Protección contra Consejo de Monumentos Nacionales

Antofagasta, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, dirigente indígena, en representación de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, nombre reservado°72.901.600-4, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Consejo de Monumentos Nacionales, nombre reservado°60.905.000-4, representado por su Presidenta Carolina Pérez Dattari, por estimar que el acto Ordinario N°2290-2025, de fecha 25 de abril de 2025, dictado por el Consejo de Monumentos Nacionales, mediante el cual otorgó autorización para la ejecución de labores de prospección con intervención arqueológica en sectores de la cuenca del Salar de Atacama —incluida la Quebrada de Tulán—, y omitió realizar consulta indígena, constituye un actuar ilegal y arbitrario que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad en sus diversas especies, protegidos por el artículo 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Informa el recurrido, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción señalando que con fecha 25 de abril de 2025, el Consejo de Monumentos Nacionales dictó el acto Ordinario N°NUM000 mediante el cual se otorgó autorización para la ejecución de labores de prospección con intervención arqueológica en sectores de la cuenca del Salar de Atacama, que forman parte del territorio ancestral del pueblo atacameño Lickanantay y, en particular, de la Comunidad Atacameña de Peine.

Alude a una flexibilidad en el plazo de interposición del recurso por cuanto no fueron notificados de la resolución recurrida, el carácter indígena de los 1 afectados y los efectos continuos de la autorización impugnada. Afirma que se está en presencia de un acto y una omisión administrativa cuyos efectos son actuales, continuos y permanentes comprometiendo de manera constante los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas.

Describe la relevancia de la cuenca del salar de Atacama y la quebrada de Tulán, para el pueblo atacameño de lickanantay y, específicamente para la comunidad Atacameña, desde una perspectiva histórica y cultural.

Alega que el recurrido omitió realizar un procedimiento de consulta indígena previa, libre e informada, pese a que la decisión administrativa adoptada es susceptible de afectar directamente territorio indígena ancestral y bienes culturales vinculados a la identidad, cosmovisión y formas de vida del pueblo atacameño Lickanantay.

Refiere que el acto impugnado es ilegal, por cuanto la referida consulta indígena se encuentra establecido en los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio N°169 de la OIT. Agrega que, al prescindir de ella, el Consejo de Monumentos Nacionales privó a la recurrente de participar en la adopción de una decisión que afecta directamente su relación histórica, cultural y espiritual con el territorio.

El recurrente afirma que el acto recurrido también es arbitrario, porque fue dictado sin ponderar de manera suficiente, razonable y fundada los antecedentes territoriales, culturales y sociales que acreditan la presencia y vinculación ancestral de comunidades indígenas con el área intervenida. Agrega que dicho acto se dictó sin evaluar la susceptibilidad de afectación directa de las comunidades indígenas, y sin justificar la omisión del procedimiento de consulta indígena.

Señala que el acto dictado por el recurrido es susceptible de afectar directamente a la Comunidad Atacameña de Peine y al pueblo Lickanantay. Explica que la “susceptibilidad de afectación directa” debe evaluarse a la luz del concepto de territorio indígena del artículo 13 del 2 Convenio N° 169 de la OIT, el cual comprende no solo tierras formalmente tituladas, sino también áreas ocupadas, utilizadas o significativas para la vida cultural, espiritual y material del pueblo indígena. En este caso, la intervención autorizada por el recurrido recae en espacios de la cuenca del Salar de Atacama que integran el hábitat Lickanantay y, particularmente, en sectores de alta significación cultural como la Quebrada de Tulán.

El recurrente sostiene que el actuar del recurrido vulnera garantías constituciones de las comunidades indígenas recurrentes, y en particular de la Comunidad Atacameña de Peine. Expresa que, la omisión del procedimiento de consulta indígena previa constituye una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto desconoce el estatuto jurídico especial que ampara a las comunidades indígenas recurrentes que emana del Convenio 169 de la OIT, que se activa cada vez que prevean medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos directamente, negándoles el ejercicio de un derecho que el ordenamiento jurídico les reconoce exclusivamente en atención a su condición de pueblo indígena cita artículos 6 y 15 del referido convenio.

Afirma que se vulnera la garantía del art. 19 N°2 de la CPR, por desconocer en su decisión el CMN, el estatuto especial que ampara los derechos indígenas, no activando el trámite de consulta previa. Agrega que también se vulnera el art.19 N°24, derecho de propiedad indígena de las comunidades recurrentes, en su dimensión territorial, colectiva y cultural, al permitir una intervención sin consultar sobre bienes y espacios que forman parte de su territorio ancestral.

Solicita, en consecuencia, se deje sin efecto el Ordinario N° NUM000 del Consejo de Monumentos Nacionales y se retrotraiga el procedimiento administrativo que dio origen a dicho acto, disponiendo la realización de un procedimiento de consulta indígena previa, libre e informada. 3 SEGUNDO: Que, evacuando informe, nombre reservado

nombre reservado, Secretario Técnico (S) del Consejo de Monumentos Nacionales, en representación del recurrido en autos, solicita el rechazo íntegro de la acción, negando expresa y categóricamente los hechos que el recurrente atribuye a su representado.

Sostiene que el Ordinario CMN N°NUM000 constituye un acto administrativo válidamente dictado por la autoridad competente en aplicación de las normas y principios que rigen la actividad administrativa, y debidamente fundado, no adoleciendo de ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ni afectando de ninguna manera el ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente.

Expone que con fecha 11 de diciembre de 2024, se ingresó la solicitud de permiso de intervenciones arqueológicas (prospección con recolección y pozos de sondeo) al Consejo de Monumentos Nacionales, para ejecutarse en el sector sur del Salar de Atacama, en el marco del Proyecto FONDECYT N° 1221590.

Agrega que, de acuerdo con los antecedentes entregados al momento de solicitar el permiso, el objeto general de las actividades autorizadas consiste en investigar las redes viales internodales prehispánicas en la cuenca del Salar de Atacama, y en particular, en la quebrada de Tulán, con el objetivo mayor de aproximarse a los distintos sistemas de movilidad y a las relaciones interculturales, de acuerdo con cada período, detallando los objetivos específicos del estudio y la forma en se realizara la prospección, en particular señala que se aplicará metodología de recolección y sondeo de senderos y caminos, con la finalidad de reconocer y evaluar nuevos sitios para sondear que sean indicativos de las actividades realizadas en los ejes viales del área de estudio definida.

Explica que, “analizados los antecedentes, se dio conformidad y se otorgó el permiso mediante el Ord. CMN N°NUM000 del 25.04.2025, dirigido al arqueólogo Sr. nombre reservado, 4 debido a que los objetivos, metodología y plan de trabajo se consideraron adecuados, además de dar cumplimiento a los demás antecedentes que deben presentarse según lo dispuesto en el Reglamento de Arqueología.”

Afirma que no existe infracción al Convenio N°169 de la OIT, en tanto la medida administrativa no es susceptible de afectar directamente a la comunidad recurrente. En este sentido, refiere que los requisitos que determinan la procedencia de consulta indígena establecidos en el art. 7° del Reglamento de Consulta Indígena son i) la existencia de una medida administrativa de carácter no reglada, con un ámbito de discrecionalidad y; ii) que dicha medida sea susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, en los términos de dicho Reglamento.

Indica el recurrido, respecto del primero de los requisitos, que las autorizaciones que otorga constituyen actos en los cuales la ley le entrega un ámbito de discrecionalidad para adoptar fundadamente la decisión que se estime más idónea para el resguardo del fin público que le ha sido encomendado, en el presente caso, el resguardo del patrimonio arqueológico.

En relación con la susceptibilidad de afectación directa de los pueblos indígenas, refiere que, si bien el acto recurrido plantea una intervención arqueológica en sitios o áreas con presencia de comunidades indígenas vinculadas al territorio culturalmente, esta no corresponde de ninguna manera a acciones enfocadas en la destrucción de dichos sitios, ya que son acotadas en términos espaciales y se realizan de manera controlada y sistemática. La intervención autorizada se plantea bajo el principio de mínima intervención, esto es, buscando obtener la mayor cantidad de información con la menor intervención posible. En este punto, el recurrido cita jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que la susceptibilidad de afectación directa de los pueblos indígenas “se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 5 espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. (Rol 16817- 2013)

Expone que el “Manual para los mandantes tripartitos de la OIT para comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)” elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra en 2013, no hace referencia específica a la procedencia de la consulta indígena para los proyectos de investigación científica, como es el caso de autos.

Sostiene, en síntesis, que el acto impugnado no puede ser causa directa de un impacto significativo y específico sobre la recurrente, en su calidad de comunidad indígena, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas, motivo por el cual no resulta procedente la realización de una consulta indígena.

Señala que el acto administrativo impugnado no ha conculcado la garantía de igualdad ante la ley del recurrente, puesto que, al no existir en los términos de la normativa señalada, susceptibilidad de afectación directa, no se hace procedente otorgar un trato diferenciado, como es la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT. En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad indígena alegada por el recurrente, hace presente que las garantías constitucionales son posibles de ser limitadas, por no ser derechos absolutos, y que el tema central radica en que si dicha limitación es arbitraria y/o ilegal. Refiere que no es posible afirmar que la recurrida ha actuado carente de razón y contraria a la ley, por no requerir de la consulta indígena previa, sino que, por el contrario, su actuación se alinea con el ordenamiento jurídico vigente, la jurisprudencia actual y los principios que rigen a la administración pública. 6 TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de la lectura del proyecto “LA MEMORIA DE LOS SENDEROS ANDINOS. ARQUEOLOGÍA INTERNODAL EN LA PAMPA DEL DESIERTO DE ATACAMA (C. 3500-500 AP)”, que fue acompañado por la recurrida, y cuya autorización es impugnada por el recurrente, consta que consiste en un proyecto científico que tiene como objetivo investigar y aportar a la reconstrucción de la malla social prehispana, desde el estudio integral de los senderos y caminos de la pampa del desierto tarapaqueño y atacameño, siendo particularmente analizado desde San Pedro de Atacama (Licancabur) y la pampa de Guatacondo, Salar de Llamara y Calate. Dichos sectores cuentan con evidencias significativas que reúnen la historia de los últimos 3500 años.

SEXTO: Que además, en el referido proyecto se establecen las medidas de conservación que se adoptarán con 7 el objeto de reducir el impacto sobre los sitios arqueológicos y el área de tránsito, consistentes en: a) Paso de camionetas únicamente por huellas vehiculares ya establecidas, evitando al máximo acercarse a sitios arqueológicos; b) Evitar el pisoteo excesivo de los sitios; c)

La basura producida será depositada en basureros establecidos de la ciudad más cercana y d) todas las unidades sondeadas serán cubiertas al finalizar la intervención.

SÉPTIMO: Que, en ese contexto, y según emana del proyecto, en cuanto señala expresamente las actividades realizadas, y del acto Ordinario N° NUM000 que lo autoriza, lo que se impugna es la realización de un proyecto de investigación de corte netamente académico, que no es posible encuadrar en alguno de los casos que hace aplicable la consulta que prevé el Convenio 169 de la OIT.

OCTAVO: Que, conforme al artículo 6 de la Ley 17.288 Sobre Monumentos Nacionales, es atribución y deber del Consejo de monumentos Nacionales, entre otras “6.- Conceder los permisos o autorizaciones para excavaciones de carácter histórico, arqueológico, antropológico o paleontológico en cualquier punto del territorio nacional, que soliciten las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras en la forma que determine el Reglamento”.

NOVENO: Que no es posible calificar de ilegal la actuación del recurrido, desde que se ajustó al procedimiento que le rige, sin que se pueda entender que la autorización y realización del proyecto afecte a la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, requisito para la consulta que contempla el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT- toda vez que las actividades van justamente encaminadas a tutelar el patrimonio arqueológico e incrementar el conocimiento que se tiene del territorio, lo que descarta al mismo tiempo cualquier arbitrariedad, más cuando la decisión emanó de una ponderación de la viabilidad del proyecto a la luz de sus objetivos y metodología, lo que dota a la resolución recurrida de razonabilidad y de la fundamentación requerida. 8 DÉCIMO: Que, la recurrida señaló en su alegato que el recurso se dedujo de manera extemporánea, alegación que será rechazada, ya que los efectos del acto recurrido, en los términos que ha sido formulado la acción constitucional que se resuelve, reflexionan sobre la idea de haber tenido efectos permanentes en el tiempo, presupuestos fácticos sobre los que sostiene la acción que impiden hacer lugar a la petición de extemporaneidad alegada por la recurrida.

UNDÉCIMO: Que no se advierte vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad alegadas, por cuanto la resolución se ajustó a las exigencias del artículo 6 del Convenio OIT, pudiendo prescindir de la consulta reclamada, atendido que la medida adoptada, como se dijo, no es de aquellas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, de esta forma, no se conculcaron las garantías reseñadas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso interpuesto por nombre reservado, en representación de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, en contra del Consejo de Monumentos Nacionales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 135 - 2026 (Protección) 9 https://app.vlex.com/vid/238926458/node/20 https://app.vlex.com/vid/238926458 https://app.vlex.com/vid/238926458