derecho por esta Corte, no sean desproporcionadas, ni ajenas a las finalidades de garantía del recurso, debiendo ser, además, oportunas.

QUINTO: Que en relación con la ilegalidad, ésta equivale al neologismo antijuridicidad -traducido por primera vez al español por Jiménez de Asúa-, (JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de Derecho penal, t. III: El Delito, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 5ª edición, p. 956).

No obstante, cabe precisar el alcance de la expresión ilegalidad para el recurso de protección y si ésta puede ser o no entendida como antijuridicidad. A juicio de esta Corte, resulta patente que la antijuridicidad exigida en el caso del recurso de protección es aquella que se denomina formal y no material, es decir, aquella en que la conducta se opone directamente en contra de una norma positiva y no infringe de modo general los valores del ordenamiento. Así lo ha declarado expresamente nuestra Excma. Corte Suprema, en la sentencia de 5 de julio de 1996, en la que declaró que el recurso de protección persigue proteger los derechos taxativamente mencionados en el texto constitucional, frente a actos ilegales, es decir, contrarios al texto legal, y no frente a actos contrarios al ordenamiento jurídico en su totalidad (Rol 34024, citado por ZUÑIGA URBINA, Francisco, "Control judicial de los actos políticos. Recurso de protección ante las "cuestiones políticas", Ius et Praxis 14 Nº 2 (2008), pp. 283-284).

SEXTO: Que de lo que se trata, en consecuencia, es determinar si la actuación del Servicio de Registro Civil, a través de su Dirección Regional, se ha traducido en la vulneración normativa formal a la que se ha aludido. En este sentido, la norma que se indica como infringida, es el actual artículo 38, incisos 3 y 4 de la Ley 18.216, modificado por la introducida Ley Nº 20.603. Conforme a dicha disposición: "El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación. Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal".

La discusión en el presente recurso ha girado en torno al alcance de la eliminación de los antecedentes del que ha cumplido con las medidas alternativas. Un antecedente que juzgamos de importancia, que puede encontrarse en la historia de la tramitación de la Ley 18.216, es la inclusión, desde el primer proyecto, del verbo eliminación de los antecedentes del condenado que había cumplido las medidas alternativas. La Ley 20.603, por su parte, introdujo la obligación para el juez, de oficiar al Registro Civil, con el objeto de hacer realmente operativa la norma, pero en sustancia se mantuvo el contenido normativo antes indicado.

En la discusión parlamentaria, nos parece de particular relevancia el informe y la aprobación en el seno de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Al analizar las disposiciones particulares, a propósito de la aprobación del artículo 38 del proyecto, resulta clarificadora de la intervención del diputado señor Cornejo. En dicha intervención se puede leer: "...los mismos representantes del Ejecutivo señalaron que los alcances que tenía la eliminación de estos antecedentes para todos los efectos legales, equivalía a que la persona beneficiada no había delinquido y por lo tanto no tendría impedimento para incorporarse a la Administración Pública".

Desde esta perspectiva, no puede compartirse el criterio interpretativo de la recurrida, toda vez que la misma norma, desde sus inicios, distinguió muy claramente entre la omisión en los certificados de antecedentes, de la sentencia ejecutoriada que condena a alguna pena alternativa de la Ley 18.216 y la eliminación, para el caso de cumplimiento satisfactorio. La medida de política criminal no puede entenderse sino en los términos claramente expresados por el legislador. Al no adecuar su conducta a dicha norma, la Dirección de Registro Civil ha incurrido en una ilegalidad, en los términos exigidos por la acción constitucional.

SÉPTIMO: Como sea que el recurso de protección no tiene por finalidad la de declarar certeza de derechos o meras declaraciones de ilegalidad o arbitrariedad.

En este sentido, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 12 de junio de 2003, confirmado por la sentencia de la Corte Suprema de 22 de julio de 2003, declaró: "SEXTO: Que por todo lo expuesto precedentemente y teniendo además presente que el recurso de protección que regula el artículo 20 de la Carta Fundamental tiene por fin restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, éste sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha carta establece y estimando éstos sentenciadores que no existe, en el caso de autos, un derecho inminente, cierto, indubitado e indiscutible amagado, ni se ha verificado un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida; careciendo además de oportunidad el presente recurso ya que no habiéndose verificado un acto cierto que constituya una amenaza o vulneración a alguna garantía constitucional, no existe posibilidad de que se adopte medidas para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a los afectados, por lo que no cabe sino desechar el recurso de protección deducido en estos autos". (Microjuris, MJJ8702, Cadagán Azocar, Porfirio y otros con Empresa Eléctrica Aysen", rol 2483-03. En la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 31 de diciembre de 2009, Microjuris, MJJ22782, nombre reservado con Banco Santander, se rechazó el recurso cuando la recurrente pretendía la protección frente a amenazas virtuales).

Que se requiere, en consecuencia, la afectación, en términos de amenaza, perturbación o privación de alguno de los derechos o garantías constitucionales.

En este sentido, esta Corte no puede sino compartir la vulneración de la garantía de la no discriminación arbitraria, en el entendido que la igualdad ante la ley implica un tratamiento equivalente para los que se encuentren en situaciones análogas; por la misma razón, se produce una conculcación al artículo 19 Nº 3, en cuanto a que, como se indica en el recurso, la Dirección recurrida ha devenido en un tribunal especial, que se arroga facultades jurisdiccionales, a pesar que el tribunal que naturalmente fue llamado a concoer el asunto, le ha ordenado la eliminación de los referidos antecedentes penales.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 5, 19 N° 24, 20 y 76 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado Ignacio Barrientos Pardo, en representación de nombre reservado y, en consecuencia, se ordena a la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio de Registro Civil e Identificación que proceda a la eliminación definitiva de los antecedentes prontuariales de la hoja de vida del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216, con el objeto de dar íntegro cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones de 15 de abril y 4 de julio de 2014, dictadas en la causa RIT 2790-2004, RUC 040014528-2, emanadas del Tribunal de Garantía de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 1351-2015 Redactó el abogado integrante Sr. Cristian Aedo Barrena, quien no firma por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. Cristián Aedo Barrena. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a cuatro de junio de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.